 Honduras ha mejorado su puntuación final, en más de 27%, aunque continúa siendo un país con bajo desarrollo democrático (Gráfico 3.46). Ha recuperado varias posiciones en el ranking, pasando del último lugar al 14°. Este comportamiento positivo se debe al proceso de inicio de la recuperación de su institucionalidad democrática tras la crisis generada por el desplazamiento violento del ex presidente Manuel Zelaya. El avance más significativo se da, entonces, en la Dimensión de Calidad de las Instituciones y Eficiencia Política, aunque también logra avanzar en la Subdimensión Social. Preocupado por establecer un precario equilibrio político, el gobierno del presidente Porfirio Lobo inició en 2010 su primer año de los cuatro del periodo constitucional obtenido en las elecciones de noviembre de 2009. Acomodar fuerzas, buscar la tranquilidad interna y reinsertar al país en los foros internacionales, luego de los acontecimientos derivados del relevo presidencial en junio de 2009, fueron sus esfuerzos principales.
El ex presidente Zelaya –exilado en República Dominicana– se convirtió en el más notorio factor de desestabilización en el país. Primero, transitando organismos y gobiernos para impedir el reconocimiento del nuevo gobierno por la comunidad internacional; luego, amenazándole permanentemente con convocar a una revuelta popular. El presidente Lobo, obligado a administrar una agenda conflictiva, se ha dedicado a controlar esos factores y, en la ruta, ha entorpecido la gestión pública tornándola más lenta de lo tradicional. Si se suma ese factor a la destrucción ocasionada por los fenómenos climáticos –entre ellos la tormenta Agatha–, se entiende que el año ha sido poco generoso con Honduras en varios aspectos. Pero es en la economía donde más se ha sentido como producto del importante daño a la infraestructura, que impidió avanzar en nuevos desarrollos ante la necesidad de recuperar lo destruido.
 • La Dimensión II, que mide la Democracia de los Ciudadanos en derechos y libertades, desciende 22% con respecto al año anterior y se distancia aún más de su mejor resultado alcanzado en 2003 (Gráfico 3.47). Este descenso es producido por el retroceso general de todos los indicadores de la dimensión. Por ello, Honduras ocupa el penúltimo lugar del ranking, superando solamente a Guatemala, y desciende tres posiciones con respecto al año anterior. El Índice de Democracia de los Ciudadanos sigue estando por debajo del promedio de la región. En este marco de deterioro destacan la baja puntuación recibida en el Índice de Libertades Civiles y de Derechos Políticos y los aún altos niveles de inseguridad que sufre la ciudadanía hondureña. De acuerdo a un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos(CNDH), cada día, un promedio de dieciséis hondureños perdía la vida de manera violenta, es decir, cada 88 minutos una persona era asesinada. Del año 2000 hasta junio de 2010 fueron asesinadas 36,036 personas. En el documento se especifica que al menos nueve de cada diez ciudadanos desconfiaban de la policía por sospechar que estaban relacionados con los delincuentes. Ante esa situación, el 65,8% de los encuestados dejaba de salir de noche por temor a ser víctima. El 41% de la población decidió colocar cerraduras más seguras en sus casas y el 40% decidió tener un perro guardián. Sandra Ponce, fiscal de Derechos Humanos, manifestó que la impunidad requiere una respuesta inmediata. A su juicio: “la inseguridad de la que son víctimas todos los ciudadanos está poniendo en tela de juicio la legitimidad del propio Estado.
