IDD-Lat 2012

Guatemala ha crecido en desarrollo democrático con respecto al 2011 (Gráfico 3.41), aunque esto no le significa poder salir del grupo de países con mínimo desarrollo democrático. Ha mejorado su ubicación en el ranking regional, pasando del 18º lugar, el último, al 13º. Su mejor puntuación se debe a mejores resultados en las dimensiones II, que mide la democracia de los ciudadanos; y III, la que mide la democracia de las instituciones. Las Sub dimensiones Económica y Social presentan peores resultados con respecto al 2011. La puntuación general que obtiene Guatemala rompe una tendencia negativa que había mostrado desde el 2007, sin embargo, el valor obtenido dista de acercarse a los mejores valores de la serie, obtenidos en 2002 y 2004. El índice obtenido por Guatemala se encuentra muy por debajo del promedio regional.

El presidente Colom no logró cumplir sus grandes promesas de campaña: reducir la pobreza y la violencia. Un 51% de los 14 millones de guatemaltecos vive en la pobreza, y el país sigue sumido en la violencia, con un promedio de 18 muertos al día, una de las mayores cifras de América Latina. Seguramente su gobierno será recordado porque no logró encontrar la forma de conciliar los intereses de los distintos sectores sociales y políticos del país, y no tuvo logró desplegar las capacidades necesarias para enfrentar los problemas primordiales del país. El Índice de Desarrollo Humano 2011 ubicó a Guatemala en el lugar 131 de 187 países calificados, únicamente por encima de Haití en toda América. En ese mismo índice, en el 2008, año en que Álvaro Colom tomó posesión de la presidencia, Guatemala ocupaba el lugar 118, por lo que durante el período presidencial de Colom, bajó 13 escaños en la clasificación. En nuestro Índice de Desarrollo democrático el país no logró salir de los últimos lugares: en este informe 2012 (con datos de 2011) se ubicó en el 14º lugar; en 2011 (datos 2010) último entre los 18 países de la región; y en los dos años que le precedieron ocupó el 15º lugar y el 17º respectivamente. El único legado de Colom será su programa en favor de las zonas empobrecidas.

El año 2011 estuvo fuertemente marcado por la realización de las elecciones presidenciales del 11 de septiembre en las que Otto Pérez Molina del Partido Patriota (PP), con un 36,10% de los votos, y Manuel Baldizón del Partido Libertad Democrático Renovada (LIDER), con un 22,68%, quedaron en los 2 primeros lugares, habilitados para competir en la segunda vuelta del 6 de noviembre. Allí Otto Pérez resultó proclamado futuro Presidente de la República para asumir el 14 de enero de 2012, al obtener un 53,75% de los votos.

Tras la confirmación de su triunfo en los comicios, Pérez Molina, prometió  solucionar los problemas de seguridad, que crece en círculo vicioso con la violencia y la pobreza. En su primera intervención tras ser proclamado vencedor, Pérez Molina dijo que "desde el primer día los guatemaltecos se van a dar cuenta que tienen un presidente comprometido a defender la vida y la seguridad. Un presidente que le va a dedicar el 60% de su tiempo a temas de seguridad". A la vicepresidencia llega Roxana Baldetti Elías, licenciada en periodismo por la Universidad Nacional de San Carlos, siendo la primera mujer en la historia del país en llegar a la segunda magistratura.

El valor obtenido en la Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y las  Libertades Civiles, aunque crece, sigue estando por debajo del promedio regional; y muestra de  ello es que Guatemala pasa a ocupar, nuevamente, el lugar 17º  en el ordenamiento regional, superando solamente a su vecina Honduras (Gráfico 3.42). En general, casi todos los indicadores han mejorado, especialmente el de Género y esto explica la mejor puntuación recibida en esta Dimensión, pero de ninguna manera este leve avance significa que Guatemala pueda sentirse orgullosa de los resultados. Muy por el contrario, la puntuación obtenida en cada uno de los indicadores muestra resultados pobres en todas las áreas que abarca esta dimensión; especialmente aquellas relativas a la inseguridad y a los derechos políticos.  

Una de las prioridades para el próximo mandatario será frenar la epidemia de violencia contra las mujeres. Las autoridades reconocen avances en la materia, sobre todo en promover la "cultura de la denuncia". Pero a pesar de que se han hecho más de 42.000 denuncias por violencia contra la mujer en el transcurso del 2011, cuatro veces más que en 2010, solo 343 han concluido en una condena. La ONU denunció niveles de feminicidios "sin precedentes" en Guatemala, con 448 mujeres asesinadas entre enero y agosto de 2011, y criticó la falta de financiación y aplicación de los programas para prevenir la violencia machista.

