IDD-Lat 2012

Desde el 2002 hasta la medición de este último año, Argentina ha tenido un desempeño inestable. En efecto, inicia la serie por encima del promedio de la Región, para descender al año siguiente, obteniendo la peor puntuación del decenio, como producto de la grave crisis 2001-2002. A partir del 2004 comienza su curva ascendente, con un pequeño retroceso en el 2008, remonta en el 2009 y en las dos últimas mediciones anteriores a la actual, muestra una tendencia a la baja, 3% y 12%, respectivamente, aunque en la actual medición logra ascender un 14%, recuperando lo perdido en el 2011 (Gráfico 3.1). Logra mantenerse por encima del promedio de la Región, formando parte del grupo de países de desarrollo democrático medio. Aunque supera su promedio de todo el período 2002-2012 (5,159), no logra acercarse a su mejor nivel, el correspondiente a 2007, con 6,123 puntos.

Como se observa en el cuadro superior, la disparidad de comportamiento entre las dimensiones del desarrollo democrático del país, es enorme. Al comportamiento moderadamente bueno en la Dimensión II, democracia de los ciudadanos, y al excelente rendimiento en la Sub dimensión Social, se contraponen tanto el  comportamiento en la Dimensión III, democracia de las instituciones, uno de los peores de la región, como los valores alcanzados en la Sub dimensión económica, que se ubican por debajo del promedio regional.

No obstante esa disparidad, continúa en el 6º lugar del ranking de los 18 países latinoamericanos y se posiciona bastante lejos de los valores alcanzados por sus vecinos Uruguay y Chile. Respecto de la medición anterior, se observa que en los indicadores medidos este año logra una mejora en las Dimensiones II (derechos políticos y libertades civiles), la III (calidad institucional y eficiencia política, donde el país se ubica en el anteúltimo lugar en la región) y la Sub dimensión Social, la que mide la capacidad para generar políticas que aseguren bienestar, donde Argentina se ubica por primera vez en el 1º lugar del ranking.

En relación con los indicadores que conforman la dimensión Derechos  Políticos y Libertades Civiles, se observa que presenta valores levemente inferiores a los del 2011, lo que produce una baja de la puntuación del 0,1% en esta dimensión del desarrollo democrático. Argentina sigue ocupando el cuarto lugar del ranking y continúa en un nivel por encima del promedio regional (Gráfico 3.2), aunque todavía está lejos del nivel logrado en el año 2007 cuando alcanzó el mejor valor de la serie.

Al igual que en muchos países de la Región, el indicador que refleja el  Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad expresa una de las mayores preocupaciones de la sociedad. En Argentina, el tema de la inseguridad preocupa y parece instalarse como uno de los puntos más importantes a resolver de su agenda política. Pero los números sobre la cantidad de homicidios reflejan un panorama relativamente mejor al de otros países de la región. El país tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del continente. Estadísticas oficiales muestran que en 2008 y 2009, en Buenos Aires la tasa de homicidios fue inferior a 5 por cada 100.000 habitantes. Argentina tiene la mayor brecha en la región entre la percepción de la población y la victimización.  En 2010, un estudio de Barómetro de las Américas, dejó a Perú como el país donde las personas manifestaron sentirse más inseguras y a Argentina en segundo lugar. Pero el debate público pareciera más cercano al que se da en las principales ciudades de países como Venezuela, Colombia o El Salvador, donde las muertes violentas son hasta diez veces superiores.

De todos modos esta especie de sobredimensionamiento del problema de la violencia y la criminalidad en Argentina, podría ser útil para que el país no avance por el camino que ya han transitado y transitan otros países, donde la insensibilidad de la sociedad parece haber sido el mejor caldo de cultivo mayores niveles de inseguridad y violencia. También es necesario señalar que las estadísticas de criminalidad que divulgan los gobiernos no necesariamente revelan la realidad. En ocasiones su fiabilidad se ve puesta en duda, tanto por el grado de corrupción que pueda haber en la compilación de los datos, como por el bajo grado de denuncia existente en los países de la región. Todo ello hace muy difícil determinar con exactitud la magnitud del problema.

La peor puntuación recibida en los Indicadores de Voto de Adhesión Política y de Género en el Gobierno, produce que Argentina no haya, prácticamente, modificado su valor con respecto al 2011. Durante el 2011 se realizaron elecciones generales para elegir Presidente y Vicepresidente, Diputados y Senadores nacionales y autoridades provinciales y municipales. Sobre un padrón definitivo de 28.915.030 electores se registraron 22.955.070 votos.

La presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien logró su reelección, se vio doblemente ratificada en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias celebradas el 14 de agosto de 2011 en todo el país, y en las posteriores elecciones presidenciales del 23 de octubre de 2011 en las que obtuvo el 54% de los votos casi 12 millones de voluntades, con ausentismo bajo, de solo 21%, registrando votos por un 79%, y con escasa cantidad de votos en blanco, nulos o recurridos, de 4%. El Frente para la Victoria (FpV), plataforma electoral de la Presidente, también triunfó en las elecciones legislativas celebradas en forma simultánea (renovación de la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados y un tercio de los miembros de la Cámara de Senadores). El FpV y sus aliados cuentan nuevamente con mayoría en ambas Cámaras. Las fuerzas afines al gobierno nacional también se impusieron en la mayoría de las provincias en las que, salvo algunas pocas excepciones, se eligieron gobernadores, además de renovarse las legislaturas provinciales. Sólo en una Provincia no ganó el oficialismo (San Luis), y en el reparto de las gobernaciones, sólo resignó la Ciudad de Buenos Aires y las Provincias de Santa Fe, Corrientes y San Luis. El porcentaje obtenido es el mayor en la saga electoral desde 1983.

El triunfo de Cristina Fernández de Kirchner fue calificado con acierto como un verdadero “tsunami político”. La Presidente, fortalecida por dos plebiscitos, cuenta ahora con un peso político muy superior al de todos sus antecesores desde el retorno de la democracia. Ni siquiera su esposo, Néstor Kirchner, quien ocupó la presidencia argentina entre 2003 y 2007 y que hasta su muerte en octubre de 2010 era considerado el verdadero conductor de la política argentina, pudo apoyarse en ningún momento en una base de poder y legitimación tan amplia. Los analistas también destacaron que nunca antes en Argentina un proyecto de poder como el que representa el kirchnerismo pudo mantenerse por tres mandatos consecutivos  (Néstor Kirchner 2003/2007; Cristina Kirchner 2007/2011 y 2011/2015).

En los informes del IDD-Lat destacamos los esfuerzos que han tenido lugar en América Latina para promover la participación política de las mujeres en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Así pusimos de relieve oportunamente los casos como el de Chile que, durante la presidencia de Michelle Bachelet, impulsó una política de paridad en su gabinete, en el que aproximadamente 50% de los cargos en los Ministerios, Subsecretarías e Intendencias eran ocupados por mujeres; y el de Ecuador, donde el Presidente Rafael Correa incorporó el principio de equidad de género en la designación de su gabinete el cual llegó a incluir 18 mujeres Ministras; este aumento de representación femenina no ha sido uniforme en la región.

Perú, Bolivia y Ecuador, por ejemplo, han designado más de 20 mujeres cada uno en puestos ministeriales en los últimos ocho años, mientras que en el mismo período, países con grandes poblaciones como México, Argentina y Brasil, no llegaron a 16 cargos ejecutivos de primer nivel para las mujeres. Lo llamativo en el caso del Gabinete argentino, es la baja cantidad de Ministerios en manos de Mujeres, con alguien del mismo género a cargo de la Presidencia.  A pesar que la Argentina se ubica en términos comparativos internacionales, en un lugar destacado por su representación femenina en los cuerpos legislativos; no sucede lo mismo en el caso del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial de la Nación.

En el Poder Judicial, pese al hecho inédito hasta el momento, de la incorporación por primera vez de dos mujeres en la Suprema Corte de Justicia, la presencia femenina en los cuadros de conducción de la Justicia es baja, persistiendo la hegemonía masculina y los criterios sexistas.

En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, Argentina no logra salir de los últimos lugares del ranking regional, pese a que el puntaje  obtenido es mayor al del año anterior, en casi un 30%  (Gráfico 3.3). El crecimiento obedece a que dos indicadores que componen esta dimensión han fortalecido su puntuación y ellos son Percepción de la Corrupción y Accountability. El resto de los indicadores se ha mantenido estable y bajo, por lo que Argentina mantiene valores que representan pobres resultados. Un claro ejemplo es el indicador que muestra la fragmentación en el Poder Legislativo.

