IDD-Lat 2012

Ecuador ha sido uno de los dos países que más ha mejorado el Índice con respecto al 2011 (37%), sólo aventajado por Guatemala (Gráfico 3.31), recuperando puntaje ambos países, tras haber sido quienes más retrocedieron el año anterior. A pesar de este avance, Ecuador mantiene su ubicación en la tabla y continúa ubicándose en el 16º lugar entre 18 países del ranking regional. El principal argumento del crecimiento en el Índice de Desarrollo Democrático ha sido el avance verificado en todas las dimensiones, destacándose el mostrado en la Dimensión III, democracia de las instituciones, y en la sub dimensión Económica.

El presidente Rafael Correa, el primer mandatario ecuatoriano en permanecer cinco años en el poder tras más de una década de inestabilidad política que impidió a sus antecesores cumplir con sus períodos de gobierno, se situaba, en diciembre de 2011, con una aprobación del 55%, mientras la credibilidad de su palabra se ubicó en 51%, de acuerdo a la encuestadora Cedatos Gallup. El reporte señalaba entre las principales razones de ese apoyo: las obras realizadas en vialidad, educación y vivienda, así como la atención a grupos de menores recursos. Entre quienes desaprobaban la gestión de Correa los motivos expuestos eran la corrupción, el desempleo y la inseguridad.

Pasado el esplendor de alto precio del petróleo, que ha permitido incrementar fuertemente el gasto público, crece la brecha fiscal y el gobierno ha tenido que recurrir al endeudamiento con el BIF. En la actualidad, el mayor gasto que había en los programas sociales (bono de desarrollo, de US$ 15 a US$ 30 dirigido a los dos quintiles con menores ingresos de la sociedad ecuatoriana), reflejaban una forma de gobierno y eso, mantenía relativamente contenta a una población progresivamente más desmovilizada, aunque dependiente de los programas gubernamentales. Es una economía planificada (SENPLADES), pero que requiere de inversión extranjera, particularmente bajo un modelo extractivista de minerales. Correa ha cambiado su discurso inicial anti empresarial, por uno de llamado a la inversión nacional y extranjera.

Esa evolución económica se da en un marco político-institucional preocupante. Desde la sanción de la nueva Constitución en 2007, se ha venido consolidando una creciente concentración del poder público en la persona del Presidente. Pese a su popularidad, Correa no aparece como el Presidente de todos los ecuatorianos, sino sólo el dirigente indiscutido de su comunidad de seguidores. Sus posiciones tampoco parecen responder a un perfil o proyecto político propio, sino que responden al combate que él y su gobierno libran contra quienes ejerzan cualquier forma de crítica a su gestión política y de gobierno, como si fuera un ataque a su honor personal.

Su estilo de imponer sus decisiones ha terminado por neutralizar al parlamento unicameral; unificar el aparato judicial con la consiguiente interpretación de las normas constitucionales a gusto del Presidente; desactivar la sociedad civil organizada como masa crítica e imponer considerables limitaciones a la libertad de expresión y de prensa.

Toda esa situación ha provocado que hoy resulte difícil reconocer una división de poderes en un sentido democrático. Tanto al Poder Ejecutivo como las decisiones que incumben al Legislativo parecen estar concentradas hoy en la persona de Rafael Correa.

En la Dimensión II el valor obtenido es levemente superior al alcanzado el año  anterior (Gráfico 3.32). Este leve ascenso se debe, al mejor comportamiento del indicador que mide la participación de las mujeres en puestos de dirección del Estado y a un leve ascenso del indicador que mide el Condicionamiento de Libertades y Derechos. A pesar de estos comportamientos positivos, todas de las variables de la Dimensión se mantienen en niveles muy bajos con respecto al resto de los países de la Región, destacando en ese panorama negativo, lo que concierne al Respeto de las libertades civiles y de los derechos políticos. Su leve suba le permite superar los 4,200 puntos y ganar un lugar en el ranking con respecto a la medición del 2011 alcanzando el  lugar 14º, aunque su nivel sigue estando por debajo del promedio latinoamericano.

