IDD-Lat 2012

Perú muestra, después de seis incrementos consecutivos de su puntuación, un descenso en su puntaje final de desarrollo democrático -de hecho desciende más del 6% respecto de la medición anterior- y baja su posición en el ranking regional, pasando del 4º al 5º lugar (Gráfico 3.71). Aún con este comportamiento sigue permaneciendo en el grupo de países con desarrollo democrático medio. El retroceso se debió a los peores resultados en la Dimensión III y fundamentalmente en la Sub dimensión Social. La caída en estas variables no pudo ser compensada con los avances en la Dimensión II y en la Su dimensión Económica.

El presidente Alan García Pérez, dejó el cargo, el 28 de julio de 2011, con un nivel de aprobación popular de 46,2%, tras cinco años de mandato. El Perú que dejó es con altos índices de crecimiento económico y grado de inversión. Durante su gestión, el presidente García incentivó la apertura del mercado con varios acuerdos de libre comercio y promovió inversiones privadas que casi alcanzaron los 19.000 millones de dólares sólo en minería e hidrocarburos entre 2000 y 2009. A pesar del éxito en el campo económico, García se vio asechado por escándalos de corrupción en el ámbito político. Aunque no hubo un caso que lo vinculara a él directamente, varios miembros de su gobierno sí estuvieron implicados en graves irregularidades en la licitación de lotes petroleros. Ese escándalo derribó a su entonces gabinete ministerial.

El 28 de Julio de 2011 asumió Ollanta Humana, quien fue elegido en segunda vuelta. Sólo contaba con 47 diputados del total (130), y por no alcanzar la mayoría, se vio en la necesidad de concertar con Perú Posible y firmar una Hoja de Ruta impuesta por sus aliados.

La dirección económica del gobierno pretendió facilitar sobretodo las inversiones provenientes del exterior como fuente de ingresos y mantener su calificativo de país financieramente sólido apoyándose en notaciones internacionales de empresas calificadoras de riesgos financieros como la Standar&Poor’s y la Moody’s (que le otorgan buenas calificaciones A y B). Ni bien asumió Humala las riendas del país optó por la continuidad en materia económica y encargó la cartera de Economía y Finanzas al viceministro del MEF durante el gobierno de Alan García, Luis Miguel Castilla. Además- dejó sentado en su asiento al titular del Banco Central de Reserva, Julio Velarde.

La puntuación en la Dimensión II, Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, ha detenido la caída del año anterior, y avanza en más del 9% con respecto a la puntuación del año anterior, aún  sin poder alcanzar el mejor puntaje que fue el obtenido en el 2002 (Gráfico 3.72). La variación positiva es producto de ascensos en los indicadores de Voto de adhesión política e inseguridad. El resto de las variables se mantuvo estable en valores aún muy bajos, fundamentalmente con respecto al respeto de los derechos políticos y el único indicador que ha sufrido un retroceso es aquel que mide la participación de la mujer en la vida política. Sigue ocupando el 6º lugar del ranking regional. Su índice vuelve a estar por encima del promedio regional.

Las elecciones generales del Perú de 2011 se realizaron el 10 de abril, con el fin de renovar los cargos políticos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. La segunda vuelta electoral se realizó el 5 de junio, entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta, es decir entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Cerca de 20 millones de peruanos fueron convocados a las urnas para elegir el sucesor de Alan García, el cual había vencido en el 2006 al ahora nuevo presidente. Con una base electoral mayoritariamente indígena, concentrada en la parte meridional andina y ajena a la incipiente prosperidad de las grandes urbes, Ollanta Humala se alzó con la victoria. En una segunda vuelta muy apretada, con 50,9% de los votos, se ha proclamado presidente de Perú frente a Keiko Fujimori.

En relación con la medición de derechos y libertades, los puntajes asignados por Freedom House se han mantenido estables desde el 2002, siendo los puntajes asignados al país en las escalas de “derechos políticos” y “libertades civiles” de 2 y 3, respectivamente. Esto implica que, en relación a los derechos políticos, el Perú es un país en el cual estos derechos son en general respetados pero existen problemas de corrupción política, violencia y discriminación política contra alguna minoría, o influencia militar indebida en el proceso político. En relación con las libertades civiles, estas  libertades, aunque existentes, son precarias y muestran serias deficiencias en algunas de ellas.

