IDD-Lat 2012

Nicaragua nuevamente retrocede con respecto al 2011 en más de un 1% en su desarrollo democrático. Por cuarta vez cae por debajo de los 3,000 puntos, aunque no llega a igualar su peor comportamiento, registrado en el IDD-Lat del año 2007 (Gráfico 3.56). La tendencia levemente negativa se evidencia en el comportamiento de la Dimensión IV.  Mejoran los resultados de la Dimensión Respeto de los derechos políticos y libertades civiles -que supera mínimamente el puntaje del 2011- y la Dimensión Calidad de las Instituciones y eficiencia política, que muestra una puntuación un 11% más alta que la del 2011. Forma parte del grupo de países con mínimo desarrollo democrático. Su peor desempeño se expresa también en el ranking regional, donde cae dos peldaños con respecto al año anterior, pasando del lugar 13º al 15º.

Durante el 2001, se realizaron elecciones generales y al Parlacen, las quintas celebradas en Nicaragua desde la aprobación de la Constitución de 1987, que se realizaron en una atmósfera de profunda polarización y desconfianza, con numerosas acusaciones de fraude electoral y de competencia en desigualdad de condiciones. La oposición cuestionó la legitimidad de las elecciones por la candidatura presidencial de Daniel Ortega (que se abrió paso pese a la prohibición constitucional) y por la pérdida de credibilidad del Consejo Supremo Electoral tras las elecciones municipales de 2008, pero aun así decidió participar. Pese a la polarización, la campaña fue, en general, pacífica.

Los resultados otorgaron al presidente saliente Daniel Ortega, del oficialista FSLN, la victoria en primera vuelta con el 62% de los votos. Fabio Gadea, de la alianza PLI, obtuvo el 31% y el ex presidente Arnoldo Alemán, del PLC, el 5,9%.

En relación con la Dimensión II, que mide el comportamiento de la “democracia de los ciudadanos”, ha habido un leve incremento, aunque continúa sin alcanzar el nivel del promedio regional. Nicaragua ha tenido, en todos los años de la medición, un comportamiento relativamente estable entre los 4,000 y los 5,000 puntos (Gráfico 3.57). Esta leve variación positiva le alcanza para modificar su lugar en el ranking regional, donde se posiciona en el 8º lugar, subiendo dos ubicaciones. El resultado final de la dimensión es producto del avance en la puntuación de los indicadores Voto de Adhesión Política, Condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad y Género. Estos avances lograron compensar la peor puntuación recibida en el indicador de Respeto de los Derechos Políticos, donde Nicaragua es castigada con la peor valoración de la Región.

En las elecciones de 2011 concurrieron cinco fuerzas políticas. Por un lado, la alianza creada en torno al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) presentó la candidatura a la reelección de Daniel Ortega, que fue admitida tras una discutida sentencia de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Frente al oficialismo, en el campo liberal, los dos contendientes principales fueron las alianzas articuladas alrededor del Partido Liberal Independiente (PLI), con Fabio Gadea como candidato a la Presidencia y al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán. Otras dos agrupaciones de raíz liberal, el partido Alianza Liberal Nacionalista (ALN) y la Alianza por la República (APRE), con expectativas muy bajas en las encuestas pre%u2010electorales, completaron la boleta. Los sondeos de opinión vaticinaban una nueva victoria del oficialismo e indicaban una clara tendencia a la concentración del voto liberal y/o de oposición al Presidente Ortega en el PLI. Las principales incógnitas políticas que se planteaban en la fase previa a las elecciones eran la magnitud de la mayoría oficialista en la Asamblea nacional y, tras el precedente de las elecciones municipales de 2008, la propia transparencia del proceso electoral.

Además de los partidos políticos, otro de los actores que asumió un papel relevante durante el período electoral fue la Iglesia Católica, aún cuando no todos sus representantes compartieron el mismo mensaje. Cerca de un mes antes de las elecciones, la Conferencia Episcopal emitió una Carta Pastoral –bajo el título Sombras que oscurecen el proceso electoral%u2010 donde apoyaba la acreditación de observadores nacionales, mencionaba la falta de confianza en la autoridad electoral, las dificultades que tenían los ciudadanos para obtener sus cédulas de identidad y la posible falta de legitimidad de algunos candidatos, lamentaba la intolerancia y la violencia y decía que “pone en entredicho el carácter de legalidad, honestidad y respeto a la voluntad popular”.

Por su parte, la Asamblea Nacional quedó integrada solamente por las tres alianzas, arriba mencionadas. El FSLN, con 62 diputados, ostentaba una mayoría cualificada en la cámara que le permitirá acometer reformas constitucionales o renovar el CSE o la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en solitario. El PLI, con 26 diputados, emerge como principal fuerza de una oposición más unificada que en la anterior legislatura. La presencia del PLC queda reducida a dos diputados.

