IDD-Lat 2009 |
Colombia |
| Colombia ha sido uno de los países que más ha descendido, luego de El Salvador, y esto ha repercutido en el Ránking, ocupando este año el 9º lugar, un puesto menos que en el 2008. No alcanza a superar el promedio regional, y ya no integra el grupo de países con desarrollo democrático medio. Este retroceso es producto, fundamentalmente, de variaciones negativas en la dimensión de Calidad Institucional y de la Subdimensión Social. · La Dimensión II ha tenido un puntaje un poco mejor que el año anterior, aunque en esta oportunidad, Colombia desciende un lugar del ránking; actualmente ocupa el lugar Nº 15. El mejor resultado que obtiene es fruto de la mejor performance en el indicador de inseguridad, a pesar de obtener una peor calificación en el Puntaje del Indice de Libertades Civiles, y de mantener sin variaciones el resto de los indicadores. Aún esta dimensión permanece por debajo del promedio regional. · Ha empeorado su desempeño en Calidad Institucional y Eficiencia Política, y ya no está por encima del promedio regional. Ocupa el 9º lugar del Ranking, descendiendo 3 escalones con respecto al año anterior. Lo que impacta negativamente es el Factor de Anormalidad Democrática, producto de la crisis que vivió el país por las reiteradas denuncias de la llamada “parapolítica”. No obstante este problema, que es consecuencia de las tensiones que viven la democracia y las instituciones colombianas en la resolución del conflicto armado preexistente, ha obtenido mejores valores respecto al año anterior tanto en la Percepción de la Corrupción, como en los indicadores de Accountability y Desestabilización. · El valor obtenido en la Subdimensión Económica es el mejor de la serie, mostrando un crecimiento que lo acerca al promedio. Ocupa el 11º lugar del ránking, mejorando en un lugar su posición con respecto al 2008. El mejor desempeño se vio en casi todos los indicadores, salvo en el de Brecha de Ingreso que se ha mantenido estable. El promedio obtenido este año se ubica levemente por debajo del promedio regional. Los avances han sido leves, salvo en los indicadores de endeudamiento (que mejora más de un 12%) y el de inversión (más del 17%). · En el área social el valor que obtiene no supera el promedio regional. Y la puntuación es inferior a la del 2008. Esta situación se debe a que las variaciones positivas que han tenido algunos de sus indicadores no alcanzan el nivel del incremento del promedio regional, que se utiliza como base para el cálculo de la subdimensión. De hecho las variables Mortalidad Infantil, Hogares bajo la línea de la Pobreza, y Desempleo, han mejorado levemente, pero aún distan de los niveles alcanzados por otros países, fundamentalmente es el caso de hogares bajo la línea de la pobreza. Otras variables, en cambio, no han sufrido modificaciones, como es el caso de Gasto en Salud y en Educación. En esta subdimensión, Colombia ocupa el puesto Nº 8 en el Ránking. Memoria Democrática 2008 El 2008 se ha caracterizado por ser particularmente dinámico para Colombia, situación que tocó directamente al sistema político que se vio perturbado por diferentes desafíos internos y externos en un periodo corto de tiempo. Sólo por enumerar algunos hechos significativos, pueden mencionarse los siguientes: el ataque de la Fuerza Pública que terminó con la muerte de Raúl Reyes, numero dos de las FARC; las difíciles relaciones diplomáticas con Ecuador, Venezuela y Nicaragua; la muerte de Manuel Marulanda Vélez, “Tirofijo”, número uno de las FARC y el ascenso a esa posición de Alfonso Cano; la deportación de 14 jefes paramilitares a los Estados Unidos en pleno proceso de investigación sobre las relaciones de la clase política y económica con organizaciones armadas ilegales durante las dos últimas décadas, y el desarrollo de la reparación de las victimas de la violencia desatada durante el mismo período de tiempo; el encarcelamiento, llamado a indagatoria e investigación de una gran cantidad de políticos, en su mayorías congresistas y entre los que se contaba el primo del presidente Álvaro Uribe; el crecimiento del narcotráfico y bandas emergentes; la espectacular liberación de Ingrid Betancourt y otros secuestrados; la movilización masiva de los colombianos en al menos tres ocasiones para pronunciarse sobre la violencia y el secuestro y por supuesto el fortalecimiento del poder ejecutivo en manos del Presidente Álvaro Uribe a pesar de las crecientes tensiones con el poder judicial; la polarización entre opositores y “uribistas”, y el debilitamiento de la coalición de gobierno en el poder legislativo a causa de la denominada “parapolítica”. Hacia fines del año los enfrentamientos entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno a causa de la parapolítica aún no amainaban. También continuaban vigentes los problemas diplomáticos con Ecuador y Nicaragua, aunque con el primero de ellos se crearon canales de acercamiento que avizoraban una solución de mediano plazo, mientras el segundo conflicto no tenía una importancia significativa para el país, algo completamente