IDD-Lat 2009

Argentina

El desempeño de Argentina, analizando la medición desde el año 2002, ha sido desparejo. Inicia la serie por encima del promedio de la Región, para descender al año siguiente, obteniendo la peor puntuación de la serie. A partir del 2004 comienza su curva ascendente, con un pequeño descenso en el 2008. Este año presenta un crecimiento de más del 2%.

· Logra mantenerse por encima del promedio de la Región y forma parte del grupo de países de desarrollo democrático medio.

· Sigue ocupando el 6º lugar del Ránking y es el país que lidera junto a Chile y Uruguay la zona MERCOSUR. Es necesario destacar que su leve crecimiento se produce sólo por un mejor comportamiento en la Dimensión II, el resto de las dimensiones han sufrido pérdidas. Los indicadores que conforman la dimensión Derechos Políticos y Libertades Civiles, obtuvieron resultados similares al año anterior, salvo el indicador de Género, que creció en más de un 5%. En esta dimensión sigue ocupando el cuarto lugar del ránking. La puntuación de la dimensión es casi un 20% mayor que la obtenida el año anterior y supera ampliamente el promedio de la dimensión. Es preocupante, que, al igual que otros países de la Región, Argentina no ha podido lograr mejorar el indicador Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad.

· En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política es notoria la debilidad de la democracia argentina, aunque el puntaje obtenido es levemente mayor al obtenido en el 2008, en un 2%, debido a mejores comportamientos en los indicadores de corrupción y de accountability. El indicador de desestabilización se mantiene en los mismos valores, aunque, como dato positivo en Argentina, durante el 2008, no se han registrado víctimas de violencia política. El indicador Participación de Partidos Políticos en el Poder Legislativo se ha mantenido estable; es decir que el Poder Legislativo aún aparece demasiado fragmentado. Argentina aún continúa ubicada bastante por debajo del promedio de la dimensión, aunque ha subido un escalón del ránking regional, ocupando el lugar nº 16.

· El valor obtenido en la Dimensión “Ejercicio de Poder Efectivo para Gobernar” ha sido más bajo, debido a los peores resultados de los indicadores de Libertad Económica y de Inversión. Del tercer lugar que ocupaba en el ránking en el 2008, pasa al 6º. El indicador que muestra la distribución del ingreso se mantuvo estable. Y los indicadores de PIB per cápita y de Endeudamiento han crecido, más fuertemente el primero.

· En la Subdimensión Capacidad para Generar Políticas que aseguren Bienestar ha sufrido un comportamiento similar, en cuanto que ha descendido con respecto al 2008 en más del 18%. Ocupa el cuarto lugar del ránking, descendiendo un peldaño con respecto al año anterior. Esto es producto de que casi todas las variables se han mantenido estables, salvo el de Mortalidad Infantil, que ha empeorado levemente y el de Desempleo, que ha mejorado, aunque no tan significativamente.

· Seguimos remarcando el camino ascendente que ha tomado Argentina, sin embargo aún el nivel de desarrollo obtenido en Calidad Democrática tiene que trabajarse sostenidamente, para alcanzar el nivel de los países de mejor desempeño en el ránking regional.

Memoria Democrática 2008

Cristina Fernández, la primera mujer elegida por voto popular para presidir el país, había asumido su cargo el 10 de diciembre de 2007, tras cuatro años de gobierno de su esposo, Néstor Kirchner. Recordemos que la Presidente Fernández obtuvo el 45% de los sufragios en las elecciones de octubre del 2007, pero luego de un año las principales consultoras de opinión afirmaban que su popularidad había decaído y se encontraba entre el 28% y el 35%.

Varios son los hechos que contribuyeron a la erosión de la imagen de Fernández en su primer año de gestión. Un prolongado y desgastante conflicto con el campo, el anuncio del pago de la deuda con el Club de París, la nacionalización de los fondos del sistema de jubilación privada, la expropiación de Aerolíneas Argentinas, el caso de la valija de Antonini Wilson con dinero negro presuntamente destinado a financiar su campaña, la ruptura de la relación con el vicepresidente Julio Cobos y la crisis financiera mundial, que al Gobierno le costó reconocer que impactaba en su país, son algunos de los múltiples desafíos que debió afrontar la administración de la señora de Kirchner.

