IDD-Lat 2012

República Dominicana es uno de los países que descendió en su medición del IDD-Lat 2012 con respecto al 2011 (Gráfico 3.76), en más del 5%, y esto ha producido que este año pertenezca al grupo de países con mínimo desarrollo democrático. A pesar del retroceso, República Dominicana logra ubicarse en una posición mejor de la que ocupaba en el 2011, pasó del 15º lugar al 14ª. La peor puntuación es consecuencia de comportamientos negativos en las dimensiones Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles, Calidad Institucional y Eficiencia Política y en la Sub dimensión Social. La única sub dimensión que mejora y fuertemente es la Económica, donde República Dominicana logra ubicarse entre los países con puntuación positiva, aunque todavía no obtiene valores que muestren a un país que está en un proceso de transformación económica.

El Presidente Leonel Fernández, en el 2011, inició el último año de su tercer período gubernamental con importantes retos económicos, institucionales y políticos, entre los que resaltan garantizar un proceso electoral democrático y mantener la estabilidad macroeconómica en medio de graves turbulencias nacionales e internacionales.

Fue relevante que a lo largo del año la República Dominicana resultó reprobada en la generalidad de las evaluaciones internacionales, especialmente en las más acreditadas como las del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (FEM), Transparencia Internacional, Amnistía Internacional, Programa de Promoción de la Reforma Educativa para América Latina (PREAL) y Latinobarómetro.

El 2011 concluyó con tantas incertidumbres como comenzó, primero institucionales y políticas, y después en el orden económico, sin que pueda asegurarse si el Gobierno quiere y puede mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), congelado en el último trimestre del 2011. A pesar de altos déficits fiscal y en la cuenta corriente de la balanza de pagos, con un volátil escenario económico internacional y encarecimiento de las importaciones que agravan el déficit de balanza de pagos, el Gobierno logró mantener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento gracias a un alto endeudamiento.

Además de la estabilidad macroeconómica se destaca entre los elementos que califican de positivos los progresos en materias como la infraestructura, influenciado por la construcción de obras como túneles, elevados o el polémico Metro de Santo Domingo. Sin embargo, gran parte de este avance ha sido financiado con préstamos y, en consecuencia, se produjo un incremento del endeudamiento externo que limita mucho al país a la hora de darle respuesta a la nueva crisis internacional.

Bajó nuevamente la puntuación en la Dimensión de Derechos Políticos y Libertades Civiles, como viene sucediendo desde el 2010, y la reducción en este caso es de más del 14%, producto de descensos en casi todas las variables. Lo más preocupante son las peores calificaciones recibidas en los Índices de Derechos Políticos y de Libertades Civiles. El único indicador que ha mostrado un leve repunte ha sido el que mide la participación de la mujer en la política. El registro de 2009 había sido el más alto para el país y el único con el que había logrado superar el promedio regional (Gráfico 3.78). Con este resultado, República Dominicana presenta una brusca caída en el ranking regional, pasando del 8º al 15º lugar. Su puntuación final no alcanza el promedio regional.

El narcotráfico, la delincuencia y el crimen en todas sus expresiones, incluyendo el sicariato, amargaron la vida de los dominicanos a lo largo del 2011. Las muertes violentas pasaron de 2.300, incluyendo al menos a 225 mujeres, más de un centenar en el propio ámbito familiar, configurando un desbordamiento de los feminicidios, a pesar de un mayor esfuerzo del ministerio público y de la sociedad en general por combatirlos.

El narcotráfico registró escándalos mayúsculos, incluyendo crímenes múltiples y ejecuciones de la mayor crueldad. Lo más preocupante fue que en casi todos los cargamentos incautados resultaron implicados oficiales y agentes de los diversos organismos de seguridad del Estado. José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía, sostuvo que los niveles de inseguridad ciudadana estaban en baja en todo el país, fruto del aumento del patrullaje y las labores de inteligencia; y que se estaban tomando medidas, tales como el equipamiento y fortalecimiento de la Policía Nacional mediante un préstamo de 138 millones de dólares, que había aprobado el Congreso Nacional para abastecer la institución con más armas, equipos de comunicación y vehículos, así como fortalecer las medidas de prevención de acciones delictivas y de narcotráfico en todo el país.

Por otro lado, los partidos mayoritarios lograron elegir sus candidatos presidenciales y de inmediato se embarcaron en una prematura campaña electoral con un desbordamiento de gastos. El oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), liderado por el presidente Fernández, escogió, en junio de 2011, al ex ministro de la Presidencia, Danilo Medina, como candidato a las elecciones del 2012. Medina se enfrentará nuevamente al ex presidente Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quien lo había derrotado en los comicios de 2000 y que aparece mejor ubicado en las encuestas. El tercer partido del sistema prosiguió su tendencia a la dispersión, incapaz de cumplir el mandato de un Congreso que planteó la elección de candidato para mediados del año, mientras las encuestas lo degradaban progresivamente. El paso del tiempo sólo le iba dejando la opción de ratificar la alianza que sostiene, desde el 2010, con el partido de gobierno. Al concluir el año parece haber fracasado, una vez más, el propósito de diversos grupos emergentes por constituir una candidatura de amplio espectro, que ofreciera una opción alternativa a aquellos insatisfechos con el sistema partidista dominante.

