 Costa Rica continúa en esta edición del IDD-Lat ocupando el 3° lugar en el ranking regional, aunque su puntuación general presenta un descenso de más de 8% en el índice general (Gráfico 3.21). Esto es producto, principalmente, de la menor puntuación que obtuvo en las dos subdimensiones Económica y Social que componen la Dimensión IV, y también por un leve descenso en la Dimensión III , Calidad Institucional y Eficiencia Política. Las elecciones generales de 2010 se llevaron a cabo el domingo 7 de febrero para elegir cargos en todos los niveles, incluido el de presidente de Costa Rica por los siguientes cuatro años, periodo que se extendería entre el 8 de mayo de 2010 y el 8 de mayo de 2014. Las elecciones corresponden al décimo quinto (15°) proceso que se celebra para estos efectos desde la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica en 1949.
La candidata oficialista Laura Chinchilla Miranda, del Partido Liberación Nacional (PNL ), fue la triunfadora estableciendo dos hechos significativos: por primera vez llega una mujer a la presidencia de Costa Rica y se consolida el quiebre del sistema bipartidista del país, con un sistema pluripartidista y una representación más diversificada en la Asamblea Legislativa. Laura Chinchilla obtuvo el 46,7% de los votos relegando al candidato de la primera fuerza de oposición, Ottón Solís Fallas, del Partido Acción Ciudadana, y sus aliados al segundo lugar, con un 25,1% de los votos, y a Otto Guevara Guth del Movimiento Libertario (ML ) al tercer lugar, con un 20,9%.
• El comportamiento de la Dimensión de Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles presenta un valor superior en un 3% al del año anterior (Gráfico 3.22) y se mantiene entre los valores más altos de la región. Este pequeño ascenso, sumado a la importante caída de Uruguay en esta dimensión, llevan al país al 2° lugar del ranking, superando al país del conos sur. Casi todos los indicadores tuvieron pequeños crecimientos, salvo el que mide inseguridad, que se mantuvo prácticamente en los mismos valores que el año anterior. Para los comicios de 2010 se aprobó una reforma sustantiva al Código Electoral de 1952, en la que se establecieron una serie de cambios, algunos de los cuales entrarán en vigencia en las siguientes elecciones previstas para el año 2014. El nuevo Código Electoral prohíbe las donaciones de sociedades anónimas, quita el tope de las donaciones de las personas físicas y elimina la llamada “ley seca”, que prohibía la venta de licor durante el proceso electoral.
En la nueva reforma se estableció también la posibilidad de que los costarricenses en el extranjero puedan votar. Se define una reducción del aporte del Estado a los partidos políticos para las próximas elecciones, pasando del  anterior 0,19% del PIB a 0,11%. Se estableció la obligación de la alternabilidad de género en los puestos de elección, pues los partidos ya habían avanzado en el proceso de designación de candidatos. Este cambio significa que después de un puesto de elección masculino debe seguir uno femenino y así sucesivamente. Un tema que se tornó polémico en el seno de la comisión que analizó estas reformas fue el referido a las encuestas y los sondeos de opinión, donde finalmente se determinó que a los directores o encargados de los medios de comunicación que durante los tres días inmediatos a las elecciones o el propio día del proceso, permitan por acción u omisión la difusión o publicación total o parcial de las encuestas o sondeos, se les sancionará con una multa cuyo monto oscilará entre los dos y los diez salarios base vigentes en Costa Rica en ese momento. Laura Chinchilla triunfó holgadamente con 46,7% de los votos, un 5,8% más que los obtenidos por su antecesor, Óscar Arias, en 2006.
Otto Guevara, candidato en ambas elecciones por el Movimiento Libertario, obtuvo un 12,3% más que en las elecciones de 2006. Ottón Solís obtuvo 25,1%, un 14,6% menos que los votos que él mismo obtuvo cuatro años antes. El abstencionismo, que había ido en ascenso en las elecciones de 1998, 2002 y 2006, disminuyó ligeramente para situarse en 30,8%, valor inferior al de las abstenciones de las dos últimas elecciones. De acuerdo con los resultados del sondeo realizado por la empresa Unimer para el diario local La Nación, la aceptación de la gestión de la mandataria cayó de 41%, que ostentaba en mayo de 2010 al 37% para fin de ese año. Según el estudio, la principal preocupación de los costarricenses radicaba en los problemas de la seguridad y el aumento del crimen y la delincuencia.
