IDD-Lat 2012 |
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Honduras |
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En un tránsito hacia la salida de la crisis político-institucional generada por la salida forzada del poder del presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009, Porfirio Lobo Sosa asumió el poder de la nación el 27 de enero de 2010. El presidente Porfirio Lobo cumplió en enero de 2011 su primer año de gobierno, marcado por la herencia de una alta inestabilidad política, la asfixia económica y el aislamiento de Honduras de la comunidad internacional. Aislado, sin recursos y con un país dividido y polarizado, Lobo había asumió un mandato de cuatro años, en lo que se consideraba una de las elecciones más votadas en el país, y con los retos de un gobierno por encauzar a Honduras en el fortalecimiento institucional y participativo de la democracia. De la herencia de problemas que recibió, Lobo ha logrado enfrentar con relativo éxito algunos, como la ruptura del aislamiento internacional y la consecución de recursos económicos para el 2011, tras la suscripción de un acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como los primeros pasos para la reconciliación del país con la instalación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Con una calificación positiva 51%, los hondureños evaluaron el primer año de la administración Lobo Sosa. Esta calificación muestra que la gestión gubernamental de Lobo es reprobada por una parte importante de la sociedad, en base a los principales fracasos atribuidos a la actual gestión, que son el crecimiento de la violencia e inseguridad, el desempleo, la situación económica, el alto costo de vida y la falta de cumplimiento a las promesas de campaña. El 22 de mayo se firmó el Acuerdo de Cartagena de Indias por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el Canciller de Venezuela, Nicolás Maduro; y el presidente de Honduras, Porfirio Lobo. El 1 de junio de 2011, la Asamblea General Extraordinaria de la OEA decidió la reincorporación de Honduras al seno del organismo, y el 5 de Junio participó Honduras en la Asamblea General de la OEA en El Salvador con plenos derechos. La Dimensión II, que mide la democracia de los ciudadanos en derechos y libertades, desciende en apenas un 4% con respecto al año anterior (Gráfico 3.47). Este descenso es producido por el retroceso de algunos indicadores y la permanencia de otros en valores muy mediocres. Por ello Honduras ocupa el último lugar del ranking, descendiendo una posición con respecto al año anterior. El índice hondureño de democracia de los ciudadanos sigue estando muy por debajo del promedio de la región. En este marco de deterioro destacan la baja puntuación recibida en el índice de libertades civiles y de derechos políticos y los aún altos niveles de inseguridad que sufre la ciudadanía hondureña. Dentro de los muchos déficits que tiene la administración de Lobo Sosa, en su primer año de gobierno, la nota roja la encabezan la inseguridad, la violencia y el avance del crimen organizado. Honduras no puede revertir las cifras de muertes violentas. A ello se suma el avance de los carteles de la droga en zonas estratégicas del país que si bien no pueden considerarse aún como “territorio pleno” de los capos mafiosos, ese camino se abre peligroso y veloz. En defensa de estas cifras, las autoridades dicen que ese crecimiento de la violencia es porque no fue “atacada” en los últimos cuatro años, pero las historias de la prensa revelan que en ese círculo vicioso la complicidad policial con el crimen es preocupante, sin que se vean esfuerzos reales y grandes de depuración policial. Solo a nivel de percepción, la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA de El Salvador y el ERIC de Honduras, de la comunidad Jesuita, indica que un 51% de la población hondureña, considera que la presencia del narcotráfico en el país “ha aumentado”, mientras un 23% de la ciudadanía reveló haber sido víctima directa de un hecho delictivo en el transcurso del 2010. Un dato revelador relacionado con la imagen de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública es que la mitad de los entrevistados (50,8%) cree que la policía está involucrada con la delincuencia, mientras que sólo un poco más de la quinta parte (22,9%) considera que la policía protege a los ciudadanos frente a los delincuentes.
El presidente Porfirio Lobo anunció, en octubre, que iba a incrementar el número de policías y militares para frenar la violencia en el país, y había reiterado que no estaba satisfecho con lo que se estaba haciendo en materia de seguridad. No precisó cuántos nuevos policías tendría la Secretaría de Seguridad, que disponía de unos 14.000 agentes. El gobernante también anunció que dividirá el país en ocho regiones para ejercer un plan de seguridad efectivo con la Policía y el Ejército. Eso implicará la contratación de más policías y militares, para lo que hacen falta recursos económicos de los que no se dispone, pero el secretario de Finanzas, William Chong Wong tiene instrucciones de buscar esos fondos, indicó Lobo. Dos de las ocho regiones estarán constituidas por Tegucigalpa y San Pedro Sula, las ciudades más importantes de Honduras. El valor obtenido en Calidad Institucional y Eficiencia Política, ha sido nuevamente más alto que el del 2011 (Gráfico 3.48) y esto es producto principalmente del aumento producido en los indicadores Percepción de la Corrupción y el de Desestabilización. El resto de los indicadores se mantuvo estable en valores no tan óptimos, salvo la variable de Accountability, que ha descendido en un 14%. En esta dimensión se ubica por debajo del promedio regional, y baja tres posiciones en el ordenamiento regional, pasando del 6º al 9º lugar. El primer aniversario del gobierno de facto de Porfirio Lobo estuvo marcado por una marcha de los movimientos sociales en su contra, El Frente de Resistencia exigía una asamblea constituyente y la anulación de los juicios contra el mandatario Manuel Zelaya. Es importante destacar que el presidente Porfirio Lobo había impulsado una reforma constitucional, que fue aprobada el 11 de enero de 2011 por el Congreso y que permitió la realización del plebiscito y el referendo para la legislación de la reelección presidencial. El tema de los derechos humanos ha sido un punto gris en la administración del presidente Lobo, ante las denuncias de continuidad de violaciones humanitarias que caracterizaron la crisis política de 2009. Si bien el gobierno ha reiterado que es y será respetuoso de los derechos humanos, los asesinatos de periodistas (10 en un año), denuncias sobre violencia política, entre otros, son señales que preocupan a la comunidad internacional, por los niveles de impunidad con que se han manejado. Así, con las cartas puestas en la mesa, Lobo se apresta a impulsar las recientes reformas políticas aprobadas, con las llamadas “Ciudades Modelos” con las cuales busca despegar a Honduras y ponerla a competir con Singapur y Hong Kong, según sus analistas económicos.