Un Estado que no garantiza la seguridad de la integridad personal y la vida”, prosiguió, “es un Estado que debe cuestionarse la razón de su propia existencia”. En cuanto al escaso éxito en las investigaciones de muertes violentas, el fiscal adjunto, Roy Urtecho, señaló que esto también constituye una violación a los derechos humanos: “Es una violación a los derechos humanos cuando no se investigan las causas por las que se produjeron (los crímenes)”. Entre 2005 y 2009 se emitieron 12,098 órdenes de captura, de las cuales sólo se han ejecutado 2,510 (apenas 21%), y quedan pendientes el 79% restante. El Congreso Nacional estudiaba la posibilidad de reforzar el presupuesto de la Secretaría de Seguridad en vista de la urgente necesidad de enfrentar la ola de violencia, el crimen organizado y sus consecuencias. El presupuesto previsto para 2011 era de 3,110 millones de lempiras (161 millones de dólares), con un aumento de 85 millones de lempiras por encima del gasto de 2010, una cantidad insignificante para enfrentar el alarmante crecimiento de la inseguridad. El valor obtenido en Calidad Institucional y Eficiencia Política ha sido fuertemente más alto que el de 2010 (Gráfico 3.48), y esto es producto principalmente del retiro del castigo del factor de Anormalidad Democrática, por la superación de la crisis sufrida tras la destitución del presidente Zelaya y por el mejor resultado obtenido en el indicador de Accountability. El resto de los indicadores se mantuvo estable en valores no tan óptimos, salvo el indicador de Percepción de la Corrupción, que ha descendido fuertemente. En esta dimensión se ubica apenas por debajo del promedio regional, y recupera doce lugares en el ordenamiento regional, pasando del último al 6° lugar. Como producto del descenso de otros países, con una puntuación menor que la obtenida en 2007 (la mejor de la serie para Honduras), logra idéntica ubicación en el ranking.
 En enero de 2010, cuando un nuevo gobierno electo en las urnas asumió el control del país, Honduras inició una nueva etapa de recuperación institucional y política en su accidentada vida democrática. La administración de Porfirio Lobo logró, en medio de las presiones nacionales e internacionales, romper el cerco que la mayoría de los países habían montado sobre el gobierno tras la salida del poder de Manuel Zelaya. A lo largo del año, el país enfrentó también los desafíos de la impunidad y conducir reformas que fortalecieran su institucionalidad. Más de noventa y dos naciones reconocieron a Honduras. Los primeros en reconocerla fueron los países centroamericanos, con excepción de Nicaragua que si bien oficialmente no aceptaba al nuevo gobierno, en privado mantenía posturas más flexibles. La toma de posesión de Lobo estuvo marcada por tres eventos simultáneos: una misa de acción de gracias celebrada por el ex presidente interino, Roberto Micheletti, donde se congregó parte de la ciudadanía; la salida de Zelaya, acompañado por demostraciones de su sector político y la toma de posesión del nuevo gobierno, así como por otra parte del pueblo, que apostaba a un cambio que fuera el principio del fin de la crisis política de los últimos tiempos. Lobo recibía un país dividido, fragmentado entre las posturas radicales de extrema derecha y extrema izquierda, grupos de poca relevancia numérica pero de gran capacidad de exteriorización del conflicto que los enfrentaba.
En medio de esa polarización y para allanar el camino de Lobo, el Congreso Nacional, controlado por el oficialista Partido Nacional, aprobó un polémico decreto de amnistía para delitos políticos y comunes conexos; se iniciaron los primeros procesos contra los militares implicados en la salida de Zelaya del país y se instaló la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Esta comisión, integrada por personalidades nacionales e internacionales de relevancia y peso profesional, surgió con más dudas que aceptaciones, pero en el camino fue revirtiendo la hostilidad que precedió su conformación y se comprometía a entregar, durante el primer trimestre de 2011, un informe de lo sucedido antes, durante y posteriormente a los fatídicos hechos del 28 de junio de 2009 que significaron la culminación de un proceso oscuro y doloroso de la historia democrática del país. El conflicto interno subyacente de la problemática de 2009 fue un eje permanente a lo largo del siguiente año a nivel social. La llamada “resistencia zelayista”, cada vez más dividida y polarizada internamente, sostuvo los primeros seis meses un protagonismo bastante destacado en la agenda mediática interna e internacional, pero la intensidad fue bajando, debido a que se quedó “estancada” en las propuestas al querer reeditar e imponer por la fuerza el retorno de Manuel Zelaya, en un contexto radicalmente opuesto y diferente. El presidente Lobo puso en marcha un Diálogo Nacional de cara a un proceso de reformas constitucionales orientado a ampliar el artículo 5 constitucional, que contempla las figuras del plebiscito y el referendo. La convocatoria al diálogo le permitió al mandatario comunicarse fluidamente con todas las elites del país y promover el proceso de consulta favorable a la reforma, en la que no se descartaba la remoción o la modificación de los llamados artículos pétreos para permitir la reelección o la inclusión de la figura del referendo revocatorio. No obstante, hasta fines de 2010, el ambiente para instalar una asamblea nacional constituyente mantenía dividida a la población, pero todo hacía presagiar que el año siguiente arrancaría con cambios, con o sin la facción que dirige Manuel Zelaya.
