 Ecuador ha sido uno de los países que más ha empeorado en el índice con respecto a 2010 (29%), sólo aventajado por Guatemala (Gráfico 3.31). Esto tuvo como efecto el perder su ubicación en la tabla y bajó un peldaño ubicándose en el 17° lugar entre los dieciocho países del ranking. El principal argumento de la caída en el Índice de Desarrollo Democrático ha sido el retroceso verificado en la Dimensión II, Democracia de los Ciudadanos; en la Dimensión III , Democracia de las Instituciones; y en la Subdimensión Económica. El presidente Rafael Correa se encontraba a las puertas de concluir su cuarto año al frente del Ejecutivo del país. Desde que culminara el mandato de Sixto Durán-Ballén, en 1996, ningún presidente había cumplido su periodo. Correa, que en su campaña electoral había prometido una revolución pacífica, radical y rápida, a la que llamó “ciudadana”, inició luego su gestión proponiendo la convocatoria a una Asamblea Constituyente de plenos poderes que propiciara los cambios que necesitaba el país “para caminar rumbo al socialismo del siglo XXI”, y desde entonces la confrontación nunca cesó. Pese al estilo combativo del presidente, en cuatro años de mandato no ha perdido ninguna batalla. Elección tras elección, Correa las ha ganado todas. Su popularidad nunca ha descendido de 60% y ha tenido picos de 80%, cifras sin parangón en la historia moderna del país. Su estilo frontal le ha dado buenos resultados. Llegó al poder sin un solo diputado, pero un año después, durante la Constituyente contaba con ochenta de los 130 representantes.
Correa debía entregar el poder en 2011, pero con la nueva Constitución ese periodo quedó trunco mediante los comicios de 2009 en los que obtuvo su segundo mandato, que inició el 10 de agosto, y terminará en el año 2013. La oposición aparece desarticulada y sin propuestas ni respuestas a la iniciativa presidencial. Pese a los éxitos, han sido cuatro años difíciles. Correa ha sorteado innumerables crisis. Entre ellas una internacional muy fuerte con la vecina Colombia y una intentona golpista de la policía. Tras cuatro años en el poder ha logrado todo lo que quería: destruyó el viejo régimen instaurado en 1979, edificó sobre sus cenizas uno nuevo, encarnado en la Constitución de 2008 y logró la reelección en 2009. Para la ciudadanía lo positivo de la gestión han sido las políticas de salud, educación, infraestructura vial y la atención a estratos populares. Entre los elementos que provocan rechazo, particularmente en sectores urbanos altos, se encuentran sus enfrentamientos con la prensa y la oposición. También existe causal de rechazo por la influencia presidencial en la Asamblea Nacional, tanto en la legislación como en la fiscalización.
• En la Dimensión II el valor obtenido es levemente inferior al alcanzado el año anterior (Gráfico 3.32). Este descenso se debe, por un lado, a un peor desempeño en el indicador que mide la participación de las mujeres en puestos de  dirección del Estado y, por el otro, a que el resto de los indicadores se ha mantenido estable, salvo el de Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad que ha avanzado levemente. Esto le ha provocado perder dos lugares en el ranking con respecto a la medición de 2010, alcanzando el lugar 15°, y su nivel sigue estando por debajo del promedio. Los altos índices de popularidad del presidente Correa no guardan correlato con el clima de derechos políticos y libertades civiles que debe imperar en la democracia. Contrariamente a lo que indican el discurso y la imagen oficial, hay una ausencia total de transparencia o rendición de cuentas del gobierno hacia los ciudadanos. Más grave aún, hay una estrategia sistemática para descalificar, perseguir y limitar las libertades civiles y políticas de individuos, organizaciones y medios de comunicación que expresen una visión distinta del discurso oficial en dichos temas. La inseguridad parece haber desbordado a la política de gobierno. La cara más lacerante de aquello es el sicariato. Esta modalidad de asesinatos a sueldo creció en el último año, de forma paralela al enraizamiento de otro tipo de delitos como el prestadiario (prestan dinero sin garantías para extorsionar luego a sus clientes cuando no pueden cancelar sus cuotas; esa extorsión incluye el mercadeo de drogas), otra arista del narcotráfico.
La crisis judicial creció, con fiscales y policías que acusan a jueces de liberar a los sospechosos detenidos. En ese marco, en julio de 2010, el relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, reconoció los esfuerzos del gobierno contra la inseguridad, pero cuestionó la impunidad: sólo el 1,3% de los crímenes son juzgados. El gobierno no ha gestado una política de seguridad que vaya más allá de los discursos.