diferente a lo que ocurría con Venezuela. Mientras continuaba profundizándose, en el plano interno, la polarización de la clase política. La mayor parte de esa tensión residía en la creciente posibilidad de un tercer mandato de Uribe, gracias a un proyecto de referendo liderado por uno de sus escuderos, el secretario general del Partido Social de Unidad Nacional, Luís Guillermo Giraldo. Las tensiones internas no cesaron, producto tanto de las investigaciones por la parapolítica emprendidas por la Corte Suprema de Justicia, como por el referendo, que podría permitir un tercer mandato de Uribe. Siendo el presidente Uribe tan popular la inminencia de un tercer periodo generó nervios y polarizó las posiciones en la oposición, mientras que muchos de los presidenciales cercanos a Uribe guardaban calma. La segunda visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luís Moreno Ocampo, a Colombia, que tuvo lugar en el mes de agosto, tuvo un significado trascendente. Tales indagaciones e interés del organismo internacional marcaron la existencia de una vigilancia cercana sobre la forma en que se estaba investigando al paramilitarismo y al juzgamiento de sus principales culpables, la búsqueda de la verdad sobre los hechos relacionados con la violencia de las ultimas dos décadas y la reparación de las victimas. La presencia de la CPI se convirtió en una presión que tenía como objetivo que los órganos judiciales y de investigación, particularmente la Fiscalía, lograran resultados en el corto plazo. El presidente Uribe llegó a la mitad de su segundo mandato con posibilidad de un tercero, dada su alta popularidad acrecentada por el rescate de 15 rehenes de las FARC. El 2 de julio de 2008 el Ejército Nacional colombiano realizó un histórico rescate de 15 secuestrados (entre los que se encontraban Íngrid Betancourt, 3 ciudadanos norteamericanos y 11 militares colombianos) calificado de "perfecto", debido a la impecable acción que permitió la completa liberación sin un solo disparo. El reconocimiento de Uribe ha sido constante a lo largo de los seis años que lleva en el gobierno, con niveles que oscilaron entre el 60% y el 80%, manteniéndose impermeable al denominado escándalo de la "parapolítica". La gran mayoría de los más de 60 legisladores involucrados en el escándalo pertenecieron a la coalición política, que sustentaba al mandatario, quien abandonó el partido Liberal para presentarse como candidato independiente a las elecciones de 2002. La buena imagen del presidente tampoco fue afectada por otro escándalo surgido en los últimos meses. Una ex congresista, Yidis Medina, lo acusó de haber estado al tanto de las prebendas que dos de sus ministros le ofrecieron en 2004 para votar en favor de la reforma constitucional, que permitió su reelección dos años después. La Corte le pidió a la Corte Constitucional que revisara la legalidad de la reforma constitucional aprobada en el 2005. El presidente reaccionó cuestionando la sentencia y llamando al Congreso a convocar a un referendo para decidir sobre la repetición de las elecciones presidenciales del 2006. Uribe no confirmó si buscará su segunda reelección, lo que para algunos opositores es una estrategia encaminada a debilitar políticamente a sus eventuales rivales en las urnas, toda vez que de esa forma demora la definición de las candidaturas presidenciales de otros partidos. Pero ya se han levantado voces de rechazo a una nueva reelección dentro la coalición de gobierno, conformada por pequeños grupos políticos con intereses diversos que ya quieren buscar sus propios espacios. Desde comienzos del 2008 se sabía que en la agenda del Congreso habría cinco proyectos prioritarios: Reforma Política, Ley de Víctimas, Reforma de la Justicia, Referendo Reeleccionista y la iniciativa de establecer la cadena perpetua para violadores de menores. La “operación tortuga” que se vivió en el Legislativo a mediados del periodo, y que llevó a muchos a dudar sobre el futuro del proyecto de Reforma Política, logró mantener en vilo su aprobación cuando se encontraba próxima al cuarto de sus ocho debates, por haber sido aplazada y dilatada en múltiples ocasiones. Sin embargo, en el último momento el Proyecto fue aprobado “a pupitrazo” por la mayoría uribista, mientras la oposición se marginaba del debate. No es común que un grupo de congresistas y mucho menos una bancada en pleno presione para que se archive un proyecto que ellos mismos presentaron. Sin embargo esto fue lo que ocurrió con la bancada liberal y su proyecto de Ley de Víctimas. El proyecto, aprobado el 12 de noviembre en su tercer debate, había generado muchas expectativas en el país y especialmente entre las asociaciones de víctimas. El optimismo llegó a su fin durante el primer periodo de la legislatura 2008-2009, cuando el Poder Ejecutivo, argumentando la inconveniencia económica y negando categóricamente la existencia de crímenes de Estado, impuso sus mayorías parlamentarias para modificar sustancialmente el articulado, estableciendo, entre otras cosas, un tiempo límite de 2 años para que las víctimas