 México ha empeorado este año su puntaje del Índice de Desarrollo Democrático en 9,7%, alejándose aún más del mejor valor de la serie, obtenido en 2003 (Gráfico 3.51). Forma parte del grupo de países con desarrollo democrático medio. Pese a su caída, con base en el comportamiento de los otros países de la región, mantiene su ubicación en el ranking, el 7° lugar, y continúa integrando el selecto grupo de países que está por encima del promedio regional. El comportamiento de las dimensiones ha sido parejo, aunque todas ellas lo han tenido peor. El país se encuentra inmerso en una anticipada carrera presidencial en la que el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país por más de setenta y un años hasta el 2000, encabeza las principales encuestas que miden la intención de voto de cara a las elecciones de julio de 2012.
El gobierno del presidente Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN ), cumplió cuatro años de haber lanzado una ofensiva frontal contra los cárteles de las drogas, con el involucramiento de decenas de miles de militares y policías federales, en una guerra que ha dejado más de 33 mil muertos desde diciembre de 2006. La violenta respuesta de los cárteles que, al mismo tiempo pelean a muerte con sus rivales por las rutas hacia Estados Unidos, ha generado un clima de violencia que alcanza a muchas víctimas inocentes, entre ellos niños. Esa situación ha restado apoyo popular a la guerra contra el narcotráfico, en medio de preocupaciones sobre hasta dónde llegarán los crímenes. El alto grado de violencia es un factor que golpea fuertemente a la democracia mexicana y, desde un punto de vista electoral, al oficialismo. A ello se suma que, tras la crisis de 2009, el país no ha podido recuperar plenamente su mayor fortaleza de los últimos años: su desarrollo económico y su incipiente “derrame social” que le permitían compensar otras carencias.
 • El valor alcanzado en la Dimensión de Derechos y Libertades, que mide la Democracia de los Ciudadanos ha sido más bajo que el obtenido en 2010, y se ubica muy cerca del peor valor de la serie obtenido en 2005 (Gráfico 3.52). México ocupa el 14° lugar en el ordenamiento regional de este año, descendiendo cuatro escalones con respecto al año anterior. Este retroceso es producto principalmente de una fuerte caída en los indicadores que miden el Respeto de las Libertades Civiles y los Derechos Políticos, sumado a los magros resultados en mejorar los valores de los indicadores de inseguridad y género. Se desarrollaron procesos elector ale s par a r enovar el Poder Ejecutivo de las entidades federativas de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Excepto Oaxaca, Puebla y Sinaloa, estados en que el PAN compitió en alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD ) y otros institutos políticos, las nueve gubernaturas restantes fueron ganadas por el PRI . Pese a la apariencia de un buen resultado para el principal partido opositor, en el balance de lo ganado y lo perdido, el PRI dejó de gobernar a 7,997,081 personas, que generarían 2,964,631 votos potenciales para la elección presidencial, y dejó de ejercer recursos públicos federales por 60,339 millones de pesos.
Las alianzas electorales del PAN con los partidos de izquierda fueron, hasta ese momento, un éxito, quizás debido a que sus integrantes se enriquecieron de las divisiones del PRI; así lo demostró tanto el ingreso de candidatos priístas en listas del PAN, como los resultados de la votación. El clima de limitación de derechos y libertades que la confrontación al narco establece es muy alto en el país y condiciona fuertemente su desarrollo democrático. El hecho de que se registraran alrededor de 10 mil muertos de enero a octubre de 2010, en el marco de la guerra “entre” cárteles y “contra” el “narco”, nos habla claramente de esta situación. El mes de octubre terminó como el más sangriento del año. El hallazgo de la narcofosa y los dieciocho cuerpos en Tuncingo, zona rural del puerto de Acapulco, no fue sólo una macabra anécdota más en la lista de muertos de ese año. El diario Reforma tituló “Van (hasta ayer) 10,000 ejecutados”, cuidándose mucho de matizar “hasta ayer” para que nuevas matanzas no desactualizaran su titular de portada. Y es que desde que el presidente Felipe Calderón llegó al poder no ha habido un día de descanso. El “ejecutómetro” de este diario señala que van 24,197 muertes violentas desde diciembre de 2006. El recuento compara las 6,587 víctimas de 2009 con las 5,207 de 2008 y las 2,275 de 2007.
