IDD-Lat 2011

Nicaragua retrocede con respecto a 2010 en más de 3% en su desarrollo democrático. Por tercera vez, en el periodo de medición cae por debajo de los 3,000 puntos, aunque no llega a igualar su peor comportamiento, registrado en el IDD -Lat de 2007 (Gráfico 3.56). La tendencia levemente negativa se evidencia en el comportamiento de la Dimensión III , que mide la Democracia de las Instituciones, y de la Subdimensión Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Eficiencia Económica. Mejoran los resultados de la Dimensión II –que supera mínimamente el puntaje del 2010– y la Subdimensión Social.

Forma parte del grupo de países con mínimo desarrollo democrático. Su peor desempeño se expresa también en el ranking regional, donde cae un peldaño con respecto al año anterior, pasando del lugar 14° al 15°. La oposición al presidente Daniel Ortega prosiguió denunciando las maniobras de todo tipo que realizaría el mandatario para propiciar su reelección en las futuras elecciones de 2011, aprovechando incluso un litigio fronterizo con Costa Rica para apuntalar su popularidad de cara a ese objetivo, según la denuncia opositora. Ortega se convirtió en el mandatario con mayores poderes desde la transición de 1990, gracias a una forma de gestión que sólo respeta las leyes y la Constitución cuando ello no afecta sus intereses políticos. Controló los poderes del Estado, reforzó su poder con tres leyes de carácter militar y gobernó prácticamente sin molestias de la oposición que se encontraba acorralada por el “zancudismo”viii y la división. El “zancudismo” no se limitó a la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), principal fuerza opositora. Legisladores del Partido Liberal Constitucionalista (PLC ) también se mostraron dispuestos a favorecer leyes que interesaban al oficialismo. En realidad, fueron los diputados de este último quienes dictaminaron, casi sin cambios, tres iniciativas de ley relacionadas con la seguridad y la defensa del país y que, según analistas, daban mayor poder al ejército y tendían a militarizar el Estado. Respaldaron, además, la aprobación de las iniciativas, que fueron pasadas en el Plenario superando los sesenta votos favorables, reforzando la percepción del pacto entre Daniel Ortega y el ex presidente Arnoldo Alemán. 

La Corte Suprema de Justicia (CS J), integrada por magistrados de facto, cumplió en octubre el anhelo reeleccionista del presidente Daniel Ortega. Reunidos de forma irregular, cinco magistrados sandinistas, incluyendo a los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra, con el apoyo de los jueces sustitutos, aprobaron la sentencia que ratificaba la inaplicabilidad del artículo 147 de la Constitución política, que prohíbe la reelección de Ortega. El fallo logró ser firmado mediante la reunión de jueces convocados para sustituir a los magistrados liberales que se habían negado a constituir Corte Plena. La sentencia legitimaba la pretensión reeleccionista, principalmente ante la comunidad internacional, que ha criticado duramente la gestión del mandatario y congeló o canceló parte de la ayuda que entrega al gobierno. 

• En relación con la Dimensión II, que mide el comportamiento de la Democracia de los Ciudadanos, ha habido un leve incremento, aunque continúa sin alcanzar el nivel del promedio regional. Nicaragua ha tenido en todos los años de la medición un comportamiento relativamente estable entre los 4,000 y los 5,000 puntos (Gráfico 3.57). Esta leve variación positiva no le alcanza para modificar su lugar en el ranking regional, donde se mantiene 9º. El resultado final de la dimensión es producto del avance en la puntuación del indicador de Género. El resto de los indicadores se mantuvo estable en niveles muy pobres. Recordemos que el país recibe la peor puntuación tanto en el Índice de Libertades Civiles como en el de Derechos Políticos, y el de Inseguridad tuvo una leve caída. Nicaragua, a pesar de tener una de las tasas delictivas más bajas de Centroamérica, solamente un poco mayor que la de Costa Rica, presenta en sus tasas de homicidios y percepción de inseguridad, una tendencia creciente. No obstante continúa presentando una ventaja comparativa evidente en la materia respecto de sus vecinos de Guatemala, Honduras y El Salvador en lo relativo a la seguridad ciudadana. Su inseguridad ha estado históricamente ligada principalmente a factores políticos y sociales y no propiamente delictivos. Han muerto entre 2006 y 2010, en promedio unas 1,300 personas cada año, de las cuales el 58% por homicidios y el restante por accidentes de tránsito.