La sublevación policial, o golpe de Estado según el correismo, del 30-S de 2010, había dividido a la sociedad ecuatoriana en dos, acentuando la polarización y, al mismo tiempo, los rasgos más autoritarios del gobierno de Correa. La débil participación de elementos de la Policía en respuesta al intento de golpe del 30 de septiembre del 2010, significó una grave señal de alerta para el gobierno. Cada vez existía una menor participación social, aunque se mantenga un mayoritario apoyo a Correa. Pero simultáneamente, la sociedad ecuatoriana sufre una trasformación profunda, caracterizada por el creciente deterioro del tejido social, permeado por problemas globales y por un crecimiento local del mundo de lo ilícito, como es el caso del sicariato, del testaferrato, particularmente en las provincias de Esmeraldas y Los Ríos. La situación de inseguridad creciente, expuesta por los medios de comunicación, ha servido para que el gobierno asuma un discurso “mano dura”, estableciendo el uso de tipos penales abiertos para casos de “terrorismo, desacato y  sabotaje” que resultan totalmente funcionales a la criminalización creciente de la protesta social.

Esto ha ayudado a promover un régimen progresivamente militarizado, sin declaración formal de un estado de excepción. Después del intento de golpe del 2010, las FF.AA empezaron a recibir progresivamente mayores beneficios, tales como aumento de sueldos, mayor equipamiento para frontera norte, la creciente injerencia en el control del orden interno, el manejo de la Inteligencia por un militar, etc. A eso se sumaba la presencia de 12,000 soldados en la frontera norte.

El modelo económico de acumulación capitalista de extracción de recursos naturales impulsado por el gobierno avanzó en su consolidación durante este año y determinó efectos violatorios de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en cuyos territorios ancestrales están ubicados estos recursos naturales. Los derechos colectivos y de la naturaleza se vieron seriamente amenazados por: la adopción del Plan Nacional del Desarrollo del Sector Minero 2011; las nuevas rondas de licitación petrolera en bloques que afectarán directamente a territorios de los pueblos en aislamiento voluntario y a territorios ancestrales indígenas; la proyección de negociación de campos maduros sin reparar los pasivos ambientales; la renegociación de bloques de explotación petrolera que se han extendido a áreas protegidas; y el anuncio de que se iniciaría la explotación del bloque 31, que está dentro del Parque Nacional Yasuní en un 80%, constituyen un panorama de avasallamiento de derechos de esos pueblos.

En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, Ecuador superó en 2011 más del 80% del valor al que había caído el año anterior (Gráfico 3.33), pero todavía no alcanza ni siquiera los 3,000 puntos. Recordemos que en el IDD-Lat 2011 había sufrido un retroceso de más del 50%, con un puntaje de 1,558 puntos. Como podemos observar en el gráfico, está lejos de alcanzar los mejores valores obtenidos en el IDD-Lat 2004 y 2005. Los factores que explican esta mejora relativa son: por un lado, las mejores puntuaciones obtenidas en los indicadores de Percepción de la Corrupción y Participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo y, por el otro, porque se ha suspendido la aplicación del Factor de Anormalidad Democrática que había reflejado la gravedad de la crisis institucional sufrida por el país en el 2010, consecuencia del alto grado de tensiones que la democracia ecuatoriana no había tenido capacidad de procesar en un marco de plena vigencia institucional. Por esta situación el país mejora su posición en el ranking regional, subiendo dos peldaños, del 17º al 15º lugar.

Debemos destacar que el indicador de Accountability ha sufrido un nuevo retroceso, alcanzando el valor más bajo de su serie histórica, desde el 2002 a la actualidad. Allí uno de los sub-indicadores que comprometen el comportamiento de esta variable es el que mide la Libertad de Prensa y todos los que corresponden al Accountability Social.

Desde la ascensión al poder de Rafael Correa en el 2006, se produjeron varias situaciones importantes, el proceso constituyente; la adopción de una Constitución que muchos consideran absolutamente progresista y garantista, pero irrealizable, hasta cambios fundamentales en materia de Derecho penal. Las leyes aprobadas hasta el momento, no guardan relación con los principios de la Carta: las leyes de Aguas, Minería, Seguridad Pública, Educación, son tan solo un ejemplo. El presidente Correa ha convertido a la Asamblea en una institución que sólo tramita las leyes que vienen del Ejecutivo, mientras que el gobierno se maneja sobre la base de sucesivos decretos. Solo existieron dos procesos de participación relativa por parte de la Asamblea que se dieron durante la discusión de las leyes de Medios y de Aguas.