El anuncio del presidente Leonel Fernández de que dispondrá de 40 mil millones de pesos para garantizar el triunfo de su partido, encendió, de nuevo, los temores que el abuso de los recursos del Estado empañe el proceso electoral democrático.

 En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, tras la caída importante registrada en 2010, y la posterior recuperación del 2011, en esta medición vuelve a tener un comportamiento negativo, esta vez del orden del 13%, lo que produce que el país continúe muy por debajo del promedio de la Región y muy lejos todavía del nivel alcanzado en el 2006, que fue el mejor resultado obtenido durante el período de medición que, en el caso de República Dominicana se extiende entre 2004 y 2011 (Gráfico 3.79). El pobre desempeño del 2012 se debe particularmente a las bajas producidas en los indicadores Índice de Percepción de la Corrupción y Accountability. Las demás variables han mostrado incrementos, aunque no han podido contrarrestar el comportamiento negativo del resto. Es por ello que República Dominicana pierde 5 lugares, pasando al 15º del ranking regional.

Durante todo el primer trimestre del 2011, el país fue sometido a un fuerte estrés político-institucional cuando tomó cuerpo el intento de imponer una nueva reelección del presidente Leonel Fernández, a pesar de la prohibición establecida en la Constitución, que él mismo había promulgado un año antes. Parte de los funcionarios del Gobierno y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y hasta la primera dama se manifestaron partidarios de otra postulación del doctor Fernández, al mismo tiempo que desarrollaban una movilización nacional en procura de dos millones de firmas para avalar el proyecto.

Paralelamente se desarrollaban acciones como la elección de un secretario general “provisional” de la Liga Municipal, la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura sin los dos tercios de los votos que mandaba la Constitución y el intento de desconocer el límite de los 75 años para la elección de los miembros del nuevo Tribunal Constitucional, que configuraron un relajamiento institucional.

Una gran contribución del presidente Fernández a la democracia dominicana sería concluir la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que lleva tres años de procesamiento y auspiciar la aprobación de la ley de partidos políticos y las reformas pendientes a la ley electoral, para todo lo cual es imprescindible un clima de entendimiento y concertación de todo el sistema político partidista.

Resultó fallida la declaración por decreto del Poder Ejecutivo como “Año de la Transparencia y la Institucionalidad”, pues aunque se registraron algunos avances como parte del Proyecto de Iniciativas Participativas Anticorrupción (IPAC), la impunidad frente a las denuncias de corrupción y el continuo involucramiento del personal de los organismos de seguridad en el incremento del narcotráfico y la delincuencia elevaron la inseguridad y sembraron el desaliento en la sociedad.

La participación de importantes estamentos del Estado, junto con 14 organizaciones de la sociedad civil y una docena de organismos internacionales fue uno de los hechos más positivos del año, con adelantos en algunas previsiones para reducir la corrupción, incluyendo la elaboración de un proyecto de reforma a la Ley de Libre Acceso a la Información que estaba en manos del Poder Ejecutivo. Lo mismo con la del nuevo Tribunal Constitucional, lo que posteriormente fue rectificado tras una intensa presión de la opinión pública.

El 2011 concluyó sin que el Congreso Nacional pudiera aprobar el proyecto de Ley de Partidos sometido a su consideración a mediados del año por la Junta Central Electoral. Tampoco se aprobó el proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, elaborado por una misión de la Organización de Estados Americanos, aunque este último llegó al Congreso en diciembre.

Por encima de las profundas insatisfacciones expresadas en las encuestas y recogidas por los medios de comunicación, especialmente por el desempleo, la elevación del costo de la vida, la corrupción generalizada y el incremento del narcotráfico y la inseguridad, la sociedad dominicana protagonizó intensas luchas que incluyeron marchas, protestas y un paro casi general de actividades. Grupos populares realizaron el 11 de julio una huelga general, que dejó tres muertos, en reclamo de la reducción de los precios de los alimentos, medicinas, combustibles y factura eléctrica y el fin de la corrupción administrativa, que calificaban de "espantosa". El Gobierno respondió que era "prácticamente imposible" acceder a las demandas de estos grupos, que amenazaban con acciones similares para los siguientes meses.

Lo más relevante del año fue la amplia movilización social en reclamo del cumplimiento del mandato legal y constitucional de destinar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación.

Una Coalición por la Independencia de la Justicia concertó también a numerosas entidades de diversos estamentos sociales en los reclamos para que se elijan los jueces de la Suprema Corte y los nuevos tribunales Constitucional y Superior Electoral en función de la integridad y la capacidad y no por simple conveniencia política.