 • En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, Ecuador ha retrocedido fuertemente en más de 50% respecto del valor que tenía el año anterior (Gráfico 3.33). Los factores que explican esa importante caída son: Accountability, indicador de Desestabilización de la Democracia y, principalmente, por la aplicación del factor de Anormalidad Democrática, como consecuencia de la gravedad de la crisis institucional vivida, que refleja el alto grado de tensiones que la democracia ecuatoriana no tuvo capacidad de procesar en un marco de plena vigencia institucional. El 30 de septiembre se produjo una crisis política sin precedentes en los últimos cuatro años, generada por el descontento policial por una supuesta reducción de sus beneficios salariales y por la eliminación de los bonos de asenso de grado y antigüedad, combinado con un intento golpista que paralizó el servicio policial en todo el país. Los aeropuertos de Quito y Guayaquil fueron tomados por miembros de la Fuerza Aérea. Varias dependencias públicas, entre ellas el Ministerio de Defensa, estuvieron de hecho en manos de soldados y oficiales. Hubo la toma del edificio de la Asamblea Nacional por elementos de la guardia legislativa, que impidieron el ingreso de los asambleístas. Por último, el presidente Rafael Correa fue agredido en un recinto policial de Quito y retenido por varias horas en el Hospital Policial. Finalmente, su liberación se dio a consecuencia de un violento operativo militar. La comunidad internacional reaccionó inmediatamente, hubo pronunciamientos contra el intento golpista en el mundo entero: los países latinoamericanos, europeos, árabes; Estados Unidos, Rusia, China; la misma noche del 30 de septiembre, en Buenos Aires se reunió la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), y la condena a los hechos fue generalizada. Las respuestas de las instituciones del Estado ecuatoriano fueron débiles.
La Asamblea Nacional no se reunió y su pronunciamiento se produjo días después. La oposición develó su poco compromiso con la democracia y el Estado Constitucional de Derecho. El saldo final fue una democracia golpeada, una institucionalidad policial en crisis y un sistema de inteligencia cuestionado, ya que no fue capaz de advertir los acontecimientos. Entre los indicadores que mide la Democracia de las Instituciones, muestra un avance el indicador que mide la Percepción de la Corrupción. El indicador que mide la Participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo se ha mantenido estable, en su baja calificación. Por toda esta situación el país empeora su posición en el ranking regional bajando del 12° al 17° lugar. A este año también se trasladó una agria disputa que, desde septiembre de 2009, sostienen el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE ), y que comenzó con fuertes movilizaciones indígenas en la Región Amazónica que incluso se cobraron la vida de un dirigente. Tras un breve espacio de mesas de diálogo, volvió la ruptura en enero de 2010 y, con ella, las críticas de Correa a la CONAIE y Pachakutik. Los indígenas volvieron a las calles en mayo de ese año, cuestionando al gobierno por imponer su tesis en la Ley de Aguas y acusándolo de querer dividir al movimiento con la asignación de frecuencias de radios. Este descenso en Calidad Institucional también es fruto del uso de la crisis como fuente de legitimidad. Se suceden los eventos que lo colocan bajo ataque de fuerzas desestabilizadoras (ya sea en forma de intento de golpe de estado, como embates de la oposición partidista tradicional, o como ataques foráneos a la soberanía nacional), lo cual fortalece su base de apoyo y justifica un contraataque del gobierno a dichos grupos “golpistas”.
