IDD-Lat 2010 |
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Honduras |
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Los países sin gobierno democrático son excluidos de la evaluación del IDD-Lat. El equipo de trabajo, tras intensas discusiones, decidió aceptar que la celebración de elecciones nacionales con un nivel de participación tan solo un 10% inferior a la última elección presidencial de 2005 y que resulta superior a la participación electoral registrada en países tales como Colombia, Guatemala y México, por ejemplo, generan una situación de legitimidad que, aunque precaria, parece indicar un progresivo retorno a la normalidad democrática en Honduras. Por eso incluimos en el IDD-Lat 2010 a Honduras.
El Presidente electo Porfirio Lobo deberá enfrentar importantes desafíos:
1. Legitimidad y reconocimiento internacional: Honduras todavía sufre el aislamiento con el que la mayoría de la comunidad internacional respondió a la destitución forzada de Manuel Zelaya en junio del 2009. Uno de los principales retos del nuevo mandatario, por tanto, será convencer a gobiernos como los de Brasil y Argentina de que ya es hora de mirar hacia adelante, y lograr que Honduras sea nuevamente admitida en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).
2. Una Resistencia empeñada en seguir resistiendo: A nivel local, la legitimidad de Lobo también es disputada por las organizaciones y movimientos sociales agrupados en el denominado Frente Nacional de Resistencia en Contra del Golpe de Estado. La Resistencia, que lideró las manifestaciones en apoyo a Zelaya y en repudio al gobierno interino de Roberto Micheletti, ya se declaró dispuesta a continuar ocupando las calles en protesta, empezando con una manifestación convocada para coincidir con la toma de posesión del nuevo mandatario. Uno de los principales retos del nuevo mandatario será lograr incorporar a su "Diálogo Nacional" a un movimiento que involucra a algunos de los sectores más beligerantes de la sociedad civil hondureña.
3. Una economía en crisis: En el plano económico, lo que le espera a Lobo no es un campo minado sino un campo ya devastado por los efectos de la crisis. Y es que la crisis política local agravó significativamente el impacto de la recesión económica mundial, reduciendo todavía más la inversión extranjera directa y las exportaciones, además de provocar la interrupción de buena parte de la ayuda internacional
4. Las responsabilidades del 28 de junio: A Lobo le hubiera gustado asumir la presidencia con Zelaya ya fuera del país y amparado por una ley de amnistía para todos los implicados en los sucesos del 28 de junio del 2009. Y aunque la ley de amnistía fue aprobada por la Corte Suprema, no especificaba los nombres de las personas que serían beneficiadas y entraba en vigor 20 días después de su publicación en el diario oficial. La ley fue rechazada tanto por los sectores señalados como golpistas como por los vinculados a la Resistencia. La Corte Suprema también sobreseyó definitivamente a la cúpula militar hondureña acusada de haber sacado a Zelaya ilegalmente del país.
En cualquier caso, mientras la sociedad hondureña en su conjunto no termine de procesar los sucesos del 28 de junio, el tema seguirá siendo una potencial fuente de conflicto en el país. Pero ese es un reto para todos los hondureños.
Por ello Guatemala ocupa el 14º lugar del ranking, es decir que ha perdido nuevamente tres lugares con respecto al 2009 y su índice sigue estando por debajo del promedio de la región. El gobierno logró organizar las elecciones generales realizadas el 29 de noviembre con cerca de 300 observadores internacionales, pero sin la presencia de importantes misiones de observación electoral, como la Organización de las Estados Americanos y la Unión Europea que boicotearon la elección. Porfirio (“Pepe”) Lobo, del Partido Nacional, obtuvo la mayoría de los votos, aunque el nivel de abstención creció al 50% de los votantes habilitados contra el 46% registrado en la elección que había ganado Zelaya en 2005. Está previsto que asuma el cargo de presidente en enero de 2010.
La representación política tanto en el plano del legislativo nacional, como en los cargos municipales, también, favoreció al conservador Partido Nacional. Con más de 70 diputados en el Congreso Nacional (integrado por 128 representantes) con el predominio en 15 de los 18 departamentos del país (incluyendo varios de los departamentos más importantes), y con un gran número de alcaldes y regidores, el Partido Nacional asumirá el poder político en las distintas esferas a partir de enero de 2010.
El resto de los indicadores se mantuvo estable, salvo el de Accountrability que ha mejorado. También tuvo un retroceso el indicador de Percepción de la Corrupción. En esta dimensión cae fuertemente por debajo del promedio regional, y pierde tres lugares del ranking.
En los meses previos a junio de 2009, ocurría en Honduras una crisis política entre los poderes de la República, en el cual se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional y la Corte Suprema, sobre la legalidad de una consulta que tenía como objetivo inmediato saber si los hondureños estaban de acuerdo en que -en los comicios de noviembre del mismo año- se colocase una llamada "cuarta urna" para votar un referéndum y cambiar la Constitución Nacional por medio de una Asamblea Constituyente.