El estado más sangriento fue Chihuahua, con 2,797 víctimas mortales desde enero, la mayoría en Ciudad Juárez (un tercio de las ejecuciones en el país), seguido por Sinaloa. Sólo uno de los treinta dos estados, Yucatán, se libró este año de las “ejecuciones”. De las 10 mil muertes, 798 cuerpos fueron torturados y 326 decapitados. De acuerdo con las encuestas, la percepción de inseguridad pública en el país se corresponde con ese clima de violencia y es muy alta. Por ejemplo, Consulta Mitofsky reportó que cerca de ocho de cada diez entrevistados en octubre de 2010 consideraron que la seguridad en ese momento era peor a la que se vivía un año antes. Esta cifra es superior a la que se observaba en agosto de 2009 cuando cerca de siete de cada diez encuestados (68,4%) percibía un deterioro de la seguridad con respecto al año previo. Asimismo, Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA) encontró que para el último trimestre de 2010 cerca de ocho de cada diez personas (76%) opinaron que la inseguridad entonces era mayor a la que se vivía seis meses antes. Estas cifras también son más elevadas que las registradas durante el último trimestre de 2009 cuando siete de cada diez personas (72%) tenían esta percepción. La información recogida por ambas encuestas sugiere que la gran mayoría de las personas entrevistadas, que en conjunto son muestras representativas de la población nacional, percibieron un aumento en la inseguridad entre 2009 y 2010.
Sin embargo, las cifras relativas a las denuncias registradas ante las agencias estatales del Ministerio Público que repor ta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, mostraban que el número total de delitos denunciados con respecto a los de 2009 no parecía haber aumentado mucho (pasaron de 1,665,792 en 2009 a 1,667,381 en 2010). Si el total de delitos per se no nos ayuda a desarrollar una explicación de la creciente percepción de inseguridad, tal vez el comportamiento de algunos tipos de delito sí pueda hacerlo (sobre todo el comportamiento de aquellos de mayor impacto social), como es el ejemplo del número de homicidios dolosos denunciados ante las agencias del Ministerio Público, que hasta 2007 se había registrado una tendencia descendente que se revierte a partir de dicho año y que en 2010 incluso rebasa los altos niveles que se habían observado en 1997. Hace poco más de cinco décadas que se reconoció en el país el derecho de las mujeres a participar en la vida política (1953), mediante el sufragio para elegir a sus gobernantes y para contender por un cargo de elección popular. Esta tardía inclusión de las mujeres para ejercer sus derechos políticos, muestra grandes disparidades, por un lado ha limitado su presencia en los espacios de poder como candidatas a puestos de elección popular, o como integrantes del Poder Legislativo o de los gobiernos estatales y municipales. Por el otro, se observa un gran avance en el ejercicio de su derecho a votar y participan cada vez más que los hombres en los actos electorales como funcionarias de casilla.
