IDD-Lat 2012

Colombia muestra una incipiente mejora en el IDD-Lat que trata de quebrar la línea de tendencia negativa que muestra desde el punto máximo de recuperación que había alcanzado en 2007 (Gráfico 3.16). A pesar de este leve incremento no ha modificado su ubicación en el Ranking, y se mantiene en el 9º lugar. Continúa sin alcanzar el promedio regional, e integra el grupo de países con bajo desarrollo democrático. El avance colombiano en el IDD-Lat es consecuencia, fundamentalmente, de la variación positiva registrada en la dimensión Calidad de las instituciones y Eficiencia Política. El resto de las dimensiones ha empeorado su puntuación.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo, en agosto de 2011, el balance de su primer aniversario como jefe de Estado y consideró estar cumpliendo porque tiene claro cuál es el puerto de destino. “Hoy, por fortuna, tenemos claro ese puerto de destino: más empleo, más seguridad y, sobre todo, menos pobreza. Y estamos cumpliendo”, admitió el mandatario, que el 7 de agosto de 2010 había sido investido como el 59 presidente de la historia republicana de Colombia. Confió en ser el gobernante capaz de “dejar el país en paz”. Santos atribuyó la sensación de inseguridad por la que se le ha cuestionado “al cambio de estrategia de las FARC”, a través de “operaciones avispa de terrorismo” y de acciones dirigidas a “fomentar y manipular la protesta social”.

En 2010, cuando Juan Manuel Santos asumió la Presidencia, prácticamente nadie dudaba que su gestión de gobierno sería una continuidad de la gestión desarrollada por Álvaro Uribe durante los 8 años que dirigió los destinos de Colombia. Santos no sólo había sido su Ministro de Defensa estrella, sino también su adalid en la implementación de la política de Seguridad Democrática. Sin embargo, bastaron tan sólo unas semanas para que comenzara a dar sorpresas. A su llegada, el nuevo Presidente tomó conciencia de que dirigía una nación prácticamente enfrentada con todos sus vecinos, que había roto relaciones con Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Además, en la región reinaba una enorme tensión por el acuerdo suscrito con Estados Unidos para el establecimiento de 7 bases militares en suelo colombiano. Esa parece haber sido la base de su inesperado giro.

Muchos analistas coinciden en que los mayores logros del presidente Santos en su primer año de gobierno se han dado precisamente en el campo internacional. Otro elemento importante en esta nueva era de Colombia en la región es la diversificación económica. La búsqueda de otros mercados y de nuevas proyecciones comerciales, con Asia en general, y con China en particular, rompiendo la exclusividad de su alianza con Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, esta política exterior se define e implementa exclusivamente desde el Ejecutivo. El Congreso, los partidos, y los niveles académicos tienen escasa o nula participación. No hay un debate sobre política exterior ni en el Congreso ni en la opinión pública.

Los pasos dados por Juan Manuel Santos en la región en su primer año de Administración le permitieron apagar los múltiples incendios que se habían provocado en el Gobierno de su antecesor.

Con un índice de aprobación superior al 70%, Juan Manuel Santos mantenía un buen nivel de aceptación dentro de la opinión pública nacional. La Ley de Víctimas, la Ley de Tierras, la Ley del Empleo, la Ley de Sostenibilidad Fiscal, la Regla Fiscal, la Ley de Macroproyectos, la Ley de Regalías y la Ley de Reforma a la Salud, elaboradas por el actual Ejecutivo, planteaban una nueva dirección en cuestión de políticas públicas, en las que el Presidente sorprendió tanto a su coalición como a algunos opositores.

De igual forma, dirige su mandato más hacia el centro, donde construye alianzas con la mayoría de partidos políticos para forjar la iniciativa de “Unidad Nacional”. También restableció las relaciones bilaterales con los gobiernos de Venezuela y Ecuador. El país, además, vivía un clima de institucionalización, en el que organismos como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría ganaron importancia.

