 Brasil presenta una leve mejora con respecto al Índice de Desarrollo Democrático del año anterior, cercana a 3% (Gráfico 3.11); motivo por el cual se mantiene en el ranking, ocupando el 8° lugar y se acerca al mejor valor de la serie obtenido en 2003. Esta leve mejora en el desempeño se debe a la compensación que se produjo entre el crecimiento alcanzado en las Dimensiones II y IV y el descenso de la Dimensión III. El valor de 2011 está, por primera vez, por encima del promedio regional, por lo que Brasil se integra al bloque de países de desarrollo democrático medio. El panorama político brasileño estuvo signado por las elecciones presidenciales de octubre de 2010. Éstas, que necesitaron de las dos rondas previstas constitucionalmente para elegir presidente, arrojaron algunos resultados que es necesario analizar. Marina Silva, ex ministra del Medio Ambiente del presidente Lula Da Silva, dimitió en 2008 y, en agosto de 2009, abandonó el Partido de los Trabajadores (PT) para ingresar y liderar el Partido Verde (PV), convirtiéndose en la primera candidata mujer, de minoría étnica (zambo) y pentecostal, a la presidencia en las elecciones generales de Brasil de 2010. Ella fue, desde el punto de vista político, la gran ganadora de la primera vuelta electoral. El 19,33% obtenido por Marina Silva forzó una segunda vuelta al restarle votos al PT.
La primera vuelta electoral dejó hechos importantes: 1) M arina, no el PV, surge como una figura importante en la política brasileña, algo que puede refrescar la democracia en el país. 2) E l apoyo de Marina a uno u otro candidato podía tener un efecto importante para el PV, sobre todo traducido en ministerios, en la conformación del próximo gobierno 3) Si Dilma Roussef confirmaba su victoria en la segunda vuelta, tendría una situación institucional mejor, para ejercer la gobernabilidad, que la que Lula tuvo en sus dos periodos presidenciales. Las previsiones indicaban que el PT saldría de las elecciones legislativas convertido en el primer partido de la Cámara de Diputados, seguido muy de cerca por su aliado, el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). De otro lado, el PT aumentaría considerablemente su representación en el Senado, organismo en el que la oposición había originado muchos problemas a la administración de Lula. El PT y sus aliados políticos (principalmente el PMDB y el Partido Socialista Brasileño) pasarían a gobernar la mayor parte del país. 4) La oposición quedaba debilitada.
Desde la elección anterior se notaba un proceso gradual de disminución en algunos partidos –como el PSDB o el Demócrata (DEM)– por lo tanto, la única oportunidad que tenía la oposición de revitalizarse consistía en una victoria de José Serra. Viejas figuras de la política pertenecientes a esos dos partidos no salieron elegidos para el Congreso por primera vez en décadas. 5) En el sector gobernante surgió otra fuerza política que consiguió hacer un número de parlamentarios y gobernadores significativo: el Partido Socialista Brasileño. En otras palabras, el proceso electoral de la primera vuelta significó el declive de algunos de los representantes de la vieja clase política brasileña, frente a un proceso gradual de renovación partidaria y de liderazgos. En el fondo, la elección presidencial también verificó la misma disputa. Finalmente, la segunda vuelta electoral del 31 de octubre consagraría a la candidata oficial –que había sido ministra destacada de Lula– Dilma Roussef, con el 56,05% de los votos, derrotando al opositor José Serra, y convirtiéndose en la primera mujer que accede a la primera magistratura brasileña .