La elección de 2011 significó un importante paso adelante en términos de equilibrio de sexos en la Asamblea Nacional. El número de mujeres parlamentarias se incrementó de 20 a 36, lo que significaba un crecimiento del 21% al 39% de los miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Este incremento no significa, sin embargo, que haya habido una mejora general en igualdad de sexos en todos los partidos políticos, sino que se debe exclusivamente al mayor compromiso del FSLN, que fijó una cuota en sus estatutos, con el principio de igualdad de representación, y a su crecimiento en la Asamblea.

La variación de la Dimensión III que evalúa la “democracia de las instituciones” ha sido levemente positiva y logra superar el valor del año anterior, que había sido el peor de la serie 2002-2012 (Gráfico 3.58). El avance en esta dimensión se debe al retiro del castigo recibido en el 2001 por el Factor de Anormalidad Democrática, debido a la crisis institucional que había sufrido el país durante el 2010 y por avances en los indicadores de Percepción de la Corrupción y Accountability. El resto de las variables consideradas se mantuvo estable. Nicaragua obtuvo el 13º lugar, mejorando de un peldaño su ubicación con respecto al ranking regional 2011. Sigue manteniéndose por debajo del promedio de la Región y lejos de la mejor puntuación que había obtenido en el IDD-Lat 2003.

Terminó el 2011 con miles de opositores que protestaron en Nicaragua contra la "fraudulenta reelección" del presidente Daniel Ortega, y exigieron aplicar la Carta Democrática Interamericana en su país y nuevos comicios. Además, demandaron la presencia de "un grupo de alto nivel internacional" para mediar por "el retorno de la democracia" a este país. El empresario de radio Fabio Gadea, ex candidato presidencial por la alianza Partido Liberal Independiente (PLI), principal fuerza de oposición en el país, participó en la protesta y se declaró "legítimo presidente electo". Gadea sostuvo que, en los comicios, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) había cometido un fraude al falsificar miles de votos y entregar cédulas de identidad, imprescindibles para ejercer el derecho al sufragio, a menores de edad.

Un comunicado leído por Violeta Granera, dirigente de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), repudiaba todas las "violaciones a la Constitución", los "abusos de poder" del gobernante nicaragüense y el "fraude" en los comicios del 6 de noviembre.

El acto violento más grave ocurrió el 8 de noviembre, dos días después de las elecciones, cuando tres simpatizantes del PLI fueron asesinados en la comunidad de El Carrizo, perteneciente a la municipalidad de San José de Cusmapa, en Madriz. Se culpó de las muertes a activistas del FSLN, que se decía que habían actuado con la complicidad de agentes policiales y autoridades electorales. Se arrestó a cuatro agentes de policía y a un representante del FSLN por su implicación en los hechos. El mismo día, el secretario del FSLN, en Siuna, fue asesinado en la comunidad Coperna II, en la RAAN. Se arrestó a varios simpatizantes del PLI por su presunta implicación en los hechos.

El llamado “pacto Ortega–Alemán”, en la cual el entonces presidente había permitido cambios legislativos estratégicos y cuotas de poder políticos favorables al orteguismo, a cambio de beneficios económicos personales y para la cúpula del PLC, permitió que, una a una, las instituciones del Estado fueran siendo cooptadas y controladas directamente por el Presidente Ortega y sus círculos más cercanos. Ortega terminó su trabajo de apoderarse de los otros tres poderes del Estado, pudiendo manipular de esta manera al sistema judicial a su antojo, lo mismo que al legislativo y al poder electoral, y convirtiendo en verdaderas oficinas partidarias sandinistas la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, y a las fuerzas de seguridad (Policía Nacional y Ejército de Nicaragua).

El Presidente, basado en una serie de violaciones al orden constitucional, reeligió ilegalmente a Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo Supremo Electoral, destituyó y restituyó diputados del poder legislativo, llegando, después de una innumerable cantidad de irregularidades, a establecer su reelección casi como un capricho personal, violando claros preceptos constitucionales y a través de un fallo de un tribunal de justicia que de ninguna manera cumplió con las estipulaciones de la Carta Magna de Nicaragua.

En la Sub dimensión Social su desempeño ha sido peor que el de 2011 (Gráfico 3.59), motorizado por un descenso en casi todas las variables que la componen, salvo el indicador que mide la Mortalidad infantil. Los peores resultados se observan en los indicadores de Desempleo y Pobreza. Este comportamiento produce que Nicaragua baje tres posiciones en el ranking regional, pasando del 12º al 15º lugar, y además se aleja aún más del promedio de la Región, ubicándose entre las cuatro peores puntuaciones.

El empleo, los impuestos, la reducción de la pobreza y la mejora de los servicios de salud y educación fueron los temas que dominaron la campaña. El 42,5% de la población de Nicaragua vive en condiciones de pobreza (2,08 dólares al día) y el 14,6% en extrema pobreza (1,08 dólares al día), principal reto para la administración que surgiera de las elecciones, El desempleo estaba en el 6,8%, aunque un 70% de los trabajos corresponden al sector informal.

Daniel Ortega iniciará, en enero de 2012, su tercer mandato enfocado en atacar la pobreza en que vive el 45% de los casi  6 millones de nicaragüenses, pese a años de crecimiento económico moderado. Para erradicar la pobreza se necesita un crecimiento del 6 al 7% anual.