La Dimensión II que evalúa el Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, ha tenido un puntaje aunque un poco más bajo, muy similar al del año anterior (Gráfico 3.17). Producto de ese leve descenso y de la mejora de otros países, en esta medición Colombia desciende un lugar en el ranking regional de la Dimensión de Democracia de los Ciudadanos, ocupando el lugar Nº 13. Explican esta situación: por un lado, su caída en el indicador de Condicionamiento de Libertades por Inseguridad, por el otro, porque mantiene los mismos resultados en el resto de los indicadores en niveles que son bastante modestos, peor aún en el caso de la Puntuación en Derechos Políticos donde Colombia recibe una de las peores calificaciones junto con Venezuela. El único indicador que ha mostrado un leve avance es el que mide Género en el Gobierno. Esa situación sigue colocando al país por debajo y alejado del promedio regional.

En seguridad se nota un cambio de enfoque en las políticas de seguridad en el actual Gobierno. Esto, se podría analizar como una diferencia que de manera política ha planteado Juan Manuel Santos, en el sentido de que no todo vale en un ejercicio de gobernabilidad. Pero esta diferencia de enfoque, también le significa a Santos algunos cuestionamientos en los resultados obtenidos, sobre todo en regiones marcadas por el conflicto armado. Además, sigue existiendo un problema de seguridad para los líderes sindicalistas y defensores de Derechos Humanos, aunque ha disminuido con las políticas del Gobierno.  

Más seguridad es la frase que sumó la propaganda de Santos a menos pobreza y más empleos. Este tema, que tiene que ver con poderes narcos, de guerrilla, de paramilitares y de bandas delincuenciales, es uno de los más susceptibles en su gestión hasta hoy. Lo que en época de campaña el mismo Uribe llamó “los huevos de la seguridad democrática” sigue siendo el tema de discordia entre el mentor de esa política y su ex “delfín”, el Presidente Santos. Se trataba, según se anunciaba en épocas preelectorales, de que el ministro de Defensa continuaría la política de seguridad de su padrino político. “Construir sobre el progreso de los últimos ocho años”, anunció el jefe de gobierno durante su discurso de posesión, donde también se habló de un gobierno de unidad nacional que integrara en el gabinete políticos de diversos partidos. Esto último se está cumpliendo.

Supuestamente por haber bajado la guardia contra la guerrilla, que ese año aumentó los ataques contra poblaciones civiles en apartadas regiones del país, Uribe Vélez criticó la gestión de Santos. Aceptar que en Colombia hay un conflicto armado interno tal como lo sancionó en la llamada Ley de Víctimas también es tema de discordia contra el actual mandatario en los círculos uribistas.

En el área de la seguridad, Santos también comenzó su gobierno con una buena imagen cuando en septiembre del 2011 asestó un duro golpe a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras el bombardeo en el que murió Víctor Julio Suárez, uno de sus jefes militares, más conocido como el “Mono Jojoy”. Asimismo la ofensiva de las fuerzas militares y policiales logró neutralizar (entre muertos en combate y desmovilizados) a 3.411 miembros de las FARC, 502 miembros del ELN y a 3.726 de las Bandas Criminales Emergentes (BACRIM). Además, en el primer año de Gobierno disminuyeron los homicidios comunes en un 7% respecto del período anterior y, en concordancia, el secuestro extorsivo se redujo en un 10%, las lesiones comunes en un 6%, el hurto en un 5% y la piratería terrestre en un 14%. Todos estos avances en materia de Seguridad se dan en el marco de la denominada “Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad” que, si bien no implica modificaciones en el plano de la Política de Seguridad Democrática, si asume la seguridad desde una perspectiva más amplia, entendiendo la necesidad de una presencia integral del Estado, a través de instituciones civiles, servicios básicos e infraestructura.

