 Venezuela, que había venido presentando una mejora en el IDD -Lat desde el año 2007, y que quebró esta tendencia a partir de 2010, vuelve a caer este año. El país no superó, los 4,000 puntos en toda la serie y este año cae, por debajo de los 3,000 puntos (Gráfico 3.86). En la única dimensión que presenta un leve incremento es en la II. La tendencia negativa responde a peores resultados en las Dimensiones III , de Calidad Institucional y Eficiencia Política, y en la IV Poder Efectivo para Gobernar. Continúa perteneciendo al grupo de países con mínimo desarrollo democrático. Ocupa el 16° lugar de la tabla, bajando cuatro lugares en el ordenamiento de los dieciocho países medidos en Latinoamérica.
 • En la Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, el valor es más alto que el del año anterior por el mejor comportamiento que tuvieron los indicadores de Voto de Adhesión Política y de Género (Gráfico 3.87). La incidencia positiva de esos indicadores compensa y supera el descenso registrado en los indicadores de Respeto de las Libertades Civiles y de los Derechos Políticos, que coloca a Venezuela con la peor puntuación en la categoría de “país no libre”. El resto de los indicadores se mantuvo estable. Ocupa el 16° lugar del ranking, subiendo dos ubicaciones con respecto a la calificación de 2010. Excepto en el año 2003, la puntuación recibida siempre estuvo muy por debajo del promedio regional. Las elecciones legislativas de septiembre de 2010 se llevaron a cabo bajo la vigencia de la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales, aprobada por la Asamblea Nacional en 2009. La elección se realizó bajo el sistema de voto paralelo, escogiéndose cincuenta y dos escaños bajo el sistema de representación proporcional, y 110 escaños con base en el escrutinio uninominal mayoritario. Cada circunscripción electoral se conformó con el 1,1% de la población total del país. No obstante estaba definido que todas las entidades federales venezolanas debían elegir como mínimo tres diputados; adicionalmente se elegían tres diputados, en representación a los pueblos indígenas, dentro de tres circunscripciones especiales. En total, 165 diputados tenían la responsabilidad de representar al pueblo y a los Estados en su conjunto, dos diputados menos que en la elección de 2005. Además, se eligieron los doce representantes venezolanos para el Parlamento Latinoamericano, bajo el sistema de representación proporcional. La participación fue de 66,4%, casi el triple que en la última elección legislativa, cuando la oposición al chavismo se había abstenido de participar alegando “falta de garantías”.
Desde entonces, el chavismo mantuvo control total del parlamento, y una de sus metas fue conservar esa mayoría cualificada, lo que significaba al menos 110 diputados. La Mesa de Unidad Democrática (MUD), una coalición de más de cuarenta grupos políticos, entre tradicionales y recientes, y de variada raíz ideológica, se enfrentó con una lista única al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El resultado fue muy parejo: con 5,4 millones de votos para el PSUV (48,1%), 5,3 millones para la MUD (47,2%) y 354 mil (3,1%) para PPT (Patria Para Todos), un grupo izquierdista que rompió con Hugo Chávez ese año. En la distribución de escaños, la coalición gobernante PSUV-PCV (Partido Comunista de Venezuela) obtuvo la mayoría simple, noventa y ocho de los 165 puestos en juego, aunque perdió la mayoría cualificada de dos tercios, que mantenía desde 2005. La diferencia en votos entre el oficialismo y la oposición –agrupada como se dijo en la coalición MUD– fue inferior al 1%, pero en virtud del sistema electoral obtuvo treinta tres diputados menos que el chavismo. En la elección se destacó la situación del bloque independiente del PPT, que obtuvo dos diputados y cuya importancia recaía en que ese partido podrá apoyar o evitar la aprobación de leyes habilitantes que requieran de las tres quintas partes de la Asamblea, es decir, la mayoría absoluta de noventa y nueve diputados. La mayoría lograda por el chavismo entre los diputados a la Asamblea Nacional pese al menor caudal de votos, además de quebrantar el principio de la proporcionalidad, se explicaba porque las circunscripciones fueron diseñadas a partir de una “ingeniería electoral” que privilegió a aquellas regiones donde Hugo Chávez era más popular, y le restó peso a aquellos estados donde la oposición era más fuerte.