En igual sentido se direcciona la cooptación institucional, fundamentada en un nuevo documento constitucional, que ha consolidado y otorgado un fuerte poder presidencial al jefe de gobierno como se han visto pocos en América Latina. Con el respaldo popular y algunas prerrogativas constitucionales, el presidente ha debilitado o cooptado a otros poderes de gobierno que fueron bastiones clásicos de la oposición tradicional: el congreso nacional, los órganos de control y los municipios. Por último, el gobierno se ha apoyado en la abundancia de ingresos fiscales gracias a la bonanza de los precios de los recursos naturales que ha vivido el país durante estos últimos años. Los abundantes ingresos contribuyeron a financiar la política de campaña permanente. Desde enero de 2007, cuando llegó al poder, el gobierno de Rafael Correa ha tenido ingresos por 77.211,6 millones de dólares aproximadamente. La cifra récord es 51,58% más de lo que recibieron en conjunto los gobiernos de Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio en siete años, durante el periodo 2000-2006, que ascendió a 50.936,8 millones de dólares. En estos cuatro años se ha establecido un proyecto de corte hegemónico que no ha conseguido cambiar muchos de los vicios y las prácticas preexistentes en la política ecuatoriana. Ha habido cambios institucionales, con pretensiones de refundación del sistema político, pero sus alcances no han conseguido cambiar la manera en que los nuevos políticos se relacionan con los ciudadanos. Los constantes ataques a la prensa, a los periodistas y a los opositores realizados por el propio presidente Correa a través de su cadena nacional de los sábados, afectan los niveles de pluralismo y tolerancia de la democracia ecuatoriana. El gobierno de Rafael Correa puede caracterizarse como una versión sofisticada e institucionalizada de lo que Guillermo O´Donnell llamó la democracia delegativa, que es aquella institucionalmente débil, con poderes ejecutivos muy centralizados. En definición de este politólogo, consiste en constituir mediante elecciones relativamente limpias una mayoría que faculta a alguien para convertirse, durante un determinado número de años, en la encarnación y el intérprete de los altos intereses de la nación.
• Las dos subdimensiones que conforman la Dimensión Ejercicio de Poder Efectivo para Gobernar han tenido un comportamiento similar, ambas han aumentado. En la Subdimensión Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Bienestar tuvo un mejor desempeño que el año anterior (Gráfico 3.34), debido al leve descenso de los niveles de mortalidad infantil y al incremento en los indicadores de Desempleo y Eficiencia en Educación. Mejoró una posición en el ranking, por lo que ocupa el lugar 16° aunque bastante lejos del promedio regional. El gobierno de Correa ha podido desplegar una ambiciosa política de gasto social donde destaca el Bono de Desarrollo Humano, un programa de transferencias condicionadas, que cubre el mayor porcentaje de población en un país (44%). La Secretaría de Planificación y Desarrollo indicó que en el año 2009 cerca de 975 mil familias salieron de la indigencia y más de un millón salieron de la pobreza gracias a este programa social. La recuperación económica se reflejó también en una reducción del desempleo. El gobierno señaló que, bajo la concepción de la nueva Constitución aprobada en 2008, la política económica que se venía aplicando permitiría concretar las metas de desarrollo establecidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. El gobierno anunció que había invertido hasta el año anterior 2,500 millones de dólares en escuelas, hospitales, viviendas e infraestructura. Sin embargo, el gasto público en educación se mantiene entre los más bajos de la región, sólo escasamente mayor al de República Dominicana; la población bajo la línea de pobreza se mantiene en alrededor de un 40%; el gasto público en salud se mantiene también entre los más bajos de la región y los niveles de mortalidad infantil triplican el valor alcanzado por el país de mejor comportamiento como Chile.
 • En la Subdimensión Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Eficiencia Económica (Gráfico 3.35), el ascenso fue producto del buen comportamiento de algunos indicadores, tales como el PIB per cápita, la reducción de la Brecha de Ingreso, el menor endeudamiento y el mayor grado de inversión. La única variable que ha empeorado ha sido el puntaje de Libertad Económica. A raíz de este avance, Ecuador subió en el ranking del puesto 13° al 10° y es ésta la única subdimensión en la que logra superar levemente el promedio regional. Durante 2010, el gobierno ha tenido como principales inversores al estatal Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS ) y a China, país que se ha conver tido en la principal fuente de recursos externos. En momentos en que Ecuador ve escasas las fuentes de financiamiento internacional, después que en 2008 proclamó la ilegitimidad de la deuda externa comercial y se declaró en moratoria, en 2010, el país asiático ha invertido más de 2 mil millones de dólares en los sectores de infraestructura, comunicación y energía. De los siete proyectos hidroeléctricos que se encuentran en construcción, como el Coca-Codo Sinclair, China financia el 57,7% del monto total de inversiones requerido. Como parte de la nueva política hidrocarburífera, Ecuador impulsó un proceso de negociación con las petroleras privadas que operan en el país, con el fin de aumentar las rentas para el Estado. La negociación permitió firmar nuevos contratos de prestación de servicios con cinco grandes compañías. Con la negociación, el Estado ecuatoriano recibirá unos 1,207 millones de dólares de inversión en producción y exploración, mientras que la renta petrolera subirá de 70 a 80%. Los nuevos contratos son clave para la agenda del presidente Correa, que lucha por incrementar los beneficios del Estado en los sectores minero y energético. “Vamos a pasar de ser importadores a exportadores netos de energía”, ha dicho el gobernante.
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