En la actualidad, el gobierno el Presidente Santos presentó una Política Pública Nacional de Equidad de Género (PPNG) para garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género en su Plan de Desarrollo “Hacia la Prosperidad Democrática 2010-2014” (Ley 1450, Junio de 2011) tras insistentes propuestas para el reconocimiento de la equidad de las mujeres en Colombia. En el artículo 177 de la Ley 1450, se adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género con el fin de garantizar los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. El principio rector de la política es el reconocimiento del enfoque diferencial a partir del cual se visibilizan la diversidad de mujeres tanto en el ámbito urbano como el rural y todas las diferencias que caracterizan a las mujeres en Colombia

Colombia ha mejorado su desempeño en Calidad Institucional y Eficiencia Política en casi un 30% respecto del año anterior (Gráfico 3.18) y por primera vez se ubica por encima del promedio regional. Subió tres lugares en el Ranking con respecto al año anterior y ocupa el 10º lugar, fundamentalmente por los mejores resultados en los indicadores de  participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo y de Desestabilización. El resto de los indicadores han mostrado peores desempeños, especialmente el de Accountability.

Santos ha obtenido importantes logros en el ámbito legislativo. En tan sólo un año, el presidente y su equipo con mayorías en el Congreso lograron la aprobación de leyes históricas, como la que pretende la reparación a víctimas del conflicto, la búsqueda de la verdad y la memoria histórica sobre la guerrilla, y la restitución de dos millones de hectáreas de tierra que grupos ilegales han arrebatado al campesinado colombiano. Otras tienen que ver con el estatuto anticorrupción. Las regalías y el ordenamiento territorial son consideradas avances destacados en tan sólo doce meses de gobierno.

El Presidente ha intentado la consolidación de un gobierno de unidad nacional, que con una coalición entre los Partidos Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U, le permitió controlar desde el inicio de su mandato el 80% del Senado y el 87% de la Cámara de Representantes. Y desde julio de 2011 ha logrado sumar adhesiones y controlar el 95% del Congreso, donde sólo un partido permanece como oposición al Gobierno de Santos: el Polo Democrático. Esta unión con otras fuerzas políticas le ha permitido a su vez desarrollar importantes iniciativas en el plano legislativo como la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y el Estatuto Anticorrupción.

El primer año del Presidente Santos se ha caracterizado por un marcado distanciamiento con respecto a la anterior administración en lo que tiene que ver con el discurso y la actitud del gobierno con la situación de derechos humanos en el país. El gobierno de Santos durante su primer año de mandato, ha reabierto el diálogo con las organizaciones de derechos humanos e impulsó importante legislación que busca reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano. Sin embargo a pesar de estos cambios, la situación de seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sindicales, comunidades afro-colombianas e indígenas y líderes de la población desplazada sigue siendo crítica. Los reportes de abusos cometidos por grupos paramilitares, guerrillas y las fuerzas armadas Colombianas continúan, mientras que la impunidad para estos crímenes es más una norma que una excepción.

El presidente Santos ha conseguido sacar al país de la polarización en el plano político y restablecer las normas del juego institucional con la persecución de la corrupción. Como fruto de la lucha contra la corrupción se intervinieron el ente que administra los bienes decomisados a los narcotraficantes y el que gestiona la lucha antisecuestro, y quedaron destapados escándalos que ya tienen consecuencias judiciales. Tal es el caso de la contratación irregular de obras públicas, particularmente en Bogotá, el "recobro" irregular de servicios de salud y la infiltración de una red de defraudadores en la administración tributaria. La lucha contra la corrupción se ha convertido en una de las principales banderas de la administración Santos. Y esto lo dejó claro el 12 de julio de 2011 cuando sancionó en Bogotá el estatuto anticorrupción, una herramienta clave en la lucha contra este flagelo: "No toleramos la corrupción ni toleramos al corrupto", dijo el mandatario. Una prueba de lo que se ha hecho en este Gobierno es que se han destapado escándalos como el desfalco al sector de la salud, el robo y la adjudicación ilegal de tierras, el escándalo de Estupefacientes y, el robo en la DIAN.

