 Colombia ha revertido la incipiente tendencia positiva que comenzaba a mostrar en el Índice de Desarrollo Democrático (Gráfico 3.16). A pesar de este leve descenso no ha modificado su ubicación en el ranking, donde sigue ocupando el 9º lugar. Continúa sin alcanzar el promedio regional, e integra el grupo de países con bajo desarrollo democrático. El retroceso colombiano en el IDD -Lat es consecuencia, fundamentalmente, de las variaciones negativas registradas tanto en la Dimensión Calidad de las Instituciones y Eficiencia Política, como en la Subdimensión Social. Se completaron siete años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez y con ello durante el año 2010 Colombia entró en la recta final de su segundo mandato. Es indudable que la gestión del presidente Uribe ha marcado fuertemente la historia reciente del país con base en una marcada política de seguridad que buscó poner límites a los grupos insurgentes y reinstalar al Estado colombiano con poder efectivo en el territorio nacional. Y aunque el presidente y sus seguidores enfatizaran los logros alcanzados por esta administración en los dos periodos, cada día se sumaban más voces críticas sobre distintos aspectos de la gestión gubernamental, incluso en sectores sociales y personajes que votaron por Álvaro Uribe y apoyaron su mandato en el primer periodo y parte del segundo.
• La Dimensión II que evalúa el Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, ha tenido un puntaje más alto que el año anterior (Gráfico 3.17). En esta medición, Colombia asciende cuatro lugares en el ranking regional, ocupando el 12° lugar y logrando su tercer mejor valor en diez años en la Dimensión que mide la Democracia de los Ciudadanos. Este crecimiento es producto de obtener mejores resultados en los indicadores de Voto de Adhesión Política, Condicionamiento de Libertades por Inseguridad y Género en el Gobierno. El resto de los indicadores se mantiene sin variaciones, ya que el país no logra mejoras en las puntuaciones que recibe en Libertades Civiles y en Derechos Políticos y que se ubican entre las peores de la región. Esa situación coloca a Colombia por debajo del promedio regional. La elección presidencial para el periodo 2010-2014 se efectuó el 30 de  mayo de 2010 (con posterioridad a las elecciones de senadores y representantes) y su proceso de escrutinio terminó oficialmente el 8 de junio. Sin embargo, los resultados de los comicios mostraron que matemáticamente ningún candidato alcanzaba la mayoría absoluta de los votos, por lo que fue necesaria una segunda vuelta, realizada el día 20 de junio, que dio como vencedor al candidato del oficialismo: Juan Manuel Santos, quien fue elegido presidente por el número de votantes más alto y sin precedentes en la historia de la democracia colombiana. Una de las principales expectativas que hubo durante el proceso electoral, fue la posibilidad de que el presidente Álvaro Uribe pudiera aspirar a un tercer mandato. Sin embargo, tales presunciones acabaron el día 26 de febrero de 2010, cuando la Corte Constitucional de Colombia declaró nulo el llamado referendo reeleccionista por irregularidades durante el trámite, proyecto que hubiera permitido modificar la Constitución para admitir la hipotética elección por tercera vez del jefe de estado en curso. De hecho, este nuevo intento de acomodar las instituciones a las personas que ejercen el poder, tan habitual en la región, fue una de las causas de la caída de popularidad del presidente Uribe y ha tenido impacto en la Dimensión que mide la Democracia de las Instituciones.
• Colombia ha empeorado su desempeño en Calidad Institucional y Eficiencia Política en más de 30% (Gráfico 3.18) y volvió a estar por debajo del promedio regional. Bajó siete lugares en el ranking con respecto al año anterior y ocupa el 13º lugar, fundamentalmente por peores resultados en el Índice de Percepción de la Corrupción, en participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo y del indicador de Desestabilización. El único indicador que ha mostrado un mejor desempeño ha sido el de Accountability, principalmente el segmento social donde inciden las condiciones para el ejercicio de una prensa libre. El 22 de abril de 2010 el candidato por el oficialismo, Juan Manuel Santos, declaró “me siento orgulloso de haber tomado esa decisión y lo hice junto al presidente Uribe” con relación al bombardeo en Ecuador durante la operación Fénix, en la que murieron un grupo de guerrilleros, un ecuatoriano, supuestos estudiantes mexicanos y el jefe de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alias Raúl Reyes. Tras las declaraciones de Santos, el presidente venezolano Hugo Chávez y miembros del gobierno ecuatoriano del presidente Rafael Correa repudiaron dichas afirmaciones. En Ecuador se le reabrió expediente a Santos por ser autor de la incursión armada en territorio ecuatoriano y las muertes causadas, mientras que el presidente venezolano declaró que “si Santos era electo habría guerra” y que “Santos es una verdadera amenaza militar, y para la estabilidad de la región es una ficha del imperio yanqui”.
