 Uruguay es uno de los países de la región que presenta una caída en su IDD -Lat con respecto a 2010 en más de 8% (Gráfico 3.81), aunque sigue posicionado en el 2° lugar en el ranking, detrás de Chile. Desde que se calcula el Índice de Desarrollo Democrático, Uruguay siempre se ha ubicado en alguno de los tres primeros lugares, en lo alto del ordenamiento regional. El descenso en la puntuación final del índice de este año es producto de las caídas de los puntajes de las Dimensiones II y III. Los valores obtenidos en las dos Subdimensiones de la Dimensión IV han mostrado un avance que no logra compensar el comportamiento negativo de las variables mencionadas.
El presidente José Mujica cosechó logros importantes como negociador en sus primeros meses de gestión, aunque tuvo dificultades para concretar sus ideas reformistas. Mujica se consolidó como “un gran articulador” a nivel interno con los partidos de oposición y en política exterior con Argentina. Así, generó “un clima de armonía y conciliación”, lo que permitió integrar a los opositores a los directorios de los órganos de Contralor y Empresas Públicas, por primera vez en veinticinco años. En simultáneo, reencauzó el deteriorado diálogo con Argentina gracias a su buena relación con la presidenta Cristina Fernández y con su fallecido esposo y también ex mandatario Néstor Kirchner. Así, Mujica y Fernández dieron el paso fundamental para superar un diferendo por la planta de celulosa uruguaya de UPM, conocida popularmente como “Botnia”, que marcó buena parte del mandato de su antecesor Tabaré Vázquez (2005-2010). En ese acuerdo también se liberó el bloqueo fronterizo que realizaba desde 2006 un grupo de activistas argentinos contrarios a la industria en la ribera uruguaya de un río limítrofe.
• El valor obtenido en la Dimensión II, Respeto de los Derechos Políticos y Civiles, presenta una caída de alrededor de 15%, como consecuencia del peor puntaje en los indicadores de Inseguridad y Género (Gráfico 3.82). El resto de los indicadores se mantuvo estable. Ocupa el 3° lugar del ranking, perdiendo uno de la tabla con respecto al año anterior. El valor de la dimensión está muy por encima del promedio regional. El oficialista Frente Amplio promovió un proyecto de ley para dejar sin efecto la denominada “Ley de Caducidad”, que había posibilitado con su sanción, en 1986, una amnistía a militares y policías acusados por violaciones de los derechos humanos durante el régimen de facto (1973- 1985). El proyecto contra aquella ley se apoyaba en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de octubre de 2009, que había establecido que la aplicación de la Ley de Caducidad era inconstitucional en un caso que investigaba la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrida en 1974. Esa ley amnistió –salvo en ciertas excepciones– a ex militares y policías acusados de violar los derechos humanos en el régimen castrense y fue ratificada en dos plebiscitos; el primero, en 1989, y el último, en octubre de 2009, en las elecciones nacionales en las que ganó José Mujica. La ley se aplicó ininterrumpidamente durante veinte años; pero en 2005, el electo presidente Tabaré Vázquez se basó en el artículo 4 de la normativa para habilitar la investigación de algunos hechos que derivaron en el procesamiento de varios militares y policías.
