 Chile consolida su posición como democracia con mayor grado de desarrollo entre los países latinoamericanos aunque, como siempre destacamos, eso no implica que el país haya alcanzado el paraíso democrático ni que sus ciudadanos sientan que su democracia no tiene problemas por resolver. Ha sostenido el valor de 10 que mantiene invariable desde 2009 (Gráfico 3.26). Sin embargo, en esta medición presenta resultados menos favorables en las Dimensiones II y III que en años anteriores, pero mejorando en las Subdimensiones Social y Económica. Sólo en nuestra primera medición (año 2002) y en la correspondiente a 2008, Chile dejó de estar en el primer lugar del ranking regional.
La reseña política del año 2010 nos muestra que se dio una extraña y compleja relación entre la altísima aprobación que recibió la presidenta Michelle Bachelet durante el último año de su mandato y el proceso político electoral que implicaba la elección de un nuevo presidente. En una situación paradójica, el mismo mes en que la presidenta alcanzaba el récord de aprobación (83%), el candidato de la coalición de gobierno, el ex presidente Eduardo Frei Tagle, era derrotado en las urnas tras veinte años de supremacía electoral de la Concertación. El 11 de marzo asumió Sebastián Piñera –empresario y líder del partido Renovación Nacional– el Ejecutivo en Chile por el periodo 2010-2014, dando comienzo a una nueva etapa política ya que desde el retorno de la democracia el poder había sido ejercido por la Concertación, surgida en la lucha política contra la dictadura e integrada por los partidos Demócrata Cristiano (DC ), Por la Democracia (PPD), Radical Social Demócrata (PRSD ) y Socialista (PS). A estos, originalmente, se sumaban el Partido Democrático de Izquierda (PDI), el MAPU Obrero Campesino, el Partido Liberal y otros movimientos civiles de los años ochenta, hoy todos desaparecidos o fusionados en otros partidos. En febrero se había producido un sismo que alcanzó una magnitud de 8,8 MW. Un fuerte tsunami impactó las costas chilenas como producto del terremoto, destruyendo varias localidades ya devastadas por el impacto telúrico. El efecto del terremoto, debido a su alta magnitud, fue devastador. Gran parte de las localidades de las regiones del Maule y del Biobío quedaron completamente destruidas. Fuentes oficiales cifraron, el día después al desastre, en medio millón el número de viviendas destruidas y en al menos otro millón y medio los hogares dañados en alguna medida. El sismo, que fue percibido con fuerza por cerca de un 80% de la población, dejó una cifra, de acuerdo a los datos oficiales de fines de 2010, de 525 muertos y 23 desaparecidos y una estimación de 2 millones de damnificados, más de 10% de la población de Chile. Todo ello derivó en que la ceremonia de traspaso del poder de Michelle Bachelet a Sebastián Piñera se realizara en un marco austero y sencillo “porque las condiciones del país así lo ameritan”, anunció Bachelet. Se buscó garantizar la continuidad de la ayuda humanitaria.
 • En la Dimensión II, que evalúa el comportamiento de Derechos Políticos y Libertades Civiles, ha obtenido un valor levemente más bajo que en el año anterior (Gráfico 3.27). Fundamentalmente se debe a peores resultados en el indicador de Género. El resto de los indicadores se mantiene sin alteraciones, salvo el de Condicionamiento de Derechos y Libertades por Inseguridad, que ha mejorado. Sigue liderando el ranking de la dimensión con el máximo valor regional. La Iglesia presentó al gobierno de Piñera, a mediados de julio de 2010, una propuesta de indulto para los presos con motivo del bicentenario. Había, eso sí, un pequeño detalle de por medio: la iniciativa no hacía diferencia alguna entre civiles y militares. Es decir, los militares condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) podían acceder al beneficio. Inmediatamente ardió Troya. Las especulaciones duraron semanas, entre las cuales el gobierno deslizó que no otorgaría el perdón a presos emblemáticos, como el general Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta de Pinochet, y tampoco iría en contra de su política de refuerzo de la seguridad pública. Entretanto, el mandatario recibió a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD ) antes de conocer la propuesta de la Iglesia. El encuentro terminó con dirigentes reclamando airadamente en las puertas del Palacio de La Moneda por la poca claridad del presidente sobre el posible indulto a los militares.