En este contexto, Correa dispuso llamar al cuarto proceso electoral de su mandato mediante la Consulta Popular del 7 de mayo del 2011. El referéndum constitucional y consulta popular consistió en dos procesos electorales diferentes que sumaron un total de diez preguntas, las cuales buscaban la aprobación de reformas sobre asuntos relativos al sistema judicial, la seguridad, el medio ambiente, la banca y los medios de comunicación. Varias de las preguntas reflejaban un retroceso en varias materias: vulneración de derechos, de competencias, injerencias y riesgos para la institucionalidad. Una de las preguntas de la consulta postulaba la aprobación de una ley de comunicación que permitía crear un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita. Los resultados se consideraron en base a los votos válidos, sin tomar en cuenta votos nulos y blancos, lo que ha motivado debate constitucional al respecto. La consulta dio el triunfo que el gobierno deseaba con más del 50% de los votos para todas y cada una de las preguntas.

El gobierno de Correa se caracteriza por la ausencia de intermediadores, entre su gobierno y el pueblo; la agenda se maneja en función de las encuestas de opinión, buscando sostener adhesión popular. No hay procesos ni dinámicas sociales contundentes, que definan la agenda política. Ni los movimientos indígenas (CONAIE, ECUARUNARI) se recuperaron de las sucesivas crisis, ni otros movimientos sociales logran converger sobre una agenda nacional. Fundamentalmente, el presidente Correa se maneja directamente con la población y define las agendas públicas. Por otra parte, se ha producido el crecimiento del aparato del Estado, a través de Secretarías, Ministerios Coordinadores, lo que no se ha traducido en un incremento de la capacidad de gestión ni en la eficiencia gubernamental.

En general, la producción legislativa de 2011 fue baja: hubo 1,6 leyes aprobadas por mes; si se compara con el número total de asambleístas, se determina que cada uno de ellos elaboró un 0,1% de leyes en el año. Los 141 proyectos de ley que se presentaron respondieron a la iniciativa de 61 asambleístas, esto evidencia que la mitad de los miembros de la Asamblea Nacional, no generó ni siquiera un proyecto al año. El 87,5% de las leyes aprobadas respondió a la iniciativa del partido de gobierno y solo se aprobó un proyecto proveniente de la iniciativa ciudadana.

La Asamblea Nacional prácticamente ha perdido importancia política. Por un lado, el Presidente gobierna mediante decretos ley que siempre cuentan con el aval de la mayoría de la coalición gobernante y, por el otro, mediante la declaración de estados de excepción. Actualmente están en vigencia 140 de estos estados de excepción, pese que, desde la lógica constitucional, puede haber sólo un estado de excepción nacional (por ejemplo en caso de guerra o catástrofes naturales). Al dictarse el estado de excepción, la potestad presupuestaria y el control financiero pasan de la Asamblea Nacional al Presidente. En consecuencia, la Asamblea Nacional actualmente queda al margen de cualquier participación política y fiscal en 140 áreas políticas específicas.

Por otra parte, la mayoría oficialista en la Asamblea bloquea todo intento de la oposición de cuestionar esta forma de gestión política. La falta de crítica a la actual actuación del gobierno, los permanentes desacuerdos entre los bloques de la oposición y la priorización de intereses personales de los legisladores no hacen más que desacreditar a la Asamblea Nacional en general, a sus diputados y a los bloques de los diferentes partidos ante la sociedad.

Angostura en marzo del 2008, el Golpe del 30-S y la situación de criminalidad, fueron tres puntos de quiebre en las relaciones del Gobierno con una parte de la sociedad y con las otras instituciones del Estado, las FF.AA y la Policía. Un punto determinante de ese conflicto fue la relación de Correa con una parte importante de la prensa, cuyo punto culminante fue la denuncia del presidente al diario El Universo. En la querella presentada el 21 de marzo de 2011, Correa pedía tres años de cárcel para los cuatro acusados y una indemnización de 80 millones de dólares. En julio del mismo año, el juez Juan Paredes condenó a tres años de prisión a tres directivos del diario y a su ex jefe de opinión Emilio Palacio, quienes además debían pagar 40 millones de dólares al presidente. Envalentonado por este triunfo judicial, el 10 de agosto, fecha en la que Ecuador conmemora su independencia, el presidente Correa dedicó cerca de 42 minutos de su Informe a la Nación para descalificar a la prensa y los periodistas, a quienes él consideraba enemigos que querían "dañar al gobierno". El discurso del primer mandatario fue político y por primera vez intervinieron nueve ministros, quienes fueron los encargados de hacer un balance de las gestiones de cada una de las carteras de estado. El presidente Correa enfocó su discurso en la libertad de expresión, el derecho a la honra y recalcó que no permitiría que nadie se metiera con su honor y calificó a los medios de comunicación de "poder fáctico", y a los periodistas que lo atacaban como "sicarios de tinta escondidos detrás de un tintero". "Durante estos cuatro años y medio hemos enfrentado solapadas o abiertas conspiraciones por parte de una prensa que ocupa legítimamente el espacio de una partidocracia derrotada", dijo el Primer Mandatario.

