IDD-Lat 2011

República Dominicana es uno de los países que creció en su medición del IDD -Lat 2011 con respecto a 2010 (Gráfico 3.76), subió más de un 13%, aunque sigue perteneciendo al grupo de países de bajo desarrollo democrático. Por este resultado ha logrado mejorar en dos peldaños su ubicación en el ranking, pasando del 17° al 15°. La mejor puntuación es consecuencia de comportamientos positivos en la Dimensión III , Democracia de las Instituciones, y en la Subdimensión Social y negativos en la Dimensión II y en la Subdimensión Económica. Igualmente todos sus valores se desempeñan en un entorno de bajo y mínimo desarrollo democrático del que el país no logra despegar. La Asamblea Nacional Revisora proclamó, a principios de 2010, la nueva Constitución de la República, que consta de 277 artículos y diecinueve disposiciones transitorias. La Constitución de la República Dominicana ha sido modificada en treinta y ocho ocasiones desde la proclamación de la Independencia Nacional en 1844.

La última reforma parcial había sido la sancionada en julio de 2002 cuando por motivación del entonces presidente Hipólito Mejía se modificó el artículo 49 estableciéndose la reelección presidencial. Una encuesta Gallup, publicada a fines de diciembre de 2010, marcaba una significativa caída de la aprobación del gobierno y del presidente Leonel Fernández, cuya postulación para una nueva reelección era rechazada por más de las dos terceras partes de los consultados, pero la oposición política no lograba capitalizarla. Resaltaba el crecimiento de Danilo Medina –un carismático líder del oficialismo–, quien por primera vez superaba al primer mandatario y a la primera dama en la preferencia para la candidatura presidencial, aunque Fernández lograba el 56% entre quienes se identificaban con su Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el gobierno parecía atravesar su peor momento. Pese a ello, el 2010 fue otro año de consolidación del poder presidencial, ya que la puesta en vigencia de la nueva Constitución abrió espacios para que el presidente extendiera su decisiva influencia hacia otros estamentos institucionales del Estado. Las mayorías legislativas alcanzadas ahora permitirían al presidente Fernández conformar “a su imagen y semejanza” los nuevos Tribunal Constitucional y Tribunal Electoral, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, y tener el control total del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que le garantizaría también imponerse en la pendiente reestructuración de la Suprema Corte de Justicia.

• Bajó la puntuación en la Dimensión de Derechos Políticos y Libertades Civiles, aunque la reducción es leve, producto de peores resultados en las variables de Inseguridad y Género. El registro de 2009 había sido el más alto para el país y el único en el que logró superar el promedio regional (Gráfico 3.77). Sigue ocupando el lugar 8° del ranking regional. El resto de los indicadores se mantuvo estable. El año 2010 fue paradójico ya que junto a la instauración de un nuevo marco constitucional que reconocía un rango más amplio de derechos y libertades y un marco institucional de mayor contrapeso de poderes, la realización de elecciones congresales y municipales resultó devastador para la institucionalidad democrática, al facilitar la concentración de los poderes del Estado en manos del presidente, quien utilizó todos los recursos públicos a su alcance para afianzar un proyecto de larga dominación política. El resultado electoral dejó mal parada a una ineficiente oposición encarnada en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD ), prosiguió la caída del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC ), afianzando el bipartidismo, y dejó con escasa representación a los veintitrés partidos políticos restantes. 

Por más vueltas que se da al resultado de los comicios, sólo se encuentra un ganador, el presidente Leonel Fernández, quien se lanzó con todo el poder del Estado a la campaña electoral hasta lograr su anhelada barrida en el Senado de la República, concentrando treinta y uno de sus treinta y dos escaños, con el otro en manos de un aliado y dejando fuera a la oposición perredeísta. Con 105 diputados, la fuerza del Partido de la Liberación Dominicana (PLD ) en el Congreso será, durante seis años, de 136 curules. Si le suman los cuatro de su aliado PRSC , totalizarán 140, faltándole cuatro para las dos terceras partes necesarias para decisiones importantes, como modificar la Constitución de la República, si lo creen necesario y que el presidente Fernández pueda optar por otra reelección en 2012, como se reclamó durante la campaña electoral cuando él recorría pueblos y carreteras. Fernández queda no sólo como líder indiscutible del PLD , sino también de otros trece partidos aliados electorales. Es cierto que su partido vio reducido el porcentaje de votos, de 46,3% en 2006, a 44,9% en 2008 y ahora a 40,8%; pero sus aliados le aportaron 455,891 sufragios, el 25% del total de votos que acumuló, para alcanzar un 54,6%, lo que marca un ascenso en relación al 52,3% logrado en 2006 y al 53,8% de 2008. Es relevante que sólo 54% de los empadronados participó en la elección de los legisladores, 2 puntos menos que el 56,2% de 2006. El 2,3% fueron anulados, muchos por haberse abstenido “votando por ninguno” o dejando la boleta sin marcar. 