Durante el año, la Corte Suprema había dado un fallo que ratificaba la responsabilidad de diversos militares en los asesinatos del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, cometidos en 1974 en Buenos Aires. La noticia fue utilizada políticamente por otros actores, como el ex presidente Eduardo Frei, y por el propio ejército, que repudió el crimen públicamente. Piñera recibió en La Moneda a las tres hijas del asesinado matrimonio Prats Cuthbert, que pidieron no aplicar el indulto en ninguno de los casos de militares detenidos por violaciones de los derechos humanos. El gobierno de Sebastián Piñera declaró la guerra a la delincuencia, sin que se conocieran los planes concretos para combatir la inseguridad, mientras crecían los delitos vinculados al consumo de drogas y el narcotráfico. Piñera también se comprometió a acabar con lo que definió como “la puerta giratoria”, donde los delincuentes no son condenados o reciben penas insuficientes que les permiten quedar en libertad y salen a la calle para seguir cometiendo delitos. Según las cifras difundidas, el número de delitos disminuyó, pero la cantidad de reclusos se incrementó en 58,9% en la última década, aumentando por consiguiente el porcentaje de superpoblación carcelaria: de 145,5% en 2007 a 160,6% en 2010. Hay una baja en la tasa de homicidios en los últimos años, ya que en 2009 el gobierno reportó 285 homicidios, lo que supone una tasa de 1,7% por cada 100 mil habitantes, inferior a los 312 homicidios de 2006, con una tasa de 1,9%.
Sin embargo la delincuencia continúa como una de las principales preocupaciones de la población cuya sensación de inseguridad aumentó. El hecho que muchos de los daños que produjo el terremoto hayan sido en zonas rurales hizo más lento el proceso, defraudando las altas expectativas sobre la reconstrucción que tenía la gente; mucho más lento de lo que el propio gobierno de Piñera prometió. Como uno de los activos políticos del presidente era su promesa de eficiencia, esa lentitud ha provocado duras críticas. Acusaciones de corrupción y algunos escándalos políticos asociados al proceso de licitaciones de obras de infraestructura y construcción de viviendas han contribuido también a que se instale la percepción de que este proceso de reconstrucción sea muy lento. La ahora opositora Concertación ha aprovechado la lentitud del gobierno para articular una crítica a una de las principales promesas de Piñera: la eficiencia. Como otros errores y omisiones del presidente –incluida la demora en vender sus acciones y participación en empresas y separar sus intereses económicos de su agenda política– han repercutido negativamente en su credibilidad. Las críticas de la Concertación a la lentitud de la reconstrucción han profundizado la caída de Piñera en su aprobación presidencial. A finales del año de la toma de poder, contaba con un 44% de aprobación de la opinión pública, muy por debajo del 80% que tenía Bachelet al final de su mandato. En materia de derechos políticos, a través de la “agenda democrática”, el presidente buscó otorgarles el voto a los chilenos que viven en el extranjero y que tengan algún vínculo con el país, y se introdujo una indicación sustitutiva al proyecto de ley que materializa la inscripción automática y voto voluntario.
• En Calidad Institucional y Eficiencia Política, Chile se posiciona en el 1° lugar en el ranking regional, pero no llega al nivel registrado en 2002 y 2003, donde había logrado el máximo de puntuación (10,00). Tras las mejoras de 2009 y 2010, empeora levemente en esta dimensión, su panorama con respecto al año anterior en poco más de un 1% (Gráfico 3.28) y esto se debe a la caída que se observa en el indicador de Accountability. El resto de los indicadores se ha mantenido estable; supera ampliamente el promedio regional. El denominado “perfeccionamiento de la democracia” fue el desafío planteado por Sebastián Piñera en materia de calidad institucional y eficiencia política, durante su discurso del 21 de mayo de 2010. A través de la “agenda democrática”, busca aumentar la participación y transparencia del proceso democrático. Al mencionado propósito de otorgar el voto a los ciudadanos que viven en el extranjero, se suma un segundo paquete de medidas que incluye la iniciativa ciudadana de ley, el perfeccionamiento de la declaración de intereses y patrimonio, y las consultas comunales. Además, el mandatario firmó el proyecto que propone adelantar la fecha de las elecciones presidenciales al tercer domingo de noviembre, y de necesitarse una segunda vuelta, ésta sería cuatro domingos después, a efectos de separar las elecciones del periodo vacacional. Durante el año se intensificaron las protestas para exigir al gobierno nacional una solución al conflicto que se había presentado con la huelga de hambre que realizaron más de treinta indígenas mapuches en el sur del país por ochenta días.
