IDD-Lat 2012

En esta edición del Índice de Desarrollo Democrático, Bolivia ha disminuido su puntuación, casi un 18% respecto al año anterior (Gráfico 3.6). Por ello ha descendido en el ranking regional, en esta oportunidad cinco posiciones, pasando al 17º lugar. Este movimiento se produce por un retroceso en todas las dimensiones, salvo en aquella que mide los derechos políticos y las libertades civiles de los ciudadanos, que avanza apenas un 3%.

El presidente Evo Morales cumple su sexto año de gobierno, en el marco de su segundo mandato tras su reelección en 2009. El cambio de la constitución política del estado, convalidada mediante un  referéndum, y el retorno del rol activo del estado en la actividad económica nacional fueron signos distintivos de esta etapa.  Pero el cambio en la estructura socio-económica, que trajo aparejado el gobierno de Morales, generó también otras tensiones. En una economía predominantemente agrícola y oriental y que respondía al latente conflicto entre el oriente llano y productor agrícola y el occidente andino, tomó nuevamente significación el potencial energético del país, por políticas propias del Estado boliviano, pero también por la incorporación de esas capacidades a una matriz energética regional integrada junto a Brasil y Argentina. Ese cambio impactó fuertemente en los conflictos económicos y sociales al interior del país. En el IDD-Lat 2012, Bolivia alcanza un valor de 3,072 puntos y sigue muy por debajo del promedio regional, por lo tanto, continúa en la franja de países con bajo desarrollo democrático.

Bolivia no alcanza en la edición 2012, su propio promedio de medición del índice en el período 2002-2012 (3,158 puntos), y se encuentra lejos de su mejor valor en la serie, alcanzado en el año 2002 con 4,150 puntos.

Con respecto a la Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades   Civiles, el Gráfico 3.7 pone en evidencia que su puntuación es levemente superior en un 3% en relación con el año 2011, retomando el ritmo de recuperación que había practicado hasta el 2010. Este comportamiento de leve mejora, se sustenta en: el crecimiento del   indicador de Condicionamiento de las libertades por Inseguridad, que igualmente no está entre los mejores de la región; del mantenimiento del valor en el resto de los indicadores, que se amesetan, salvo el de Género, que presenta una caída. Todo ello lleva a una puntuación similar a la del último año, por lo que Bolivia permanece en el mismo lugar en el ranking ocupando la 7ª posición, pero por primera vez desde 2003, logra superar el promedio regional de la “democracia de los ciudadanos”. No obstante tampoco en esta Dimensión logra alcanzar su mejor valor, de 6,216 puntos logrado en 2002.

Morales reivindicó su política indígena y nacionalista, aunque con su credibilidad dañada, lo 
cual marca el punto de inflexión en la administración de Morales desde el 2006. En su segundo periodo constitucional iniciado en 2010, ha mantenido su discurso antiestadounidense  y descolonizador y su acercamiento comercial, económico y político con países como Irán, Cuba y Venezuela, tres enconados rivales de Washington.

La creciente inseguridad en varias regiones del país hizo crecer la impresión de que la Policía no puede con la seguridad ciudadana. El gobierno decidió entonces que los militares salgan a patrullar las calles. El ministro de Defensa confirmó que 500 militares estaban a disposición para colaborar en el tema de seguridad ciudadana en una primera instancia en el departamento de Santa Cruz. Las duras condiciones penitenciarias, la corrupción oficial, la falta de transparencia en el gobierno, la violencia y la discriminación contra la mujer y la trata de personas, constituyen escollos para el avance de la democracia, que no son imputables solamente al gobierno del presidente Morales, pero su gestión tampoco ha logrado avances significativos en estos campos.

Incluso en la participación política de las mujeres en Bolivia, que había presentado mejoras importantes, en el marco de la construcción de la nueva Constitución, ha sufrido un retroceso. Después de aprobada la nueva Constitución Política, en febrero de 2009, la participación política de las mujeres en el legislativo pasó de un 17 por ciento, que había sido el máximo techo hasta ese momento, a un 25 por ciento en el caso de la Cámara de Diputados y a un 50 por ciento del Senado. En el aparato electoral, las bolivianas representan el 90 por ciento de los cargos. En tanto que están cerca de lograr la paridad en el órgano judicial, con 43 por ciento de las Magistradas electas.