La movilización más importante del año, en cuanto a caudal de manifestantes, fue la que logró, en el primer trimestre del 2011, hacer respetar la Constitución, reivindicando el carácter de las leyes orgánicas y poniendo freno a los intentos continuistas que amenazaron hasta la integridad del partido de gobierno y sobre todo la institucionalidad democrática nacional. El empresariado, las iglesias, las instituciones que luchan por la vigencia de la democracia y el fortalecimiento institucional, así como gran parte de los medios de comunicación constituyeron un sólido valladar social.

En lo que respecta a la Dimensión IV, que mide el Poder Efectivo para Gobernar, en la Sub dimensión Social, se produce un nuevo descenso, del orden del 5%, tras la caída del año anterior (Gráfico 3.80). Este resultado es producto de los peores puntajes obtenidos en los indicadores Gasto en Salud, Población bajo la línea de la Pobreza, Desempleo y Matriculación Secundaria. La única variable que tuvo un comportamiento positivo fue el que mide la Mortalidad Infantil. República Dominicana continúa ocupando el último lugar del ranking regional resaltando que el retraso de vastos sectores de su población es su principal traba para el desarrollo democrático.

Además de la estabilidad, se pueden enumerar algunos otros logros como la puesta en marcha del sistema de la seguridad social en salud, los esfuerzos meritorios por contener algunas epidemias, y algunos avances legales relevantes como el nuevo marco institucional del ejercicio fiscal (como la ley de presupuesto y la de crédito público), la ley de competitividad y la ley de administración pública. Las mayores sombras se registran en la escasa inversión en educación, salud y real combate a la pobreza, corrupción sin límites, malversación y boato, inseguridad derivada de todo género de delincuencia, especialmente del narcotráfico, fracaso en superar la crisis energética, fomento del clientelismo como fundamento de la política y desprecio por los reclamos de la comunidad y la opinión pública.

Hay unanimidad en que el mayor éxito de la gestión de Fernández ha sido la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, aunque no se ha traducido en empleo de calidad ni en reducción de la pobreza, sino más bien en mantenimiento de la misma con programas asistencialistas que no inciden en desarrollo humano. Ese crecimiento es de poca sostenibilidad al fundarse en un enorme endeudamiento, ya cercano al 40% del producto bruto. El presupuesto del 2010 se sustentó en financiamiento externo e interno por 121.700 millones de pesos, y en el 2011 por 97.200 millones de pesos.

Cabe apuntar que a pesar de la lucha de amplios sectores populares por un mayor presupuesto para el área educativa, el año terminó con apenas un 2,5% del producto para tal función, y en el presupuesto para el año 2012 se consignó menos de un 3%.

 Con respecto a la Sub dimensión Económica, el país avanza fuertemente, con respecto al año anterior (Ver Gráfico 3.81). Este incremento es producto del mejor comportamiento de los indicadores que miden Brecha de Ingreso e Inversión. El resto de las variables que forman esta Sub dimensión han sufrido un retroceso. Su puntaje final logra superar el promedio de la Región y  provoca que este país suba en el ranking regional, pasando del 13º lugar al 8º.

La economía de República Dominicana creció 4,5% en 2011 y destacamos el aumento de la inversión extranjera y el sorprendente crecimiento del sector exportaciones. Ese crecimiento es de poca sostenibilidad al fundarse en un enorme endeudamiento ya cercano al 40% del producto bruto. Esto, a pesar de haber disfrutado de uno de los períodos de más alto crecimiento económico en la historia reciente del país, luego de la debacle de 2003-2004, y de un escenario externo muy favorable durante la mayor parte del tiempo.

En este 2011 por primera vez hubo que dedicar más del 50% del monto de los ingresos fiscales al servicio de la deuda. El acuerdo con el FMI ha quedado frisado. El Gobierno no ha pasado con éxito ninguna de las evaluaciones trimestrales desde su firma en el 2009, y desde septiembre del 2011 no ha podido presentar una nueva carta de intención para reanudarlo, mientras adelantaba venta de bonos por 250 millones de dólares con cargo al presupuesto de 2012 de por sí sobrevaluado, convertía en deuda una línea de crédito de 210 millones de dólares en el Banco de Reservas y elevaba sobre esa cifra su deuda con los generadores eléctricos.

El Congreso Nacional fue un simple sello del Poder Ejecutivo para la aprobación de préstamos por más de 97 mil millones de pesos, y sancionando espectacularmente el presupuesto del 2012 con precipitación sin precedente para acallar reclamos nacionales de que se cumplieran las leyes. Hubo varias violaciones a la Ley General de Presupuesto y se llegó a la segunda mitad de diciembre poniendo parches legislativos sobre una pobre ejecución presupuestaria y para cubrir parte de un alto déficit fiscal a pesar de que a mitad del año hubo una reforma tributaria.