En mayo, el presidente Chávez volvió a referirse a él diciendo que “reduciría a cero” el comercio con Colombia, si resultaba elegido presidente el candidato oficialista. Uribe solicitó la no intervención en los asuntos internos de Colombia. Por otro lado, las FARC hicieron un llamado a la abstención en las elecciones y protagonizaron varios incidentes aislados en las zonas más convulsas, como los departamentos de Cauca y Caquetá. En relación con el crucial aspecto de la seguridad, tras el enorme esfuerzo económico, político y social desarrollado por toda la sociedad durante el gobierno de Uribe, no ha quedado establecido que la política de seguridad democrática haya resuelto estructuralmente el enorme reto que se le ha planteado al país. No obstante los esfuerzos y la inversión realizados, se constata la continuidad del conflicto armado y del narcotráfico: una guerrilla golpeada y replegada pero todavía existente; un fenómeno paramilitar que a pesar de la desmovilización continua puede crecer; infracciones a los Derechos Humanos por parte de la fuerza pública; la extensión de los cultivos de coca y amapola que no disminuyen, a pesar de las amplias campañas de erradicación. A ello se suma las dificultades de coordinar una adecuada estrategia de seguridad urbana, como se puede percibir en los crecientes niveles de inseguridad en las ciudades y en los “mecanismos” que se suscitan para hacerle frente, como las amenazas, los panfletos y la “limpieza social”. Consciente del agotamiento del modelo político desarrollado por su antecesor, el nuevo presidente Juan Manuel Santos restableció la “armonía” con las víctimas del conflicto armado, con Venezuela y con los actores políticos y sociales de su país en sus primeros 100 días de gobierno.
El proyecto de Ley de Víctimas, el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, el respeto a la separación de poderes y su actitud dialogante con la oposición han sido para la sociedad colombiana “una especie de aire refrescante”. La Ley de Víctimas buscaba atender y reparar a más de cuatro millones de afectados por el conflicto sin discriminar si los victimarios fueron guerrillas, paramilitares o agentes del Estado, y la Ley de Tierras atendía la devolución a los campesinos de unos dos millones de hectáreas usurpadas. Otro de los hechos significativos de la primera etapa del gobierno de Santos fue el mantenimiento de la ofensiva contra las FARC. El episodio más relevante lo constituyó la muerte del máximo jefe militar de esa organización, Víctor Julio Suárez Rojas, el 20 de septiembre. En este terreno Santos, aunque continuó con la estrategia de “arreciar y arreciar” en la ofensiva armada, también marcó una impronta al dejar abierta la posibilidad de un acuerdo negociado con los guerrilleros, pero ellos se han mantenido en las hostilidades. El último episodio violento más significante durante 2010, se registró el 15 de noviembre, en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, cuando murieron catorce guerrilleros y cuatro policías. Estos hechos, sumados a picos de violencia urbana registrados en el último trimestre del año –trece personas fueron asesinadas en distintos puntos de Medellín, el 4 de noviembre– determinaron una advertencia del gobierno de Estados Unidos, que también incluyó a México, para que sus ciudadanos se abstuvieran de realizar viajes turísticos a Colombia. Santos respondió y afirmó que en su país la seguridad es “excepcional” .