Esa evolución positiva se había extendido al número de mujeres a cargo de Ministerios, partiendo de cantidades minoritarias desde 1993 a 2009 - en total 15, de 111 posiciones - hasta llegar a la paridad en el 2010, lo que representó, además de un salto cuantitativo considerable, un salto político relevante hacia la equidad, al haber posibilitado que las importantes atribuciones ministeriales pudieran ser ejercidas por mujeres y hombres, de manera proporcional y paritaria. Sin embargo, en el cambio del Gabinete Ministerial del año 2011, se produjo un desequilibrio en la paridad en esta esfera de poder que se refleja en la nueva proporción de mujeres y hombres a cargo de Ministerios, que deja de ser equitativo y pasó a ser de 35% para las mujeres y 65% para los hombres.

En el Poder Judicial, hasta diciembre de 2010 el porcentaje de mujeres que conformaban el Tribunal Supremo de Justicia fue del 17%. Con las elecciones judiciales del 16 de octubre del año 2011 se presentaron 115 candidatas/os y tras una etapa de preselección en la Asamblea Legislativa, fueron elegidas por sufragio 3 mujeres para ser titulares del órgano y 6 para ocupar las suplencias, lo cual significa el 33% y el 67% de los cargos, respectivamente.

En materia de derechos y libertades Evo Morales tuvo un revés significativo con lo sucedido con la población indígena que se manifestó en contra de la proyectada construcción de una carretera en el Parque Nacional TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure), en el que diversos pueblos indígenas viven sobre todo de la pesca y la caza. Este conflicto desató una crisis de gran magnitud al poner en contradicción los intereses que el gobierno del presidente Morales decía defender.

En Bolivia son sobre todo los sectores cocaleros los que ejercen presión sobre el gobierno para concretar la construcción de esa carretera. Los suelos en el cercano departamento de Cochabamba están agotados por el excesivo cultivo de coca y el TIPNIS ofrece las mejores condiciones para su cultivo. El Parque Nacional alberga una enorme biodiversidad y las organizaciones ambientalistas temen la destrucción de los ecosistemas como consecuencia de la construcción de la ruta. Consideran que la carretera puede ser usada por leñadores y cocaleros para penetrar hasta las profundidades del TIPNIS y desarrollar allí sus actividades ilegales. Además, la ruta implicaría una conexión directa desde Cochabamba, donde se produce la cocaína, a Brasil y, por lo tanto, parece ser atractiva para el narcotráfico.

El mayor problema en la discusión en torno a la proyectada construcción de la ruta es, sin embargo, la situación de los pueblos indígenas que habitan en el TIPNIS. El MAS asumió en 2005 el gobierno con la promesa y el objetivo de aplicar sobre todo una política de protección de la población indígena y sus derechos. Bolivia ya sancionó en 1991 la Convención 169 de la OIT que establece consultaciones con la población indígena cada vez que proyectos de ley o actividades administrativas afecten a los pueblos indígenas en forma directa. Este derecho a ser consultado también quedó consagrado en la Constitución de 2009. En el caso del TIPNIS no hubo consultas, pese a que la traza de la ruta atraviesa en forma directa el territorio indígena. La Constitución boliviana dota a los territorios indígenas de derechos especiales.

El 25 de septiembre, la policía reprimió violentamente la marcha de protesta ante el estupor de toda la población. La represión policial dejó en claro que el gobierno privilegiaba los intereses de los cocaleros por encima de los intereses de la población indígena y que tampoco respetaba la propia Constitución. En todas las elecciones celebradas desde 2005, la población indígena había constituido siempre la base electoral más leal del oficialista MAS, por eso, muchos sectores de su propia base electoral empezaron a preguntarse si la caracterización de Evo Morales como presidente indígena era una realidad o una farsa que sólo tenía el propósito de captar votos. 