En esta Dimensión, Argentina continúa ubicada bastante por debajo del promedio regional, y se encuentra entre los países menos desarrollados. A pesar del avance mostrado, desciende un escalón más en el ranking regional, ocupando el lugar 17° entre los 18 países de la medición.

La Argentina se ubica entre los diez países más corruptos de América Latina, de acuerdo al informe de Transparencia Internacional 2011. Argentina había tenido una mejoría en ese índice entre el 2003 y el 2004, después de que el entonces presidente Néstor Kirchner había renovado la Corte Suprema de Justicia a través de un método transparente y había firmado el decreto de acceso a la información pública 1172/03. Pero en los últimos años se empezó a retroceder y a no tomar medidas públicas de lucha contra la corrupción. Los organismos de control, como la Sindicatura General de la Nación y Auditoría General de la Nación cada vez controlan menos o previenen menos. Hay discrecionalidad en lo que se llama la administración de los recursos estratégicos del Estado como la publicidad oficial y planes sociales.

Tanto el Gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina siempre se jactaron de ser "tolerantes" con la protesta social y que no se iban a reprimir los reclamos en la vía pública, para alejar los fantasmas de la dictadura y de los sangrientos incidentes de diciembre de 2001. Sin embargo, desde junio de 2010 murieron en la Argentina 14 personas como consecuencia del desproporcionado accionar policial en diferentes provincias. El violento desalojo en Ledesma, Jujuy, que terminó con tres manifestantes y un efectivo muertos llevó preocupación a la Casa Rosada, que a finales del 2010 tuvo que emprender drásticos cambios en la gestión por el crimen de Mariano Ferreyra y por los graves disturbios que desembocó la masiva toma del Parque Indoamericano en Villa Soldati (3 muertos y varios de heridos). En noviembre de 2011 otra administración quedó en jaque por la represión: fue el de Gildo Insfrán, en Formosa, tras las duras agresiones a la comunidad Qom (toba) en la Colonia Primavera. Un indígena y un policía murieron en los choques por el reclamo de tierras ancestrales de los aborígenes. Al final, el Gobierno tuvo que recibir a los qom en la Rosada. Este triste conteo comenzó el 18 de junio de 2010, cuando la Policía de Bariloche mató a balazos a un hombre de 29 años y a otro de 17 años por error. El 3 de febrero del 2011, un confuso episodio luego del descarrilamiento de un tren en José León Suárez terminó con dos muertes.

El número de cortes en la vía pública en 2011 aumentó un 29% con relación a 2010. La Capital Federal ocupa el primer puesto distrital con 581 bloqueos en el año; le siguen la provincia de Buenos Aires, con 315, y Santa Fe, con 198. Las causas: las elecciones de 2011 y, sobre todo, la desaceleración de la economía y la alta inflación. El sur del país tampoco estuvo ajeno a los bloqueos. La provincia de Santa Cruz presentó un panorama complicado con un incremento del 33%. Lejos de estar en una paz social, se produjeron 181 piquetes frente a los 136 cortes de ruta que registró Diagnóstico Político en 2010. Santa Cruz tuvo un conflicto sindical en 2011 que generó un bloqueo de 26 días a plantas petroleras e impactó de forma drástica las cuentas fiscales de la provincia.

Ese clima de violencia social y política e uno de los mayores interrogantes para los analistas en relación con el período que se inicia. El hecho de que las elecciones de 2011 marcaran  un contundente triunfo electoral Cristina Fernández de Kirchner, en contra de la opinión del grupo de medios más importante del país, sino también con prescindencia de los tradicionales "caciques territoriales" peronistas, y que la Presidente utilice un discurso agresivo en contra de quienes no la apoyan y que desoyera incluso a la estructura política de su partido. Entre los dirigentes de su partido causó malestar el hecho de que la Presidente designara los candidatos por el FpV para las elecciones generales legislativas prácticamente sin consultarlos, una decisión que ciertamente no la perjudicó en las urnas. Por eso, desde el entorno de la Presidente se escuchó la frase de que “los votos son de Cristina”.

En su momento, Néstor Kirchner buscó consensuar con el establishment peronista. Cristina Kirchner ya no parece necesitar su apoyo, al menos por el momento. En sus discursos se dirige directamente al pueblo y más que nunca construye su poder sobre la base del respaldo popular. Quizás el desplazamiento de las estructuras intermedias marque una transición entre el "kirchnerismo" del primero y segundo mandato hacia el "cristinismo" del tercer gobierno. Pero al mismo tiempo muestra las dificultades para consolidar estructuras políticas e institucionales en un país con una cultura política que se muestra poco apegada a las formas y los controles del juego institucional de la democracia, y muy proclive al seguimiento de personas.