La colocación de representantes de los partidos de todos los signos políticos en el gabinete de la reconciliación fue importante para congelar cualquier manifestación opositora de peso. De ahí que al oficialismo le resultó leve la tarea de cabildear propuestas legislativas tan cruciales y polémicas como la amnistía, el paquete fiscal, el trabajo por horas, las reformas para ampliar las figuras de consulta popular y la creación de las Regiones Especiales de Desarrollo. En estos casos, no sólo quedó despejada una aparente tendencia más o menos reformista, sino la consolidación de una alianza entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, aun a costa de la incomodidad manifestada por algunos sectores considerados como los más conservadores del partido oficialista. Por otro lado, Honduras es, según organismos internacionales, uno de los países con más altos índices de corrupción en el continente americano. La organización internacional, Transparencia Internacional (TI ), en su informe 2010, volvió a colocar a este país, de los tres más pobres del continente, entre los tres más corruptos de la región centroamericana. Algunos puntos de la agenda que repercuten en la calidad democrática de Honduras: 1. A segurando que la frecuencia del Canal 8 es propiedad del Estado, en un acto realizado desde el Congreso Nacional, el gobierno expropió de la frecuencia al empresario Elías Asfura, a quien los tribunales de justicia le había otorgado la señal años atrás. El conflicto se dirime en los tribunales. 2. D esde el inicio de su gobierno, Lobo ha mantenido una clara presión sobre los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que le allanen el camino judicial a Manuel Zelaya. Arguyendo ser presionado por la comunidad internacional, ha pedido que se anulen los juicios en contra del ex mandatario. 3. Pese a nombrar varias comisiones de negociación para resolver el conflicto de tierras en el Bajo Aguán, que ha dejado más de veinte muertos, el gobierno ha sido incapaz de lograr un acuerdo. Seguridad y Fuerzas Armadas han logrado evitar que el conflicto se extendiera en la zona.
 • El mejor valor obtenido en la Subdimensión Social no se origina en un mejor rendimiento del país en los indicadores que la componen, sino por retrocesos muy fuertes sufridos por otros países (Gráfico 3.49), que llevan a Honduras a lograr su segundo mejor valor de la serie, sólo superado por el obtenido en 2007. El indicador que sí ha tenido un comportamiento positivo neto ha sido el de Mortalidad Infantil. El resto de los indicadores muestra pequeños retrocesos. También mejora su lugar en el ranking regional al lograr subir dos escalones, del 9° lugar al 7°. Su puntuación se ubica levemente por encima del promedio. Porfirio Lobo destacó los logros que tuvo el país en materia política y social. Incluyó el reconocimiento internacional a su gobierno; la instalación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para que indague sobre lo ocurrido antes, durante y después del golpe del 28 de junio de 2009, y las obras ejecutadas a favor de los pobres. El gobierno definió, durante sus primeros doce meses de gestión, una política de solidaridad en beneficio de las familias de escasos recursos, en la cual recayeron iniciativas como el “Bono 10,000” , que llegó a 165 mil hogares, la ampliación de la merienda escolar, el bono de la Tercera Edad, los Comedores Solidarios y los Bolsones Escolares. El “Bono 10,000” es una iniciativa que responde al impulso, en varios países del Banco Interamericano de Desarrollo (BID ), que en el caso de Honduras aporta 80 millones de dólares, y del Banco Mundial (BM), con 40 millones de dólares.