La tasa de homicidios subió de 13 a 14 por 100 mil habitantes. Desde un punto de vista estrictamente relacionado con el desarrollo democrático resulta interesante analizar que la tasa de denuncias por delitos y faltas penales por cada 100 mil habitantes, de conformidad con los registros policiales, pone en evidencia la relación existente entre el incremento de la inseguridad ciudadana objetiva y los años en que se disputan elecciones. Ello se verifica en las últimas tres elecciones generales efectuadas en la historia política nacional: 1996, 2001 y 2006. La variación anual se incrementa más durante los años electorales y algunas veces también se prolonga en los postelectorales, como ocurrió en 1997 y 2007. Durante 2010, la Conferencia Episcopal de Nicaragua criticó al gobierno de Daniel Ortega, sin mencionarlo, al denunciar el uso de la “ley” y el “derecho” para legitimar, de “modo artificioso”, las estructuras de poder y las ambiciones personales. Los obispos observaron que el momento que vive el país “se vuelve aún más complejo dado que los grupos y partidos existentes no logran interpretar los anhelos de gran parte de la población y colaborar constructiva y responsablemente en la dinámica de la democracia”. 

El incidente internacional más importante del año derivó del enfrentamiento entre Costa Rica y Nicaragua surgido el 21 de octubre de 2010, cuando el primero denunció al segundo por el vertido de los sedimentos de un dragado que realiza en el río San Juan en su territorio –algo que el gobierno de Daniel Ortega negaba– y por haber “invadido con militares” un sector de Isla Calero que consideraba suyo. Nicaragua sostenía que los militares se encontraban en territorio soberano y que realizaban operaciones para combatir el narcotráfico. Tras una infructuosa intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA ), el conflicto llegó a la Corte Internacional de Justicia, por la denuncia efectuada durante el mes de noviembre, donde aguardaba tratamiento y resolución a fines de ese año. En medio de las maniobras de Ortega, para aspirar a la reelección y el conflicto con Costa Rica, una fragmentada oposición buscaba unidad para derrotar a los sandinistas en las próximas elecciones de 2011. El grupo que encabezaba Azahálea Solís apoyaba al empresario radial Fabio Gadea Mantilla, diputado ante el Parlamento Centroamericano por el PLC. Gadea estuvo recorriendo Nicaragua impulsando su candidatura presidencial pese a que el ex gobernante Arnoldo Alemán, su consuegro, también aspiraba a la presidencia por el mismo partido. Diversos sectores políticos consideraban que si la oposición se presenta dividida en los próximos comicios, facilitará el triunfo del oficialismo sandinista. 

• La variación de la Dimensión III que evalúa la Democracia de las Instituciones ha sido levemente negativa y alcanza el peor valor de la serie 2002-2011 (Gráfico 3.58). El retroceso en esta dimensión se debe al castigo recibido por el factor de Anormalidad Democrática, debido a la crisis institucional que sufrió el país durante el 2010. Al interior de esta dimensión del desarrollo democrático, se observa que los indicadores de Participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo y el de Accountability tuvieron una mejora, mientras que el Índice de Percepción de la Corrupción presenta peores resultados que en el periodo anterior. El resto de las variables consideradas se mantuvo estable. Nicaragua obtuvo el 14° lugar, manteniendo su ubicación con respecto al ranking 2010. Continúa por debajo del promedio de la región y lejos de la mejor puntuación que había obtenido en el IDD -Lat 2003. 

El país permanece con una baja calificación en calidad institucional y eficiencia política como producto de la situación estructural de su funcionamiento democrático y por las acciones del gobierno, que batalla por crear las condiciones legales más cuestionables para que el presidente Daniel Ortega consiguiera optar a la reelección en 2010. En ese proceso, la democracia nicaragüense deterioró la independencia de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral. El oficialismo llegó al extremo de recurrir al uso de turbas callejeras para amedrentar a los pocos opositores que lo enfrentaban. El presidente manejó los hilos de una intrincada situación política a la que la oposición no pudo o no supo hacer frente. El decreto 3-2010 fue un duro golpe para ellos, que ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo al interior de la Asamblea Nacional y derogarlo. La Corte Suprema de Justicia fue la pieza clave de Daniel Ortega, convirtiéndola en una importante arma política a su favor. Los magistrados de tendencia sandinista, Rafael Solís y Armengol Cuadra, a quienes se les había vencido su periodo constitucional, se refugiaron en el decretazo de Ortega y más tarde en la disposición constitucional “revivida” por el oficialismo: el segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución.