La agenda internacional desplazó temas básicos como la pobreza, el empleo, la seguridad, la salud, la educación y la corrupción, entre otros aspectos. Los dos años del Presidente de la República tienen aspectos negativos y positivos, uno positivo es que logró estabilizar el reconocimiento del país a nivel internacional y lo negativo que ha tenido el Presidente de la República es que no ha podido tener el liderazgo que necesita el país. El peor valor obtenido en la Sub dimensión Social se origina en un pobre rendimiento del país en los indicadores de Gasto en Salud, Desempleo y Pobreza (Gráfico 3.49). El resto de los indicadores muestra avances, especialmente el de Mortalidad infantil y el de Matriculación Secundaria. Se estabiliza su permanencia en el 7º lugar del ranking regional. Su puntuación se ubica levemente por debajo del promedio. El Presidente Lobo destacó los logros que tuvo el país en materia política y social. Incluyó entre esos logros: el reconocimiento internacional a su gobierno; la instalación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para que indague sobre lo ocurrido antes, durante y después del golpe del 28 de junio de 2009; también puso de relieve las obras ejecutadas en favor de los sectores más pobres. Tras el incumplimiento de los 200 días de clases, el Presidente aseguró que no iba a pagar a los maestros faltistas, quienes organizaron paros educativos en exigencia de su salario aún sin dar clases. Pese a que el Gobierno se mantuvo al día con los pagos salariales, los maestros continuaron con sus paros. En otros aspectos del tema educativo, la administración Lobo logró estructurar la Ley Fundamental de Educación y una nueva Ley del Instituto Previsional del Magisterio (Inprema), aunque todavía no se alcanzaba el ansiado sueño de los 200 días clases en el sistema educativo y las huelgas y enfrentamientos de los maestros con el gobierno impidieron que durante el 2010 y 2011 los niños y jóvenes recibieran una educación de calidad, tal como había prometido el Presidente durante su campaña. En materia de salud, si bien se han realizado esfuerzos por mejorar y equipar los centros asistenciales, aún existe una significativa brecha de hondureños fuera de los servicios de salud. Con relación a la disminución de la pobreza, el gobierno ha enfocado sus esfuerzos en la entrega del denominado “Bono 10 Mil”, que a dos años de gobierno ha llegado a unas 300.000 familias de escasos recursos a nivel nacional. La iniciativa consiste en la entrega de 10.000 lempiras al año (833 por mes) a todas aquellas madres solteras de escasos recursos, a cambio de que envíen a sus hijos a la escuela y acudan a los centros de salud. El titular del Ejecutivo proyecta, al término de su gobierno, beneficiar a más de 600.000 familias en todo el país. El programa se lanzó el 21 de marzo de 2010, y la cantidad de 10.000 lempiras se entregaba a lo largo de 12 meses. Al finalizar los cuatro años de esta gestión, se espera reducir la pobreza extrema de 43% a 37% y el coeficiente de desigualdad (Gini) de 0.54 al 0.51. En lo relativo a su desarrollo económico, el otro componente de la Dimensión IV, Poder Efectivo para Gobernar, las mejores puntuaciones recibidas en las variables de Brecha de Ingreso e Inversión no logran compensar las caídas registradas en los indicadores de Libertad Económica, PIB per cápita y Endeudamiento, esto ha generado que Honduras muestre un leve descenso en esta sub-dimensión (Gráfico 3.50). Honduras obtiene su tercer peor valor en la serie. No obstante, al no ser el único país con problemas en esta materia, logra mantener, en el ranking, el lugar 16º; que ya había ocupado el año anterior y que también había ocupado en el 2008. Su Índice continúa muy por debajo del promedio regional. Durante su campaña, Lobo había prometido generar al menos 800.000 nuevos empleos anuales hasta reducir en diez puntos porcentuales la población con problemas de empleo. Sin embargo, el país cerró el 2011 con la generación de apenas 200.000 nuevos empleos, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
La falta de seguridad ha impedido un mayor repunte en las inversiones en el país. Otro aspecto en el que la administración Lobo está en deuda es el relacionado con el manejo adecuado de los recursos del Estado. Si bien el año anterior el gobierno aprobó un Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la transparencia en el gobierno ha quedado en dudas tras la aprobación de "oscuros" contratos. Uno de ellos es el relacionado con la compaña de 100 megavatios de energía sucia fuertemente cuestionada por diversos sectores de la sociedad y también los contratos aeroportuarios aprobados por el Congreso Nacional y después vetados por el Poder Ejecutivo. Hay que recordar que, a finales de 2011, el país quedó fuera de los beneficios de la Cuenta del Milenio, y esto debido a que Honduras no logró superar cuatro de los 21 indicadores que le permitían acceder a la iniciativa. Uno de esos indicadores era el relacionado con la percepción de la corrupción en el país. |
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