Estas elecciones demostraron categóricamente que había tres sectores bien definidos entre los venezolanos los seguidores del chavismo, la oposición y todos aquellos que se mostraban indecisos o que se abstenían de votar. Chávez salió derrotado respecto de sus objetivos, ya que se había planteado como meta obtener dos tercios de la Asamblea. Además, había transformado las elecciones en un plebiscito en torno a su figura y su gestión y la mayoría lo desaprobó. Se fortalecieron algunos líderes regionales con proyección nacional: Pablo Pérez, de Zulia; Henrique Capriles, de Miranda; César Pérez, de Táchira, y Antonio Ledezma del Distrito Capital, donde se votó por primera vez en doce años. Lo más probable es que de alguno de estos dirigentes salga el candidato que le disputará a Hugo Chávez la presidencia en 2012. Algunos partidos opositores salieron fortalecidos. Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática y, en menor medida, el Comité de Or ganización Polític a Elec toral Independiente (CO PEI ) se consolidaron como las principales organizaciones de la alternativa democrática. Acción Democrática revalidó antiguos títulos y redesplegó su estructura nacional para quedarse como principal partido opositor en quince estados. Como la nueva legislatura se instalaría el 5 de enero de 2011, la Asamblea, bajo control del PSUV, no esperó a esa fecha para renovar el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos treinta y dos magistrados son casi todos oficialistas, y para dictar un paquete de leyes que condicionará al parlamento entrante y condicionarán aún más el marco del ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos. Nuevas leyes darán poder, finanzas e iniciativa legislativa a los consejos comunales y comunas, instituciones locales que deberán registrarse en el gobierno y tienen como compromiso legal “construir el socialismo”; otras han dictado controles adicionales sobre los medios de comunicación audiovisuales y electrónicos, y sobre los bancos, cuyos créditos al consumo se limitarán a 20% de la cartera y deberán entregar parte de sus utilidades para fondos públicos de vivienda.
 • La Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política tiene un comportamiento decreciente (Gráfico 3.88), porque empeoran levemente los indicadores que miden Percepción de la Corrupción y la Participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo y más fuertemente el que mide Accountability. Mejora con parecida intensidad el indicador de Desestabilización. Venezuela está en el último lugar de la tabla, perdiendo cinco lugares con respecto a 2010. El puntaje recibido es casi el peor de la serie, sólo superado por el mal desempeño de 2004. Desde noviembre, lluvias torrenciales y constantes habían inundado doce de los veinticuatro estados del país. Como la legislación a medida no se lograba en los tiempos requeridos por el Ejecutivo, y con la excusa de la emergencia climática, finalmente la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la denominada Ley Habilitante, que permitía al presidente Hugo Chávez legislar mediante decretos durante dieciocho meses. El proyecto fue aprobado 157 votos a favor de entre los 167 diputados de la legislatura saliente, con la mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del resto de las fracciones parlamentarias que respaldaban al gobierno nacional, mientras que la oposición al proyecto sólo reunió cinco votos. Este poder especial facultará a Chávez para emitir decretos de ley en nueve áreas estratégicas, con el objetivo “urgente” de tomar medidas estructurales que revirtieran cuanto antes los daños provocados por las intensas lluvias en Venezuela.
La oposición había denunciado que la crisis por las lluvias no justificaba esa medida, debido al contraste que existía entre la cantidad de afectados y los casi 28 millones de venezolanos. A ese respecto, el oficialismo calificó a sus adversarios de “indolentes” ante esa tragedia nacional. Junto a la Ley Habilitante, se sancionó la Ley Universitaria. La ley fue aprobada a pesar del amplio rechazo de la comunidad universitaria por considerar que la norma eliminaba la autonomía e imponía “el pensamiento único socialista”. En la norma el gobierno tomaba el control de la educación superior al nombrar sus autoridades junto con los trabajadores y estudiantes, y no con los profesores y una representación estudiantil como era antes. Los profesores perdían su categoría docente y se rebajaban a ser “trabajadores académicos”. Las carreras universitarias tenían que impartir cursillos ideológicos del “socialismo siglo XXI”. El movimiento estudiantil había amenazado con las protestas para calentar las calles si el presidente promulgaba la nueva norma universitaria. La oposición cuestionó los nexos con los gobiernos de Irán, Rusia y China. La alianza con Rusia, coronada con la visita de Vladimir Putin a Caracas y con las de Hugo Chávez a Rusia, se tradujo en la compra de 5 mil millones de dólares en armas, los cuales se sumaron a los 4 mil millones de dólares en pedidos de equipos militares que el gobierno venezolano hizo a Moscú a finales de 2009. También fueron cuestionados los lazos con Cuba; la alianza cubano-venezolana alimentó la tensión interna con la visita del vicepresidente cubano, Ramiro Valdés, al frente de una comisión de expertos para “asesorar en la crisis eléctrica nacional”, lo cual dio lugar a toda clase de sospechas. La asesoría de Valdés, artífice de la represión y las leyes contra la disidencia cubana, fue objeto de rechazo y fuertes críticas opositoras.