México tiene la tasa más alta de victimización (hechos de violencia o robos) de América Latina con un 42%, seguido de cerca por Perú con un 40%, según el Latinobarómetro 2011. La percepción no tiene nada que ver con los datos objetivos; por ejemplo, en Honduras, que según la ONU es el país más violento del mundo con 82,1 homicidios por cada 100 mil habitantes, solo el 36% de los habitantes dijo haber sido víctima de un crimen. Asimismo, en países como Perú y Argentina, que poseen las tasas de homicidios más bajas del continente, un 40% y un 39% de la población, respectivamente, dijo que fue agredido. A fin del 2011, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) aprobó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012, que será aplicado a partir del 1 de enero del 2012 y que priorizará el combate de los delitos desde sus orígenes mediante la prevención y la educación. El diagnóstico presentado en el Plan demostraba que en el país los casos de violencia familiar o doméstica (58%) superaban a los de violencia delincuencial (42%), motivo por el cual se incluyó políticas de convivencia social que buscaban recuperar los valores y las buenas costumbres en el hogar, la escuela y en la vida diaria.

El desempeño de la Dimensión III, que mide la “democracia de las instituciones”, ha tenido un comportamiento negativo para el Perú, como consecuencia de la obtención de peores valores en los indicadores de Índice de Percepción de la Corrupción, Accountability y Desestabilización. Su descenso roza el 18% con respecto al valor alcanzado en el 2011 (Gráfico 3.73). El indicador que corresponde a la participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo es el único que se mantuvo estable.  Perú ocupa el 5º lugar del ordenamiento regional, empeorando una posición. Su índice sigue manteniéndose por encima del promedio regional.

De acuerdo al informe presentado por el contralor Fuad Khoury ante el Congreso, el daño directo para el Estado por casos de corrupción entre enero del 2009 y julio del 2011 asciende a S/. 68 millones 94 mil 872. Esta cifra solo corresponde a parte de las auditorías hechas en ese periodo, es decir, que fácilmente se incrementará cuando se determinen las pérdidas de los procesos aún en curso. Uno de los montos más escandalosos es el del Seguro Integral de Salud (SIS), donde se pagó más de S/. 27 millones “en exceso” por “prestaciones tarifadas a los establecimientos de salud”.

El primer caso de corrupción, durante los comienzos del gobierno de Ollanta Humana, se presentó con el hermano del presidente que viajó a Rusia para hacer contrataciones con las autoridades de dicho país. En esos momentos como Ollanta Humala era solo presidente electo no fue considerada una falta gubernamental sino sólo familiar. Posteriormente, se presentó otro tipo de corrupción disfrazada con nominaciones de familiares y conocidos de la pareja Humala favoreciéndolos con cargos públicos (SUNAT, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE y embajada de Perú en Francia y la nominación del Sr. Eduardo Roy (abogado defensor del presidente en el caso Madre Mía) como asesor jurídico de la presidencia.

Más de 50 militares y policías fueron asesinados por los remanentes de Sendero Luminoso durante el “Operativo Excelencia 777”, que desde agosto de 2008 a mediados de 2009 intentó consolidar bases contrasubversivas en la zona liberada de Vízcatán, un recóndito paraje del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE), el principal valle cocalero del país y del mundo. El gobierno reconoció el fracaso de este plan. Para Alan García "el VRAE en Vizcatán es Vietnam. Salvo aceptar que mueran muchos soldados, entrar en esa selva es muy difícil".

Para los expertos en narcotráfico, la estrategia peruana ha fracasado. Durante el gobierno de Alan García se creó un Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y se ha procesado por este delito al clan de los Sánchez Paredes, una familia norteña sospechosa de levantar un emporio minero gracias a dinero ilícito. Sin embargo, todavía no se hace efectiva la ley contra el tráfico de los insumos químicos necesarios para la fabricación de cocaína y tampoco se han consolidado planes de desarrollo e infraestructuras para los principales valles cocaleros.

El camino del desarrollo basado en la minería, los hidrocarburos y la agro exportación llevó al país al crecimiento, pero también a la inestabilidad social por las protestas de comunidades andinas y amazónicas contra proyectos extractivos. El crecimiento de los conflictos ha sido directamente proporcional al de las hectáreas concedidas para proyectos mineros: de 6 millones en 2006 a 21 en 2010, extensión que equivale a casi un 20% del país. Al mismo tiempo, más de un 70% de la Amazonía esta lotificada para la exploración petrolera. Durante su gobierno se ha pasado de 80 conflictos sociales al mes en 2006 a 234, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. Según la misma institución, sólo en los últimos tres años 80 personas han muerto y 1200 han resultado heridas durante el estallido de protestas.

 En la Dimensión IV, que mide el Poder Efectivo para Gobernar de la democracia peruana, en la Sub dimensión Social, se observa un retroceso importante, casi alcanzando el peor valor de la serie que fue el obtenido en el 2007 (Gráfico 3.74) y esto es producto de retrocesos de los indicadores de Gasto Público en Salud y en Educación, Hogares   bajo   la   línea   de   la pobreza, Desempleo y Matriculación Secundaria. El único indicador que mostró una tendencia positiva fue el que mide la Mortalidad Infantil. Por todo esto, baja 4 posiciones en el ranking latinoamericano, pasando del puesto nº 10 al 14.