pudieran registrarse ante el Estado, una serie de requisitos legales y administrativos -violatorios de convenciones internacionales según algunos- para que los ciudadanos probaran su condición de víctimas, y la necesidad de sentencia judicial para ser declarado víctima de crímenes de agentes del Estado. Estos cambios en la columna vertebral del proyecto generaron fuertes críticas desde la comunidad internacional, sectores de la ciudadanía y el mismo Congreso, principalmente desde las bancadas liberales y del polo democrático alternativo (PDA), así como de algunos sectores minoritarios del uribismo. Ante la negativa del Gobierno de echar para atrás estas modificaciones, las bancadas de oposición, actuando de forma disciplinada, solicitaron el archivo de la iniciativa pensando en volver a presentarla en marzo del año entrante. Para el Gobierno, y en particular para el entonces recién posesionado Ministro del Interior y de Justicia, el proyecto de Reforma a la Justicia comenzó siendo la punta de lanza de su agenda legislativa, pero en poco menos de tres meses, terminó siendo su principal fracaso, al tener que retirarlo incluso antes de su primer debate. La “parapolítica” se convirtió en un importante escollo a superar. Entre julio y octubre, un alto número de congresistas investigados por esta causa (o que habían reemplazado a investigados) expresaron públicamente su intención de declararse impedidos para votar la Reforma, ya que figuras como la doble instancia para juzgar congresistas tenían implicaciones directas sobre su posible permanencia en los curules. Si bien el Ejecutivo intentó desestimar estos argumentos e hizo un llamado a su coalición a ignorar el régimen de inhabilidades, el Gobierno nunca tuvo la certeza de alcanzar las mayorías y prefirió dilatar su trámite. La oposición de la Rama Judicial fue el segundo obstáculo del proyecto. Desde las altas cortes le llovieron críticas al Gobierno, no sólo por no concertar debidamente el texto, sino por lo que consideraban un reacomodamiento de poderes que, en lugar de intentar recuperar el equilibrio perdido con la primera reelección presidencial, parecía ahondar el desequilibrio institucional. Sin embargo, el golpe de gracia fue la detención de Guillermo Valencia Cossio, hermano del Ministro de Interior y Justicia y autor del proyecto, por borrar evidencias judiciales contra un jefe paramilitar desde su cargo como Director de Fiscalías de Medellín. Este escándalo no solo generó una avalancha de peticiones de renuncia del Ministro, sino que le hizo perder legitimidad al proyecto de Reforma de la Justicia e incluso ocasionó que las bancadas Liberal, del Polo Democrático, e incluso algunos sectores uribistas, amenazaran con no discutir la iniciativa. El proyecto de referendo para una segunda reelección presidencial paralizó en gran medida el trabajo del Congreso. Lo que no se esperaba era que en dicha parálisis se viera afectado el mismo referendo, el cual, a pesar de estar respaldado por una parte significativa de la maquinaria uribista, por más de cinco millones de firmas y por tener mensaje de urgencia, tan sólo pudo ser aprobado después de 17 horas de discusión y para el año 2014 en las sesiones extraordinarias que el Gobierno convocó minutos antes de las medianoche del día en que concluyó la legislatura. El país también estuvo pendiente de la suerte de tres iniciativas que, motivadas por las alarmantes cifras de maltrato contra menores y el asesinato de un bebé en el municipio de Chía con la complicidad de su padre, intentaban implantar la cadena perpetua para los asesinos y violadores de menores. Si bien la más visible de estas propuestas ya reunió 2.508.000 firmas para ser presentada al Congreso como iniciativa popular, dos proyectos de ley sobre el tema tuvieron cabida en la agenda parlamentaria del periodo. El FMI elogió la política económica de Colombia. La deuda externa como porcentaje del PIB bajó de 35% en 1998 a 21% en septiembre de 2008. Los ingresos de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos cubrían el 81% del valor de la deuda externa. El déficit en cuenta corriente aparecía completamente cubierto por Inversión Extranjera Directa (IED). La relación IED neta sobre déficit en cuenta corriente es de 156%. Las condiciones de liquidez y solvencia externa son favorables. La situación del sector financiero era robusta, el mercado interbancario permaneció estable y el flujo de crédito hacia la economía era normal. En los últimos años, la participación de la deuda pública externa había disminuido. En el 2008 cerca del 70% de la deuda pública total estaba en pesos y el 30% en moneda extranjera. La duración de la deuda se había incrementado en los últimos años. Después de Brasil, Colombia es el país con el nivel más bajo de deuda externa privada en proporción al PIB, lo que implica una menor vulnerabilidad del sector empresarial frente a las variaciones del tipo de cambio y un menor riesgo de refinanciación y una mayor fortaleza para enfrentar la crisis internacional. |
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