IDD-Lat 2010 |
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República Dominicana |
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El presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, cumplió durante el 2009, el primer aniversario de su tercer mandato (segundo consecutivo) con fuertes críticas a su gestión ante la ineficacia en la lucha contra la corrupción y con protestas populares en demanda de mejoras sociales. Fernández ha tenido una fuerte presencia en el escenario latinoamericano donde jugó un rol de mediador y pacificador. A su papel protagónico en la XX Cumbre de Presidentes del Grupo de Río, en Santo Domingo, que propició un reacercamiento de los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, y Alvaro Uribe, de Colombia, se añadió su papel ante la crisis hondureña. Con su mediación, el presidente electo Rodrigo Lobo accedió a la salida del ex presidente, José Manuel Zelaya, recibido como huésped en Santo Domingo.
El Presidente Leonel Fernández, líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), apenas iniciado su tercer mandato presidencial, en agosto de 2008, había convocado a "consultas" para reformar la Constitución de 1966, reformada en 1994 y 2004. Finalizada esas consultas, designó una Comisión de Juristas que se encargaría de darle forma a las propuestas emanadas de la misma. A fines del 2008, convocó al Congreso Nacional e introdujo el proyecto de Ley de convocatoria a la Asamblea Revisora que conocería la propuesta de reforma o nueva Constitución; la que finalmente fue aprobada, pero con el repudio de parte de la sociedad civil por entender que el texto aprobado no fue el sometido a la Asamblea. En diciembre concluyó el proceso de reforma constitucional. Con esta nueva Carta Magna el Presidente coronaba su llamada “Revolución democrática”, una promesa de reinventar la “vida institucional dominicana para generar las condiciones del desarrollo”, que anunció al asumir su tercer mandato al frente del Ejecutivo. Uno de los objetivos prioritarios de este proceso de “reingeniería institucional” sería la modernización de la justicia, con la creación del Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, y medidas como la jubilación de los magistrados de la Suprema Corte que superen los 75 años de edad. En cuanto al poder Legislativo, aumentaba el número de diputados de 178 a 190, de los cuales 7 representarían a la comunidad dominicana residente en el exterior y se unificaban las elecciones congresuales, municipales y presidenciales. Además, se incorporaban al articulado un listado ampliado de derechos fundamentales, mecanismos de participación directa como el referéndum y la iniciativa legislativa popular, y mayores garantías ciudadanas como el recurso de amparo, el nombramiento de un Defensor del Pueblo y el habeas data.
Con respecto a los avances democráticos de la Constitución de 2010, destacan por novedosos el reconocimiento de la igualdad entre hombre y mujer (art. 39.4), la obligación del Estado de promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva (art. 39.3), el reconocimiento de los derechos del consumidor (art. 53), el deber de invertir en educación de manera creciente y sostenida (art. 63) y la incorporación de derechos de segunda y tercera generación propios del llamado “constitucionalismo social”. El blindaje a este orden constitucional frente a decisiones emanadas de autoridad usurpada (art.73), llevó al Presidente Fernández a proclamar con orgullo que “en República Dominicana, jamás se producirá un golpe de Estado”, en referencia a los acontecimientos en Honduras. Sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación porque algunas de las modificaciones podrían socavar determinadas garantías constitucionales en materia de derechos humanos.
Varios funcionarios de Fernández fueron acusados de actos de corrupción, y las denuncias salpicaron desde la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) hasta al Ministerio de Relaciones Exteriores. En Febrero de 2009 el Departamento de Estado de EE UU dio a conocer un informe que calificaba a la República Dominicana como una de las principales naciones caribeñas del tráfico de cocaína y heroína entre América del Sur y Estados Unidos. La República Dominicana había sido situada también ese año entre las naciones que no ofrecen ninguna o muy escasa información a sus habitantes sobre los gastos públicos implementados por el Gobierno, conforme una encuesta de la International Budget Partnership (IBP). Y por último, el Foro Económico Mundial colocó a la República Dominicana entre los cinco países con sistema de administración pública más corrupta, con mayor favoritismo en cuanto a contrataciones de obras del estado, mayor nivel de despilfarro en el gasto público, entre otros. Con un negativo balance de cinco muertos, otras protestas de carácter popular llevaron a las calles las quejas de los dominicanos por la precariedad de los servicios, la falta de obras en infraestructuras y los apagones.
El Gobierno dejó en funcionamiento el Programa de Alimentación Móvil que tiene el propósito de llevar comida cocida a los barrios y comunidades pobres de todo el país. Otros programas sociales se habían ya puesto en funcionamiento tales como el Programa Solidaridad, el cual tenía como componentes a Comer es Primero, Incentivo a la Asistencia Escolar y Dominicanos con Nombre y Apellido. Tres años después, se adicionó el componente Bonogas Hogar. |
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