• El valor obtenido en la Dimensión de Calidad Institucional y Eficiencia Política coloca al país en el 2° lugar de la tabla, detrás de Chile. Costa Rica mantiene, también en esta dimensión, un valor destacado (Gráfico 3.23) y supera ampliamente el promedio regional. El alto puntaje en la mayoría de los indicadores se muestra estable, aunque ha mejorado levemente en el indicador de Accountability. No obstante el país debe avanzar en algunas de las cuestiones institucionales relacionadas con la protección de los derechos, tales como el Acceso a la Información y el Hábeas Data. La única variable que ha sufrido un retroceso ha sido el Índice de Percepción de la Corrupción. Como quedó dicho, la conformación de la Asamblea Legislativa consolidó su formato multipartidario. Como resultado de las elecciones del 2010, el PLN obtuvo veinticuatro diputados; el PAC descendió de diecisiete a once, uno menos que hace cuatro años; el ML pasó de seis a nueve diputados; el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), por su parte, obtuvo seis diputaciones, una más que hace cuatro años; el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE ), que reivindica los derechos de personas con discapacidad, pasó de uno a cuatro diputados; el Partido Frente Amplio, de izquierda, obtuvo un diputado, como hace cuatro años; y dos partidos de orientación religiosa obtuvieron un diputado cada uno. No fueron fáciles los primeros meses de gobierno para la presidenta Chinchilla ya que fracasó en sus esfuerzos por convencer a la Asamblea Legislativa de aprobar un controvertido plan fiscal.
 Tampoco logró avanzar ante el Parlamento con una ley general de electricidad. Cuatro miembros de su equipo de gobierno, incluido el estratégico ministro de Seguridad Pública, José María Tijerino, abandonaron sus cargos en este periodo. La atención central de la administración debió desviarse desde agosto para atender un diferendo limítrofe con Nicaragua que escaló en octubre cuando, según San José, la vecina nación invadió el sector fronterizo de Isla-Calero/Los Portillos. El caso enrareció las relaciones diplomáticas entre los dos países, en medio de una ácida disputa verbal en los máximos niveles de gobierno y la participación de la Corte Internacional de Justicia para apaciguar los ánimos. De acuerdo a los estudios de opinión pública, hacia finales de año, un buen número de costarricenses cuestionaban los pocos logros de la mandataria en materia de seguridad –uno de los proyectos emblemáticos de su campaña política– y consideraban que tampoco se había llevado a la práctica la publicitada red de cuidados para la niñez. Crecía la sensación de que Costa Rica estaba dejando de ser el ejemplo de derechos y libertades por el creciente clima de violencia e inseguridad que empezaba a asemejarlo con el resto de los países centroamericanos.
• En la Dimensión que mide el Poder Efectivo para Gobernar, en la Subdimensión Social que hasta el año anterior era una de las mayores fortalezas de la democracia costarricense, aunque mantiene valores muy por encima del promedio regional, el país ha empeorado más de un 38% con respecto de los valores obtenidos en 2010 (Gráfico 3.24). Esa caída produce que no siga liderando el ranking de esta subdimensión y pase a ocupar el 4º lugar, detrás de Uruguay, Argentina y Chile. Aunque descienden todos los indicadores sociales, la caída más significativa se observa en las puntuaciones en las variables que miden eficiencia en salud y educación y el indicador de Pobreza. En este panorama descendente debió asumir la presidenta Laura Chinchilla, y en los temas de mayor incidencia –desigualdad, seguridad, educación– no hubo mejoría en los primeros meses de la nueva gestión. Posiblemente ello se debiera a lo que ella manifestó desde su campaña electoral, su intención era continuar la línea que había emprendido el gobierno de Óscar Arias aunque trajera planes y programas propios. No ha disminuido la pobreza y más bien aumentó la desigualdad. Se incumplió en cuanto a criminalidad y delincuencia, puesto que también continuaron en aumento.