En los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante por evidenciar el aporte femenino y demostrar su capacidad de liderazgo social. Sin embargo, los estereotipos tradicionales que definen lo femenino y lo masculino, refuerzan la posición de que las decisiones políticas son predominantemente una tarea de hombres. Garantizar a la mujer igualdad en el acceso y plena participación en las estructuras de poder, así como incentivar su inserción en la toma de decisiones en los ámbitos familiar, laboral, vecinal, social y en los puestos directivos, constituyen aspectos esenciales para lograr una democracia ciudadana. A pesar de que ha aumentado la presencia de las mujeres en los puestos de elección popular y en los mandos medios y superiores de los sectores público y privado, es una realidad que su participación en estos campos es aún escasa y limitada; comparativamente es más modesta que la observada en otras esferas como en el trabajo remunerado, en la educación superior y en las diversas profesiones, entre otras. Según el Instituto Nacional de las Mujeres, del Gobierno Federal, en las elecciones de julio de 2010, de los quince estados en donde se renovaron congresos locales, se compitió por 321 curules por elección de Mayoría Relativa (voto directo), de los cuales 263 los ocuparán hombres y 58 mujeres. Esto es: el 82% serán diputados y 18% diputadas locales. El porcentaje coloca a México, nuevamente, lejos de una aspiración de cumplimiento de cuotas que garanticen la participación política de las mujeres en los congresos locales y más lejos aún de un escenario de paridad. No logra un porcentaje superior a 30% en ningún escaño político. Solamente en Oaxaca y Tamaulipas se logró el 32% de representación en diputaciones locales.
 • El valor obtenido en Calidad Institucional y Eficiencia Política ha decrecido nuevamente (Gráfico 3.53), casi hasta igualar el peor valor de la serie, que México había obtenido en 2007. Este comportamiento se explica por las caídas en los indicadores de Percepción de la Corrupción y en Accountability, tanto en lo legal como en lo social. El resto de los indicadores se mantuvo estable evidenciando los magros resultados obtenidos en mejorar los niveles de estas variables, fundamentalmente la de desestabilización. A raíz del leve descenso, el país sufre la pérdida de un lugar en el ranking regional, pasando del 7° al 8° lugar. Durante la inauguración del VI Congreso Internacional de Derecho Electoral y Democracia, realizado en el Centro de Convenciones de Morelia, Michoacán, el coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en México, Magdy Martínez-Solimán, dijo que la calidad de la democracia y de los gobernantes es un tema pendiente del sistema político electoral mexicano, pues la ciudadanía no se siente representada y desconfía de ellos. De acuerdo con el funcionario, el país ha avanzado en fiscalización de recursos y fortalecimiento de instituciones electorales, pero se ha desatendido la desigualdad en que se dan las campañas electorales, la cual genera discrepancia en las contiendas. Señaló que otro reto es el uso de métodos electrónicos de votación, ante la desigualdad social que padece la población no sólo de México, sino del mundo.
A su vez, el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2010, estudio que realiza año tras año la organización Transparencia Internacional, destaca que México sigue a la baja, incluso fue calificado como uno de los países con peor índice de corrupción, esto tras recibir una calificación de 3.1, mientras que Chile recibió una de 7.2. El que México haya caído del sitio 51 al 89 en el ranking internacional, no es sorpresa, pues la violencia, asesinatos, secuestros, etc., que se han incrementado durante la última década en porcentajes alarmantes, van de la mano del aumento de actos de corrupción, es decir, policías asociados con criminales, tráfico de armas, delincuencia impune, etc. La Secretaría de la Función Pública, a través de un comunicado luego de que México bajara su calificación en el IC P 2010, aseguró que la corrupción en el país es “un problema grave”. El organismo también informó que en los últimos dos años habían sido detenidas más de mil personas por presuntos actos de corrupción. Las medidas que la dependencia había tomado para reducir la corrupción le habían ahorrado al gobierno 8 mil millones de pesos en contrataciones públicas. Entre esas medidas, la secretaría mencionó la eliminación de 1,600 trámites y 14 mil normas internas del gobierno, la regulación de contrataciones públicas y la simplificación de trámites fiscales y de comercio exterior. México es el país de América más peligroso para la prensa, según la ONU, cuyo relator para la libertad de expresión contabilizó en la última década sesenta y seis periodistas asesinados y doce desaparecidos. Según el coordinador para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, Carlos Lauría, los ataques a periodistas, que han tenido como consecuencia una autocensura en los medios “cada vez mayor”, hace que en “vastas regiones” del país los reporteros dejen de cubrir noticias criminales.