Los opositores a Zelaya afirmaban que buscaba con esta modificación a la constitución su reelección, aunque Zelaya lo negaba. La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Electoral calificaron la consulta como ilegal, con base en una ley aprobada posteriormente a la realización de la convocatoria expresamente para prohibirla. A pesar de esas opiniones, Zelaya mantuvo la consulta para junio y ordenó al Ejército distribuir papeletas de votación, de conformidad con su rol en la organización de las elecciones. Después de que el jefe del Ejército, Romeo Vásquez Velásquez, se negase a obedecer esta orden, Zelaya lo destituyó de su cargo, lo que provocó la renuncia de los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea. Como corolario de todo ese clima de conflictos y enfrentamientos, el 28 de junio, un grupo de políticos de la oposición, respaldado por el Ejército y encabezado por Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso Nacional y miembro del Partido Liberal, derrocó al presidente José Manuel Zelaya Rosales y lo expulsó del país.
En las semanas posteriores al 28 de junio, el Congreso decretó el estado de sitio, suspendiendo garantías de los ciudadanos contenidas en 8 artículos de la Constitución, hubo movilizaciones en apoyo de ambos sectores, una de las cuales desembocó en el asesinato de un manifestante opositor al golpe.
La OEA suspendió a Honduras como miembro de la organización hasta que el país "restaure el gobierno democrático" (el de Manuel Zelaya), El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y los Estados Unidos anunciaron sanciones económicas para Honduras a causa del "golpe de Estado", el BID y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de la ayuda financiera que otorgaban a Honduras y se produjo una retirada en bloque de todos los embajadores de la Unión Europea de Honduras.
Al finalizar el año seguía ejerciendo el poder un gobierno de facto presidido por Roberto Micheletti. En su discurso, Micheletti, al tomar la investidura presidencial, aseguró que "no llego a esta posición bajo la ignominia de un golpe de Estado, llego a la Presidencia como producto de un proceso de transición absolutamente legal". Sostuvo además que el poder ejecutivo, el congreso y el poder judicial concordaban en que Zelaya había incurrido en “reiteradas violaciones” de la Constitución, otras leyes y sentencias judiciales. A su vez, garantizó que se celebrarían las elecciones generales del 29 de noviembre.
Semejante conflicto político, que antes de la caída de Zelaya había logrado ya fanatizar a muchos sectores de la sociedad, terminó llevando a mucha gente a las calles para manifestarse a favor y en contra del presidente derrocado. Hubo varios enfrentamientos con las fuerzas armadas. Tras varios intentos, finalmente el depuesto presidente Zelaya volvió al país en el mes de septiembre y se alojó en la embajada brasileña.
Sin dudas, se vivía un clima de alta tensión en Honduras, el problema estaba en que 2 de los 3 poderes del sistema republicano (el Congreso y el Poder Judicial) insistían en sostener que el nuevo presidente era “constitucional” y no “de facto”, que no había existido ningún golpe de estado sino todo lo contrario, que se habían hecho respetar las normas constitucionales de Honduras. El escaso tiempo restante para la renovación del período presidencial era un aliciente para el nuevo gobierno que trataba de resistir las presiones internacionales hasta esa fecha, pero eran también un acicate para Zelaya y sus seguidores para que lograra volver y conducir el proceso electoral.
El resto de los indicadores no ha sufrido ninguna variación. No mantiene su puesto en el ranking, en cuanto logra subir un escalón (9º lugar). Sin embargo su puntuación aún sigue por debajo del promedio, aunque por pocas décimas. Durante su gobierno, Zelaya había encontrado la fórmula de una Gobernabilidad precaria accediendo a la mayoría de las demandas de los gremios más fuertes debido a la falta de un programa de gobierno. Su gestión se había caracterizado por apagar fuegos a costa de los recursos fiscales, y, en particular, de los fondos de alivio a la pobreza. Había producido el aumento por decreto del salario mínimo a 5,500 Lempiras (291 $ US), para que cubriera la canasta básica de alimentos.
Una de las críticas principales al Presidente Zelaya fue desaprovechar la coyuntura para impulsar algunas de las reformas a fondo que necesitaba el país (sociales, políticas, productivas, fiscales, financieras y de seguridad) que eran necesarias para romper el estancamiento del país en desarrollo humano e institucionalidad democrática. Una de estas coyunturas desaprovechadas fue la desencadenada a partir de los procesos de condonación de la deuda externa. En junio de 2000, se logró el denominado Punto de Decisión y en marzo del 2005 se obtuvo el Punto de Culminación en la Iniciativa HIPC, con lo cual el país comenzó a percibir recursos de alivio interino de su deuda. El objetivo era que todos los recursos condonados sirvieran única y exclusivamente en el combate a la pobreza, lamentablemente esto no se logró. |
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