Los fondos son gestionados bajo la modalidad de “apoyo presupuestario”, en atención a la profunda crisis financiera, y está destinado a ayudar a las mujeres jefas de hogar que están en extrema pobreza a través de la creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud y nutrición. El programa se lanzó el 21 de marzo de 2010, y la cantidad de 10,000 lempiras se entregaba a lo largo de doce meses. Al finalizar los cuatro años de esta administración, se espera reducir la pobreza extrema de 43% a 37% y el coeficiente de desigualdad (Gini) de 0.54 a 0.51. La Secretaría de la Presidencia (SP) es responsable de la coordinación técnica del “Bono 10,000” y el Programa de Asignación Familiar (PRA F) es la entidad coejecutora, con participación de las secretarías de Educación y Salud. Al ser consultados sobre los principales logros del actual gobierno, el 38,2% de los hondureños no advierte acierto alguno. Entre el grupo que reconoce logros, cerca de una cuarta parte de las menciones (23,6%), se remite a la entrega del “Bono 10,000” y a otras transferencias monetarias otorgadas por el gobierno a grupos vulnerables de la población, dando continuidad a una práctica iniciada por gobiernos pasados. Tras el incumplimiento de los 200 días clases, el presidente aseguró que no iba a pagar a los maestros faltistas, quienes organizaron paros educativos en exigencia de su salario aun sin dar clases. Pese a que el gobierno se mantuvo al día con los pagos, la clase magisterial continuó con sus paros.
 • En lo relativo a su desarrollo económico, el otro componente de la Dimensión IV, Poder Efectivo para Gobernar, las caídas en Brecha de Ingreso y en Inversión han generado un retroceso general (Gráfico 3.50). Los únicos indicadores que avanzaron son el de Libertad Económica y el PIB per cápita, aunque no de manera significativa. Honduras obtiene su segundo peor valor en la serie. No obstante, al no ser el único país con problemas en esta materia, logra mantener en el ranking el lugar 16°, que ya había ocupado el año anterior y también en 2008. Su índice continúa por debajo del promedio regional. La mayoría de los hondureños coincidía en que solucionar la crisis económica debía ser lo prioritario para el nuevo gobierno. En ese contexto, uno de los principales retos del presidente Lobo era convencer al ala derecha de su partido de que era necesario actuar frente a las reivindicaciones que servían de bandera al Frente Nacional de Resistencia. Una tarea que, sin embargo, no se anunciaba sencilla dada la radicalización de posiciones que habían sucedido tras los eventos de junio de 2009. El nuevo presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, además de la reactivación de la economía, también identificó como retos la reducción del endeudamiento público y el déficit fiscal. En 2010, la economía se recuperó lentamente de los efectos tanto de la crisis financiera internacional como de la crisis política interna de 2009. Se verificó un crecimiento del PIB (frente a la contracción registrada en 2009), sustentado en el repunte del consumo y de la inversión, así como en el aumento de la exportaciones, gracias a la reactivación de sus principales mercados externos (Costa Rica, Estados Unidos, Europa y México).
El Banco Central estimó que la inflación cerraría el año en niveles cercanos a 6% anual (frente al 0,9% de doce meses antes). Un incremento importante derivado de la reactivación económica y de la influencia del alza de precios del petróleo y los alimentos básicos, especialmente el trigo y el arroz. En septiembre de 2010, Honduras logró cerrar un acuerdo con el FMI , que le permitió tener mayor acceso a los mercados financieros internacionales, a la vez que le ayudaba a crear un mejor clima de negocios al reconocer los esfuerzos del país en su proceso de consolidación fiscal y estabilización de la economía. Logro que fue rescatado por el presidente Lobo cuando afirmó que durante 2010 no sólo había vuelto a crecer la economía, sino que además las reservas internacionales habían ascendido a 2,719.3 millones de dólares, mientras que las exportaciones habían remontado el 17%, con énfasis en el café, camarón, tilapia, maquila, turismo, remesas familiares y crédito externo. El mandatario estimó que el déficit público combinado fue reducido a un 3,4% del PIB. “La firma del acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional reconoció el satisfactorio manejo económico y permitió un financiamiento por 202,8 millones de dólares. Asimismo, la banca internacional y nuestros países amigos han apoyado nuestro plan con nuevos créditos, incluyendo apoyo presupuestario por 907,5 millones de dólares”, sostuvo el presidente en su balance anual.
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