 El Salvador es uno de los países que ha mantenido una tendencia declinante de desarrollo democrático (Gráfico 3.36) y ha empeorado levemente su puntuación respecto al valor obtenido en el año anterior (1,8%). Este leve descenso no le reporta un peor lugar en el ranking regional y mantiene su ubicación en el lugar 11°. Continúa perteneciendo al grupo de países con bajo desarrollo democrático. Los resultados obtenidos en esta medición se deben a que su mejor comportamiento de la Dimensión Poder Efectivo para Gobernar no alcanza para compensar el comportamiento negativo de las Dimensiones II y III, correspondientes respectivamente a la Democracia de los Ciudadanos y la de las Instituciones. Mauricio Funes completó, a fines de 2010, diecinueve meses del primer gobierno de izquierda en El Salvador. El país enfrentaba el múltiple desafío de romper la bipolaridad partidaria, reactivar la economía productiva y vencer la espiral de violencia que le abruma. Al mismo tiempo, debía lidiar con la situación de ser el primer presidente de izquierda en un país tradicionalmente conservador, cargando sobre sus espaldas todas las expectativas sociales puestas sobre su gestión del cambio. El hecho de que el presidente provenga de una organización política radical como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN ), que admitió su propuesta de cambio gradual para ganar las elecciones de 2009, se ha convertido en el mayor problema de gobernabilidad para Funes. En efecto, su partido ha polarizado posiciones desde el inicio de la gestión, enfrentando al mandatario desde su propio gobierno y desde el Congreso, a tal grado que ya el FMLN tiene el control de la seguridad del Estado. Esta situación de conflicto político radicaliza a sectores sociales y genera un clima poco propicio para el desarrollo de las políticas transformadoras que necesita el país.
• La leve caída producida en la puntuación de la Dimensión II , que mide el Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles en más de 1% (Gráfico 3.37), es producto fundamentalmente de peores resultados en los indicadores de Género y de Condicionamiento de Libertades por Inseguridad, respecto de la medición del año anterior. El resto de los indicadores se mantuvo estable, lo cual es una señal de alarma al no mejorar el nivel de la Democracia de los Ciudadanos. No obstante, El Salvador sube un escalón del ranking, ocupando el 11° lugar por el retroceso de México en esta dimensión. Su puntuación sigue por debajo del promedio regional. El presidente Funes buscó cerrar filas con empresarios, iglesias y otros sectores e impulsar un plan para contener la violencia generalizada y en aumento. Tras reunirse en varias ocasiones con su gabinete de seguridad, Funes inició contactos para conocer las propuestas de gremios, universidades y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, un centro de estudios vinculado al sector empresarial. La Cámara de Comercio e Industria había denunciado que El Salvador había caído “en un estado de miedo e impotencia, que es nocivo, porque restringe el desarrollo personal, frena la actividad económica y pone en la sociedad un sentimiento de desánimo y desesperanza. Ante la ausencia de soluciones oficiales palpables, y en respuesta al clamor de nuestros socios, sus empleados y la ciudadanía en general, sentimos la urgencia de pedir enérgica y públicamente un basta ya”, sostuvo.
 Funes había presentado, durante el mes de febrero de 2010, la denominada “Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia”, la cual fue propuesta para su discusión entre empresarios, políticos, iglesias, universidades y otros sectores del país. Entre otras acciones, el proyecto contenía el incremento de policías, ampliación de presidios y controles para evitar que los delincuentes recluidos organizaran extorsiones y homicidios desde las cárceles. El 10 de septiembre, y en el tercer día de un paro al transporte público bajo amenazas de grupos criminales, el mandatario sancionó la Ley de Proscripción de Pandillas presentada por su administración a la Asamblea Legislativa salvadoreña, la cual fue aprobada por setenta y ocho de los ochenta y cuatro diputados. La inseguridad ciudadana que se vivía era uno de los principales problemas que tenía el gobierno y era además donde más había demostrado ser ineficaz e ineficiente. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes pasó de ser 51,9 en 2008 a 70,6 en 2009 y durante el primer trimestre de 2010 se habían registrado 1,073 homicidios, con un aumento de 1,32% con respecto al mismo periodo del año anterior. El acompañamiento que la Fuerza Armada hizo a la Policía Nacional Civil en lugares de alta peligrosidad no tuvo resultados considerables. El presidente presentó el balance de su primer año de gobierno destacando la gran cohesión interna que había logrado en el país. Indicó que el país centroamericano “ha comenzado a caminar por el sendero de la concordia y la unidad” en atención a la demanda que le hizo el pueblo a través de las urnas para “terminar con la intemperancia de los extremos, el enfrentamiento, el odio y la política entendida como la guerra”.