En los primeros días de su gobierno debió hacer frente a las derivaciones del llamado “escándalo del maletín”, que había estallado en agosto de 2007 cuando el empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson intentó ingresar a Buenos Aires US$ 800.000 sin declarar. Según el fiscal estadounidense que investigaba el caso, uno de los imputados había dicho que el dinero de la valija era un aporte de Venezuela a la campaña electoral de Fernández. Esto causó una tormenta política en Argentina y generó un cortocircuito en la relación con Estados Unidos. La mandataria acusó a la Casa Blanca de llevar adelante una “operación basura” para perjudicar las relaciones entre Caracas y Buenos Aires, algo que Washington negó.

El problema energético fue una de las cuestiones que la Presidente se propuso abordar. Apenas 12 días después de haber asumido, lanzó el Plan de Ahorro energético que incluía retrasar una hora los relojes a partir del 30 de diciembre. También incluyó el reparto de lámparas de bajo consumo y la reducción de la electricidad en dependencias públicas y municipios.

Cristina Fernández sufrió su mayor desgaste de su primer año de gobierno durante el prolongado conflicto con el campo, porque el fuerte apoyo que tenía el oficialismo entre las clases media y baja de las zonas rurales del interior del país se evaporó por el enfrentamiento con el agro. La protesta del campo comenzó en marzo, cuando el gobierno puso en marcha un esquema tributario que implicaba un alza en los impuestos a las exportaciones de granos destinada a una mayor redistribución de la riqueza en el país. Esta medida causó malestar entre los pequeños y medianos agricultores, quienes afirmaban que los tributos reducían su ya escaso margen de ganancias. Las organizaciones rurales protagonizaron cuatro paros en 130 días, que incluyeron la suspensión de la comercialización de productos y bloqueos de carreteras. La huelga generó una crisis de desabastecimiento de alimentos en las principales ciudades de Argentina y colocó al país en riesgo de perder mercados externos. El ex presidente Kirchner, elegido ese año jefe del Partido Justicialista y acusado frecuentemente de ser el “poder detrás del poder”, contribuyó al clima de confrontación al acusar a los líderes rurales de confabularse para derrocar a su esposa.

Hubo “cacerolazos” contra el gobierno -y a favor del agro- protagonizados por las clases medias y altas de Buenos Aires y otros grandes centros urbanos de Argentina. Ante la creciente polarización, y ya sin respuestas políticas para la crisis, Fernández decidió someter los polémicos impuestos al voto del Congreso. Pero en julio el Senado rechazó los tributos con el sorpresivo desempate del vicepresidente de la nación, Julio Cobos, en lo que se consideró el peor revés sufrido por la mandataria en su primer año de gestión. En el balance negativo del conflicto agrario deben anotarse, también, las renuncias del ministro de Economía, Martín Lousteau, y del jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Cristina Fernández intentó recuperar la iniciativa cuando, en agosto e impulsada por el nuevo Jefe de Gabinete Sergio Massa, dio la primera conferencia de prensa de agenda abierta de su gobierno, algo que tampoco había ocurrido durante la administración de Kirchner. Este hecho fue visto como un gesto de apertura al diálogo. Sin embargo, la presidente ratificó el rumbo de su gestión: “Soy sincera en todas mis actitudes y volvería a hacer todas y cada una de las cosas que hice”.

En septiembre, la Presidente anunció que Argentina cancelaría su deuda de US$ 6.700 millones con el Club de París, que estaba en mora desde que el país declaró la cesación de pagos (default ) en 2001. Además consiguió que el Congreso aprobara la reestatización de la empresa Aerolíneas Argentinas para rescatarla de su situación financiera y operativa ruinosa.

Pero la crisis financiera internacional complicó el panorama. Al principio la Presidente relativizó el impacto que podría tener en Argentina. Sin embargo, con el paso de las semanas el país comenzó a mostrar síntomas de contagio, tales como retracción del consumo y de las exportaciones, y pérdida de empleos por una menor actividad en los sectores de industria y servicios. El gobierno debió admitir que la economía se estaba desacelerando, después de haber exhibido un crecimiento anual de un 8%, y redujo su pronóstico de expansión para 2009 a tan sólo un 4%. Por eso, desde fines de noviembre, la Presidente anunció una serie de medidas para impulsar el consumo, las obras públicas, las exportaciones y las inversiones. Además, impulsó la estatización de los fondos privados de pensiones para salvarlos del impacto negativo de la crisis global, una polémica decisión, que fue ratificada por el Parlamento.

La pregunta que muchos se hacen es cómo encarará Cristina Fernández los tres años que le restan de mandato, habiendo sufrido una fuerte caída en su popularidad, teniendo en cuenta los comicios parlamentarios del año próximo.