El reto de Ollanta Humala cuando asumió su presidencia era que la prosperidad de dos décadas de crecimiento económico sostenido llegue a los sectores más postergados en un país con 10 millones de pobres (el 34% de la población). Humala, que hereda un país que ostenta un incremento del PIB de 7% en promedio anual, prometió, entre otras cosas, aumentar el salario mínimo, otorgar pensiones a los mayores de 65 años, bajar el precio del gas o guarderías para menores de tres años con comida gratuita incluida. La gran incógnita es si lo iba a intentar cumplir a partir de las convicciones de izquierdista radical expresadas en 2006, o con su nueva de moderado seguidor del modelo brasileño o uruguayo.

Por otro lado, Alan García aspiraba abandonar la presidencia habiendo reducido la pobreza de un 49% en 2005 a un 30% en 2011. Pero si bien la pobreza urbana disminuyó, la rural se consolidó. Un 60% de los peruanos rurales es pobre y regiones andinas como Huancavelica o Apurímac superan esta triste media, llegando a más del 70%.

El problema de redistribución económica se perfila el término de la Presidencia de Alan García. Los salarios habían caído 10% en una década mientras que los beneficios empresariales habían subido un 30%. En las urbes, en las que se concentra la mayoría del electorado peruano, las principales demandas eran trabajo y seguridad ciudadana por el incremento de la delincuencia, además de progresos en los deficientes sistemas de salud, educación y una mayor regularización laboral. Entre el 2006 y el 2011, el presupuesto del PBI para Educación disminuyó, pasando de 3,3% en el 2006 a 2,9% en el 2011, a pesar que en América Latina el promedio es de 4,6% y que según el proyecto Educativo Nacional este debería alcanzar el 6% del PBI. En las zonas rurales sólo el 40% de niños recibe Educación inicial.

En la Sub dimensión Económica, el resultado ha sido superior al obtenido el año anterior (Gráfico 3.75), producto de resultados favorables en todos los indicadores menos en la variable de Libertad Económica y PIB per cápita. El resto de las variables tuvieron un comportamiento positivo, especialmente el de Brecha de Ingreso. Por este mejor comportamiento, Perú logra ubicarse en el tercer lugar del ranking regional, mejorando dos posiciones con respecto al 2011.

De los primeros meses de gestión de Ollanta Humala, se pueden destacar tres medidas: Primero, el logro de un aumento sustancial de la contribución de las empresas mineras a través de un acuerdo de consenso que permitió no romper los marcos legales de estabilidad tributaria y límites de competitividad. Aunque algunos sectores de la izquierda cuestionaron el monto y la forma, el ingreso de recursos directos para el gobierno central para emprender proyectos mayores de infraestructura –importantes no solo para cerrar las brechas del país sino también para incentivar la economía en momentos de crisis— es importante.

Segundo, aunque con muchas más complicaciones, se avanzó en las negociaciones para dedicar de manera exclusiva las reservas de gas del proyecto Camisea al mercado interno peruano. Ello es importante no solo por ser una promesa electoral central y por el ahorro que supondría para la nación abastecerse con un gas barato. Ante todo es clave por que podría suponer la puesta en marcha de ambiciosos planes de desarrollo gasífero –incluyendo plantas petroquímicas y de fertilizantes— para el sur andino, la región con mayores índices de pobreza y el enclave electoral de Ollanta Humala.

Tercero, la captación de mayores recursos para el gobierno central era justificada por la necesidad de potenciar y redirigir los programas sociales con el fin de reducir dramáticamente la pobreza, especialmente en las áreas rurales. La pronta creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuyo función es la de centralizar los programas y tornarlos más eficientes evitando los serios problemas de duplicidad y filtración existentes, es señal de la prioridad dada al tema.

En el 2011, Perú tuvo un crecimiento económico cercano al 7% y la expansión en el 2012 será de 5,4 o 5,5%, lo que permitirá ampliar el Presupuesto Público para dar más a la población y continuar los programas sociales. El nivel de endeudamiento externo de país es relativamente bajo, pues no llega a 20% del PBI. Además, existe un fondo de Estabilización Fiscal (FEF) de más de US$ 7.000 millones y un superávit fiscal de 2% del PBI. Asimismo, se creó el programa cómprale a mi Perú con un fondo de más de 300 millones de soles, para reactivar a las micro y pequeñas empresas, y se invirtieron 60 millones de soles en más de 150 proyectos en las localidades del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).

Perú fue reconocido como una economía emergente en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), lo que lo sitúa como socio estratégico de China.