Venezuela recibe mala puntuación en su Índice de Percepción de la Corrupción. Los cuestionamientos locales e internacionales en la materia son variados, pero destaca la denuncia sobre cuatro focos principales:
a) El palacio presidencial de Miraflores, el centro de operaciones del presidente Hugo Chávez. Aquí la naturaleza de la corrupción es en gran medida política, aunque mucho dinero en efectivo es mantenido en este edificio para ser utilizado como la necesidad lo determine. La forma casual en que el dinero es administrado ha sido ilustrada por el periodista Nelson Bocaranda: “en octubre de 2010, guardaespaldas cubanos fueron enviados al Banco Central para obtener 5 millones de dólares en efectivo para un viaje de Chávez al extranjero. Este dinero nunca llegó a Miraflores, que se encuentra sólo a dos cuadras”. Nunca fue recuperado.
b) En La Campiña, la sede principal de Petróleos de Venezuela (PDVSA). En esas oficinas tienen su base la junta directiva y los principales funcionarios de planificación y finanzas de la empresa. PDVSA ya no es una empresa petrolera, sino un conglomerado de diversos negocios que van desde la importación y distribución de alimentos hasta el entrenamiento de atletas. La corrupción es principalmente generada mediante contratos sin licitación que son asignados a los amigos del régimen. Los sobornos son habituales. El gobierno ignora descaradamente los escándalos pequeños y grandes de PDVSA, como la contratación de la plataforma de perforación mar adentro Aban Pearl a una empresa fantasma o el uso ilegal del Fondo de Pensiones de los empleados con fines especulativos.
c) E l Ministerio de Defensa y la Guardia Nacional. Un reporte realizado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO ) para el Congreso de Estados Unidos, informó acerca de una creciente corrupción entre las fuerzas armadas venezolanas, especialmente la Guardia Nacional. La corrupción ha llegado al nivel ministerial del gobierno. En particular, los vínculos entre las fuerzas armadas y las FARC habían sido claramente establecidos, como demostraron los contenidos de las laptops pertenecientes al fallecido líder de las FARC, Raúl Reyes.
d) El Ministerio de Finanzas. La administración de las finanzas de Venezuela del gobierno de Chávez ha sido extremadamente irregular. Los fondos paralelos, los cuales operan sin rendición de cuentas e ignorando las leyes de la nación, en un esquema que facilita y promueve la corrupción. Al eliminar la autonomía del Banco Central de Venezuela, las reservas internacionales han sido desviadas a las manos del Poder Ejecutivo, para poder ser utilizadas con fines políticos. Será un verdadero desafío para la democracia venezolana reencauzar todas esas anormalidades institucionales, administrativas, económicas y políticas.
 • La Dimensión IV, Poder Efectivo para Gobernar, presenta también un escenario poco favorable para el desarrollo democrático venezolano. En efecto, la Subdimensión Social presenta un desempeño levemente más bajo con respecto al año anterior (Gráfico 3.89), debido a la baja puntuación obtenida en Desempleo. El resto de los indicadores se mantuvo estable y eso no ayuda a producir una tendencia positiva en esta Subdimensión. En el ranking, el país alcanza el 13° lugar, bajando tres escalones con respecto a 2010, y sigue por debajo del promedio regional. A pesar que el porcentaje de población en condiciones de pobreza en Venezuela ha caído fuertemente entre 1996 y 2009 y que la proporción de personas en condición de pobreza extrema –medida por el nivel de ingreso– también ha venido experimentando un descenso sostenido, aun los niveles son altos y apenas por debajo del promedio de la región.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE), acerca de la inversión social, destaca que desde 1988 hasta 1998 equivalía a cerca de 36%, pero desde 1999 hasta 2009, la inversión se ha incrementado hasta ubicarse cerca de 61%. Según el presidente, el año 2010 representó la consolidación de los avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. La pobreza había cerrado el primer semestre en 26,8% y la pobreza extrema en 7,1%; cifras bien alejadas de las existentes en 1998, cuando estaban en 49% y 21%, respectivamente. También había destacado la reducción de la desigualdad en la distribución de los ingresos, evidenciada por medio del Coeficiente de Gini, que había pasado de 0,49 a 0,38. Destacó el incremento sostenido en el salario mínimo y en los haberes de los pensionados, cuyo número se incrementó de 367 mil en 1998 a un millón y medio en 2010. Chávez comentó su visión de mejoras en la mortalidad infantil, el desempleo, la escolaridad y la deserción de las aulas. Todos esos cambios fueron posibles por la inversión social, que superó los 330 mil millones de dólares en la última década (más de 60% de los ingresos).