• En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política no logra superar el promedio regional. La puntuación recibida cayó en apenas 0,3% (Gráfico 3.38). El comportamiento de los indicadores que componen esta dimensión ha sido variable; algunos se han mantenido estables (Participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo) y otros han empeorado (Accountability, Desestabilización de la Democracia y Percepción de la Corrupción). A pesar de esto, ha mantenido el 11° lugar en el ranking. En nombre del Estado, y durante la conmemoración del XV aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, el presidente salvadoreño pidió perdón a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, al reconocer que “agentes, entonces pertenecientes a organismos del Estado, entre ellos las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad pública, así como otras organizaciones paraestatales, cometieron violaciones a los derechos humanos y abusos de poder”. Esta declaración fue repetida por el mandatario en el XXX aniversario del asesinato de Óscar Arnulfo Romero al aseverar que “grupos armados ilegales ejercieron el terror de manera generalizada entre la población civil durante aquellos años aciagos, dejando tras de sí miles de víctimas. Lamentablemente actuaron bajo la cobertura, colaboración o participación de agentes estatales”. También lo hizo el 12 de octubre de 2010 durante el Primer Congreso Nacional Indígena, a los pueblos originarios salvadoreños, “por la persecución y el exterminio de que fueron víctimas”. Por otro lado, el mandatario anunció, a principios de 2010, el pago de unos 19.5 millones de dólares en pensiones para más de 18 mil veteranos de la guerra civil que incluían a lisiados del ejército, de la ex guerrilla y familiares de combatientes fallecidos.
Con estas acciones el presidente Funes intentaba reparar las atrocidades de un pasado violento, aunque su mayor desafío hoy es pacificar el presente. Por otra parte, la conflictiva relación con su partido de origen permanece en estado latente. Ya en enero, ante la decisión de éste, de eliminar la cuota básica de la telefonía residencial, mediante un proyecto aprobado en la Asamblea Legislativa, Funes calificó la medida como “una decisión irresponsable y cargada de un populismo barato”. Luego habrían de sucederse los diferendos que trabajosamente se han ido eludiendo ya que el FMLN lo considera un “socio” y no un militante. Para diferenciarse de las posiciones extremas que caracterizan a ese movimiento, el presidente ha establecido como modelos de su gobierno a la gestión moderada de Lula Da Silva en Brasil, y la de Barack Obama en Estados Unidos, marcando distancia con países presididos por gobiernos de izquierda como Nicaragua y Venezuela, que despiertan gran adhesión entre los partidarios del FMLN . Las diferencias se hicieron tan evidentes que, con motivo de las disidencias por la aprobación de préstamos internacionales que debía tomar el país, en abril, el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, pidió públicamente al presidente Funes y al partido al que pertenece “manejar” sus divergencias pensando en el bien del país. En mayo, el lanzamiento del Movimiento Ciudadano por el Cambio fue considerado por los analistas como la semilla para la consolidación de un nuevo instituto político que le permitiera al presidente contar con su propia fuerza. Sin embargo, durante su lanzamiento, Funes negó que estén buscando convertirse en partido. El presidente se ha manifestado en contra de la adhesión del país a la Alternativa Bolivariana de las Américas (AL BA) y al socialismo del siglo XXI. Para evitar problemas en su gobierno, el presidente dispuso a través de un decreto ejecutivo la prohibición a sus funcionarios de “realizar o involucrarse en la realización de actos políticos y/o electorales”, en vista de las elecciones legislativas y municipales de 2012.
• El comportamiento de los Indicadores de la Subdimensión Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Bienestar ha sido mejor con respecto al año anterior (Gráfico 3.39). De hecho, la puntuación general recibida muestra una ganancia de más de 18%. Ese incremento es producto de avances en Gasto en Salud y en Matriculación Secundaria. Se produjeron leves retrocesos en algunas de sus variables, como por ejemplo en Mortalidad Infantil, en Desempleo y Población Bajo la Línea de la Pobreza. Mantiene su ubicación del lugar 11°, y el valor obtenido aún está por debajo del promedio regional, aunque es el año de mejor puntaje en toda la serie. Consciente de que el estado de pobreza extrema de una parte importante de la población es el ambiente más propicio para el atraso y la violencia, el presidente Funes anunció, en septiembre de 2010, la creación de un Sistema Nacional Integrado de Salud que funcionaría en los setenta y cuatro municipios con mayor índice de pobreza en el país. Según él, el programa llevaría atención médica a cada hogar, “empezando por los que viven en zonas alejadas y excluidas” y ayudaría a reducir la carga hospitalaria en la capital salvadoreña. En abril de 2010 decidió ampliar la cobertura del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS ) para los empleados domésticos, cuyo número se estimaba en unos 100 mil trabajadores.