Cuando los indígenas llegaron tras una marcha por buena parte del país, el 19 de octubre a La Paz, se sumaron cerca de 200.000 ciudadanos a la protesta pacifica. De este modo el ingreso a La Paz se constituyó en una de las manifestaciones públicas más importantes de la democracia boliviana. La población reclamó la interrupción de la construcción de la carretera en el TIPNIS y el respeto del gobierno por la Constitución. Luego de varios días de negociaciones, el presidente Morales prometió buscar una ruta alternativa para la carretera de manera de no afectar el TIPNIS.

El conflicto no fue gratuito para el gobierno: la Conferencia Episcopal de Bolivia confirmó la muerte de un niño y la desaparición de personas durante la represión policial. La represión culminó con la renuncia de la ministra de Defensa, por no compartir los métodos, y numerosas manifestaciones, bloqueos de vías, huelgas de hambre y otras protestas en toda Bolivia.%u2028Posteriormente renunció también a su cargo el ministro de Gobierno.

En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, Bolivia quiebra su curva ascendente del período 2009-2011, obteniendo el peor valor de toda la serie de medición del IDD-Lat (Gráfico 3.8). Ha descendido cuatro lugares en el ranking, pasando del 11º lugar al 15º, con una caída en su puntuación de casi un 30%.

Algunos indicadores han mejorado levemente, como el Indicador de Percepción de la corrupción y la participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo. Otros, en cambio, han retrocedido fuertemente, como son los casos de Accountability y el indicador que mide la Desestabilización.

Durante el año 2011, la administración del presidente Evo Morales sufrió un golpe humillante: René Sanabria, ex comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y miembro del Centro de Inteligencia y Generación de Información (CIGEIN) del ministerio de gobierno boliviano, durante los años 2007 a 2009, fue apresado en Panamá en momentos en que intentaba vender más de 100 kilos de cocaína. En un primer momento, Morales culpó del escándalo a EE.UU., insinuando que a Sanabria se le había tendido una trampa con el fin de desprestigiar a su gobierno. Pero luego tuvo que admitir no sólo que Sanabria era culpable sino también que el narcotráfico podría haber infiltrado incluso otros sectores del Estado. Sanabria fue condenado a 14 años de cárcel.

En abril, se generó tensión por el rechazo del presidente a la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) de un incremento salarial de un 15%. La propuesta de los sindicatos consistía en utilizar las reservas internacionales para estos reajustes, pero Morales pidió propuestas diferentes de financiación ya que afirmó que las reservas son "el ahorro 
de todos". La convulsión de las protestas gremiales amainó tras más de dos semanas de tomas de carreteras y protestas en espacios públicos cuando el líder de la COB, el minero Pedro Montes, anunció la aceptación de un nuevo acuerdo mediante un documento elaborado entre el Gobierno y un grupo de sindicalistas reunidos por 36 horas continuas. La COB también aceptó el compromiso del Gobierno de buscar más fondos con la posibilidad de aumentar el valor de los salarios otro punto más, hasta el 12%, también solo para maestros y trabajadores de salud, pero que podría concretarse recién en agosto.

Como ya se mencionara, el peor momento político para Evo se produjo como consecuencia de la iniciativa de construir la carretera que cruzará el Territorio Indígena Parque Nacional Isioboro Secure (Tipnis). El gobierno intentó desalentar la marcha de los indígenas, hubo presiones directas de cocaleros oficialistas, hasta que, finalmente, se produjo una represión que tuvo hondas repercusiones internacionales.

El 10 de julio de 2011, el congreso, con amplia mayoría oficialista, aprobó la Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. La nueva legislación otorga el 33% de las licencias al Estado, el 17% a organizaciones comunitarias, un 17% a organizaciones indígenas y el 33% restante al sector privado. Ello significa que Morales y sus aliados tendrán el control del 67% de las licencias, mientras que entidades privadas, independientes del gobierno, solo el 33%. La nueva ley también autoriza escuchas telefónicas en casos de crisis nacional. En respuesta a esta ley, numerosos periodistas han expresado gran preocupación, por el avance del gobierno en el control de los medios de comunicación.