• El país tampoco logra mejores resultados en la Subdimensión Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Eficiencia Económica respecto de la medición anterior (Gráfico 3.90), aunque es el área del desarrollo democrático en la que obtuvo mejores resultados, al lograr mantenerse casi un punto por encima del promedio regional. La caída se explica por los peores desempeños registrados en PIB per cápita, Brecha de Ingreso y Endeudamiento. Sólo mejoran los indicadores de Libertad Económica y de Inversión, aunque no logran compensar las caídas de las otras variables. Por esas bajas ocupa el 4° lugar, perdiendo dos lugares con respecto a su ubicación en el ranking regional de 2010. A inicios de enero de 2010, el Ejecutivo depreció el bolívar, que se mantenía en 2,15 por dólar desde 2005. Desde entonces rigieron dos precios oficiales del dólar: 2,60 para productos de primera necesidad, remesas e importaciones del sector público y 4,30 para el resto de productos y la venta de los dólares obtenidos con el petróleo. Venezuela enfrentó una severa crisis energética que llevó al gobierno a decretar un estado de emergencia por sesenta días prorrogables, en el último eslabón de una cadena de medidas anunciadas que buscaban reducir el consumo de energía e incentivar el ahorro.
 Según cifras oficiales, la demanda de energía eléctrica supera en unos 1.000 MW la capacidad de generación diaria, que ronda los 16.200 MW. La crisis energética llevó a racionamientos de energía en todo el territorio y hubo varios importantes apagones. La CE PAL estimó que el PIB de la República Bolivariana de Venezuela se reduciría un 1,6% en 2010, aunque se esperaba una recuperación en 2011. En la primera mitad del año a la crisis energética se sumaron la caída de la inversión y la desaceleración del consumo privado. El descenso del PIB también se produjo en un contexto de elevada inflación y estuvo acompañado de un aumento del desempleo. En el último trimestre de 2010 la economía emergió de dieciocho meses consecutivos en recesión, sin embargo en todo el año el PIB se contrajo 1,4%. Para expertos de la CE PAL, la crisis energética y la caída en la exportación de petróleo eran las razones principales que explicaban que Venezuela siguiera en esa situación. El gobierno ha culpado a la lenta recuperación económica mundial de alargar la crisis, así como a la reducción de las cuotas de producción petrolera dictadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
De acuerdo a la oposición venezolana, las políticas del presidente Chávez para intentar aplicar el socialismo del siglo XXI están llevando “la economía a la ruina”. La Secretaría General de la CE PAL declaró que Venezuela es uno de los países que más había disminuido el problema de la pobreza y el de la desigualdad. La nación que más se le acerca a Venezuela es Uruguay, con 0,444, y el resto de los países que tienen niveles de pobreza extrema similares, como Chile, éste tiene la desigualdad en 0,52 y Brasil la tiene en 0,57. El 20% más rico de la población se apropiaba de 53,4% para 1998, lo cual ha bajado a un 44,8% a fines de 2010. Se esperaba con ansiedad en medios empresarios el uso de los poderes extraordinarios otorgados al presidente Chávez, que abarcan materias tan diversas como: atención de necesidades por las lluvias; infraestructura, transporte, servicios públicos, vivienda y hábitat; ordenación territorial, uso de tierra rural y urbana; posibilidad de diseñar nueva regionalización geográfica; tributos, finanzas y sistema socioeconómico de la nación; cooperación internacional; telecomunicaciones y tecnología de la información; seguridad y defensa: disciplina y carrera militar, y armas y elementos conexos; y seguridad ciudadana y jurídica. Indudablemente la vastedad de las atribuciones y el objetivo de Chávez de asegurar el rumbo de la “Revolución del Socialismo del Siglo XXI”, abrían grandes interrogantes tanto en el terreno económico como también en el social y político.
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