El 30 de octubre de 2010 el Ministerio de Hacienda propuso un proyecto de ley para aumentar el salario de los trabajadores públicos y las pensiones. El vicepresidente Salvador Sánchez, al presentar los programas sociales del gobierno, dijo que ningún gobierno anterior se había propuesto erradicar el analfabetismo que mantiene a las clases pobres en la miseria y la ignorancia. El Salvador invertiría, en 2011, 818 millones de dólares en programas sociales, lo cual constituye un aumento de 70% en comparación con lo presupuestado el año anterior. Dijo que se esperaba invertir en protección social unos 173,5 millones de dólares y en infraestructura 644,5 millones, la inversión más alta en la historia del país. Informó que se invertirían 75 millones de dólares en un programa de entrega de útiles escolares y 28,4 millones en bonos de educación y salud. Mientras se extendería la cobertura de la pensión para mayores de setenta años y unos 24 millones financiarán el llamado Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, dirigido a las mujeres jefas de hogar y jóvenes, a fin de disminuir la violencia doméstica, el feminicidio y generar empleos en los municipios salvadoreños más pobres. Salvador Sánchez significó que unas 56 mil personas ya fueron alfabetizadas en 2010. Si estas acciones y presupuestos se confirman en la realidad, sus efectos deberán verse reflejados en futuras mediciones.
• En la Dimensión IV, los indicadores que dan cuenta de la Capacidad de Generar Políticas que Aseguren Eficiencia Económica han tenido un peor comportamiento en comparación con el año anterior (Gráfico 3.40). Esto fue producto, fundamentalmente, de la caída de los indicadores del PIB per cápita y Brecha de Ingresos. Por otro lado, han tenido un leve retroceso los indicadores de Libertad Económica, Endeudamiento e Inversión. A pesar del magro desarrollo producido en esta subdimensión, El Salvador sigue ocupando el lugar 14° del ranking. El valor obtenido está por debajo del promedio de la región. La delincuencia y la incertidumbre eran los principales factores que incidían en que la economía de El Salvador se encontrara todavía en recesión, pese a la recuperación mundial que se observaba. Funes anunció en su discurso de la toma de posesión como presidente un “Plan Anticrisis” que, entre otras medidas, crearía unos 100 mil empleos en los siguientes dieciocho meses. El 18 de junio 2009 detalló el plan anunciado en su discurso inaugural y entre los puntos más importantes mencionó la creación de un bono de educación, pensión básica de 50 dólares para 42 mil adultos de la tercera edad, la institución de un consejo económico y social, banca de fomento, un fondo de garantía, la organización de las Comunidades Urbanas Solidarias, importación de fertilizantes a bajos precios para beneficiar a 450 mil agricultores y un programa de ingresos temporales enfocado a 30 mil salvadoreños desempleados. El programa, que tendría un costo de 587,5 millones de dólares, sería financiado con recursos ya comprometidos en un 60%. Como seguimiento de este plan, en febrero de 2010 inició la entrega de paquetes escolares para diferentes centros escolares que beneficiaría a las familias más pobres y serviría de apoyo a los micro y pequeños empresarios.
 En concepto de políticas públicas, el gobierno impulsó una reforma tributaria que aumentó las tasas de impuestos existentes y creó nuevos tributos con el objetivo de generar mayores ingresos. Este programa generó resultados positivos con crecimiento de los ingresos, sin embargo la población aún poseía un bajo poder adquisitivo y las empresas sentían el impacto de este hecho. La reforma tributaria implementada no es la respuesta integral al problema de la baja recaudación fiscal del Estado y no se ha visto intención de realizar más acciones para alcanzar el promedio latinoamericano de carga tributaria. Tratando de compensar la falta de ingresos, el gobierno emprendió una política de deuda potencialmente peligrosa. Para agosto de 2010 estableció la Política Nacional de Protección al Consumidor y, para su cumplimiento efectivo, el Sistema Nacional de Protección al Consumidor que pretendía, entre otros objetivos, respaldar la garantía mínima en la adquisición de productos y el derecho a la devolución de dinero cuando un producto no funcionaba como se debía. En el marco de la conflictiva relación entre parte importante del empresariado, a inicios de noviembre de 2010, trascendió que el sector privado había detenido la ejecución de unos 2,000 millones de dólares en obras que iban desde energía hasta construcción, pasando por turismo y otros sectores importantes, debido a la inestabilidad que se percibía en el manejo político y de seguridad. En este marco, los empresarios se oponían a la reforma fiscal que impulsaba el gobierno de Funes. Adicionalmente, en el sector privado persistían las dudas sobre lo que había hecho el gobierno con los 1,500 millones de dólares de préstamos que había recibido en los últimos dieciocho meses de gestión. Aunque las remesas crecieron 2,4% entre enero y septiembre de 2010, con relación al mismo periodo del año anterior, se percibía en el último trimestre del año un grado de desaceleración en los envíos monetarios de los inmigrantes debido al crecimiento en la tasa de desempleo latino en Estados Unidos.
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