Entre tanto, algunas fuerzas políticas ya piensan en formar una alianza para hacer frente al oficialismo en las elecciones legislativas del 2009 e incluso hay quienes ven al vicepresidente Cobos como un posible referente de esa construcción.

Las cuestionadas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas - INDEC siguieron estando en el centro de la polémica. La inflación oficial estuvo por debajo del 1%, cuando las consultoras privadas afirmaban que el costo de vida llegaba al 3 o 4% por mes. La inflación no era el único ítem polémico del organismo estatal, también se descreía de los números de la pobreza y la indigencia. Según el Indec, los índices de pobreza bajaron del 23,4 al 20,7% y de la indigencia al 4,4%. La Iglesia salió a cuestionar estas cifras, lo que hizo aumentar más la tensión de antigua data entre el Episcopado y el Gobierno. La relación con la Iglesia fue conflictiva desde el Gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, y ese año se acentúo ante la negativa del Poder Ejecutivo de designar un nuevo embajador en la Santa Sede, tras el rechazo del plácet de Alberto Iribarne por su condición de divorciado.

Con los medios, el Gobierno mantuvo la línea de choque iniciada con la presidencia de Kirchner. En varios de sus discursos Cristina Fernández fue muy dura con el sector mediático, la mención a una caricatura de Sabat de ella con los labios tapados disparó la pelea con el diario Clarín. En el marco de la disputa, el gobierno lanzó su proyecto de Ley de Radiodifusión y el Observatorio de Medios. La Ley de Radiodifusión proponía reemplazar la legislación que rige desde la última dictadura militar y desmonopolizar el negocio de los medios. De la mano de esta iniciativa y en pleno conflicto con el campo, también surgió la idea de crear un Observatorio de Medios, una entidad que funciona en otros países del mundo pero con total independencia de los gobiernos de turno. Pero el proyecto no ha tenido grandes chances de resultar aprobado en el Congreso.

La presidente Cristina Fernández decidió mantener su fuerte compromiso con los derechos humanos, con constantes elogios a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, aunque muchos critican que el discurso no se refleja en el avance de causas judiciales y efectivo castigo a los responsables de los crímenes de la dictadura.

Durante el último bimestre del año, el gobierno intentó recomponer el poder que había perdido durante el conflicto con el campo. Logró en ese período: a) Estatizar las AFJP, que parecía un objetivo difícil de alcanzar; b) Controlar el mercado del dólar con la metodología del cuestionado Secretario de Comercio (Guillermo Moreno); c) Afirmó la alianza con la CGT y en particular con su titular, Hugo Moyano, lo que era considerado clave para contener los efectos sociales de la desaceleración de la economía; d) Confirmó la alianza política con los intendentes justicialistas del Gran Buenos Aires, con la interna con lista única en la mayoría de los distritos que tuvo lugar en noviembre; e) Recompuso la mayoría justicialista en el Senado, quebrada en el conflicto con el campo; f) Mantuvo la alianza con algunos sectores de la izquierda, al estatizar las AFJP; g) Terminó el año parlamentario logrando no sólo la aprobación del presupuesto, sino también los superpoderes, la prórroga de la emergencia económica y el impuesto al cheque y el plan anticrisis que incluía un discutido blanqueo. Pero esa recuperación de poder no trajo consigo una mejora del consenso social. A ello se agregaba que se había consolidado un peronismo disidente que, de acuerdo a las circunstancias, podía aumentar su volumen.

En el plano social, la inflación fue el problema central en el primer semestre y el desempleo, en cambio, pasó a serlo en el segundo. Contener la inflación estadística -para así impedir que aumente oficialmente la pobreza y la indigencia- era el objetivo prioritario del Gobierno durante el primer semestre. Ello llevó a una fuerte distorsión de los índices, que bajaron oficialmente la pobreza al 18%, cuando otras fuentes la situaban en el 31%. Pero la desaceleración económica hizo que la inflación cediera en la segunda parte del año y que los despidos y suspensiones pasaran a ser el problema principal. El Gobierno intentó contenerlos con el procedimiento preventivo de crisis que obligaba a las empresas a dar intervención al Ministerio de Trabajo en estos casos, mientras que se lanzaron medidas para impulsar el consumo de los sectores altos y medio altos como forma de evitar la recesión. Pero el desempleo creció en el sector de los trabajadores informales, quienes fueron los que sufrieron la mayor caída de ingresos, sin que el Gobierno adoptara medidas específicas para atenuar los efectos de la crisis.

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