Los magistrados liberales se negaron a conformar Corte Plena para elegir a las nuevas autoridades de la CSJ, al magistrado liberal Manuel Martínez, al terminarse su periodo como presidente. Como ya se dijo, los sandinistas acudieron a jueces sustitutos para lograr los fallos que necesitaba de la CS J. Los magistrados sandinistas aprobaron la posibilidad de reelección de Daniel Ortega, garantizaron el control del sistema judicial y legitimaron el “decretazo”. Una vez resueltos favorablemente esos fallos controvertidos, los liberales regresaron por sus prestaciones a la sede de la Corte Suprema, que se mantenía como un órgano administrado por magistrados de facto. La sentencia se convirtió en la carta segura del FSLN, dado que el oficialismo no pudo conseguir, a lo largo del año, la ansiada reforma constitucional que legitimaría totalmente la reelección. El “decretazo” fue rechazado por los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional. Pero los diputados sandinistas mantuvieron la defensa del decreto y fue el propio presidente de la Asamblea Nacional quien se sacó de la manga una vieja disposición constitucional con la que, según él, se legitimaba la permanencia de los funcionarios hasta que el Parlamento nombrara a nuevos o renovara a los actuales. 

Se trataba del segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución Política de 1987, que forma parte de las Disposiciones finales y transitorias de la Carta Magna. La disposición facultaba a los magistrados de la Corte, del Consejo Supremo Electoral (CSE ), y funcionarios de otras instituciones a permanecer en su cargo hasta que se nombraran a sus sucesores. Amparados en el controvertido decreto 3-2010, una veintena de funcionarios públicos decidieron mantenerse en sus cargos violando la Constitución. De esta forma, el presidente Daniel Ortega pasó por encima de las leyes del país para garantizar su dominio sobre los poderes del Estado y obligar a la oposición a negociar bajo sus condiciones. El FSLN no pudo lograr, ni con el apoyo de sus aliados en la Asamblea Nacional, los votos necesarios para reformar la Constitución. Ése fue, en alguna medida, el único triunfo de la oposición en 2010. El oficialista FSLN dominó la mayoría de las alcaldías del país a través de la destitución irregular de cuatro alcaldes y una decena de vicealcaldes y concejales que habían sido electos por voto popular. La destitución más sonada se registró en Boaco, en el centro del país, cuando por una irregular destitución votada por el Concejo de ese municipio, el alcalde Hugo Barquero fue obligado a dejar su puesto. El edil se negó a convertirse en el cuarto alcalde del país echado sin motivos legales, y atrincherado en su despacho de la alcaldía, Barquero se convirtió en un símbolo de la resistencia frente a un Ejecutivo dispuesto a avasallar todos los espacios de poder. Los incidentes de Boaco despertaron un sentimiento nacional de unidad contra estas destituciones ilegales. Los vecinos de la llamada “ciudad de dos pisos” marcharon por la restitución de su alcalde, en una muestra de fuerza contra el proyecto hegemónico del presidente. 