 Una de las primeras medidas de gobierno del presidente Mujica fue la sanción realizada al comandante en jefe del ejército, general Jorge Rosales, por haber cuestionado públicamente la intención de eliminar la ley de amnistía a militares de la dictadura. El proyecto para dejar sin efecto la Ley de Caducidad dio lugar a un intenso debate político en toda la sociedad y, particularmente en el oficialismo. Desde la oposición se acusaba al Frente Amplio de hacer lo que ni la dictadura militar se había animado: desconocer el resultado de un plebiscito. Ese argumento también fue esgrimido por el ex guerrillero y actual senador Eleuterio Fernández Huidobro, el único del núcleo fundador del Movimiento Tupamaro que aún se dedicaba a la política. En la Cámara de Diputados algunos legisladores oficialistas votaron por el proyecto, pero dejaron constancia que lo hacían contra su voluntad y por disciplina partidaria. La iniciativa pasó al Senado donde se trataría en 2011 y su aprobación parece más complicada. Con respecto al tema de inseguridad, Uruguay aparece como una sociedad poco violenta en América Latina, con bajas tasas de homicidios por habitante, que la ubican en tercer lugar luego de Chile y Argentina. Sin embargo, su tasa de homicidios por habitante es siete veces la de Italia, Irlanda o Suecia y diez veces la de Alemania o Japón. Un tema que estuvo en la agenda pública fue el hacinamiento del sistema penitenciario. De hecho, la creación de 3 mil nuevas plazas y la liberación anticipada de reclusos que cumplieran con determinados requisitos eran las medidas que manejaba el Ministerio del Interior para descongestionar las cárceles. La superpoblación y el hacinamiento penitenciario son problemas por los que Uruguay fue advertido en numerosas ocasiones por distintos organismos internacionales de Derechos Humanos y que volvieron a salir a la luz con el incendio de la cárcel de Rocha, ocurrido en octubre de 2010, en el que murieron doce reclusos.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, explicó que intentaban implementar medidas alternativas a la prisión, tales como “la prisión domiciliaria, que los delincuentes primarios con delitos menores hagan tareas comunitarias” y “dejar en libertad a las embarazadas a término y a los enfermos terminales”. 250 encarcelados por cada 100 mil habitantes convierten a Uruguay en uno de los países de Sudamérica con la tasa más alta de presos por habitante, según el último informe del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, y sin embargo es uno de los países con tasas de delito más bajas de la región, dato que lo coloca entre los tres países con más presos por habitante, después de Chile y antes que Brasil. El “déficit democrático” que conlleva la subrepresentación femenina en las instituciones del Estado, hace de Uruguay un caso peculiar en la región en dos sentidos: i) por su larga tradición de desarrollo y cultura democrática y ii) por el desequilibrio entre el lugar político que ocupan las mujeres y sus altos niveles de participación en la vida social y económica del país. Ni la “privilegiada” condición de la mujer en Uruguay, comparada con sus pares latinoamericanas, ni los distintos intentos legislativos llevados a cabo desde 1988xii se tradujeron en un mayor acceso de las mujeres a la vida política. Las razones específicas de estas restricciones hay que encontrarlas en el sistema de partidos y en el propio sistema político.
 • La Dimensión III, que mide la Calidad Institucional y la Eficiencia Política, tuvo también un comportamiento negativo (Gráfico 3.83), y su caída fue del orden de 12%. Se ubica en el 3° lugar del ranking regional, perdiendo dos lugares con respecto al año anterior. El retroceso en la Democracia de las Instituciones es producto del resultado en los indicadores de Percepción de la Corrupción, de Participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo y de Accountability, fundamentalmente la referida a los aspectos legales. El resto de los indicadores se mantuvo estable. Los escándalos de corrupción que afectaron a la armada de Uruguay, se cobraron su víctima más importante con la renuncia del jefe del cuerpo, el almirante Óscar Debali. El militar presentó su renuncia ante el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, y ante el presidente José Mujica, después de que se hiciera público que un sobrino suyo, que también era miembro de la Armada, había sido procesado por comercializar, en provecho propio, tarjetas telefónicas que pertenecían a la institución. La crisis en la Armada estalló luego de la destitución, el 20 de julio de 2010, de cuatro oficiales, uno de ellos el agregado militar de Uruguay en Brasil, tras detectar un millonario fraude en la institución, por lo que fue enviado a prisión un capitán de navío acusado de apropiarse en forma fraudulenta de cupones de combustible. Otro caso que tuvo mucha repercusión mediática fue la del procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, Gualber to Pérez Riestra, que fue procesado por reiterados delitos de estafa con inmuebles.