• En la Dimensión II, Respeto de los Derechos Políticos y Civiles, el país se ubica en toda la serie 2002-2011 en una meseta cercana a los 4 puntos (Gráfico 3.12). Este año comienza a cambiar la tendencia con una leve curva ascendente y ha alcanzado el mejor valor de la serie, posicionándose cerca de los 5 puntos. Ha podido subir dos escalones en el ranking, ocupando el 9° lugar. Brasil presenta mejoras en los indicadores de Voto de Adhesión Política, Condicionamiento de la Libertad por Inseguridad y Género, pero el valor obtenido en estas variables es aún muy bajo comparativamente con algunos de los países de la región, como es el caso de Costa Rica, que lidera la variable que mide la participación de la mujer en el gobierno y duplica el puntaje de Brasil; o el caso de Chile y Uruguay, que obtienen las mejores puntuaciones en participación política de la ciudadanía o el mismo Chile que encabeza el indicador de Inseguridad. El resto de los indicadores se ha mantenido estable. En esta dimensión, el país sigue sin alcanzar el promedio de la región. Lula termina su gobierno con más de 80% de aprobación. Los partidarios del líder petista dicen que deja el país con menos pobres, más empleos y una de las economías emergentes más prometedoras. Sus detractores, en cambio, critican los graves problemas de narcotráfico y violencia, además de un excesivo “personalismo” en la política exterior. Aunque en el periodo de Lula la tasa de homicidios bajó de 28,8% en cada 100 mil habitantes a 25,4% (según cifras disponibles hasta 2007), la percepción de inseguridad, especialmente en las grandes ciudades, no ha cambiado sustancialmente. Y Río de Janeiro sigue en los primeros lugares del ranking de ciudades más violentas de América Latina. Hacia fines de 2010, estallaron nuevos enfrentamientos callejeros entre jóvenes narcotraficantes y el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), que dejaron un saldo de decenas de muertos y heridos.
• El desempeño de la Dimensión III, Calidad Institucional y Eficiencia Política, ha sido negativo respecto al del año anterior (Gráfico 3.13), con una caída de casi 20%, y ese descenso repercutió en la ubicación de Brasil en el ranking, en el que pasa del 10° al 14° lugar. El país mantiene un pobre desempeño en algunos de los indicadores que conforman la dimensión, tales como los puntajes en el Índice de Percepción de la Corrupción, en Accountability y en Desestabilización de la Democracia. El valor de la dimensión se aleja más del promedio regional.
 Con respecto a la peor puntuación recibida en el Índice de Percepción de la Corrupción, debemos recordar que el dato surge de los estudios desarrollados por Transparencia Internacional, cuyo puntaje refleja los hechos de corrupción registrados durante el 2010. Luego de la orden de arresto del gobernador de Distrito Federal, José Arruda (ex DEM ), emitida por el Tribunal Superior de Justicia, se especuló mucho sobre su posible impacto electoral, ya que se trataba de la caída de un aliado del opositor PSD B, en momentos en que su precandidato, José Serra, lideraba por entonces la intención de voto para las presidenciales. Sin embargo, pese a la destitución de Arruda, la corrupción no fue uno de los ejes centrales del debate electoral, ya que el PT y el PSD B, las dos principales opciones para la sucesión de Lula, estuvieron vinculados directa o indirectamente con casos de corrupción, dejándolos con poca autoridad moral para convertir esta cuestión en uno de los principales asuntos de la campaña. Durante la campaña electoral, la sustituta de Rousseff al frente del Ministerio de la Casa Civil, Erenice Guerra, fue denunciada por estar implicada en una presunta trama de tráfico de influencias y pago de comisiones. Guerra ocupaba el cargo de asesora y mano derecha de Rousseff, cuando la empresa de su hijo, Capital Assessoria e Consultoria, maniobró de manera turbia para que la compañía de carga Mater Top Airlines (MTA ) consiguiera renovar su contrato con la Agencia Nacional de Aviación Civil.
La revista Veja afirmaba que Guerra estaba al corriente de las comisiones que su hijo, Israel Guerra, se estaba embolsando. Es destacable, sin embargo, que Brasil ha comenzado a poner en marcha algunos mecanismos para poner coto al desoden provocado por la corrupción. El Tribunal Superior Electoral aprobó la nueva ley para prevenir la corrupción en el gobierno cuya primera aplicación se dio oportunamente ante las elecciones generales de octubre. La ley 9.840 impide ser candidatos a aquellos ciudadanos condenados por un amplio abanico de crímenes, como el fraude electoral. Esta ley llamada popularmente “Ficha Limpia” es sin duda la mayor conquista latinoamericana contra la corrupción política. La ley prohíbe a los políticos acusados por crímenes de diversa índole, además de aquellos que cambian de partido político para intervenir en otras candidaturas, participar en elecciones políticas y demás cargos públicos durante ocho años. Si bien la medida fue y sigue siendo cuestionada por muchos miembros de la corporación política, que aducen que ningún ciudadano honesto deseará formar parte de actividades políticas por temor a perder prestigio personal por denuncias infundadas, la ley constituye un caso de estudio en la difícil tarea de poner coto a la histórica tendencia de utilización de los bienes públicos en beneficio de las personas que ejercen cargos en los gobiernos democráticos de la región.
