IDD-Lat 2010 |
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Nicaragua |
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Nicaragua ha sufrido un nuevo retroceso con respecto al 2009 (Ver Gráfico 3.56). Esta tendencia negativa se evidencia en las Dimensiones II y III y en la Subdimensión Capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica. Aún forma parte del grupo de países con bajo desarrollo democrático. El país baja dos peldaños en el ranking regional, del 12º lugar al 14º. Parece haber sido un buen año para Ortega quien consolidó su poder político y burocrático; logró que la presión por el fraude en las elecciones municipales de 2008 disminuyera -a eso contribuyó el golpe de Estado en Honduras, que distrajo la atención de Nicaragua hacía ese país-; logró que se aprobara su reforma tributaria; y obtuvo una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que podría habilitarlo para volver a ser candidato en abierta violación a la Constitución.
Pero todo eso que son buenas noticias para Daniel Ortega no lo son tanto para la sociedad ya que aumentó la desconfianza política; se acumularon condiciones para una mayor conflictividad social y política; se incrementó la inseguridad jurídica; las condiciones para la inversión se deterioraron y el año culminó con más desempleo.
En lo relativo a la agenda internacional, el año estuvo signado por las relaciones con los países donantes. La tensión había llegado al máximo al momento de los cuestionados comicios de 2008, pero una vez que los alcaldes electos tomaron posesión de sus cargos a inicios del 2009, el FSLN inicio un suave giro político de acercamiento bajando el tono de los discursos, en una desesperada búsqueda por obtener financiamiento. Los países donantes condicionaban el financiamiento del Presupuesto ya no a la aclaración del fraude electoral del año 2008, sino a la reforma del sistema electoral de cara a las elecciones presidenciales del año 2011. El sandinismo se encontraba en una especie de encrucijada. Si no accedía a las presiones de esos países no obtenía financiamiento y venía el derrumbe total del Presupuesto, y el consecuente crack financiero del sector público y, si mantenía el enfrentamiento, la crisis continuaba agudizándose y el desgaste político del FSLN sería mayor el siguiente año.
La pérdida de más de 45.000 empleos por la recesión económica, los problemas de gobernabilidad y el fuerte autoritarismo han socavado la popularidad del presidente Daniel Ortega en su tercer año de gobierno. Según las últimas encuestas de opinión pública del año, seis de cada diez personas desaprobaban la gestión de Ortega y lo acusaban de "autoritarismo", de promover la "desunión" y el "conflicto" a pesar de los esfuerzos del gobierno por vender una imagen de "Paz y Reconciliación". Ortega había asumido el gobierno en 2007 con una aprobación de más del 60% de la población que expresaba la esperanza de que el Frente Sandinista (FSLN, izquierda) trajera prosperidad.
Daniel Ortega y sus deseos de cambiar la constitución para poder reelegirse obraron un extraño milagro: reconciliar a dos antiguos enemigos: Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre, los dos líderes que encabezaban a las principales facciones del liberalismo nicaragüense. El acuerdo de unidad liberal antisandinista buscaba impedir que Ortega reformara la constitución para presentarse a las elecciones de 2011. El acuerdo contemplaba el rechazo a la Ley de Reforma Tributaria que promovía el gobierno, y a la reelección presidencial y a las reformas constitucionales. Además proponían una Ley de Nulidad para declarar nulas las pasadas elecciones municipales. Acordaron también que Eduardo Montealegre, líder de Vamos Nicaragua, intentaría convencer a la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, con quienes su movimiento mantenía una alianza, de que se uniera al frente antisandinista.
El sandinismo intentó romper esta incipiente alianza tentando a los liberales ofreciéndoles entrar en el reparto de veintisiete vacantes institucionales que se producirían a lo largo del año siguiente. Como elemento de presión, el sandinismo contaba con que dos espadas de Damocles pendían sobre ambos líderes: Arnoldo Alemán había sido condenado a 20 años por de cárcel por fraude al Estado, aunque la CSJ decretó en enero de 2009 su libertad definitiva; en tanto que sobre Montealegre pende otro caso de corrupción por su presunta participación en la emisión de Bonos del Tesoro (CENIs), que provocó una deuda de más de 400 millones de euros a Nicaragua. Ambos casos podrían ser reabiertos en cualquier momento por una justicia muy dependiente del poder político.