Los votos válidos sumaron 3,304,224. En otras palabras, el 46% de la población no hizo valer su voto, 44% ni siquiera asistió, 2 puntos más que en 2006. El mapa de la abstención sugiere que los sectores de bajos ingresos tuvieron alta proporción de participación, estimulados por las dádivas que caracterizaron la campaña electoral hasta la jornada misma de votación, así como por el temor a perder los subsidios estatales. La participación fue menor en las provincias de fuerte clase media. La principal fuerza opositora, el PRD, no logró “avanzar en 2010 para triunfar en 2012”, como se lo había propuesto. En la votación para el Congreso obtuvo 38,4%, casi similar al 38,5 de las presidenciales de 2008. Con el voto de sus aliados, que le aportaron 113,789 votos, mejoró más de un punto, al pasar de 40,4% en 2008 a 41,8% ahora. Pero al quedar sin representación en el Senado, por primera vez en su larga historia, el perredeísmo pierde escenario en el Congreso y verá reducida su influencia en el Consejo Nacional de la Magistratura con sólo uno de sus ocho integrantes. Es generalizado el criterio de que “el nuevo PRD” sufrió un serio tropiezo al no haber podido capitalizar el desgaste del gobierno. El pacto del opositor Miguel Vargas Maldonado con el presidente Leonel Fernández, sólo trajo beneficios para el mandatario y desdibujó el rol opositor del PRD . Sus propuestas no lograron atraer el voto de los insatisfechos por sus posiciones poco claras y porque también en esta tienda política una gran proporción de sus candidatos fue designada “a dedo”. Los reformistas del PRSC vieron reducida una vez más su cosecha electoral al obtener 6% del sufragio, poco más de la mitad de 10,9% de hace cuatro años, aunque con un incremento de 1,5% en relación a las presidenciales de 2008.

Sólo consiguieron un senador, tres diputados y cuatro alcaldes en su propia boleta, y una docena más en alianza con el PLD , muchos de los cuales no se cuentan como propios. La Cámara de Diputados rechazó a fines del año, por amplia mayoría, el controversial proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral; en una muestra de que el oficialismo no siempre actúa coordinadamente. El Senado había introducido modificaciones a la pieza original presentada por el Poder Ejecutivo que no fueron aprobadas por la Cámara baja. En el ámbito de los derechos y libertades ciudadanos continúa la preocupación por la inseguridad. En ese marco, a fines de 2010 se informaba oficialmente que un total de 1,119 mujeres fueron asesinadas en el país en los últimos cinco años. La ministra de la Mujer, Alejandrina Germán, dijo que datos proporcionados por la Procuraduría General de la República indicaban que sólo en el año 2010 se habían registrado 176 casos de este tipo, al tiempo que reclamaba de los jueces que enviaran “un mensaje inequívoco a todo el país de que hay tolerancia cero a la violencia contra la mujer”. El fenómeno no alcanza solamente a la violencia de género, también vuelve a crecer el Índice de Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad. En un entorno de desconfianza hacia las instituciones e inseguridad, se facilita el auge del narcotráfico y la violencia. Como prueba de ello, las estadísticas revelan que, en buena parte de los casos de tráfico de drogas, hay militares y policías envueltos. 

