 Guatemala ha decrecido en desarrollo democrático con respecto a 2010 (Gráfico 3.41), e ingresa en el grupo de países con mínimo desarrollo democrático. Ha empeorado su ubicación en el ranking regional, pasando del 15° lugar al 18°, el último. Su baja puntuación se debe al déficit que presenta en todas las dimensiones. Es el quinto año consecutivo de caída. Este año casi iguala su peor puntuación de la serie, la de 2005, año en el que también ocupó el último puesto de desarrollo democrático en la región. A finales de 2010, Álvaro Colom se aprestaba a concluir su tercer año al frente del gobierno de Guatemala e iniciar su último año que culminará el 14 de enero de 2012. Su periodo de gobierno ha quedado marcado por el incremento de los hechos de violencia, el impulso de históricos programas de combate a la pobreza y la polarización social. En junio de 2010 la renuncia de tres ministros del gabinete económico asestó un duro golpe al presidente en medio de la crisis, por la búsqueda de financiamiento para reparar los daños de la tormenta Agatha y el fracaso en aprobar una controvertida reforma fiscal. Además, tuvo que enfrentar fuertes cuestionamientos por los nuevos nombramientos en la reestructuración de su gabinete, como el del ex fiscal general, Conrado Reyes, quien supuestamente estaba vinculado con el crimen organizado, y el del secretario de la presidencia, Saúl Vinicio Alburez Cifuentes, designado pese a tener vigente una orden de captura por estafa y usurpación de calidad. El 8 de junio, tres semanas después de que Alburez hizo juramento, el juez segundo de Instancia Penal, Carlos Aguilar, accedió a desestimar, a petición del denunciante, el delito de estafa. También revocó la orden de aprehensión.
 • El valor obtenido en la Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles sigue estando por debajo del promedio regional; por ello, Guatemala pasa a ocupar, este año, el último lugar en el ordenamiento regional. En general los indicadores se han mantenido en su puntaje bajo. Pero los que han tenido una variación negativa, que explica la baja de más de 10% (Gráfico 3.42) en el valor final de la dimensión en relación con el año anterior, han sido el de Inseguridad y el de Género. Se han intensificado en el país los delitos de las maras y los ataques de grupos vinculados con el narcotráfico, que conforman una parte importante de un marco en el que los derechos y las libertades quedan fuertemente condicionados por la inseguridad. Desde el 19 de diciembre, Colom decretó el estado de sitio en el departamento de Alta Verapaz, con el objetivo de luchar contra las células de los Zetas, quienes controlan casi todo en esta región: alcaldes, policías, jueces, el comercio formal y hasta la piratería. Se trató del primer gesto de fuerza del estado guatemalteco después de ver cómo, poco a poco, iba perdiendo el control de la frontera con México. Los Zetas respondieron con una amenaza: o se levantaban el estado de sitio y los operativos militares, o comenzarían a atacar centros comerciales y lugares públicos. El cartel de los Zetas advirtió mediante llamadas a varias radios locales que estaba dispuesto a convertir Guatemala, no en zona de paso, sino en escenario de su guerra por el control del tráfico de drogas en México y Centroamérica.
El presidente respondió con contundencia: “vamos a seguir dando fuerte a los Zetas; a mí no me van a intimidar las amenazas de ellos”. En ese marco de confrontación, Colom dejó abierta la posibilidad de extender a cuatro departamentos más el estado de sitio. Desde hace dos años, los Zetas se han asentado en gran parte del país y disputan al cartel de Sinaloa el control de zonas estratégicas. Para ello se aliaron con organizaciones locales del narcotráfico, como los Lorenzana y los Mendoza, lo que les ha dado mucho poder en la franja del Caribe.
 • Tampoco han mejorado los resultados en la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, ha empeorado casi 33% (Gráfico 3.43). Se destacan los comportamientos negativos del indicador de Percepción de la Corrupción, el de participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo y el de Accountability. El resto de los indicadores no presentó modificaciones. Guatemala bajó del 12° al puesto 15° del ranking regional, con una puntuación de 3,023. En la víspera del inicio de su último año de gobierno, la gestión de Álvaro Colom se vio notablemente desprestigiada. La inversión pública fue cuestionada por los sectores empresarial y periodístico, porque el presidente rechazó una auditoria social y financiera de su gestión. Un punto crítico fue la negativa a la auditoría a profundidad e independientemente a su esposa Sandra Torres Casanova, quien dirigía una serie de inversiones destinadas al área social por un monto cercano a los 150 millones de dólares. El componente explosivo de esa política de gasto era que la mayor parte de esos recursos surgían de transferencias presupuestarias descontadas a los sectores de educación, seguridad y salud pública, todos ellos en situación calamitosa. Frente a esta situación, Colom y su equipo insistieron en una reforma fiscal moderada, que fue rechazada ya que no se buscaba mejorar el concepto de recaudación sino gravar más a los sectores productivos. El hecho noticioso más impactante del año fue la captura del ex presidente Alfonso Portillo (2000- 2004), a quien la justicia de Estados Unidos pretendía extraditar bajo señalamiento de lavado de activos y se le seguían varios procesos relacionados con el desvío de fondos públicos a sus cuentas bancarias en el exterior.