El único logro en este aspecto es que hubo una ligera reducción en la tasa de homicidios durante la administración de Chinchilla. Si bien es todavía un periodo corto para medir su gestión, el gobierno deberá esforzarse para que el país vuelva a ser un ejemplo de políticas sociales e inclusión, de acuerdo a lo proclamado al inicio de su gestión. En efecto, la presidenta había fijado, en marzo de 2010, como una de sus principales metas, atender con diversos  programas estatales a una cuarta parte de las familias que viven en pobreza extrema. La promesa estaba contenida en el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2011-2014, que dieron a conocer conjuntamente la mandataria y su ministra de Planificación, Laura Alfaro Maykall. El programa establecía el objetivo de dar cobertura a 20 mil de las 77 mil familias que no podían satisfacer sus necesidades básicas. Esas 20 mil familias representaban a poco más de 80 mil personas, entre las más de 311 mil que vivían en extrema pobreza. Según el Plan, el Estado iba a atender a esos hogares con programas de alimentación, salud, educación, vivienda y cuidado infantil. Además, iban a recibir capacitación y apoyo para obtener empleo. También el plan plurianual establecía el objetivo de mantener en 160 mil el número de jóvenes beneficiados con el programa de becas conocido como “Avancemos”. Esta iniciativa otorga subsidios económicos a las familias, a cambio de que sus hijos cumplan satisfactoriamente con los estudios. Otro objetivo anunciado era que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) incrementaba de 86 mil a 96 mil el número de personas con pensiones del régimen no contributivo.
• También el desempeño en la Subdimensión Económica ha empeorado fuertemente en relación con el valor obtenido en 2010 (Gráfico 3.25). Este registro es el peor de la serie y, por primera vez en nuestra medición, Costa Rica cae por debajo del promedio regional y obtiene valores negativos en esta subdimensión. Esa situación justifica su descenso de siete posiciones en el ranking regional y lo lleva a ocupar el 12° lugar. El descenso en la puntuación se origina en una abrupta caída en la Brecha de Ingreso y por el valor más bajo obtenido en nivel de Inversión. El resto de los indicadores se ha mantenido con escasas variaciones. Desde el año 2009, a raíz de la crisis internacional, Costa Rica no ha logrado detener su caída. Las condiciones favorables en la estabilidad en los precios y las variaciones en las tasas de interés que no afectaron a los costarricenses, fueron los aspectos que mantuvieron a flote la imagen de Chinchilla.
Sin embargo, el dolor de cabeza para su gobierno se centra en los déficits, principalmente el fiscal y la caída en el precio del dólar, que ha registrado un descenso de 6,5% desde que asumió el nuevo gobierno y tiene fuertes repercursiones para los exportadores. La preocupación más fuerte se centra en el déficit del gobierno, el más alto de América Latina, que se valora en cerca de 2 mil millones de dólares en 2010, equivalente a 5,3% de la producción. En 2010 la CE PAL esperaba que el PIB de Costa Rica creciera a una tasa de 4%, después de la contracción observada en 2009 (1%). Esta recuperación estaba sustentada en el dinamismo de las exportaciones (8,1%), la expansión moderada del consumo (3,5%) y de la inversión bruta fija (3,4%). Pero el balance del gobierno central continuó deteriorándose y se estimaba un cierre del año en altededor de un 5,5% del PIB (3,4% en 2009). La inflación se ubicaba en torno a 5,5% en línea con la meta establecida por el Banco Central. El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos cerraría el año en 3,7% (2% en 2009), mientras que se esperaba una leve recuperación de la tasa de empleo. Durante sus cuatro años, Laura Chinchilla prometió reducir el desempleo de 7,8% a 5% y generar alrededor de 340 mil nuevos empleos, para lo que esperaba que la economía creciera entre 5 y 6%.
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