• En lo relativo a la Dimensión IV, que evalúa el Poder Efectivo para Gobernar, en la Subdimensión Social, el valor que Colombia obtiene vuelve a caer por tercer año consecutivo (Gráfico 3.19) y sigue sin superar el promedio regional. En esta oportunidad la situación no se debe a la caída en sus indicadores, sino a que no ha mejorado al ritmo que sostuvieron otros países de la región. La mayor parte de los indicadores sociales se han mantenido estables pero en niveles críticos. Hubo algunas variables que registran mejoras, tales como los de Mortalidad Infantil, Desempleo y Matriculación Secundaria, pero en estos tres casos el país continúa entre los de peor comportamiento regional. Por todo ello, en esta subdimensión, Colombia sigue ocupando el puesto 14° en el ranking regional. Tras ocho años en el poder, el presidente Álvaro Uribe entregó a su sucesor, el 7 de agosto de 2010, un país que no logró revertir la tasa de desempleo ni logró eliminar el alto nivel de precarización de las condiciones laborales, situación que para las centrales obreras era el resultado de la falta de una política laboral. Indudablemente el énfasis de la política del gobierno de Álvaro Uribe no estuvo centrado en el desarrollo social y eso se evidencia en las estimaciones que los analistas realizan del balance social durante su gestión: • Según la “Misión para el Empalme de las Series de Pobreza y Distribución del Ingreso”, MESE P, el 45,5% de los colombianos ganaba en 2009 menos de dos dólares diarios y el 16,3% estaba en la indigencia. 
• El 64,3% de los habitantes del campo son pobres, y de éstos el 29% extremadamente pobre o indigente. • 2 millones 600 mil familias (alrededor de 10 millones de personas) son beneficiarias del programa Familias en Acción. • El promedio de escolaridad es de 8,6 años (5,2 años de educación promedio para el 10% más pobre y más de once años para el 10% más rico). • El gasto en salud es más bajo en valores absolutos que lo que el gobierno invertía en 2003. • Otro tanto sucede con el gasto en educación. El presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de la toma de poder del 7 de agosto, se comprometió a trabajar por los pobres de Colombia, y agregó que su gestión estaría signada por el pasaje de “la seguridad democrática a la prosperidad democrática”. Recibía un país con 28 millones de pobres, de los cuales 7 millones 200 mil viven en la indigencia, según Planeación Nacional. Un panorama agravado con la existencia de más de 3 millones de desplazados –la mayor cantidad en el mundo después de Darfur, según el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo–, 2.5 millones de desempleados y 44% de la población económicamente activa con una remuneración de 251 dólares mensuales. El impacto de lluvias extraordinarias ocurridas hacia finales de año, agregó dramatismo a la situación social de más de 2 millones de personas afectadas por el fenómeno. • El valor obtenido en la Subdimensión Económica es el mejor de la serie (Gráfico 3.20), y logra además el porcentaje de crecimiento interanual más importante de la región. Colombia ocupa el 6° lugar del ranking regional de este año, manteniendo el lugar que había ocupado el año anterior. Se observa un mejor desempeño en casi todos los indicadores, excepto en los referidos a Endeudamiento e Inversión.
 El valor obtenido este año por segunda vez se sitúa por encima del promedio regional. Los avances más importantes se han producido en el PIB per cápita y en la Brecha de Ingreso. El presidente Santos decidió contener la revaluación, con una compra diaria de 20 millones de dólares prevista hasta marzo de 2011. El 11 de noviembre de 2010 cuestionó la decisión de la reserva federal de Estados Unidos de enviar a los mercados cambiarios del mundo una cifra de 600 mil millones de dólares. Se estima que la economía colombiana creció un 4,0% en 2010, impulsada por la dinámica de la demanda interna y el marcado crecimiento del sector minero (carbón y petróleo). La moneda nacional continuó apreciándose, por lo que las autoridades económicas adoptaron políticas para mitigar el impacto y detener el proceso de revaluación. La inflación permanece controlada y se espera cumplir con el rango de entre el 2% y el 4% establecido como meta. “Hoy es un día muy importante, porque estamos lanzando ni más ni menos que la hoja de ruta para el gobierno en los próximos cuatro años”. Con estas palabras, el presidente Juan Manuel Santos presentó a la sociedad, a principios de diciembre, las bases de su Plan de Desarrollo 2010-2014. El Plan busca reducir la pobreza de 45,5 a 39,5% y propende por una reducción del desempleo hasta ubicarlo en niveles de 9%. La financiación de los programas en él contemplados implicará recursos por 485 billones de pesos: para el crecimiento sostenible y competitividad, 221 billones, de los cuales el 73% será aportado por el sector privado en inversión minero-energética, vivienda e infraestructura; para la igualdad de oportunidades se han designado 116 billones (el 95% de recursos públicos y el 5% del sector privado). El Plan define cinco “locomotoras” para el crecimiento económico: minería, infraestructura, vivienda, agricultura e innovación.
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