Esto provoca una verdadera “crisis nacional” que “está afectando el derecho humano básico de los mexicanos garantizado en la Constitución, que es la libertad de expresión y el acceso a la información. La impunidad es casi una garantía en la mayoría de los casos de asesinatos de periodistas, supera el 85%”, dijo Lauría. “La estabilidad política va a depender de la capacidad que tenga la prensa para poder trabajar en libertad”, agregó. A su vez, la relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, pidió al gobierno de Felipe Calderón agilizar la puesta en funcionamiento de un sistema de protección de periodistas y trasladar a la justicia federal, que cuenta con mayor protección y recursos que la estatal, los casos de violencia contra reporteros. Según el Informe 2010 de la CIDH: durante el año se registraron y documentaron un total de 155 agresiones contra periodistas, trabajadores e instalaciones de los medios de comunicación que son violaciones a la libertad de expresión. Si bien el total de las agresiones es menor al del año anterior (244), el grado de violencia no ha disminuido significativamente, mientras que en 2009 se confirmaron once casos de asesinatos a periodistas, en 2010 se confirmaron ocho así como una desaparición. Durante ese año también se dio el secuestro de seis periodistas. Por otra parte, nueve comunicadores y comunicadoras han tenido que recurrir al exilio para salvaguardar su integridad física. La mayoría de las agresiones se concentraron en siete estados de la República, que son los que atraviesan por “un estado generalizado de violencia: Guerrero, Michoacán, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa”. Siguen estando pendientes: el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, para que los casos sean investigados apropiadamente; legislar en materia de federalización de delitos cometidos contra periodistas y agresiones a la libertad de expresión, y el cumplimiento de las recomendaciones que organismos internacionales de derechos humanos le han hecho al Estado mexicano en la materia, como la creación de un mecanismo gubernamental para atender casos de agresiones contra periodistas ante la urgencia de la situación. Aún queda mucho por hacer en materia de libertad de expresión en el país.
 • En la Dimensión IV, Poder Efectivo para Gobernar, las dos subdimensiones que la componen tuvieron similares comportamientos. El subíndice social presenta una caída leve, consecuencia también de la pérdida de la pujanza económica que estancó el desarrollo; igualmente, México se mantiene en el 6° lugar del ranking regional (Gráfico 3.54). El valor alcanzado este año es el peor de la serie; en tanto, el mejor fue el obtenido en 2007. La baja del país en esta subdimensión se debe a la mejora relativa de otros países y no a peores resultados en los indicadores mexicanos, inclusive algunos de ellos han tenido un leve comportamiento positivo, como son los casos de Mortalidad Infantil, Desempleo y Matriculación Secundaria; el resto se ha mantenido estable. Su puntuación sigue superior al promedio latinoamericano. De acuerdo con el informe Panorama Social de América Latina 2010 elaborado por la CE PAL , las políticas públicas aplicadas por el gobierno de Felipe Calderón, evitaron un impacto mayor de la crisis internacional en la situación social del país, debido a la puesta en marcha de prácticas innovadoras y de vanguardia que protegieron a las familias de mayor vulnerabilidad. Si bien hubo un incremento en la incidencia de la pobreza en 2009, por los efectos de la crisis, el Banco Mundial reportó una reversión de esa tendencia en México, a partir de 2010; destaca los otorgados mediante el programa Oportunidades y otras estrategias implementadas. A su vez, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconoce la estrategia del gobierno federal “Vivir Mejor” como una de las mejores prácticas de protección social a nivel mundial. Dicha estrategia, además de combatir la pobreza y la desigualdad, a través del desarrollo de capacidades básicas de la población, brinda una red de protección, mejora el entorno y fortalece la vinculación entre los ámbitos social y económico.