• En la Subdimensión Social su desempeño ha sido mejor que el de 2010 (Gráfico 3.59), y el avance ha sido motorizado por una leve mejoría en Mortalidad Infantil y más fuerte en Matriculación Secundaria y Gasto en Educación. El único indicador que retrocede es el Desempleo. El resto de los indicadores se mantiene sin variaciones, lo cual no es un dato positivo, ya que los niveles que alcanza el país en estas variables no son las óptimas. Nicaragua sube tres peldaños en el ranking, pasando del 15° al 12°; aún permanece por debajo del promedio de la región. El fracaso más contundente del gobierno fue la creación de empleos, que es un problema crucial para la sociedad nicaragüense, tanto en porcentajes como en números absolutos. Los desocupados y subocupados en 2010 eran más que cuando Ortega entró al gobierno. El panorama negativo se complementa con la inflación que también derrotó los bolsillos de los trabajadores. Conforme las cifras del gobierno, la canasta básica tenía un costo de 9,345 córdobas, a partir de diciembre de 2010 se elevó en más de 15%. El gobierno intensificó sus programas sociales para mitigar los efectos económicos de la crisis. El programa estatal “Hambre Cero”, la entrega de microcréditos, de viviendas sociales y de un bono campesino a 70 mil mujeres, contribuyeron a la disminución de la pobreza extrema. Más de 300 mil familias recibieron el apoyo de los proyectos sociales en microcrédito, viviendas sociales, láminas de zinc y titulación de propiedades en barrios urbanos y en la zona rural. De todas formas, Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica. Tuvo este año 250 mil nuevos pobres debido a las diversas situaciones económicas que afectaron a los ciudadanos, especialmente a las mujeres del campo y de la ciudad, e integra el grupo de los quince países del planeta que tiene mayor nivel de inseguridad alimentaria. 

El desempleo encubierto y el subempleo, que alc anza cifras de 74,4%, de los cuales el 34,1% son hombres y el 40,3% mujeres, son verdaderos flagelos sociales que extienden la pobreza y el atraso. Según un estudio del Centro de Investigación y Asesoría Socioeconómica (CINASE ), la crisis económica y el desempleo son los principales problemas que agobian a los nicaragüenses, pero la misma encuesta revelaba que Daniel Ortega sería reelecto presidente si las elecciones fueran en ese momento. El 47,5% de los nicaragüenses opinó que el desempleo, registrado oficialmente en un 9,2% hasta abril de 2010, era el principal problema que afrontaba el país, seguido de la crisis económica. Los resultados del estudio indicaban que 47,5% de los encuestados creía que el desempleo era la principal preocupación nacional, seguido de la crisis económica con un 20,3% de las opiniones. La crisis política, que ese año había afectado el funcionamiento de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, se encontraba en el tercer puesto, con un 7%, seguido por la pobreza (6,9%) y el alza de precios de los servicios públicos (3,7%), que ese año había sufrido ajustes, principalmente en la tarifa de energía eléctrica. 

• En Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Eficiencia Económica, Nicaragua retrocede respecto a los valores del año anterior e iguala su peor comportamiento registrado en 2002 y 2004 (Gráfico 3.60). Esto se debe a un incremento del nivel de endeudamiento de la economía, con una simultánea caída del indicador de Inversión y una ampliación de la Brecha de Ingreso que mide la Capacidad Distributiva de la Economía. Por otro lado, se produjeron ascensos tanto en el Índice de Libertad Económica como en el del PIB per cápita, que no compensan el impacto negativo de los indicadores que afectan el desarrollo de la economía. Su índice está muy por debajo del promedio regional y ocupa el 17° lugar del ranking, perdiendo un lugar con respecto a 2009 y superando solamente a Bolivia, que es el país de peor comportamiento en esta subdimensión. A finales de octubre, en una sesión parlamentaria de urgencia convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, a petición de Ortega, a causa de la emergencia desatada por las intensas lluvias que anegaron amplias zonas del país, los diputados de ALN aprobaron la reforma presupuestaria que incluía un aumento de mil 207 millones de córdobas de las recaudaciones para supuestamente atender esa emergencia.

El FSLN logró cincuenta y dos votos, incluyendo los de ALN. En cuanto a la inflación, Nicaragua cerró 2010 con una tasa de 9,23%, impulsada por un incremento en el precio de granos básicos como el frijol. Aunque comparado con la evolución del resto de América Latina ha sido un magro crecimiento. El crecimiento de casi 30% en el rubro exportador, se debió, fundamentalmente, al desempeño de cinco rubros que sobrepasaron los 100 millones de dólares de facturación (carne, café y lácteos, con el añadido del oro y el azúcar). El año anterior sólo los tres primeros rubros de la lista habían superado esa meta. El sector ganadero se benefició de los convenios con Venezuela, país al que destinó 43% de su producción exportable, recibiendo a cambio 127 millones de dólares. Estados Unidos con 76 millones y El Salvador con 43 millones de dólares, cierran el grupo de los tres grandes mercados del sector.