• En la Dimensión IV, sus dos subdimensiones tuvieron el mismo comportamiento: ambas han mejorado, aunque lo ha hecho en menor proporción la Subdimensión Social. Sus logros son notorios en el valor general respecto del año anterior (gráfico 3.14), que se observa tanto en la disminución de la Mortalidad Infantil, como en la reducción de la cantidad de Hogares Bajo la Línea de la Pobreza y en un aumento del Gasto en Educación y en Salud. Sin embargo, el resultado obtenido en esta subdimensión no alcanza para mejorar su ubicación en el ranking, donde se mantiene en el 5° lugar. El valor obtenido en su Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Bienestar continúa ubicándose por encima del promedio regional, acercándose a las mejores puntuaciones. El aumento del gasto social y la puesta en marcha de una serie de programas sociales de mayor cobertura, no dejan lugar a dudas a que existe una especie de “agenda de los pobres” que antes no tenía cabida, a través de los viejos programas denominados de “transferencia condicionada”, como ocurre con el proyecto bandera del gobierno de Lula: la “Bolsa Familia”. De cualquier manera, el éxito de este programa y sus efectos múltiples es indiscutible, ya que ha logrado atender a 40 millones de pobres (más de una quinta parte de la población total), principalmente de las zonas más deprimidas del país (el noreste), reduciendo, según cifras oficiales, la pobreza extrema en alrededor de 20 millones de personas, además de estimular notablemente el consumo de los sectores populares. Otra de las claves fundamentales, en el área socioeconómica, es la política de aumento salarial que el Ejecutivo promovió. El salario mínimo aumentó más de 60%, y junto a él mejoraron considerablemente los ingresos de otras categorías profesionales.
• La Subdimensión Económica, evidencia un incremento aún mayor a la Subdimensión Social (Gráfico 3.15) debido a la recuperación después de la crisis internacional. En este caso, esa tendencia positiva logra que Brasil cambie de posición en el ranking al obtener el 7° lugar, mejorando dos lugares con respecto a 2010. Éste es el sexto año continuo en que el país supera el promedio de la región y alcanza el mejor valor de la serie histórica. Casi todos los indicadores presentan mejoras, salvo las variables de la Brecha de Ingreso y de Inversión. A los ojos del Fondo Monetario Internacional (FMI ) no cabe duda de que Brasil se consolida como la locomotora del crecimiento regional. Tanto es así que avanzó ya al 8° lugar en el ranking de las diez primeras economías mundiales. En efecto, con una economía que supera los 1,5 billones de dólares, Brasil desplaza a un noveno lugar a España, cuya producción alcan za 1,4 billones. En el informe “Perspectivas de la economía mundial”, el FMI mejora sensiblemente las perspectivas para el país, reconociendo que su economía sería “el principal motor” en la recuperación regional, con un crecimiento estimado en 7,5% para 2010 y una proyección de 4,1% para el año siguiente. En el año de nuestra observación, la economía brasileña consolidó su recuperación con base en el crecimiento de su PIB, a una fuerte expansión del empleo –con más de 2,4 millones de nuevos puestos de trabajo formales entre enero y octubre– y a una reducción de la tasa de desempleo, que cerró el año en un nivel históricamente bajo: 5,7% en las seis principales regiones económicas del país. En promedio, los sueldos aumentaron un 6,5% en términos reales y el crédito a las personas creció un 7,7%, también en términos reales, lo que permitió que el consumo de las familias se mantuviera en continua expansión.
Como nota preocupante de la economía brasileña se consigna la inflación, que permaneció por encima de la meta establecida de 4,5%, con una variación de 5,9%, convirtiéndose en uno de los mayores factores de preocupación para el nuevo gobierno. En el sector externo se destacaron la recuperación de las importaciones y el significativo aumento del ingreso de capitales por concepto de inversión extranjera directa e inversión de cartera. Esos resultados macroeconómicos se debieron, principalmente, a la mayor demanda interna, en especial por las políticas públicas de mayor gasto social y de financiamiento del consumo y la inversión. Este crecimiento económico y el impacto de sus programas sociales y su respeto al orden institucional que le hicieron desistir de todo intento reeleccionista, permitieron al presidente Lula concluir su gestión con un 80% de popularidad.
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