Por otro lado, un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Monterrey destaca el crecimiento de la informalidad en la economía de los sectores de menores ingresos. Según ese estudio, en 2010 la cantidad de mexicanos que realizan actividades informales rebasó los 12,8 millones de personas que, en comparación con el segundo trimestre de 2009, representaban 5,4% más que el año anterior. Entre otros datos referidos a la situación de los sectores más débiles de la sociedad, el informe señala que casi 4 millones de mexicanos no perciben ingresos y 28,8 millones de habitantes no cuentan con servicios de salud. La inversión en educación y salud para los niños y adolescentes mexicanos ha tenido resultados pobres. Aunque México invierte el 6% del PIB, para atender las necesidades educativas y sanitarias, es de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE ) con el peor desempeño en pruebas de matemáticas y lectura, y donde más niños mueren al nacer, según el informe Inversión Pública en la Infancia y la Adolescencia en México 2007-2010, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reveló que ocho de cada diez pesos del gasto para este sector de la población están destinados a la salud y la educación. Así lo demuestra el documento Haciendo lo mejor para los niños, de la OCDE . El informe elaborado a principios de 2010 señala que México es el segundo país con el mayor índice de pobreza infantil en la OCDE, sólo detrás de Turquía.
En la región, en cambio, se ubica cerca del promedio regional y ocupa el 9° lugar entre dieciocho países. La tasa de mortalidad infantil es tres veces mayor al promedio de los países de la OCDE . En cambio en relación con Latinoamérica se ubica levemente por encima del promedio. Este panorama comparativo entre los países de la OCDE , que integra a los más desarrollados, es muy duro para México. Otra cosa sucede en la comparación con el resto de América Latina. De hecho, para la CE PAL , México tiene un gasto social, que llega a 800 dólares por habitante, una de las cifras más altas de América Latina, aunque más baja que las que destinan al sector Argentina, Uruguay, Cuba, Brasil y Costa Rica, que son precisamente los únicos países que superan a México en su programa de desarrollo social. El organismo regional recomendó al país evitar sacrificar el gasto social en aras de reducir el déficit público, ya que podría sufrir nuevos incrementos en sus índices de pobreza. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, señaló que el gobierno ha planteado como meta reducir el déficit público al 2,7% del PIB en 2010, y a 2,3% el año siguiente. “Esta meta fiscal está bien, pero debe hacerse sin sacrificar el gasto social”, indicó Bárcena, al destacar que ese tipo de gasto público es imprescindible para combatir la pobreza.
• En la restante subdimensión de la Dimensión IV, que da cuenta de la Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Eficiencia Económica, el país ha empeorado su puntuación, y se aleja del mejor valor de la serie obtenido precisamente antes del estallido de la crisis, cuando México superaba por más de 2,000 puntos el promedio regional (Gráfico 3.55), aunque sigue manteniendo el primer lugar del ranking, lo que indica que su caída acompaña la tendencia regional. La bajas operadas tanto en el indicador de Libertad Económica como en el de Endeudamiento explican el descenso del valor total alcanzado por el país en esta subdimensión. Las variables que han tenido un comportamiento positivo –aunque no logran compensar la tendencia declinante– han sido las correspondientes a: PIB per cápita, Brecha de Ingresos e Inversión. En 2010, el PIB real de México volvió a tener una tendencia positiva después de la contracción operada en 2009. El crecimiento de la economía tuvo como principal fuente de impulso una vigorosa expansión de la demanda externa, que se reflejó en un dinamismo importante de las actividades secundarias (crecieron 6,1%), sobre todo de las manufactureras, con un alza de 10,1% y de las exportaciones de este tipo de productos.