• En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, tras la caída importante registrada en 2010, logra una recuperación parcial, aunque el país continúa muy por debajo del promedio de la región y muy lejos todavía del nivel alcanzado en 2006, el mejor resultado obtenido durante el periodo de medición que, en el caso de República Dominicana, se extiende entre 2004 y 2011 (Gráfico 3.78). El buen desempeño de esta última medición se debe con exclusividad al mejor resultado alcanzado en el indicador de Accountability. Los demás se han mantenido estables, salvo el de Percepción de la Corrupción, que ha mostrado un peor resultado. Debido a su recuperación y a la caída de otros países de la región, la democracia de las instituciones avanza ocupando el 10° lugar del ranking regional. Con la promulgación de la nueva Carta Magna, el presidente coronaba la llamada “Revolución democrática”; una promesa de reinventar la “vida institucional dominicana para generar las condiciones del desarrollo”, que había anunciado en 2004 al asumir su tercer mandato al frente del Ejecutivo. Uno de los objetivos prioritarios de este proceso de reingeniería institucional era la modernización de la justicia, con la creación del Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, y medidas como la jubilación de los magistrados de la Suprema Corte que superaran los setenta y cinco años de edad. Otra meta lograda, en cuanto al Poder Legislativo, fue el aumento del número de diputados de 178 a 190, de los cuales siete representan a la comunidad dominicana residente en el exterior. A ello se suma la unificación de las elecciones legislativas, municipales y presidenciales. Además, se incorporó al articulado un listado ampliado de derechos fundamentales, mecanismos de participación directa, como el referéndum y la iniciativa legislativa popular, y mayores garantías ciudadanas, como el recurso de amparo y el hábeas data. 

Con respecto a los avances democráticos de la Constitución de 2010, destacan por novedosos el reconocimiento de la igualdad entre hombre y mujer (art. 39.4), la obligación del Estado de promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva (art. 39.3), el reconocimiento de los derechos del consumidor (art. 53), el deber de invertir en educación de manera creciente y sostenida (art. 63) y la incorporación de derechos de segunda y tercera generación propios del llamado “constitucionalismo social”. El blindaje a este orden constitucional frente a decisiones emanadas de autoridad usurpada (art. 73), llevó al presidente Fernández a proclamar con orgullo que: “en República Dominicana jamás se producirá un golpe de Estado”, en referencia a los acontecimientos en Honduras. Con la nueva Carta Magna se atenúan formalmente los poderes del presidente, ya que el Congreso será ahora el encargado de presentar al Senado la terna de candidatos a la Cámara de Cuentas (anteriormente nombrados por decreto presidencial) y se equilibran los poderes en materia presupuestaria, reduciéndose a dos tercios de los presentes la cuota para introducir cambios a la propuesta del Ejecutivo, quien deberá someter en forma de ley cualquier modificación al presupuesto (art. 234). La merma de poderes presidenciales incluye también su facultad para anular arbitrios municipales y llenar las vacantes de síndicos y regidores. En cuanto al Legislativo, se refuerzan las tareas fiscalizadoras de ambas Cámaras (art. 94), la rendición anual de cuentas de los legisladores (art. 92) y se introduce el concepto de “ley orgánica” para el desarrollo de los derechos fundamentales, la organización de los poderes públicos y el régimen electoral, territorial y económico. Se separan las funciones administrativas y contenciosas de la Junta Central Electoral (JCE ), quedando estas últimas en manos del Tribunal Superior Electoral, otorgando así mayor independencia a la JCE para la administración de las elecciones. Las mayores críticas al nuevo diseño institucional se han centrado en resaltar el papel preponderante del Ejecutivo en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior, tarea que estaba en manos del Consejo Nacional de la Magistratura, y que tras la incorporación del procurador general a su seno, confiere al gobierno un peso político mayor del que anteriormente disfrutaba. También se objeta que la Constitución de 2010 mantiene las restricciones establecidas al ius soli como vía de acceso a la nacionalidad, por lo que los dominicanos de ascendencia haitiana, de quienes ingresaron legalmente en territorio dominicano con contratos de trabajo, permanecerán en una indefinición que parece seguir dilatándose eternamente. 

• En lo que respecta a la Dimensión IV, que mide el Poder Efec tivo para Gobernar, en la Subdimensión Social, se produce una pequeña recuperación tras la caída del año anterior (Gráfico 3.79). Este resultado es producto de los mejores puntajes obtenidos en Eficiencia en Salud, en Educación y en Población Bajo la Línea de la Pobreza. El Desempleo se mantuvo en los niveles que tenía anteriormente. A pesar de este pequeño avance, República Dominicana continúa ocupando el último lugar del ranking regional, y resalta que el retraso de vastos sectores de su población es su principal traba para el desarrollo democrático. En su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea, con motivo del 167 aniversario de la Independencia Nacional, el presidente Leonel Fernández, había afirmado que de 2004 a 2010 la pobreza había disminuido en 10 puntos porcentuales en el país, al bajar de 43,4% a 33,2%. Dijo que con esta mejoría se habían beneficiado más de 700 mil dominicanos.

