 Panamá sigue siendo uno de los países con desarrollo democrático medio –nivel al que había descendido el año anterior–, pero bajó nuevamente su puntuación, esta vez en más de un 16% respecto a 2010 y obtiene el valor más bajo de su serie. Ello se debe a la caída en la Dimensión de Calidad Institucional y Eficiencia Política y en la Subdimensión Económica. En cambio, tanto la Democracia de los Ciudadanos, de la Dimensión II , que tuvo un leve crecimiento– y la Subdimensión Social, que registra un fuerte incremento, compensan parcialmente la caída (Gráfico 3.61). Desciende un lugar en el ranking regional, posicionándose en la 5° ubicación y dejando el 4° lugar para el ascendente Perú. El presidente Ricardo Martinelli cumplió un año el primero de julio de 2010 al frente del gobierno en medio de un ambiente de contrastes, donde sobresalen logros fundamentales en materia socioeconómica y, a la vez, cuestionamientos en materia ambiental y sindical.
Con aciertos y errores, inició un segundo año de gobierno mediante acciones más notorias que las que marcaron el inicio de su gestión. Una de sus primera medidas, durante la celebración de su primer aniversario, fue la renovación de su equipo de gobierno, tanto de ministros como directores de entidades autónomas. El cumplimiento de ese primer aniversario estuvo signado, además, por un amplio despliegue de ajustes en el terreno económico y más medidas aun en la lucha contra la inseguridad, un mal que no ha logrado revertir, pero en la búsqueda de soluciones implementó controvertidas decisiones en materia de derechos. Una reforma fiscal en tres pasos y un fuerte paquete de medidas de inversión pública marcaron el rumbo de la política económica del gobierno, que también limitó derechos en el plano laboral, mientras organizaciones sociales y la oposición lo acusaban de “autoritario” por no dar lugar al debate de sus decisiones. A pesar de ello, las encuestas seguían dando a Martinelli una aprobación de la ciudadanía de entre 49 y 65%, según diferentes encuestadores, un porcentaje más elevado que el que habían presentado Martín Torrijos, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares al cumplir su primer año de gobierno. La destitución de la procuradora general Ana Matilde Gómez, el endurecimiento de penas y el establecimiento de condiciones especiales para ejercer derechos como el de la manifestación, las sentencias contra periodistas y sobre todo la denominada popularmente “ley chorizo”, convulsionaron el año político panameño con protestas y una continua crispación social. En el otro lado de la balanza, Panamá alcanzó la categoría de inversión para las principales calificadoras internacionales de riesgo y su economía mantuvo un importante crecimiento, superior a 6%, mientras el país acomete inversiones en infraestructuras que van desde la ampliación del Canal hasta reformular el transporte en la capital del país.
 • En la Dimensión II que mide el Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, los indicadores se han mantenido estables, salvo los correspondientes a Género, que ha mejorado levemente, y a Inseguridad, que ha retrocedido nuevamente. En este nivel de paridad del comportamiento de los indicadores respecto del año anterior, registra un índice final apenas superior al de 2010 (Gráfico 3.62). Panamá ocupa el 5° lugar del ranking, ganando un lugar con respecto al año anterior. Su valor en esta dimensión se ubica, en los últimos siete años, en torno a los 6,000 puntos y continúa superando el promedio regional. En lo estrictamente político, el presidente comenzó a confrontarse con la prensa independiente, amenazando con limitarle el derecho a investigar y denunciar. El gobierno se quejaba de una predominante tendencia a informar sobre los problemas de violencia, y decía que la prensa omitía las cifras oficiales y se menospreciaba el esfuerzo de las fuerzas de seguridad. Se produjeron varios casos de condenas a periodistas –dos de ellos indultados por Martinelli– en un fenómeno que llevó a Reporteros Sin Fronteras a denunciar “presiones que se ejercen contra los periodistas que osan tocar temas sensibles”.