La principal protesta se produjo en la ciudad sureña de Temuco, donde varias decenas de personas fueron desalojadas con gases lacrimógenos por la policía tras bloquear los accesos a esa localidad. Por otra parte, un grupo de cuarenta y cinco mujeres partió desde Temuco a la capital, Santiago, para intentar reunirse con el presidente Piñera, en busca de una solución al conflicto. Los indígenas exigían que el gobierno dejara de procesar a militantes mapuches bajo la llamada ley antiterrorista. Finalmente el presidente firmó un proyecto de ley que modificaba la justicia militar y establecía que los civiles y menores de edad sólo serían juzgados por los tribunales civiles. Como el año 2010 estuvo marcado por el terremoto, la mayoría de los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo respondían a la necesidad de atender sus consecuencias. El resto de las iniciativas en su mayoría se venían arrastrando desde el gobierno de Michelle Bachelet y no mostraron grandes variaciones en cuanto al contenido propuesto por el nuevo mandatario. No hubo una legislación nueva e interesante, que tuviera un impacto fuerte.
 • En la Dimensión que mide el Poder Efectivo para Gobernar de la democracia chilena, en la Subdimensión Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Bienestar muestra un avance en todos los indicadores que la componen; más fuertemente en Gasto Público en Salud y Educación, aunque todavía se encuentran alejados de los mejores valores de la serie (Gráfico 3.29). Los datos sociales analizados en esta edición corresponden todavía a la última etapa de la gestión presidencial de Michelle Bachelet. En esta subdimensión, Chile ocupa el 3° lugar del ranking, bajando un peldaño con respecto al ordenamiento del año anterior, debido a los ascensos de algunos países (Argentina, Uruguay y Brasil) que elevaron el promedio. Su puntuación supera holgadamente el comportamiento medio de los países de la región. Según el Instituto Nacional de Estadísticas chileno la tasa de desempleo continuaba a la baja en el trimestre septiembre-noviembre de 2010. Por su parte, la ocupación y la fuerza del trabajo se incrementaron también en 1,0% y 0,4% respectivamente. Con lo que el impacto de la crisis internacional empezaba a quedar atrás. Las iniciativas correspondientes a la Ley de Calidad y Equidad de la Educación, el informe de la Comisión Presidencial de la Salud y el proyecto que transforma el Ministerio de Planificación en el Ministerio de Desarrollo Social fueron las iniciativas más destacadas en este campo. Sin embargo, eran notorias las diferencias al interior del gobierno, lo que sugiere que el curso futuro de la política social será el resultado de la confrontación entre las distintas miradas que existen, y también de la capacidad de reconstitución de la oposición y de la movilización de los actores sociales involucrados en la gestión de políticas sociales y sus beneficiarios.
 • La Subdimensión Económica, luego de su importante caída en la medición de 2009, muestra una continuidad de la línea de recuperación iniciada en la medición del año pasado (Gráfico 3.30), con mejores resultados en los indicadores de Percepción de Libertad Económica, PIB per cápita e Inversión. Sólo se mantuvo estable la variable de Brecha de Ingreso y baja el indicador de Endeudamiento. Ocupa el 2° lugar en el ranking, ganando dos lugares con respecto a la evaluación anterior. En enero de 2010 Chile se convirtió en el primer miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE ) en Sudamérica y el segundo en Latinoamérica, gracias a los avances económicos, a su desarrollo social y su fuerte reestructuración institucional. La economía chilena estaba en pleno proceso de recuperación desde mediados de 2009, tras sufrir las consecuencias de la crisis financiera mundial, cuando en febrero de 2010 enfrentó un devastador terremoto.
Esto, sumado a cierta incertidumbre respecto del alcance de la crisis de la deuda soberana de algunos países europeos, llevó, inicialmente, a menores estimaciones de la tasa de crecimiento del PIB, situándola en niveles cercanos a 4,5%. Durante el primer trimestre, el PIB se expandió sólo el 1,6% anual. No obstante la reacción cíclica del consumo, en especial de bienes duraderos, y de la inversión en maquinaria y equipos tras su contracción en 2009 ante la incertidumbre que se vivía, contribuyó a una marcada expansión del PIB de 6,6% y el 7% anual durante los dos trimestres siguientes respectivamente, consolidando estos indicadores el proceso de recuperación de la economía. A su vez, el significativo aumento de la inversión durante 2010 se habría traducido en un incremento de 5% del PIB potencial para el próximo año, por lo que, en conjunto con la continuidad de la demanda interna y externa, y la intensificación de los esfuerzos de reconstrucción, en especial de viviendas, es posible proyectar un crecimiento del PIB en el rango de 6% a 6,5% para 2011.
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