Pero ese desapego institucional de quienes ejercen el poder tiene su correlato en los partidos de la oposición. Previamente a las elecciones de octubre se pudo observar una descarnada variedad de veleidades y personalismos en todo el arco opositor, donde no fue posible establecer acuerdos programáticos ni de candidaturas, y en algunos casos, falsos renunciamientos ante la evidencia de las encuestas que anticipaban el triunfo de la Presidente.

Ante el escaso control que ejercen las instituciones, debe destacarse que también el poder de control de los medios ha quedado dañado. El gobierno salió claramente fortalecido de su “lucha cultural” contra los grupos de  medios. Las advertencias internacionales sobre el respeto de la libertad de prensa prácticamente no han generado reacciones en la opinión pública argentina. Desde la perspectiva del gobierno, esos éxitos son un estímulo para llevar adelante el enfrentamiento hasta el final.

 En la Dimensión “Ejercicio de Poder Efectivo para Gobernar”- en la  Sub- dimensión Capacidad para Generar Políticas que aseguren Bienestar, la Argentina presenta una importante curva de crecimiento desde el 2010 (Gráfico 3.4). Este año ha mejorado con respecto al anterior logrando su mejor puntuación histórica, como consecuencia del crecimiento de casi todos los indicadores que componen la sub dimensión, salvo el que mide el desempleo urbano. Su buen comportamiento en el conjunto de indicadores sociales produjo que ocupe ahora un destacado primer lugar en la región, seguido por Uruguay.

Entre 2009, año en que se implementó la Asignación Universal por Hijo, y 2010 hubo un aumento en el número de matriculados en las escuelas secundarias de un 2,6%, de acuerdo con los anuarios estadísticos que elabora la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE). En 2009 había 4.106.048 alumnos de secundaria en todo el país. Un año después eran 4.213.136, un 2,6% más.

Si se considera sólo a los alumnos de establecimientos públicos la misma fuente permite hablar de un aumento del 3,5% entre 2009 y 2010. El informe del Ministerio de Educación señala: “Entre las políticas públicas que incidieron en tales objetivos [ampliación y retención de la matrícula del secundario] podemos mencionar (…) la Asignación Universal por Hijo". Los efectos de las políticas implementadas, que además de la AUH incluyen medidas como la Ley de Educación Nacional o el Programa Conectar Igualdad, “pueden percibirse al analizar la variación 2009-2010 según nivel educativo”, afirma el estudio. Las prioridades del gasto social se centran en los programas que implican transferencia directa de ingresos, como son los casos de las jubilaciones, asignaciones familiares; o de los programas de protección social, como es el caso de Pensiones No Contributivas y la Asignación Universal por Hijo. Asimismo para el pago de salarios docentes. También se prioriza programas de agua potable y alcantarillado. 
Por el contrario, los programas destinados a la infraestructura básica, ejecutados por el Ministerio de Planificación, referidos a vivienda y educación no presentan casi variación o inclusive se reducen los recursos como son los casos de los programas de construcción de viviendas a través de cooperativas o las transferencias a provincias y municipios para infraestructura 
social.

El valor obtenido en la ponderación del indicador de desempleo no es producto de un peor comportamiento de la variable, sino resultante de mejores resultados en otros países de la Región, que hace que el promedio del indicador sea más alto.

El gobierno ha anunciado que trabaja para reducir la tasa de mortalidad infantil al 9,9%0 para el 2011. Argentina en 2007 tenía una tasa de mortalidad infantil del 13,3%0 y la meta al 2011 es de 9,9%0. Las estadísticas que permitan evaluar si tal objetivo ha sido alcanzado, no se encuentran todavía disponibles. Las Asignaciones Universal por Hijo y Nacimiento, el Plan Nacer y Remediar Redes han sido inversiones que han ayudado a perfeccionar la llegada al acceso universal en la Salud.