En su último gobierno, Daniel Ortega se vino beneficiando de una cooperación económica de Venezuela, que según cifras del Banco Central de Nicaragua, rondó los 500 millones de dólares anuales (7% del PIB). Son estos acuerdos los que le han permitido a Ortega articular una serie de programas sociales que le han ido permitiendo ganar cada vez más espacio electoral, tal como Plan Techo, Hambre Cero, Usura Cero, Casas para el Pueblo, láminas de zinc para las casas de los más pobres, subsidio al transporte público, etc., además de un bono solidario mensual para los empleados públicos de 33 dólares. Con estos subsidios se ha permitido una leve reducción de la extrema pobreza que ha tendido a alimentar las ilusiones políticas en el orteguismo, aumentando la base social electoral histórica del FSLN.

Ortega ante las críticas de adversarios por la persistencia de la pobreza, ha respondido simplemente que la mejoría no se notaba debido a lo gigantesco del rezago social. El Gobierno, sin embargo, insistía en sus logros. Entre 2007 y 2011 "se crearon las condiciones y las bases para impulsar con más fuerza el desarrollo del país", dijo el viceministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Recordó que lo primero que hizo Ortega fue restablecer el sistema energético, que estaba en colapso traducido en apagones de varias horas diarias y afectaba seriamente la economía, por no hablar de la vida cotidiana de la población.

El sandinismo afirmaba que su prioridad para el próximo período de gobierno será poner en marcha una estrategia educativa como medio de desarrollo, porque sin acceso a la tecnología, la educación y conocimiento para transformar la economía, un país no puede ser competitivo.

En Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Eficiencia Económica, Nicaragua retrocede levemente respecto a los valores del año anterior e iguala su peor comportamiento registrado en los años 2002, 2004 y 2011 (Gráfico 3.60). Esto se debe a un incremento del nivel de endeudamiento de la economía con una simultánea caída del indicador de Inversión, un leve descenso del PIB per cápita y una peor puntuación recibida en el Índice de Libertad Económica. El único indicador que muestra un comportamiento positivo ha sido el que mide la Brecha de Ingreso. Su índice está muy por debajo del promedio regional y ocupa el 17º lugar del ranking, manteniendo la ubicación que tenía desde el 2010 y superando solamente a Bolivia, que es el país de peor comportamiento en esta sub dimensión.

Nicaragua cerró el 2011 con buenas notas económicas, con un crecimiento del 4,8%. La minería, la construcción, el sector pecuario y la industria tuvieron un buen ritmo de crecimiento, sobre todo por la recuperación de la construcción privada. También creció la inversión extranjera directa a tasas bien altas de entre el 15 y el 20%, mientras que las exportaciones de mercancías y de zonas francas crecieron en un 20%. En la segunda mitad del 2011 la economía creció lentamente, contrario al primer semestre que se había iniciado con empuje, lo cual se atribuye al escaso crecimiento de la economía de Estados Unidos y la crisis de Europa.

A pocos días de las elecciones presidenciales, el balance del gobierno de Ortega era positivo desde el punto de vista del crecimiento económico, inversiones, tratados comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, y las cercanas relaciones con Venezuela. Pero, los índices sociales siguen ubicando a Nicaragua como el segundo país más pobre de la región, seguido de Haití.

La inflación --que en los años 80 llegó a 33.000%-- fue de 4,9% de enero a septiembre de 2011, en tanto las reservas internacionales rondaban los 2.000 millones de dólares, cifra récord para la economía más pequeña de Centroamérica.

El gobierno de Ortega se inició en mejores condiciones que cualquier otro en más de tres décadas: economía en crecimiento, sin déficit fiscal y con estabilidad macroeconómica; deuda externa reducida drásticamente y una enorme cartera de proyectos de inversión con financiamiento concesional. La cooperación externa, por la ayuda venezolana, prácticamente se duplicó en términos brutos (en términos netos el crecimiento fue bastante mayor por la dramática reducción del servicio de la deuda), y su gobierno se ha beneficiado de la primera bonanza sincronizada de nuestra historia en los precios de todos los productos de exportación. Además Ortega no ha tenido ningún préstamo o iniciativa de ley bloqueada en la Asamblea Nacional, ni ha enfrentado tranques y asonadas.

En el contexto de esas condiciones tan extraordinariamente positivas, el balance de la gestión económica de Ortega es decepcionante: un crecimiento promedio (2.6%) inferior al de Bolaños y apenas superior al de Violeta Chamorro que heredó un país destruido, absolutamente desequilibrado y totalmente endeudado, después de la guerra civil y los bloqueos de los años 80. El salario real promedio es inferior al de hace cinco años; el gasto real en educación y salud, se ha reducido; el empleo está estancado y ha crecido la informalidad; y Nicaragua es más dependiente que antes de la ayuda externa. Y los programas clientelares, imposibles de sostener sin cooperación externa por más que se les llame “populismo responsable”, son un paliativo de la pobreza, pero no una reducción estructural de la misma. En resumen, con Ortega las posibilidades de un crecimiento fuerte y sostenible, son menores que cuando se inició su gobierno.