En la agenda de los temas pendientes se encuentra el tema de la descentralización que se discute en Colombia tanto con vistas al Régimen de Regalías (a partir de 2012 cobrará vigencia el nuevo Sistema General de Regalías, una suerte de compensación financiera entre los departamentos. Por primera vez en su historia, muchas comunas y departamentos serán dotados de importantes recursos), como respecto a la creación de regiones como nuevas unidades territoriales. Este reclamo, articulado con creciente insistencia en los últimos años, busca crear las nuevas unidades territoriales políticas y administrativas a partir de la fusión de varios departamentos. Al respecto aún no se ha dado el amplio debate conceptual que el tema amerita.

También entre los temas pendientes se encuentra la restructuración de la justicia, que es una de las reformas que fracasaron durante el primer año de gestión de Santos y que fue sometida nuevamente a consideración del Congreso en 2011.

En lo relativo a la Dimensión IV, que evalúa el Poder Efectivo para Gobernar, en la Subdimensión Social, el valor que Colombia obtiene vuelve a caer por cuarto año consecutivo (Gráfico 3.19) y sigue sin superar el promedio regional. En esta oportunidad la situación se debe a la caída en los indicadores que miden el desempleo, la pobreza y el gasto en salud. El resto de las variables han mostrado mejores resultados, fundamentalmente los que se relacionan con la eficiencia en educación. Pese a esta caída y como consecuencia de peores resultados en otros países de la región, Colombia logra subir una posición ocupando en este informe el puesto 13° en el ranking regional de esta Sub dimensión.

Santos se había comprometido, según su programa, superar los dramas de Colombia: desempleo y falta de vivienda, educación y salud. “Haremos gran esfuerzo para llegar con políticas sociales a los más pobres de los pobres de Colombia”, es la promesa que hizo vía Twitter al comenzar su rendición de cuentas. Cinco millones de viviendas nuevas para los más desfavorecidos es el otro campo en el que está ya comprometido. “De agosto de 2010 a mayo 2011 se iniciaron 155.943 viviendas con un aumento del 63% con respecto al año anterior”, alardeó en las redes sociales festejando su primer aniversario en la Casa de Nariño.

Cuando se analiza el tema de la salud en el primer año de Gobierno, es imposible no remitirse a la Ley 1438 de 2011, que plantea una reforma legal al sistema. Primero, la Ley permite ampliar el espectro de los principios jurídicos que rigen la salud. En este sector Colombia tiene un modelo mixto (contributivo y subsidiado), con la participación del sector privado y altamente intermediado. En segunda instancia, esta reforma propone la actualización del Plan Obligatorio de Salud (POS), dando respuesta a la sentencia T-760 de 2008, proferida por la Corte Constitucional, y que indicaba recurrentes problemas en el Sistema General de Salud. Por otro lado, la Ley también hace un control de los gastos en la salud, lo que indica una serie de medidas importantes para que el sistema gaste lo necesario y para que paralelamente el Estado pueda vigilar. Por último, la reforma también tiene un sistema de regulación para ejercer en el sector salud, lo que se traduciría en una prestación eficiente del servicio y en un control para evitar las desviaciones éticas.

El 52% de los colombianos son pobres, es decir, que ganan menos de dos dólares diarios, por lo que aún hay mucho trabajo por hacer en este campo y se requiere generar oportunidades, lo que compromete tanto al Gobierno como al conjunto de la sociedad. Es aquí donde se hacen necesarias iniciativas que exijan igualdad, por lo que en el actual Gobierno existe un interés, con la Ley de Tierras, para que los campesinos vuelvan a su lugar de origen, a sus propiedades, lo que es un asunto que va más allá de la justicia y se vigoriza en el terreno de la equidad. La Ley de Tierras es absolutamente importante porque compromete un aspecto histórico en el conflicto colombiano: la propiedad, la tierra. Además, es una decisión que acerca el pueblo a las tres ramas del poder público.