La lista de medidas en materia de seguridad que se tomaron durante 2010 incluyó el aumento a cincuenta años de la pena máxima, la reducción de la edad penal a doce años y la construcción de bases aeronavales para la lucha contra el narcotráfico en un país que no tiene ejército. Esas decisiones fueron acompañadas de otras medidas controvertidas en terrenos tan diversos como la tipificación con dos años de prisión para el bloqueo “violento” de calles en manifestaciones, o como la exención del estudio de impacto ambiental cuando así lo decidiera el gobierno. Desde la oposición, el dirigente Anel Flores, del Partido Revolucionario Democrático (PRD ), cuestionaba la gestión gubernamental de protección de derechos y libertades de los ciudadanos, sosteniendo que la administración de Martinelli no había logrado detener la criminalidad y la violencia. Flores manifestó que los panameños veían con preocupación la alta tasa de veinticuatro homicidios por cada 100 mil habitantes con la que contaba el país, situación atizada por el crimen organizado, las pandillas y el accionar del narcotráfico internacional. Si algo marcó fuertemente en materia de derechos en 2010, fue la aprobación de la Ley 30, o “Ley Chorizo”, como fue denominada popularmente, tramitada de forma expedita por la mayoría oficialista en el Parlamento y que, presentada como modificación a la normativa de aviación comercial, alteró los códigos penal, judicial y laboral, y seis leyes, incluida la orgánica de la policía.
La ley, entre otros aspectos, contemplaba la posibilidad de suspender los contratos de los trabajadores que hicieran huelga y la contratación de personas para sustituirlos. También la eliminación de la opción de detener o suspender a un policía investigado por un delito cometido en ejercicio de sus funciones y el levantamiento del requisito de un estudio de impacto ambiental para obras que el Estado considerase de “interés social”. La aprobación de la ley sumió al país en un clima de inestabilidad social y a la ciudad occidental de Changuinola en el caos, con varios días de toque de queda, protestas de trabajadores del sector bananero y una represión que dejó dos muertos y 700 heridos –sesenta de ellos por perdigonazos en los ojos–, según un informe de una comisión oficial que investigó el tema. El gobierno dio marcha atrás a principios de octubre y dejó sin efecto la Ley 30, comprometiéndose a tramitar sus distintos aspectos en forma individual y consensuada.
 • Panamá ha empeorado fuertemente el nivel de la Dimensión III, por el retroceso en los indicadores de Percepción de la Corrupción y de Desestabilización, sólo ha tenido una leve mejoría en la variable Accountability. La caída implica también que el país ya no supere el promedio regional y pierda tres lugares en la tabla que muestra el ordenamiento regional, pasando del 4° al 7° (Gráfico 3.63). Como se expresó al analizar la Dimensión Democracia de los Ciudadanos, el funcionamiento institucional y político también se vio fuertemente alterado por la Ley 30 y hasta que el gobierno dio marcha atrás y la dejó sin efecto, se sucedieron conflictos entre los distintos sectores políticos, gremiales e institucionales. Sólo la polémica exención de suspensión y detención de los policías fue tramitada tal y como se había aprobado originalmente, pese a la protesta de la oposición y los sindicatos. Para los gremios sindicales, la Ley 9 en 1, recortaba derechos sindicales y amenazaba libertades civiles. El gobierno, en cambio, afirmaba que la ley venía a modernizar el país porque reformaba el Código Penal, el Código de Trabajo y el Código Judicial. Gremios tan dispares como el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares hablaron un lenguaje común, pese a que en muchas oportunidades estuvieron enfrentados políticamente.
La presión de la huelga de bananeros y los anuncios de huelga nacional no amilanaron al gobierno y la ministra de Trabajo reafirmó la decisión gubernamental de mantener su posición firme ante las peticiones de los gremios. La suspensión de la procuradora Ana Matilde Gómez –que había sido nombrada durante el gobierno anterior para un periodo de diez años– por una supuesta orden ilegal de escuchas telefónicas a un fiscal acusado de soborno, fue un caso que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre acusaciones de injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. Los intentos del Ejecutivo por tomar el camino corto, sin consensuar políticas ni proyectos, han generado un clima poco propicio para el desarrollo democrático y han generado una situación de anormalidad democrática que castiga en esta dimensión al país. La puesta de los órganos de control en manos de aliados políticos incrementan el riesgo de poderes ilimitados para el presidente, que muestra una clara estrategia de confrontación y neutralización de opositores, tras la reapertura de varios procesos judiciales que ya estaban sobreseídos y con los cuales el gobierno parecería querer enfrentar a sus enemigos políticos.
