IDD-Lat 2012

Costa Rica, en esta edición del IDD-Lat, ocupa el 1º lugar en el Ranking regional, y esto resulta porque su puntuación aumentó más del 17% en el índice general (Gráfico 3.21). Esto es producto de la mejor puntuación que obtuvo en todas las dimensiones, más fuertemente en aquella que mide los resultados económicos y sociales, aunque también esta mejora en todas las dimensiones denota el impacto que, por causas metodológicas, ha tenido la caída este año de Chile, que en años anteriores había obtenido la mayor calificación de nuestro índice.

La democracia en la práctica no alcanza un estado ideal sino que es un imperfecto camino de convivencia y desarrollo. Por eso, siempre remarcamos que la posición de liderazgo en el desarrollo democrático no implica el logro de un estado ideal sino que, en el marco comparativo regional, la sociedad local y sus dirigentes, han logrado una mejor evolución que el resto de los países de la región, en los diversos componentes del desarrollo democrático. Como prueba de que Costa Rica no es un “paraíso democrático”, el panorama de cierre del año 2011 mostraba un gobierno con gabinete desarticulado, que no parecía responder plenamente al liderazgo presidencial, una bancada oficialista dividida, un partido de gobierno bajo una profunda crisis ideológica y proyectos económicos y sociales que no terminaban de arrancar. La conflictividad social tuvo diversas manifestaciones a lo largo de todo el año con huelgas, manifestaciones, paros y bloqueos, protagonizados por sectores tan diversos, como distintos eran sus planteos y objetivos.

Las encuestas indicaban que el liderazgo de la Presidente pasaba desapercibida y que muchos de los ciudadanos consideraban que no sabía tomar las riendas de la nación.

En febrero de 2010 Laura Chinchilla había ganado cómodamente las elecciones presidenciales con el 46,7% de los votos.  Desde entonces la aprobación de su gestión cayó a una franja del 41 al 37% según reconocidas encuestadoras locales. Las preocupaciones de los costarricenses se basan principalmente en el incremento de la criminalidad. La seguridad y la creación de una Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil fueron los temas centrales de la campaña electoral de la Presidente, pero según las encuestas, el gobierno no alcanzó los objetivos fijados en ese sentido. A fines de 2010 y en el transcurso de 2011, diferentes acontecimientos influyeron en la imagen negativa del gobierno como la renuncia de una serie de ministros, la disputa territorial con la vecina Nicaragua por la isla Calero y el anuncio de problemas financieros en la Caja Costarricense de Seguro Social que ponen en peligro la seguridad social.

El comportamiento de la Dimensión de Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles presenta un leve crecimiento de un 1,6% respecto del año anterior (Gráfico 3.22) y se mantiene entre los valores más altos de la región. Este pequeño ascenso permite que el país se pueda mantener en un lugar destacado, el 2º del ranking regional, sólo precedido por Chile. El indicador que mide inseguridad, ha tenido una leve caída que confirma la preocupación social ante este fenómeno. La única variable que ha mostrado un comportamiento positivo es la que mide la participación política de la mujer en el Estado. El resto de los indicadores se ha mantenido estable.

La lucha por mejorar la seguridad fue la principal bandera que enarboló en campaña electoral la mandataria Laura Chinchilla Miranda, pero en la ejecución de sus compromisos no ha logrado grandes resultados. Incluso debió desplazar a su ministro del ramo, el abogado José María Tijerino, quien había llegado al cargo con la experiencia de haber sido fiscal general de la República, reemplazándolo por Mario Zamora, quien pasó del cargo de viceministro de Gobernación, a la titularidad de Seguridad Pública.

 El Poder Ejecutivo había presentado el 14 de febrero de 2011 un documento llamado Política integral y sostenible de seguridad ciudadana y promoción de la paz social (Polsepaz), que fue recibido con muchas más críticas que elogios y sólo contó con una tímida defensa del Gobierno. El plan, denominado "Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social para Costa Rica (Polsepaz)", fue realizado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La iniciativa proponía, entre otras medidas concretas, la profesionalización urgente de la Fuerza Pública, el involucramiento activo de los gobiernos locales para detener el crimen y la violencia, mecanismos para el control de la corrupción, la intervención efectiva frente a la violencia contra las mujeres, así como la aplicación de acciones inmediatas para lograr la permanencia y regreso de jóvenes al sistema educativo. Otras de las acciones contenidas en Polsepaz eran la mejor capacitación policial, la ampliación de la capacidad carcelaria del país, un programa de intervención en comunidades en riesgo mediante acciones policiales y preventivas, y el combate al crimen organizado.

La preocupación nacional por la inseguridad muestra un incremento vertiginoso en los últimos meses, de acuerdo a la medición que realiza Unimer en marzo del 2011 se ubicaba en un 38% y tan sólo tres meses después, había ascendido a un 49%.

 El valor obtenido en la Dimensión de Calidad Institucional y Eficiencia Política coloca al país en el 1º lugar de la tabla, obteniendo la mejor puntuación desde el año 2002, con lo cual supera ampliamente el promedio regional (Gráfico 3.23). El alto puntaje en la mayoría de los indicadores se muestra estable, resaltando una nueva  mejora en el indicador de Accountability. No obstante, el país debe avanzar en algunas de las cuestiones institucionales relacionadas con la protección de los derechos, tales como el Acceso a la Información y el Hábeas Data. La única variable que ha sufrido un retroceso ha sido el Índice de Percepción de la Corrupción.