Con respecto al gasto social, dijo que representó 4,9% del PIB, con un aumento de 2% con respecto al año 2004. El desempleo disminuyó a 14,1%, un nivel similar al registrado al inicio de la crisis financiera global en el año 2008, pero continúa siendo el más alto del conjunto de países analizados. Aunque debemos resaltar que, de acuerdo a la UNESCO, América Latina y el Caribe están a punto de lograr la universalización de la enseñanza primaria, que en 2008 alcanzó a 95% de la población infantil, la situación sigue siendo crítica en República Dominicana, Jamaica y Dominica, donde las tasas de escolarización van entre 76% y 82%. Con menos de 2% de su PIB en educación, República Dominicana ocupa el último lugar con más baja inversión en ese sector de los dieciocho países analizados y presenta menos de los 7.9 años de escolaridad promedio de la región, según datos de la ONU. Según la ley de educación aprobada en 1997, el sector educativo debería recibir cada año el equivalente a 16% de presupuesto público o a 4% del PIB. El proyecto de presupuesto para 2011, que debatió el Congreso a fines de diciembre, contemplaba una partida para educación de 1,132 millones de dólares, equivalentes a 10,7% del presupuesto público y a 1,9% del PIB. Ningún gobierno desde 1997, incluidas las tres administraciones del presidente Leonel Fernández, ha cumplido con lo dispuesto por la ley de educación. Fernández calificó como un “falso debate” la demanda de incremento de recursos a educación, al asegurar que el Estado carecía de capacidad para hacerlo. 

• En lo relativo a la Subdimensión Económica, el país retrocede fuertemente con respecto al año anterior (Gráfico 3.80). Esta caída es producto del peor comportamiento de todas las variables que forman esta Subdimensión, salvo el PIB per cápita que tuvo una recuperación de casi 6 puntos en comparación con el año anterior. Su puntaje se alejó aún más del promedio de la región y baja en el ranking, pasando del 11° lugar al 13°. Impulsada por el estímulo fiscal, se registra en 2010 un fuerte crecimiento de la economía dominicana. El impacto del dinamismo de la demanda interna sobre las importaciones y el incremento de la factura petrolera han significado, al mismo tiempo, un incremento del déficit de la cuenta corriente, que finalizó el año en torno a 7%. República Dominicana tuvo una política contracíclica muy fuerte, por encima del promedio registrado en América Latina, incluso con un incremento en los gastos del gobierno en alrededor de 20%, con una buena parte de los mismos orientados a inversión en infraestructura. Es decir, aunque se gastó excesivamente, hubo un momento en el que la economía necesitaba ese estímulo y esa inversión en infraestructura permitiría que el país mantuviera una agenda de crecimiento en los próximos años. 

Junto a Honduras y Bolivia, República Dominicana presenta la peor distribución del ingreso entre los países analizados y se constituye en una traba importante para el desarrollo democrático. El presidente Leonel Fernández, al finalizar 2010, sostuvo que el país ha tenido un enorme crecimiento económico desde 2004, cuando él asumió el poder, ya que el PIB crecerá para 2011 un total de 34 mil millones de dólares. El mandatario recordó que en 2004 estaba en 19 mil millones de dólares y que en 2011 se estima que alcance los 53 mil millones. “O sea, que en estos seis años hemos tenido dos repúblicas y media adicionales en términos de generación de riqueza”, sostuvo el mandatario. Aseguró que además de ser un país democrático en plena libertad, también tiene un permanente progreso y expresó su esperanza de que el crecimiento material reflejado en el PIB se convierta en bienestar para todos los dominicanos. Como contrapartida, y de acuerdo al Latinobarómetro de 2010, República Dominicana es el país del continente en el que la gente piensa que la situación económica está peor. El informe indica que 66% de los ciudadanos dominicanos opina que la situación económica es muy mala.