Otros hechos relevantes acompañaron el proceso de fortalecimiento del sistema de justicia en el país, liderado por la Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas instalada en Guatemala (CICI G), tales como la captura del ex director de presidios y ex candidato presidencial del partido Gran Alianza Nacional (GANA ), Alejandro Giammattei, y la posterior captura, en España, del ex presidente de la cúpula empresarial y ex ministro del Interior del gobierno de Óscar Berger (GANA 2004-2008), Carlos Vielman Montes, que había sido acusado de dirigir estructuras para-criminales desde el Estado y de la ejecución extrajudicial de siete reos durante el rescate de la granja penal de Pavón, en septiembre de 2006. El ex ministro Carlos Vielman fue puesto en libertad condicional en diciembre por la Audiencia Nacional de España, tras el pago de una fianza de 100 mil euros, pero el proceso judicial continuaba. A principios de junio, y en otro golpe a la imagen del gobierno, el jurista español, Carlos Castresana, dimitió como responsable de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –apoyada por la ONU– por las continuas presiones, y lo hacía pidiendo la destitución del recién nombrado fiscal general, Conrado Reyes, por su vinculación con grupos ilegales. Colom no tuvo más remedio que asumir la destitución de Reyes.
• Con respecto a la Subdimensión Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Bienestar, Guatemala ha conseguido la peor puntuación de la serie, superando incluso los malos desempeños del periodo 2002-2003 (Gráfico 3.44), cayendo un 36% respecto del año anterior. El descenso se explica por la caída en los indicadores correspondiente a Matriculación Secundaria y Gasto en Salud, aun cuando hayan mejorado puntuaciones en Mortalidad Infantil, Desempleo y Gasto en Educación, que igualmente se ubican entre los valores más bajos de la región. El resto de los indicadores se mantiene estable. Su puntuación final ubica al país en el puesto 16° del ranking regional, cayendo dos peldaños. Debe reconocerse que el gobierno ha colocado el problema de la pobreza en el centro del debate y, mediante la implementación de programas de asistencia a los más pobres, enmarcados en lo que bautizaron como Cohesión Social, se abre el espacio para una nueva dinámica nacional que no parece reversible porque nadie podrá ya dejar de atender esta realidad. Colocar al Estado en esa responsabilidad como prioridad en el problema de la pobreza constituye, sin duda, el mayor acierto del gobierno de Álvaro Colom, con todo lo que se pueda y deba discutir respecto a sesgos clientelares y políticos en el manejo de los programas. Porque históricamente el Estado ignoró esa realidad y no emprendió ninguna política de compensación social. El bajo correlato entre esta preocupación y la cantidad de recursos estatales volcados a los programas de lucha contra la pobreza, sí hablan de una imperiosa necesidad de profesionalizar la acción estatal y evitar que el clientelismo y las necesidades electorales de los gobiernos en todos los niveles no sean el motor principal de los programas sociales.
• Nuevamente, el valor de la Subdimensión Económica pasó a estar levemente por debajo del promedio, agravando la caída que se había verificado el año anterior (Gráfico 3.45); sin embargo, por el comportamiento de otros países, en este subíndice Guatemala muestra su mejor comportamiento en el orden regional ya que alcanza el 11° lugar en el ranking. Los indicadores que descienden son Brecha de Ingreso y Endeudamiento. El Índice de Libertad Económica, el PIB per cápita e Inversión alcanzaron mejores resultados, pero no compensan las caídas de las variables mencionadas anteriormente. En 2010 el PIB de Guatemala tuvo un leve incremento, impulsado por el aumento de las exportaciones –vinculado a la recuperación de la economía de los Estados Unidos– y a cierto dinamismo de la demanda interna, así como en un contexto de las remesas y de la Inversión Extranjera Directa (IED ). El ritmo inflacionario llegó a 5,3%, aunque analistas privados proyectaban una inflación real de 6,36% y el déficit fiscal se estaría ubicando en torno a 3,5% del PIB, por encima del observado en 2009 (3,1% del PIB). El déficit comercial alcanzó el 11,3% y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se ubicó en un 2,7% del PIB. Álvaro Colom cerró el 2010 anunciando un incremento en el salario mínimo: “Mi intención es por lo menos equipararlo a la canasta básica de alimentos, sería la primera vez en la historia que el país tendría un salario mínimo que por lo menos cubra la alimentación, y el otro escenario es la posibilidad de unificar todos los salarios en un solo salario”.
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