La conflictividad en el país se ha incrementado levemente si se la compara con las cifras de 2010. En este año se han producido 280 conflictos, y en el año pasado 268. De los 280 conflictos de 2011, 37% están relacionados con los derechos de libertad; 24% con los derechos del buen vivir; el 18% con los derechos de participación; el 13% con los derechos de protección; el 5% con los derechos de los pueblos, y el 3% con los derechos de los grupos de atención prioritaria. Persiste el inadecuado manejo de la conflictividad expresado en lo ideológico, político, económico, organizativo; a través de un gran despliegue mediático.

El Gobierno dio apertura para el diálogo con los gremios empresariales, mientras cerró las posibilidades de dialogar con el movimiento indígena, con los trabajadores y con periodistas; dando más bien paso a procesos discrecionales de criminalización de la protesta social y de la opinión pública.

El derecho a la justicia enfrentó obstáculos por el clima de tensión y presión política. Las reformas introducidas mediante el proceso de enmienda constitucional y consulta popular que fue avalado por la Corte Constitucional y obtuvo el respaldo popular, alteraron el diseño constitucional de la Función Judicial; le restaron independencia, limitando así su calidad de garante de los derechos y contrapeso en el poder del Estado. Bajo este marco de falta de independencia judicial, continuó la utilización de la justicia penal como un selectivo mecanismo de criminalización de la protesta social y de la opinión: 204 líderes defensores de los derechos humanos y de la naturaleza –en su mayoría indígenas– fueron enjuiciados por sabotaje y terrorismo; se registraron 10 casos de persecución y criminalización contra 48 dirigentes sindicales; y 20 procesamientos a periodistas.

La Justicia deberá ser reestructurada en el término de 18 meses, lo que requerirá de un esfuerzo verdaderamente enorme. Está previsto que este proceso que abarca desde la capacitación y renovación de jueces hasta las necesidades totales de infraestructura en todos los ámbitos de la Función Judicial, y que también se instrumenta bajo la forma de estado de excepción, se complete hacia fines de 2012. Existe el riesgo de que, en el transcurso del proceso de reestructuración, todo el aparato judicial termine siendo transformado en un organismo absolutamente dependiente del Ejecutivo y en particular de la persona del Presidente.

Las dos sub-dimensiones que conforman la Dimensión Ejercicio de Poder Efectivo para Gobernar han tenido un comportamiento similar. La Sub dimensión Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Bienestar tuvo un mejor desempeño que el año anterior (Gráfico 3.34), debido al leve descenso de los niveles de mortalidad infantil y a la suba en los indicadores que miden Eficiencia en Educación. A pesar de mostrar una mejor puntuación, el mejor rendimiento alcanzado por Guatemala, hizo que Ecuador cayera un peldaño en el ranking regional, ocupando ahora el lugar 17º. Aún está lejos de alcanzar la mejor puntuación que fue la obtenida en el IDD-Lat 2007 y continúa lejos del promedio regional.

El desempleo bajó a 5,1% en diciembre de 2011, en tanto que el subempleo cayó a un 44,2%, de acuerdo al informe del estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec). El mejor valor alcanzado por ambas variables desde que se realiza el reporte de la entidad, según el índice trimestral de desempleo, fue de un 9,1% en marzo de 2010, mientras el registro de subempleo había alcanzado un pico de 53,7% en junio de 2007. El empleo se expandió debido a los altos precios del petróleo y a la sostenida inversión pública realizada por el gobierno de Correa. En tanto, la tasa de ocupación plena se ubicó en 49,9% a diciembre de 2011, cuya población activa es de 8 millones de personas, de los cuales casi 4,5 millones están empleados. Estimaciones privadas indican que el número de trabajadores en el sector privado ha descendido, mientras que los empleados en el sector público se han incrementado (aproximadamente se han creado entre 80.000 y 100.000 empleos públicos más, en este período).