Al nuevo mandatario le aguarda, el reto de liderar uno de los países más violentos del mundo, amenazado por la llegada de células de los cárteles mexicanos y la expansión del narcotráfico entre bandas locales. Guatemala es el séptimo país del mundo con más muertes violentas (43 por cada 100.000 habitantes, por detrás de Irak, El Salvador, Colombia o Venezuela, entre otros), según el informe Carga global de la violencia armada, presentado por el Instituto Superior de Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza.

Aunque el gobierno de Colom dice haber reducido el número de homicidios en un 9% durante su mandato, la inseguridad es todavía la principal preocupación de los guatemaltecos. Todavía se producen cerca de 6.000 asesinatos u homicidios al año en un país en el que pareciera que corrupción y violencia van de la mano poniendo en jaque a las instituciones de la democracia. El desarrollo de la delincuencia organizada sigue avanzando junto a la proliferación del narcotráfico. Aunque Colom afirmó que para él era “más fácil combatir el narcotráfico que el robo de celulares”, poco éxito hubo ante el avance del narcotráfico y el poder de los narcos. La captura de capos y la incautación de drogas, no bastaron para detener este flagelo. La complejidad de este fenómeno, la presión de carteles internacionales para los que el territorio guatemalteco es vital para el tránsito de sus mercancías ilegales y la capacidad de reclutamiento de delincuentes  cada vez más sanguinarios, tornan casi irrelevante la incautación de cocaína, o la captura de algunos capos.

Las escuchas telefónicas a presuntos delincuentes o el fortalecimiento de la oficina de protección al testigo son algunas de las medidas adoptadas por el gobierno contra el crimen organizado, aunque todavía queda mucho por hacer. Queda pendiente para el próximo gobierno profundizar la autonomía del Ministerio Público, garantizar el ascenso de fiscales en base a sus méritos profesionales y depurar las instituciones de Justicia, entre otras importantes materias en la lucha contra el crimen.

También han mejorado los resultados en la Dimensión Calidad Institucional y  Eficiencia Política en casi un 48% (Gráfico 3.43), prácticamente compensando la caída del año anterior. Se destacan los comportamientos positivos de los indicadores Partidos Políticos en el Poder Legislativo, Accountability y Desestabilización. Nuevamente el indicador de Percepción de la Corrupción muestra un retroceso. Guatemala subió del 15º lugar del ranking regional al 11º, con una puntuación de 4,385. Este incremento no alcanza todavía para que el país  logre superar el promedio regional.

Colom, en su rol de presidente y, al mismo tiempo, de líder de la mayoritaria Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), no pudo o no supo construir la "base política" para aprobar las reformas que había promedito en la campaña de 2007. Una muestra fue la frustración del intento de aprobación de la reforma fiscal y de otras iniciativas. Se puede atribuir parte del fracaso a la propia heterogeneidad de su movimiento político, pues en él había de todo, empresarios que se oponen a pagar más impuestos junto a comunistas de la línea dura.

Se habían generado muchas expectativas y se abrieron muchas esperanzas con la llegada de UNE al gobierno, en base a la expectativa del desarrollo de una agenda predominantemente social. Sin embargo, el divisionismo en las filas de la UNE fue fatal.

En agosto, una corte había sentenciado a 6.000 años de prisión a cuatro ex miembros de las fuerzas especiales guatemaltecas o "kaibiles" por la llamada masacre de Dos Erres en 1982, cuando 201 personas habían sido asesinadas en la región norteña del Petén. Una sentencia "ejemplar" por crímenes contra la humanidad durante el Conflicto Armado Interno. A ello se sumó la detención, en junio del mismo año, del general retirado Héctor Mario López Fuentes, jefe militar bajo el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt. El ex jefe del Estado Mayor del Ejército, de 81 años, estaba acusado de ser el autor intelectual de 12 masacres y varios casos de asesinato que habían dejado más de 300 víctimas mortales. Esa fue la primera vez en la historia de Guatemala en la que el Ministerio Público había presentado cargos de genocidio contra un militar de tan alto rango.