El procurador del Estado era un hombre de confianza de Tabaré Vázquez y de Mujica. Una importante caída en la popularidad del presidente empezó a marcar un cambio en el humor social. De 70% de aprobación con que contaba en julio, cayó a 48% en diciembre de 2010. Entre las causa para ese descenso en la imagen del presidente y su gobierno, los analistas destacan: los problemas internos del Frente Amplio, la inseguridad, el fin de la armonía con la oposición y el brote de numerosos conflictos gremiales que afectaron la apacible vida uruguaya. Un elemento a destacar en lo que concierne a Accountability, es que en agosto de 2010, a casi dos años de la sanción parlamentaria de la Ley 18.381, Derecho de Acceso a la Información Pública, el Poder Ejecutivo dio a conocer el Decreto Reglamentario, que obliga a las oficinas estatales a difundir en sus sitios web información sobre su funcionamiento y responder las consultas que por escrito se les realicen, con excepción de los datos considerados reservados. El decreto fue valorado positivamente por integrantes del Consejo directivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) y la ONG Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAINFO). El presidente puede exhibir en su haber los acuerdos alcanzados con los partidos que no integraban el gobierno. Los acuerdos multipartidarios recuperaron para la vida política el valor de la coparticipación y, además, incluyeron ciertos acuerdos programáticos. La renovación de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas con base en el consenso fue la señal definitiva de un cambio en la forma de relacionamiento en el sistema político.
 • Los problemas de las Dimensiones II y III aparecen parcialmente compensados por el buen desempeño de la Dimensión IV, que mide el Poder Efectivo para Gobernar de la democracia uruguaya. En efecto, el valor de la Subdimensión Social alcanza una mejora sustancial respecto del año anterior, consolida el proceso ascendente iniciado en 2009 y mantenido hasta la fecha (Gráfico 3.84), y coloca a Uruguay en el 1° lugar del ranking. Su puntuación está muy por encima del promedio regional. El valor alcanzado se ubica muy cerca del mejor puntaje obtenido en el año 2002. Las variables que motorizan el crecimiento de la subdimensión son las que corresponden a la Eficiencia Educativa, la Salud y el indicador de la Población Bajo la Línea de la Pobreza. La tasa de mortalidad infantil en Uruguay se redujo entre 2009 y 2010 y se aproxima a la meta fijada para 2015 por la ONU (6.9 por mil nacidos vivos).
El descenso en la mortalidad infantil no sólo fue fruto de la acción del Ministerio de Salud Pública (MSP), sino de la aplicación de políticas sociales como el Plan de Equidad. Los ingresos de los hogares uruguayos han tendido a concentrarse desde mediados de los años noventa. En sintonía con esta progresiva concentración del ingreso, tras una fuerte caída durante la crisis de 2002 y años subsiguientes, el gasto social se ha ido incrementando a cifras mucho más altas. A tal punto que el monto destinado en 2008 duplica lo gastado en 1998. Dentro de las áreas dotadas de mayores recursos públicos aparecen la educación y la salud. Por ejemplo, antes de la implementación del Fondo Nacional de Salud (FONASA ), el porcentaje del gasto destinado al Seguro Social por Enfermedad (DISSE ) era de 5,5% para el año 2007; luego de la implementación de la reforma hacia el sistema integrado de salud el porcentaje de gasto se elevó a 9,1% en 2008. Uruguay fue el país con menor población en situación de pobreza y de indigencia, según los últimos datos disponibles para la región. Estuvo también entre los países que más redujeron estos flagelos. Los cambios observados en este sector provienen de distintas interacciones entre el crecimiento del ingreso medio de las personas (efecto crecimiento) y los cambios en la forma en que se distribuye ese ingreso (efecto distribución).