En julio de 2009 Daniel Ortega hizo públicos sus deseos de reelección. En la conmemoración del 30 aniversario de la caída de la dictadura de Anastasio Somoza, Ortega llamó a las fuerzas políticas a trabajar para "tener una mejor Constitución", recurrir a mecanismos como un referéndum o instalar "otra urna" para consultar al pueblo si querían o no la reelección presidencial en periodos sucesivos. La reforma, según Daniel Ortega, también debía incluir a los diputados: "que el derecho a la reelección sea para todos y que sea el pueblo el que premie o castigue".
El clima de agitación y conflicto se expresó a lo largo del año con enfrentamientos en las calles entre simpatizantes del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y personas críticas al gobierno.
Al comenzar el año 2009, el presidente Ortega se había visto forzado a anunciar un plan de austeridad y la primera reducción del Presupuesto General de la República en 1.312 millones de córdobas, supuestamente para enfrentar “los efectos de la crisis económica mundial”, pero en realidad estaban destinados a tapar el enorme hueco dejado por el recorte de la ayuda económica y financiera de los países donantes de 120 millones de dólares. Ortega ensayó un discurso conciliador con los donantes, pero el hueco presupuestario continuó ensanchándose.
Debido a la reducción de las recaudaciones, producto del descenso de las exportaciones e importaciones, disminución de las donaciones y préstamos, a finales de junio, el presidente Ortega promovió una segunda reforma al Presupuesto, afectando todos los programas sociales del gobierno: salud, educación, poder judicial, el presupuesto de las universidades, etc.
El retroceso económico tuvo como causas principales la crisis financiera internacional y la decisión de la comunidad cooperante de congelar la ayuda al presupuesto, tras las cuestionadas elecciones municipales de 2008. A su vez, la caída de un 6,5% de las remesas que los emigrados enviaban a sus familiares en Nicaragua contribuyó a reducir el consumo interno, con su consecuente impacto en la recaudación tributaria y en los planes de inversión pública del gobierno que ayudan a generar empleo. Más de 12.000 trabajadores públicos fueron despedidos por el gobierno, según federaciones sindicales independientes. Mientras que otros 30.000 obreros, en su mayoría mujeres, perdieron sus trabajos en las fábricas de las Zonas Francas, por cierres de operaciones y la caída de la demanda internacional.
La crisis también sacó del mercado a 800 pequeñas empresas nicaragüenses que clausuraron ese año sus puertas dejando sin trabajo a 5.000 trabajadores. Las ventas se redujeron en cerca de 250 millones de dólares. Así, el 2009 tuvo un fuerte impacto en la mayoría de los hogares nicaragüenses que cerraron el año con más impuestos, menos empleo y más pobreza.
El clima de confrontación interna y externa llevó a los partidos de oposición a no aprobar algunas leyes claves para que Nicaragua obtuviera el visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI), para acceder a nuevos préstamos y desembolsos. Esta situación retrasó la llegada de nuevos recursos al país. La combinación de esta crisis con la financiera global, más la crisis política hondureña que afectó el comercio del istmo, explican el pobre desempeño de la economía nacional.
Entre los más golpeados por esta triple crisis se encuentran los sectores de la construcción y la industria, afectados por la escasez de recursos. También el sector financiero que en estas condiciones y ante el temor de no recuperar los préstamos otorgados, restringió el acceso al crédito dinamizador.
La pobreza alcanzaba a más de la mitad de la población que subsistían con 2,08 dólares o menos al día, según cifras oficiales. En tanto, el 32,9 por ciento de los nicaragüenses pensaba que el desempleo, que volvía a crecer, era el principal problema que afrontaba el país. Como corolario del clima de crispación, la oposición acusaba a Ortega de desalentar el clima de inversiones y la creación de empleos, deteriorar las instituciones y debilitar la gobernabilidad y la democracia para instaurar una "dictadura" en el país.
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