La Argentina resultó el país de América Latina que mostró la mayor reducción de la pobreza desde el 2002 hasta el 2010, impulsado fundamentalmente por el fuerte crecimiento de la economía, según un estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En el informe -denominado "Panorama Social de América Latina 2011"- destaca que Argentina disminuyó los niveles de pobreza en 36 puntos porcentuales en el período considerado, lo que la convirtió en líder regional en esta cuestión, seguida por Perú, con una reducción de 23,8 puntos porcentuales, y Venezuela, con una merma de 20,8 puntos. El efecto crecimiento contribuyó a la reducción de la pobreza y "fue particularmente importante en Argentina” indica el citado informe.

En la Sub dimensión Capacidad para Generar Políticas que Aseguren  Eficiencia Económica, el valor obtenido ha sido más bajo (Gráfico 3.5), por el mal comportamiento de casi todos los indicadores que la componen, salvo el que mide el endeudamiento. Del noveno lugar que ocupaba Argentina en el ranking regional de 2011, este año cae al duodécimo.

Los números de la economía argentina se pueden analizar de dos maneras: con los difundidos por el Indec (el organismo oficial de Estadísticas y Censos) y con los relevados por las consultoras privadas, abiertamente contrapuestos. Para las estadísticas públicas, la inflación estuvo apenas por encima del 9% y la economía creció más que esa cifra, pero para las consultoras los precios se dispararon más del 23% y la actividad aumentó cerca del 7%. Según el organismo público, la industria cerró el 2011 con un alza del 7,5%, mientras que para los privados oscilará entre 4,2 y 5,5%, marcando una clara desaceleración y una notoria concentración. Con todo, más allá de las diferencias, lo cierto es que el PIB cerró nuevamente con un crecimiento destacado.

Uno de los pilares del modelo, la balanza comercial, cerró el año con un saldo positivo de casi 10.500 millones de dólares, inferior a lo logrado en 2010. Parte de la caída se explica en que el precio de la soja, el gran generador de recursos externos, cayó en 2011 un 15% y la cosecha gruesa de 50 millones de toneladas que a principios de año significó 25 mil millones de dólares, a fines de 2011 disminuyó a 22.500 millones.

El año se dividió en dos: uno de enero 
a septiembre, con los problemas de siempre, suba de precios, faltante de combustibles, desaceleración del crecimiento; y otro a partir de octubre, con inestabilidad cambiaria y el anuncio oficial de eliminar gradualmente los subsidios al agua, gas y electricidad. Llamativamente, el proceso electoral no tuvo mayor incidencia en las variables económicas, aunque disparó un fuerte aumento en el gasto público que, como efecto dominó, terminó condicionando el resultado de las cuentas públicas.

El incremento en el gasto llevó a Cristina Kirchner a plantear, ante industriales, lo que ella misma denominó el comienzo de la etapa de "sintonía fina", un eufemismo para evitar la palabra ajuste; y así anunció los recortes en los subsidios que en total superarían los 70.000 millones de pesos anuales.

En 2011 y pese a haber sido un año electoral, la incertidumbre principal llegaba desde el exterior: un temblor financiero puso en jaque a Europa y transformó la geografía política y económica de todo el viejo continente.

Pese a todas las evidencias, el gobierno sigue evitando hablar públicamente de inflación. Asimismo, el gobierne ejerce una considerable presión sobre las doce consultoras privadas que calculan la inflación sobre la base de datos propios y llegó a sancionarlas con multas de unos 120.000 dólares. También se les ha iniciado juicio a los directores de estos institutos. Cuatro consultoras han dejado de medir la inflación como consecuencia de estos hechos. Ocho continúan haciéndolo, pero ya no difunden sus cifras, como antes, a través de la prensa. Por el contrario es la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, presidida por la oposición, la que da a conocer el valor promedio calculado por las ocho consultoras.

El clima de desconfianza se verifica en que en 2011 se estima una fuga de 17.000 millones de dólares. Más recientemente la compra de dólares llegó a 70 millones diarios. En Argentina, un país acostumbrado a las crisis, la moneda norteamericana ha servido tradicionalmente de refugio en épocas malas. Dado que las reservas de Banco Central están disminuyendo claramente y ya no resulta tan fácil la venta de dólares para sostener la cotización del peso, el gobierno ha colocado todas las operaciones cambiarias bajo la severa supervisión de la autoridad impositiva AFIP. No se conoce la duración de este tipo de medidas, pero todo hace prever que si se mantiene la situación de escasez de divisas, se extenderán y profundizarán los controles.

Hacia el final del año se observaba una caída en las inversiones que sólo se destinaban para mantener la producción y en muy escasa medida para fines de ampliación o modernización.