Los indicadores sociales son los que muestran una mejor cara. Se ha reducido la pobreza; aunque hay críticos que señalan que a un ritmo menor que en años anteriores. Hay un crecimiento en la tasa de escolaridad y en los indicadores de cobertura de servicios básicos. El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, es el instrumento del gobierno para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública, el cual consta de 12 Estrategias Nacionales y 12 Objetivos Nacionales, cuyo cumplimiento permitirá, en palabras del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) Rene Ramírez Gallegos, “consolidar el cambio que los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos anhelamos para el Buen Vivir”. El objetivo que busca la implementación de este Plan Nacional en este periodo de gobierno de Correa es el de materializar el proyecto de la “Revolución Ciudadana”, entendiendo este último como el ideal del Presidente para alcanzar el bienestar de la sociedad ecuatoriana; la implementación de esas ideas en el campo real se llevará a cabo por medio de los objetivos y estrategias dispuestas en el mismo.

Existe una amplia y ambiciosa formulación teórica de programas estatales que está resultando difícil de aplicar y concretar en realidades, en buena parte porque quienes diseñan los esquemas y elaboran los proyectos gubernamentales no han llegado nunca a la praxis política y hay un divorcio entre los planes ansiosos y la terrena realidad.

En la Sub dimensión “Capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica”, el descenso fue leve pero sirvió para volver a colocar a Ecuador por debajo del promedio regional (Gráfico  3.35). producto del peor comportamiento de algunos indicadores, entre ellos, PIB per cápita, nivel de inversión y endeudamiento.  Las variables que han mejorado han sido el puntaje de Libertad Económica y la que mide la Brecha de Ingreso. A raíz de este retroceso Ecuador bajó en el ranking del puesto 10° al 11° y ha perdido lo que lo había caracterizado el año anterior, que era en la única sub-dimensión donde lograba superar el promedio regional.

El déficit fiscal se ha mantenido en porcentajes que van de entre el 4 y el 6% del PIB. En cuanto al financiamiento, cerradas las líneas de crédito por la ideología del Gobierno de no solicitar créditos a los organismos financieros tradicionales, se ha endeudado con China a tasas del 6% de interés anual.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) determinó en su estudio anual que la economía ecuatoriana ha sido la de tercer mayor crecimiento entre las 20 economías analizadas. En efecto, alcanza una tasa de crecimiento del 8%, solo superada por Panamá (10,5%) y Argentina (9%). Sin embargo, analistas privados advierten que se verifica un incremento de la participación e importancia del Estado en la economía (más inversión pública) y un menor crecimiento de la inversión privada. Lo que en Macroeconomía se conoce con el nombre de “efecto desplazamiento”, que hace que suban las tasas de interés por aumentos en el gasto público, reemplazándose la inversión privada (ante el encarecimiento de las tasas), por más inversión gubernamental.

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por implementar una política expansiva del gasto público desde el 2007, esta política si bien ha generado crecimiento económico (salvo en el 2009) y recuperación del ingreso per cápita, no ha sido efectiva para disminuir los niveles de desempleo que se han mantenido entre el 7% y el 8%, más bien empujó a la demanda interna de tal forma, que se incrementó el consumo de productos importados, lo que afecta a la balanza comercial y a la cuenta corriente que cada año son más negativas.

El aumento de la demanda interna por encima de la producción interna, junto al alto valor de los productos agrícolas y materias primas en el mundo, también inciden en que el nivel de precios observado en la economía ecuatoriana sea ligeramente alto al ubicarse en 4,9%  hasta noviembre 2011. Para 2012 se espera que el gasto público se ubique en alrededor de USD 27 mil millones, tres veces más que los USD 9 mil millones observados en 2006, lo que supone un déficit fiscal de alrededor de USD 4 mil millones (7% del PIB). Este déficit deberá financiarse principalmente con deuda externa, si bien el nivel de deuda de la economía ecuatoriana (20% del PIB) no es demasiado alto frente al de otras naciones, el reto en el 2012 consistirá en encontrar prestamistas dada la volatilidad de los mercados y la situación económica mundial. El gobierno está tomando medidas para evitar la salida de divisas y proteger la balanza de pagos, de esta forma se incrementó el impuesto a la salida de capitales y se han planteado impuestos y aranceles para productos importados.