Los resultados de las últimas elecciones presidenciales habían confirmado una fractura del sistema bipartidario con la irrupción de gran número de partidos en la Asamblea Legislativa. Luego de que el Movimiento Libertario retirara su apoyo al Partido Liberación Nacional (PLN) se formó por segunda vez la llamada coalición parlamentaria opositora de la que también formó parte el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). La coalición cuenta con mayoría en el parlamento, de modo que la Presidente depende del respaldo de la oposición para todas las decisiones importantes.

No obstante, las encuestas actuales muestran que aumentan las críticas a la coalición opositora a la que se acusa de afectar la gobernabilidad. Originalmente muchos costarricenses (53% según las encuestas) creyeron que el ascenso de la coalición implicaría una mejora en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Esta opinión se ha modificado por completo: luego de 6 meses, apenas el 9% comparte esta opinión, en  tanto que el 70% cree que la nueva coalición no ha servido para mejorar el trabajo. Recientemente surgieron disputas en virtud de la aprobación del plan financiero, manifestándose diferencias de opinión dentro de la  propia coalición.

En ese marco, la discusión sobre el paquete de impuestos trascendió lo meramente técnico, por el contrario, se transformó en una disputa política. Allí, tanto los sectores del Pacto Solís-Chinchilla como los sectores que apostaban por la concreción de alianzas de nuevo tipo, se estaban jugando sus cartas en ese momento. La arena de la discusión sobre el Pacto Fiscal expresaba las tensiones existentes entre proyectos políticos diferentes. Disputa cuyo balance, podía no solamente implicar cambios importantes en el acomodo de las la correlaciones de fuerzas en el país, sino también sellar buena parte de la suerte de la “Alianza por Costa Rica”. Los sectores del Pacto Solís-Chinchilla tomaban nota de ello. Tanto el ofrecimiento de parte de Óscar López, líder del PASE, de los votos de su bancada parlamentaria al PLN para la elección del directorio legislativo en mayo, como las manifestaciones del diputado Martín Monestel en el sentido de que “la Alianza por Costa Rica es un fraude”, eran particularmente claras en este sentido. Todos los dardos dirigidos contra la Alianza.

A mediados del 2011 el Gobierno enfrentó una serie de cuestionamientos por incumplimiento de deberes, corrupción, uso ilegal de fondos públicos, supuesta violación a la ley de Enriquecimiento Ilícito y tráfico de influencias, entre otros.

En la Dimensión que mide el Poder Efectivo para Gobernar, en la Sub dimensión Social Costa Rica mantiene valores muy por encima del promedio regional, y ha mejorado en más del 50% con respecto a los valores obtenidos en el 2011, en una clara recuperación de la situación social tras el impacto de la crisis internacional de 2009 (Gráfico 3.24). Esta recuperación le permite, aunque no lidere el ranking de esta sub dimensión, subir al 2º lugar, detrás de Argentina. La recuperación en esta sub dimensión ha sido notoria en los indicadores de eficiencia en educación y en salud, pero la situación no ha sido buena en los indicadores que miden el desempleo y la población bajo la línea de la pobreza, que no logran mejores resultados.  

En materia de pobreza la cifra promedio pasó de 21,3% a 21,6%. El gobierno de Laura Chinchilla recibió una pesada herencia de su antecesor. Costa Rica había recibido un fuerte impacto social y económico de la crisis internacional y el gobierno no había logrado morigerar ese impacto, vinculado con un enorme déficit fiscal, tan grave que la Presidente se vio obligada a convertir el plan fiscal en su proyecto estrella, iniciativa que en cualquier país genera controversia, pues imponer nuevos impuestos a la población y empresas nunca es bien recibido.

La generación de empleo no se correlacionó significativamente con la recuperación económica y el incremento en las exportaciones. Por ello los indicadores de empleo no marchan al mismo ritmo que la producción. A su vez, la crisis ha vuelto más cautelosos aun a los empresarios respecto de la política salarial y esto perjudica principalmente a los grupos de menores ingresos.

También el desempeño en la Sub dimensión Económica ha mejorado fuertemente en relación con el valor obtenido en el 2011 (Gráfico 3.25). Este registro, aunque no está lejos de los mejores valores de la serie, logrados en 2003 y 2007, muestra nuevamente a Costa Rica por encima del promedio de la sub-dimensión. Sólo en 2011 el país había caído por debajo del promedio regional. Esta mejora justifica su ascenso de 5 posiciones en el ranking regional y lo lleva a ocupar el 7º lugar. Este mejor comportamiento de la sub dimensión se origina en una recuperación en la  Brecha de Ingreso y por el valor obtenido en Nivel de endeudamiento. Los indicadores que presentan peores valores en la sub dimensión económica son los que miden Libertad Económica e Inversión.

Durante el 2011, la Presidente Chinchilla insistió para que el Congreso aprobara su proyecto de reforma fiscal para generar recursos frescos que ayudaran a disminuir el déficit, que ese año, según la misma mandataria, iba a rondar el 6% del producto interno bruto (PIB). El plan fiscal que impulsaba el Gobierno pretendía aumentar la recaudación en al menos un 1,5% del PIB a través de la creación de nuevos impuestos, como el del valor agregado que gravaría los servicios y la renta mundial y global. El plan fiscal contaba con los votos necesarios para su aprobación, pero diputados opositores al proyecto utilizaron herramientas contempladas en el reglamento legislativo para evitar que se llegara a una votación en el plenario, complicando las aspiraciones de la Mandataria y el financiamiento de los programas de gobierno.