En una nueva innovación institucional, de las numerosas realizadas por Morales para la “refundación del Estado Plurinacional de Bolivia”, en octubre se realizaron las primeras elecciones para los miembros del Poder Judicial, Los bolivianos eligieron a 28 miembros de los cuatro tribunales nacionales. El Gobierno hacía un llamado a votar con validez mientras que los opositores pedían el voto nulo.  Anteriormente, esas designaciones eran función del Congreso. En esos comicios, los votos nulos y en blanco, promovidos por la oposición, alcanzaron el 60%; en tanto que los válidos, defendidos por Morales, un 40%. Las protestas de la población se debían principalmente al proceso de preselección muy partidario y poco transparente en la Asamblea Legislativa y al hecho de que La Ley del Régimen Electoral prohibía entrevistas con los candidatos y / o informaciones sobre los mismos en los medios de comunicación. La Ley fue revisada y los artículos en cuestión cambiados, pero manteniendo fuertes limitaciones para los medios. Pese a las protestas, se convalidó la elección y según analistas y líderes de oposición, las elecciones de autoridades  judiciales –las primeras de su naturaleza en el mundo– aumentaron las posibilidades de reelección de Morales en el 2015, ya que los máximos tribunales quedaron en manos de sus partidarios.

La oposición sigue careciendo de una clara organización a nivel nacional y no puede capitalizar la pérdida de popularidad del gobierno. En el nivel regional, aunque la oposición está mejor posicionada, debe luchar con la persecución jurídica. Muchos líderes políticos de la oposición enfrentan juicios. A pesar de que la Constitución boliviana establece que los políticos electos sólo pueden ser relevados de su cargo una vez concluido el juicio en su contra y expresada una condena, la ley de autonomías de 2010 prevé la posibilidad de una suspensión transitoria de políticos en la eventualidad de una acusación oficial por parte de la fiscalía. Esta figura se usó en el año y medio desde su sanción para relevar de sus cargos a varios alcaldes y a un gobernador opositores. Desde entonces, muchos opositores prefirieron retirarse de la política activa o decidieron exiliarse. En el marco de la elección de los jueces, sin embargo, se puso de manifiesto que existen cuestiones lo suficientemente importantes en sí mismas como para unir, al menos temporalmente, a la atomizada oposición detrás de un objetivo común.

En la Dimensión IV, de Resultados de la Gestión Democrática, Bolivia ha  descendido fuertemente en el Subíndice Social, alcanzando el puesto Nº 11 en el Ranking, bajando tres lugares y se vuelve a ubicar por debajo del promedio regional (Gráfico 3.9). Ello se debe a que los indicadores relacionados con el Gasto en Salud y el Desempleo han mostrado un importante retroceso. Dos indicadores han mejorado levemente y son los que miden la eficiencia en salud y el esfuerzo en la educación; ellos son: Mortalidad Infantil y Gasto en Educación.

A pesar de los avances en la reducción de la pobreza, en Bolivia persiste la desigualdad entre los sectores de su población, no solamente en términos de ingreso, sino en la distribución de la tierra, de acceso a la educación, o desigualdades en términos de los salarios y la redistribución de esos salarios. La afirmación surge como comentario al Informe "Panorama social de América Latina 2011", presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde se indicaba que Bolivia había descendido su nivel de pobreza entre 2002 y 2009, en 8,4%, mientras que el índice de indigencia había bajado en 5,9%. Los datos del Informe de la CEPAL señalaban que para el 2002, los índices de pobreza eran de 62,4% y que para alrededor de 2009 ese indicador había bajado al 54%, registrando una mejora del orden del 8,4% en los niveles de pobreza en el país.

Según la CEPAL, la política macroeconómica en Bolivia había sido muy acertada, al destacar que es uno de los pocos países de América que tenía superávit económico, en una muestra del espacio que tiene para desarrollar las políticas económicas que está planteando. Considera que esos logros se obtuvieron gracias a políticas activas sociales, y por las vías del aumento del salario mínimo y de la creación de empleo.

