Uno de los indicadores utilizados en nuestro trabajo de medición del desarrollo democrático en Latinoamérica, en el marco de la Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, es el Indicador de Género en el Gobierno, que establece cuál es la proporción de la representación femenina en el Gabinete del Poder Ejecutivo, en la Cámara de Diputados del Poder Legislativo y en las Cortes Supremas de Justicia de los dieciocho países analizados. Este indicador se utiliza para medir el grado de integración social de la democracia, ya que la mujer fue hasta hace muy poco tiempo excluida y aún continúa la discriminación de hecho en el acceso a posiciones de poder

Pero las cosas, afortunadamente, empiezan a cambiar, como se muestra en el Cuadro 1. En 2002, año de nuestra primera medición, el promedio de participación de la mujer en puestos de decisión en América Latina era de apenas un 8,5%. En nuestra reciente medición del IDD-Lat 2007 (disponible en www.idd-lat.org ), este porcentaje promedio había crecido al 21,6%, o sea que en 2002 uno de cada doce puestos de decisión eran ocupados por mujeres, en cambio en la actualidad, uno de cada cinco lugares está ocupado por una mujer.

Aunque seguramente la situación actual no llega a satisfacer a quienes pretenden una igualdad plena, no podemos desestimar el crecimiento de la participación de la mujer, y de continuar por esta senda, el objetivo de la igualdad estaría al alcance de la mano. Prueba de ello es la aparición de mujeres en el ejercicio de la presidencia de los países latinoamericanos o compitiendo con posibilidades ciertas de lograrlo.

Resta sin embargo una profunda discusión acerca de los métodos de participación de la mujer en la disputa de los espacios de poder. Justo es reconocer que, en muchos casos, la mujer aparece como una continuidad de espacios de poder obtenidos por los hombres, que utilizan a sus esposas, hermanas, hijas o amigas para ampliar su espacio de ocupación de posiciones o, simplemente, burlar mecanismos que impiden la reelección de concejales, diputados, senadores, gobernadores o presidentes. Aunque posiblemente sea la única posibilidad para el crecimiento de la participación de la mujer y el significativo crecimiento que destacamos, es de esperar que también los métodos de participación política femenina permitan el acceso de los miles de mujeres que luchan políticamente sin otro padrinazgo que el de sus ideales y esfuerzo personal.

Aún más interesante resulta la mirada al interior de cada uno de los países, para citar algunos ejemplos: Brasil, pasó de un 2,0% en 2002,  a un 14,3% en 2007; Costa Rica de un 16,3% en 2002, a un 30,1% en la actualidad; Honduras del 8,6% de mujeres en posiciones de liderazgo estatal en 2002, a un 35,5% en la última medición; en tanto que Uruguay tenía un 4% en nuestro primer año de medición y creció a un 24,7% en la actualidad.

 El Cuadro 2 indica la situación de partida para cada país en 2002 (excepto República Dominicana que fue incorporado a nuestra medición a partir de 2004) y la situación actual, con crecimientos que promedian más de un ciento cincuenta por ciento, pero llegan a un 1510% en el caso del Paraguay, que había iniciado la serie con un 1% de participación y que, aunque su nivel es bajo respecto del promedio, este último año alcanzó un 16,1% de participación femenina.

Sostenemos que la consecución del objetivo de igualdad de participación de la mujer y el hombre en la adopción de decisiones proporciona un equilibrio que refleja de una manera más exacta la composición de la sociedad, que se necesita para reforzar la democracia y promover su correcto funcionamiento. La igualdad en la adopción de decisiones políticas facilita la integración real de la igualdad en la formulación de políticas gubernamentales y en su implementación.

La participación equitativa de la mujer en la vida política desempeña un papel crucial en el proceso general de adelanto de la mujer, ya que no sólo es una exigencia básica de justicia o democracia sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. La participación política es un instrumento de construcción de ciudadanía, de hombres y mujeres que, con derechos y deberes, asumen un rol activo y creativo en la construcción de su organización, municipio, su región y su país.

La transversalización de género no es un fin sino el camino para el logro de la equidad. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer es uno de los ocho objetivos de la Declaración de los Objetivos del Milenio, aprobada por la comunidad internacional en el año 2000 en su intento por reducir la pobreza y las desigualdades. La medición de las metas, a través de sus indicadores, es un instrumento para ampliar las oportunidades de participación de las mujeres.