En el primer año del presidente Santos se ha considerado a la educación dentro de las reformas legislativas planeadas. Justamente, en noviembre de 2010, el Jefe del Estado y María Fernanda Campo Saavedra, ministra de Educación Nacional, presentaron la política denominada Educación de calidad, el camino para la prosperidad. La iniciativa contempla ofrecer una educación de calidad; desarrollar e implementar la política educativa para la primera infancia; cerrar las brechas de la inequidad en cobertura y calidad, y entre la educación rural y urbana; educar con pertinencia para la innovación y la productividad; y mejorar la eficiencia del modelo de gestión educativa. Además, desde el primer semestre de 2011, se viene socializando por parte del Ministerio una reforma a Ley 30 (educación superior), proyecto de ley con cuatro objetivos: generar condiciones para una mejor oferta de educación superior, lograr que más colombianos se gradúen de estos estudios, adecuar el sistema a la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales, y fortalecer el buen gobierno y la transparencia.

La meta para el gobierno de Santos será reducir el desempleo a un dígito, lo que según estadísticas del Dane, a abril de 2011, ya se había logrado en algunos departamentos del país. Sin embargo, este fenómeno no se debió precisamente a la Ley del Empleo aprobada por el Congreso de la República, iniciativa que pretende la creación de plazas para sectores vulnerables como jóvenes y madres cabezas de familia con más de 35 años, a través de beneficios tributarios para los empleadores; se debió más al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que aunque se ha dado sobre todo por la locomotora de la minería -que no es un sector que tradicionalmente reporte muchos empleos al país-, ha servido para impulsar la economía.

El valor obtenido en la Sub dimensión Económica ha sufrido un fuerte descenso, perdiendo lo obtenido en el año anterior (Gráfico 3.20). Colombia ocupa el 10º lugar del ranking regional de este año, perdiendo cuatro lugares con respecto al año anterior, aunque logra mantenerse por encima del promedio regional de desarrollo económico.

Se observa un peor desempeño en algunos de los indicadores, excepto en los referidos a Endeudamiento e Inversión. La variable que más ha retrocedido es aquella que mide la Brecha de ingreso, evidenciando que pese a los esfuerzos estatales uno de los mayores problemas de la sociedad colombiana, la inequidad, continúa sin resolverse.

La reforma a las regalías, el incremento de 783.000 a 930.000 barriles de petróleo generados diariamente y la expedición del decreto para regular el gas, fueron los logros que destacó el Ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, durante un balance de gestión presentado al cumplirse el primer año de Gobierno del Presidente Santos. El fundamento político y moral del acto legislativo que permitió la reforma a las regalías es la equidad y el desarrollo social y regional, que irrigarán recursos hacia las zonas y las personas más pobres de Colombia. En segundo lugar, mientras en julio de 2010 el país producía 783.000 barriles de petróleo por día, en la actualidad la cifra llega a 930.000 barriles por día. Como tercer logro se destaca la regulación del gas natural, un combustible limpio, barato y práctico, del cual gozan seis millones de hogares colombianos.

El ministro de Economía había considerado que “se están alineando los astros”, puesto que Colombia “está viviendo el mejor escenario económico posible: costos de mano de obra al mismo nivel de China, TLC con Estados Unidos sin trabas, interés de los inversionistas internacionales, recaudo alto de impuestos, crecimiento del PIB superior a lo esperado, inexistencia de obstáculos en materia financiera, buen flujo de caja, perspectivas de crecimiento para este año, que están entre 5 y 6 por ciento”. Tanto optimismo estuvo antecedido por el otorgamiento del grado de inversión a la deuda soberana de Colombia por parte de la calificadora de riesgo Fitch, la cual vino a sumarse a las de Standard & Poor´s y Moody´s Investors Service. Y sin embargo, como admite el propio director de Fitch, “la deuda del gobierno colombiano, que llega al 42% del PIB, está en niveles más altos que los de otros países con la misma calificación”.

Por otra parte el déficit corriente de la balanza de pagos persiste, y la economía se ha vuelto más vulnerable a los ciclos mundiales, dada la gran volatilidad de los precios de las materias primas. Los productos estrella de Colombia en otras épocas fueron el añil, luego el tabaco o el café. Ahora son el petróleo, el carbón, el ferroníquel, el oro y el café, sin que en los últimos cuarenta años se hayan introducido productos que agreguen valor a estas producciones primarias.