Sin embargo, podemos destacar que el porcentaje de reducción de la pobreza ha sido muy lento para el caso boliviano y en segundo lugar, debemos tomar en cuenta el elevado nivel de desigualdad que existe aún en este país. De acuerdo a estándares internacionales, el coeficiente de desigualdad en Bolivia -de acuerdo al INE-, está alrededor del 0,53 y antes estuvo en 0,58 que es alto considerando los estándares internacionales

Aunque se ha incrementado en los últimos seis años, el gasto público social en Bolivia está aún entre los más bajos de la región. Entre los países con menor gasto por habitante (menos de 300 dólares) se encuentran Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay. En este grupo, la educación constituye la principal partida de gasto. En cambio en los países con gasto social per cápita superior a los 1.000 dólares, como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, la seguridad social y los programas asistenciales constituyen las áreas de mayor importancia.

En la Sub dimensión económica, aunque Bolivia mejora levemente, continúa siendo el país de peor comportamiento en esta materia en América Latina y sigue ocupando el último lugar del ranking. Revierte la caída de 2010 y logra alcanzar el nivel obtenido en la medición del 2009 (Gráfico 3.10).

Los indicadores Brecha de Ingreso y Nivel de Endeudamiento son los que han presentado peor desempeño.

El Plan nacional de Desarrollo plantea un objetivo, que se debiera alcanzar para el año 2015: una nueva matriz productiva con mayor valor agregado basada en la industrialización de los recursos naturales. De manera compatible con la Constitución Política del Estado se destaca que esto se debe lograr con un Estado promotor y protagonista del desarrollo productivo. El estado pasó a ser el responsable del desarrollo económico de Bolivia con el objetivo, aun distante, de superar el viejo y crónico problema de la dominante producción de materias primas.

En 2011, la economía boliviana continuó viéndose beneficiada por los elevados precios internacionales de las materias primas. Como consecuencia el valor de las exportaciones experimentó una nueva suba respecto del año anterior, aunque esto no se debió a una mayor producción sino al aumento de los  precios. Los principales productos de exportación son gas natural, petróleo y materias primas mineras. La capacidad de producción en estos rubros se encuentra estancada. Para la economía boliviana resulta sobre todo preocupante la situación de gas natural porque en los contratos celebrados con Argentina y Brasil se han fijado determinados volúmenes de exportación que en estos momentos no se pueden cumplir. Como consecuencia de esta situación, Bolivia se ve obligada a exportar todo el gas a estos países y, a cambio, importar gas para el consumo propio. También el volumen de producción de los bienes agropecuarios se encuentra estancado, producto en parte de la inseguridad jurídica que enfrentan los inversores y de la política económica del gobierno para el sector. El gobierno dictó en repetidas ocasiones decretos prohibiendo la exportación de ciertos productos agropecuarios y fijando precios máximos. Esto derivó en una escasez sobre todo de azúcar y maíz. Esto último repercutió sobre la producción avícola. De no modificarse esta política es de temer que se sume la escasez de otros alimentos, algo especialmente lamentable, en las presentes condiciones de altos precios internacionales para alimentos. Sobre todo el departamento de Santa Cruz, zona de fuerte producción agropecuaria, podría verse enormemente beneficiado con una legislación menos restrictiva.

Pese a que en razón de las elevadas reservas, el Banco Central logró mantener la inflación en un nivel aceptable, esto no es así en el caso de los alimentos cuyos precios aumentaron por cuarto año consecutivo en el orden de los dos dígitos. Esto repercute sobre todo entre los sectores de menores recursos que destinan gran parte de sus ingresos a la compra de alimentos. En el último año hubo un incremento significativo de las importaciones con el consiguiente impacto en la balanza comercial que si bien sigue siendo positiva, el superávit ya no es tan elevado como en años anteriores. El presupuesto nacional depende en gran medida de los ingresos tributarios del sector hidrocarburífero y minero. Debido al constante crecimiento del sector informal no cabe esperar ingresos tributarios significativos del sector industrial productivo.

Al igual que en muchos países de la región, la economía boliviana en su conjunto depende de los precios internacionales de los commodities, por lo que el posible deterioro de estos precios implicaría consecuencias muy negativas para la estabilidad económica del país y el futuro del programa económico del gobierno de Morales.