El número de hogares pobres en Uruguay bajó de 14,7% a 12,6% entre 2009 y 2010, mientras que el de los indigentes se redujo de 0,8% a 0,6%, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE ). El panorama es similar si se toma en cuenta como unidad de análisis a las personas y no a los hogares: considerada por personas, la pobreza en 2010 se redujo a 18,6%, 2.3 puntos por debajo del valor de 2009, y la indigencia pasó de 1,6% a 1,1% de la población. El INE destacó que la incidencia de la indigencia en hogares y de la pobreza en hogares y personas “muestra un continuo descenso en el periodo 2006-2010”. Al considerar la estimación según áreas geográficas, se constata una proporción mayor de personas bajo la línea de pobreza en las localidades urbanas del interior del país con menos de 5 mil habitantes (23,8%) y en Montevideo (21,6%). En cambio, el interior rural del país presenta una incidencia menor a 10% (6,2%). La institución añadió que “son los niños y adolescentes y la población afrodescendiente quienes registran la mayor proporción de sus integrantes bajo la línea de pobreza”. En resumen, según el organismo, en Uruguay hay 49 mil pobres menos y 16 mil salieron de la indigencia. El país concluyó el 2010 con una tasa  de desempleo de 6,1%, la más baja de las últimas dos décadas, según datos suministrados por el INE. La institución reconoció que, en promedio, durante el año los uruguayos sin empleo fueron menos de 105 mil. La cifra de personas ocupadas experimentó un crecimiento importante y el indicador de empleo para todo el año concluyó en 58,4%, por lo que en la actualidad hay 1 millón 527 mil uruguayos en puestos de labor; esto significa que son unos 400 mil puestos de trabajo más que en 2005. Si bien las cifras muestran la consolidación de un ciclo expansivo, el INE reconoció también la persistencia de ciertos “agujeros negros”, y uno de los más preocupantes está relacionado con la situación de los jóvenes. Mientras que para los mayores de veinticinco años el desempleo cerró en 3,6%, para los menores de esa edad saltó a 17,7%, evidenciando un problema multifactorial en el cual intervienen situaciones de exclusión.
• También sube la Subdimensión Económica en la Dimensión IV (Gráfico 3.85), manteniendo el tercer lugar del ranking regional, detrás de México y Chile. Esto se debe al mejor comportamiento de los indicadores Libertad Económica, PIB per cápita e Inversión. Sólo descendió la variable de Endeudamiento. La economía uruguaya creció 10,4% en el segundo trimestre de 2010, lo que confirmaba una etapa de gran dinamismo, con un sector exportador que logró récord de ventas, un mercado interno de fuerte consumo y una inversión sostenida en el sector privado que permitió tener expectativas de continuidad. Los principales problemas que Mujica enfrentó a lo largo del año fueron cruces internos en la coalición oficialista del Frente Amplio y las presiones de los sindicatos de trabajadores. Mujica había destacado que su gobierno quería lograr “una sociedad mejor” y que por eso el presupuesto general del Estado para los próximos cinco años “invierte fuertemente en educación, vivienda, protección social, seguridad e infraestructura”. El presupuesto aumentaba el gasto en el quinquenio un 18% real y un 42% lo destinado a seguridad. Mujica destacó que el presupuesto buscaba redistribuir para beneficiar a los más postergados y anticipó que iba a recibir críticas de quienes “esperan más” y de aquellos que acusan “al gobierno de derrochones”. En el equipo económico hubo cierta preocupación por la posibilidad de que se estuviera produciendo un recalentamiento de la economía que hiciera subir los precios al consumo. La inflación se mantenía relativamente baja, en algo menos de 7% anual, pero con cierta presión alcista. Eso se dio por un repunte del precio del dólar, propiciado por el propio gobierno para evitar una pérdida de competitividad, y por el mayor consumo interno que produjo el aumento del salario real. El agro fue uno de los sectores menos pujantes en cuanto a producción, porque las áreas sembradas de los cultivos de invierno, con mayor incidencia en la canasta de rubros computados en ese periodo, registraron bajas en esa zafra.
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