Por estos procesos judiciales, la máxima responsable de esta institución -la única mujer que fue electa para el cargo de Fiscal General- es también la primera que logró ganarse la confianza entre organizaciones civiles y de Derechos Humanos. El presidente electo se comprometió a mantenerla en su cargo, lo que sería un hito en un país donde la duración media de un fiscal general en el puesto es de menos de dos años, aunque el mandato constitucional es de cuatro.

El presidente electo, Pérez Molina, logró capitalizar en votos el descontento de una población harta de la situación que coloca a Guatemala como uno de los países de América con la mayor tasa de homicidios. Pérez Molina quiere fortalecer el Ejército y a las fuerzas civiles, a fin de combatir la delincuencia agravada con la creciente presencia de sangrientos cárteles del narcotráfico mexicano, como los Zetas.

Pérez Molina se mostró consciente de que casi la mitad de los electores votó por la propuesta del otro candidato, por lo que invitó al candidato de Líder a sumarse a su proyecto de Gobierno, al que también esperaba que se unieran otras fuerzas políticas del país.

En cuanto a sus objetivos prioritarios reafirmó que, además de la seguridad, la creación de empleo y el desarrollo de las zonas rurales del país, serían los ejes centrales de su tarea.

El nuevo gobierno deberá demostrar al inicio de su gestión que cuenta con suficiente capital político para obtener la aprobación de las reformas más urgentes como son la reforma integral del sistema impositivo, la sanción de un estatuto para funcionarios y la reforma de la ley electoral y de partidos por parte de un parlamento fuertemente fragmentado, ya que de los diputados electos no se puede esperar un fuerte fervor reformador. Por el contrario, la política clientelista en el Congreso parece haber salido fortalecida de las elecciones de 2011.

La campaña electoral dividió al país, puso de manifiesto el potencial de conflictos existente e hizo ver a los guatemaltecos la debilidad de las instituciones democráticas, sobre todo el deterioro del tribunal electoral.

Asimismo, y pese a la labor de la Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad, Guatemala casi no puede presentar avances en la lucha contra las estructuras paralelas en el Estado y en la sociedad. Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en México, Guatemala se ha convertido en el lugar de retirada ideal para los carteles de la droga. Se estima que en aproximadamente un 40% del territorio nacional el Estado ya no ejerce en forma exclusiva el monopolio de la fuerza. Cabe esperar que el gobierno enfrente una fuerte presión para alcanzar una mejora en las condiciones de seguridad, sin embargo, este problema no puede ser atacado en profundidad si la lucha queda limitada al plano nacional.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por  Transparencia Internacional, Guatemala bajó nuevamente su puntuación, situándose con 2.7 puntos sobre 10 y posicionada en el lugar 120 entre 182 países, solo por encima de Nicaragua, Honduras y República Dominicana de toda América Latina. El actual puntaje, de 2.7, es el segundo más bajo de los últimos 13 años, solo superado en 2004 cuando el país obtuvo 2.4 de 10 puntos posibles. Siempre se ha mantenido en los últimos lugares, solo que ahora es mucho más grave, es porque no hay una política consistente en materia de transparencia, lo que ha habido son puras ocurrencias en cada administración”, dijo a este respecto Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, la contraparte en el país que ayuda a realizar el Índice de Percepción de la Corrupción. Uno de los aspectos que más afectó fue la falta de legislación al respecto. Hasta el momento,  a pesar de los intentos, el Congreso no logró aprobar la ley del Secreto Bancario, la ley Anticorrupción, la Ley Antievasión o la ley de Enriquecimiento Ilícito. “El Congreso es un aliado perfecto para mantener el statu quo de la corrupción”, sostuvo el citado Marroquín.

Con respecto a la Sub dimensión Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar Guatemala ha conseguido mejorar la puntuación del 2011, que había sido la peor de la serie. De todas formas, se mantiene lejos del promedio regional (Gráfico 3.44). Su rendimiento en esta sub dimensión se explica por  las mejoras obtenidas en las variables correspondiente a Mortalidad Infantil, Gasto en Salud y Desempleo; y por los pobres resultados en los indicadores que miden Pobreza, Gasto en Educación y Matriculación Secundaria. El mal desempeño del país en estas variables, da cuenta de la situación social con enormes diferencias entre los distintos estratos y una gran parte de su población en condiciones de extrema pobreza. Guatemala tiene mucho camino por recorrer hasta lograr valores similares al promedio de la Región. Su puntuación final ubica al país en el puesto 16º del  ranking regional, subiendo un peldaño.