 • En la Dimensión IV, que mide el Poder Efectivo para Gobernar de la democracia panameña, en su Subdimensión Social, se registra un retroceso que, por primera vez en la serie del IDD-Lat (Gráfico 3.64) lleva al país a ubicarse por debajo del promedio regional, a pesar de que algunos indicadores han tenido leves incrementos, como son los casos de las variables que miden Mortalidad Infantil, Pobreza, Matriculación Secundaria y Gasto en Educación, aunque no alcanzan a compensar las mejoras logradas en la materia por otros países de la región. El resto de los indicadores se mantuvo estable. El deterioro en la puntuación de la subdimensión hizo que empeore su lugar en el ranking regional, cayendo un escalón y ubicándose en el 8° lugar. Entre las medidas sociales destacan la entrega de una pensión no contributiva de 100 dólares a las personas mayores de setenta años y la reforma del sistema de salud. Cuando asumió el gobierno, el sistema de salud del Seguro Social era una de las entidades que se encontraba en un verdadero caos, hasta el punto que los asegurados pasaban un verdadero calvario a la espera de citas médicas que se prolongaban de cinco a seis meses. El Poder Ejecutivo inició una reforma a fondo con algunos avances que se dejaron notar. Una de las soluciones puesta en marcha por el presidente, ante la falta de médicos especialistas en el seguro y en los hospitales nacionales, pese a la oposición de los gremios médicos locales, fue contratar especialistas extranjeros para suplir esta necesidad. Aunque las inversiones inmobiliarias superaron los 1,000 millones de dólares, las familias con vivienda disminuyeron en 2010. La inversión especulativa de nacionales y extranjeros en viviendas de alto costo siguió alimentando un sistema constructivo orientado a los sectores de mayores ingresos, ya que el estado no ha realizado inversiones significativas en la construcción de viviendas para sectores de bajos ingresos.
• En Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Eficiencia Económica, el índice obtenido es superior al del año anterior y alcanza casi el mismo nivel del mejor registro de la serie, obtenido en el año 2004 (Gráfico 3.65). El avance es fruto de mejores resultados en los indicadores de puntaje en el Índice de Libertad Económica, PIB per cápita e Inversión, que compensaron los peores desempeños en las variables de Brecha de Ingreso y de Endeudamiento. Fruto del mejor puntaje obtenido, se posiciona en un mejor lugar en comparación con el año anterior, pasando del 10° al 8°. Como en los dos años anteriores, continúa superando el promedio regional. A tono con el importante crecimiento y atento al “Investment Grade” alcanzado por el país, el gobierno hizo ajustes importantes para reforzar las finanzas públicas y tomó acciones muy significativas para sacar a Panamá de la lista gris de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Todo ello reforzó mejores perspectivas para la inversión en la economía panameña. En 2010, el crecimiento estuvo impulsado  principalmente por la actividad interna, continuando la tendencia de tasas de crecimiento elevadas que han caracterizado al país en los últimos años y que fue interrumpida momentáneamente en 2009, año que finalizó con una tasa de crecimiento de 2,4%, debido a la crisis financiera internacional. La desocupación alcanzó 6,5%, lo que representaba una ligera reducción de 0,1 puntos porcentuales respecto del año previo.
El país tuvo, en el primer año y medio de gobierno de Ricardo Martinelli, un recorrido entre el crecimiento de la economía y el vaivén de una política socioeconómica poco clara por parte del Ejecutivo. No hubo impuestos nuevos, pero a cambio existió una tendencia a aumentar la contratación directa desde el Estado para generar empleo y obra pública. El plan maestro contemplaba inversiones en infraestructura –construcción de escuelas, hospitales, viviendas, acueductos y alcantarillados, un metro capitalino, carreteras y aeropuertos, entre otros– por el orden de 13,600 millones de dólares en el quinquenio de Martinelli. A estos monto se agregan, además, los 5,200 millones de dólares que se invertirán en la ampliación del Canal de Panamá, obra que dará trabajo a unos 8 mil obreros y profesionales. A pesar de los daños provocados por el clima en 2010, la contratación masiva en proyectos de gobierno compensó, a nivel nacional, la cesantía del sector agrícola, donde se perdieron al menos 120 mil puestos de trabajo. Al final, el desempleo registró la leve disminución apuntada, evidenciando que los esfuerzos del gobierno lograron paliar los efectos de los empleos perdidos. El esfuerzo de convertir al Estado en empleador en tiempo de crisis posibilitaba alcanzar la meta del Plan Estratégico para la Economía y Agricultura de Panamá, elaborado por el equipo gubernamental, y sostener el ritmo de crecimiento económico proyectado.
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