 La minería no petrolera se benefició de las altas cotizaciones en los mercados internacionales. Cabe destacar que en los últimos meses del año se resintió el efecto rezagado de una pérdida de impulso de la demanda externa al moderarse el ritmo de crecimiento de la economía norteamericana en primavera, lo que coincidió con el estallido de la problemática fiscal y de deuda en algunos países de la zona euro. Pese a ello, algunas ramas de la industria manufacturera lograron terminar el año con niveles de producción por arriba de los registrados antes de iniciar la recesión, tal fue el caso de equipo de transporte, maquinaria y equipo y alimentos. La reactivación de las economías emergentes había tenido como consecuencia una mayor demanda de insumos y por tanto una recuperación en los precios internacionales de las materias primas, como el petróleo y los metales, y eso favoreció al país. El incremento de casi un 20% en el petróleo y el repunte del precio de los metales como el cobre y la plata han beneficiado a la economía mexicana. Las cotizaciones internacionales del cobre, la plata y el oro alcanzaron máximos históricos a lo largo del año, con incrementos superiores a 20%, en particular, el precio del oro superó los mil 400 dólares la onza, con un alza en el año de hasta 28%, convirtiéndose en un refugio ideal para los inversionistas, ante las bajas tasas de interés y la creciente volatilidad de los mercados financieros internacionales en 2010. Ese contexto financiero internacional favoreció el flujo de capitales hacia economías emergentes como la mexicana. Hasta el tercer trimestre del año, la entrada de inversión extranjera había sumado 27 mil millones de dólares, uno de los montos más altos de los que se tenga registro. Este flujo de divisas contribuyó a que las reservas internacionales superen los 100 mil millones de dólares, lo que ha fortalecido a la moneda nacional. Después de que la demanda interna (gasto de consumo e inversión) se mostró aletargada durante buena parte de 2010, presentó una recuperación un poco más franca en el último trimestre.
El consumo tuvo un repunte moderado, debido a la caída del salario real, a la debilidad del mercado de trabajo y al aumento de insumos básicos para la economía social, como fueron los incrementos a la gasolina y la tortilla. La inflación promedio anual se ubicó en torno a 4,2% al final del año, lo que representaba una tasa inferior a la de 2009 (5,3%). También se observó una mejora de la tasa de desocupación abierta urbana, que se situó en el 6,6% en el tercer trimestre de 2010, en comparación con el 7,7% alcanzado en el mismo trimestre de 2009. El déficit de la cuenta corriente como porcentaje del PIB registró una leve disminución (un 0,6% en comparación con el 0,7% en 2009) ante el marcado crecimiento de las exportaciones. El déficit fiscal global del sector público, incluida la inversión de Petróleos Mexicanos (PEME X), cerró 2010 en un 2,7%, una cifra mayor a la observada en 2009 (2,3%). Los motores de crecimiento para la economía nacional han sido el sector de servicios, la infraestructura, la vivienda y el financiero. Se registró en 2010 la generación de más de 800 mil empleos; es decir, 730 mil afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), más los afiliados al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE ). A pesar de estos aciertos económicos, México presenta todavía una asignatura pendiente que impacta fuertemente en su desarrollo democrático, y es la desigualdad, que en el IDD -Lat se mide con el indicador Brecha de Ingreso. Según palabras de Paul Krugman, premio Nobel de Economía, durante su conferencia magistral en los Foros de Reflexión organizados en el Estado de México, el principal problema que impide el crecimiento económico en el país es la desigualdad. Señaló que ningún país en el mundo ha tenido una transformación económica tan dramática como México; sin embargo, esto no ha alcanzado para que tenga un desarrollo económico ideal; y en este sentido el principal obstáculo que ha enfrentado es la desigualdad. Según cálculos del Banco Mundial, una décima parte de los mexicanos concentra una riqueza de 439,597,2 millones de dólares (41,3% del ingreso total). Antes de 2006, este selecto grupo acumulaba el 35,4% del ingreso del país. O sea que el ingreso se ha concentrado en pocas manos casi un 6% más. A su vez, el 30% de los hogares con menos ingreso concentra a 37% de los individuos, mientras 30% de los que tienen mayor ingreso integra tan sólo 23% de la población.
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