En el tema de la educación, el gobierno de Colom terminó un ciclo escolar de 90 días, cuando oficialmente los ciclos escolares anuales deben durar alrededor de 195 (Un 54% más). Los paros encabezados por el líder sindical Joviel Acevedo, y el incumplimiento por parte del gobierno de los requerimientos de los maestros al gobierno desde el principio de su gestión, fueron los detonantes de esta situación. También el déficit en infraestructura es importante y no proporciona un panorama optimista para el futuro inmediato.

En el tema del empleo, el presidente Colom había prometido en su campaña electoral que crearía 700 mil trabajos nuevos. Sin embargo, la tasa de desempleo no se redujo, sino más bien aumentó de 3,2% en el año 2007, hasta 5,9% en el año 2010, según información del Ministerio de Trabajo, y esto sin tomar en cuenta que el 75% de la población guatemalteca aún se desempeña dentro de la economía informal.

Un logro importante del gobierno fue la implementación del programa social Mi Familia Progresa, por medio de transferencias condicionadas y bolsas solidarias. Es el primer programa social que realmente ha sido ejecutado con constancia, y seguramente seguirá existiendo por muchos años más. No obstante, el alto grado de discrecionalidad con el que se implementa le resta legitimidad. El programa de transferencias condicionadas, que consistió en entregar Q.300 a las familias indigentes para que llevaran a sus hijos a la escuela y a los hospitales, es un buen paliativo, pero claramente no resuelve el problema de la indigencia y de la pobreza estructural. Los niveles más extremos de la pobreza se dan entre la población indígena, que afecta al 73% de los más de 5,8 millones de personas de las diferentes etnias, que sufren discriminación y exclusión, también de los programas estatales.

El presidente Colom reconoció que, a pesar de lograr algunos avances en su mandato, deja "profundos rezagos" como la pobreza e inseguridad que deberá enfrentar Otto Pérez.

Nuevamente, el valor de la Sub dimensión Económica vuelve a estar por debajo del promedio, agravando la caída que se había verificado el año anterior (Gráfico 3.45). Los indicadores que descienden son Puntaje en el Índice de Libertad Económica, PIB per cápita, Endeudamiento e Inversión. La única variable que muestra un leve mejor resultado es la que mide Brecha de Ingreso. Por este peor desempeño, Guatemala desciende  dos lugares en el ranking regional, pasando del 11º lugar al 13º, ubicándose por debajo del promedio regional.

La falta de transparencia presupuestaria y el gasto ineficiente del gobierno contribuyeron a que la deuda externa contraída para sufragar las políticas públicas haya aumentado desde los US$ 3,908 millones en el año 2008 en que tomó posesión, a US$.17,500 millones en el 2011, es decir, un aumento aproximado del 347%. Por otro lado, la deuda interna también ha ido en aumento durante este período de gobierno, pues de Q.24,920 millones, en el año 2008, cuando Colom tomó el cargo, ha ascendido a Q.40,310 millones en el año en que dejará la presidencia, es decir, un aumento aproximado del 62%.

En gran medida, las políticas del programa de gobierno del nuevo presidente,  Otto Pérez, dependerán del desempeño económico del país. Existe un serio riesgo en medio de esta crisis económica internacional, del estancamiento y de la ausencia de crecimiento robusto en Estados Unidos, un mercado al que Guatemala está muy atado. El país se encuentra en una especie de círculo vicioso:  para solucionar el crimen tiene que incrementar el crecimiento, y para aumentar el crecimiento tiene que generar inversión; pero para generar inversión tiene que reducir el crimen.

El déficit que arrastra el Estado va a afectar su capacidad de financiar cualquier tipo de programa. Va a restringir desde el inicio las intenciones que tenga el gobierno de invertir en programas sociales e incluso en políticas de mayor seguridad.

Según el balance preliminar de las economías de América Latina y El Caribe presentado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) a finales de 2011, Guatemala estaba en un proceso económico ascendente después del "magro" crecimiento económico de 2009. El crecimiento preliminar de 2011 fue de 3,3%, superior al 2,8% de 2010 y al 0,5% de 2009. Sin embargo, también resaltó que el país tiene una inflación interanual de 7,2%, un déficit fiscal en torno al 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB) y un déficit comercial de más del 11% del PIB.